El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que así la Red Federal de Concesiones “sigue avanzando con resultados concretos”.El Palacio de Hacienda dijo que “finalizó la rehabilitación integral del Puente Rosario–Victoria (RN 174), un corredor estratégico que conecta Santa Fe y Entre Ríos y forma parte de uno de los principales ejes logísticos del país”.Con inversión 100 % privada, se recuperó la iluminación luego de más de tres años, se rehabilitaron las calzadas, la señalización, las juntas de dilatación, el balizamiento y demás sistemas de seguridad, mejorando las condiciones de circulación para los usuarios y el transporte de cargas.“Más inversión privada, más competitividad y mejores rutas para seguir impulsando la producción y el comercio”, destacó Caputo.En total, se completaron los trabajos sobre la Ruta Nacional 174, en el Tramo Conexión, a lo largo de los 59,43 kilómetros que integran el corredor y el Puente Rosario – Victoria, uno de los enlaces más importantes entre Santa Fe y Entre Ríos.La realización de estas tareas mejora la transitabilidad, refuerza la seguridad vial y eleva las condiciones de confort para los usuarios que circulan por esta conexión estratégica, dijo el Gobierno.Estas obras se realizaron en el marco de la Red Federal de Concesiones, una iniciativa del Gobierno Nacional para mejorar la red vial con inversión totalmente privada y avanzar en un sistema más ágil y eficiente para la operación y el mantenimiento de corredores clave.  Agencia NA

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026, inclusive, el plazo para que los contratistas de obra pública soliciten su adhesión al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, el mecanismo diseñado para cancelar deudas mediante la entrega de títulos públicos, anunciado a comienzos de mes.La decisión se formalizó mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, y no modificó el cupo máximo previsto ni las restantes condiciones establecidas para el programa.La medida alcanzó a contratistas de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, ambas en el ámbito del Ministerio de Economía. El régimen les permite cancelar deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones correspondientes a contratos extinguidos desde 2024, mediante la entrega de tres títulos públicos en pesos.El programa prevé un cupo máximo de $221.119.509.519 y contempla la utilización de instrumentos financieros correspondientes a LECAP y BONCAP. La prórroga únicamente extendió el plazo para presentar la solicitud de adhesión y no modificó el monto máximo disponible ni las características del esquema.El plazo original para adherir era de diez días hábiles contados desde el 3 de julio, por lo que el vencimiento se ubicaba en torno al 16 de julio. Con la nueva resolución, las empresas cuentan con tiempo hasta el 23 de julio para completar ese trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).En los fundamentos de la resolución, el Gobierno explicó que distintos contratistas manifestaron la necesidad de contar con más tiempo para completar la presentación de las solicitudes. La resolución también sostuvo que “a fin de garantizar la mayor concurrencia posible de contratistas y el adecuado cumplimiento de los objetivos” del régimen, resultó conveniente extender el plazo. Una vez presentada esa solicitud, el procedimiento contempla un plazo adicional de diez días hábiles para incorporar la documentación respaldatoria de las acreencias.

Entre esa documentación figura el detalle de los créditos que cada contratista mantiene con el Estado y el cálculo correspondiente a los intereses por mora. Esa información forma parte de la documentación que debe acompañar cada presentación para avanzar en el proceso previsto por el régimen.La adhesión también implica una condición para las empresas que decidan ingresar al programa. El esquema establece la renuncia a todos los reclamos administrativos y judiciales en curso contra el Estado Nacional vinculados con el contrato correspondiente. Además, antes de la firma de cada acta acuerdo individual, debe intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).Desde el sector de la construcción explicaron que las empresas debían presentar una primera manifestación de interés dentro de un período breve, por lo que la extensión del cronograma respondió a una necesidad planteada por los propios contratistas.De todas maneras, advirtieron que el funcionamiento práctico del esquema presenta limitaciones para una parte de las empresas. De acuerdo con esa explicación, el régimen funciona para las facturas emitidas, es decir, para los certificados de obra que completaron el proceso administrativo y derivaron en la emisión de la correspondiente factura. Sin embargo, remarcaron que existen numerosos casos en los que ese circuito todavía no concluyó.Según indicaron, muchas obras quedaron pendientes de redeterminaciones de precios o de la aprobación de conceptos que ya estaban discutidos entre las partes. Mientras esos trámites administrativos no reciban aprobación, no generan la emisión de una factura y, por esa razón, esas acreencias no ingresarían en el régimen previsto por el Gobierno. Esa situación, afirmaron las fuentes consultadas, deja afuera a una parte de las empresas constructoras que mantienen créditos con el Estado. “Le soluciona el problema a algunas empresas, pero no a todas”, resumieron desde el sector al describir el alcance efectivo del mecanismo. Infobae.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó del tradicional corte de cintas de la 138° Exposición Rural, el principal encuentro del sector agropecuario, y prometió continuar bajando los derechos de exportación, más conocidos como retenciones.La edición de este año se desarrolla bajo el lema “El campo nos une” y permanecerá abierta hasta el próximo domingo 26 de julio, jornada en la que está prevista la presencia del presidente Javier Milei, quien brindará el discurso de cierre y se espera que venga “con buenas noticias”.Durante la inauguración, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que el agro no será el único motor del crecimiento económico y destacó el surgimiento de otras actividades con potencial para impulsar al país.“Veo gente de otras actividades como la minería, la energía y la economía del conocimiento. Todos esos vamos a ser los brazos que van a traccionar a esta Argentina tan pujante y tan vigorosa”, expresó.En relación a la presencia del jefe de Estado, Pino había contado que la relación con el Gobierno se sostiene a través de un diálogo constante, principalmente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y que la demanda prioritaria es la eliminación de las retenciones, un reclamo histórico que consideran indispensable para el desarrollo de la actividad.No obstante, Pino señaló que actualmente la agenda se amplió e incluye problemáticas como la infraestructura y el acceso al financiamiento. En su análisis, la falta de caminos y soluciones logísticas adecuadas dificulta el traslado de la producción y limita la capacidad de crecimiento. Además, advirtió que el “costo argentino” continúa incrementándose y afecta la competitividad del agro.

En su discurso, Santilli repasó medidas implementadas para el sector agropecuario y destacó la reducción de la carga tributaria. “Este año vamos a terminar bajando dos puntos los derechos de exportación para el trigo y la cebada y vamos a cerrar con una presión fiscal equivalente al 26,7% del PBI, cuando veníamos de 32,6%”, afirmó. Consideró que el Gobierno “va por el camino correcto“ y dijo que en el gobierno hay convencimiento de que ”la Argentina se ha puesto en marcha”, agregó.Vale recordar que a partir de junio las retenciones al trigo y la cebada bajaron del 7,5% al 5,5%. Desde 2027, la rebaja de retenciones se extenderá a otros cultivos (maíz, girasol, sorgo) y a la soja, que disminuirá entre 0,25% y 0,5% mensual, partiendo del 24% actual y llegando al 21% al finalizar 2027. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.El funcionario remarcó el rol que tiene el sector agroindustrial en el país y su importancia: “Son los que saben lo que es competir, lo que es producir. Nosotros sabemos que merecen que se les saque la pata de la cabeza, y eso es lo que viene haciendo el Presidente desde el día uno que asumió”.Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo: “Durante mucho tiempo se intentó instalar una dicotomía entre ciudad y campo que es falsa porque lo que nos une es la gente”.En ese sentido, señaló que el 70% de las empresas agroindustriales tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires y destacó que, dentro del Parque de la Innovación, dos de cada tres emprendimientos están vinculados con la agrotecnología o la industria agroalimentaria. La ExpoRural congregará productores, empresarios, técnicos, profesionales y familias, con más de 400 stands comerciales que incluyen laboratorios, empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias y talabarterías, junto a más de 4.500 expositores de animales y 2.000 ejemplares en exhibición.

La normativa precisó que la segunda adecuación presupuestaria del año es necesaria “con el objeto de dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.En ese sentido, el Ejecutivo consideró que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Educación: incremento de fondos para salarios docentes y no docentes de Universidades Nacionales y el Programa de Becas Manuel Belgrano. El área recibirá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

Seguridad social: financiamiento para el programa de Monotributo Social y la cobertura de déficits de las cajas previsionales provinciales. Se fijó una suma de $409.342 millones destinada específicamente a transferencias para las cajas previsionales de las provincias. Además, el programa de Políticas Alimentarias recibió un refuerzo de $624.308 millones.Salud pública: se asignaron más fondos para el funcionamiento de hospitales nacionales. El Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, entre otros centros de salud del sistema SAMIC.

Inteligencia y seguridad: la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió un refuerzo total de $49.261 millones, que incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Por su parte, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal también recibieron adecuaciones en sus créditos para gastos de personal y funcionamiento.El decreto también contempla una contribución al Tesoro Nacional por un total de $280.510 millones. Estos fondos provienen de un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para el “Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia”, y funcionan como un reembolso de gastos previamente efectuados por el Tesoro.

En cuanto a la deuda pública, se registró una readecuación importante del presupuesto para cumplir con los servicios financieros del ejercicio actual, incluyendo la amortización de letras intransferibles al Banco Central por más de $18 billones, utilizando recursos del Tesoro Nacional. Agencia NA

 El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de blindar por ley al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para evitar la manipulación de datos como sucedió en etapas pasadas. Así lo admitió el vocero Adrián Ravier durante una conferencia de prensa que ofreció este martes en la Casa de Gobierno. “(Santiago) Santurio (diputado de la LLA) hizo una propuesta de blindar al INDEC, para evitar la manipulación y presidente lo celebró”, señaló Ravier que, al mismo tiempo, aclaró que por el momento “es una idea” que debe evaluarse y madurar.Por otro lado, aclaró que la reforma del Banco Central está en manos de su presidente, Santiago Bausili, quien “está definiendo los detalles” y que por lo tanto aún “no está definido el proyecto”.Ante esta situación, Ravier indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso de la iniciativa, ni tampoco está definido por cuál de las Cámara ingresará.“Se que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”, afirmó el portavoz y añadió que durante esa medidas se mantienen “los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.  Agencia NA

Aunque el ajuste golpea directamente a las provincias, el impacto cotidiano suele trasladarse a los municipios. Son los gobiernos locales los que deben responder diariamente por el estado de las calles, los servicios públicos, la asistencia social, el transporte, la salud primaria y numerosas demandas vecinales que, muchas veces, exceden sus posibilidades presupuestarias.En ese escenario, intendentes de distintos signos políticos se encuentran en una situación compleja. Mientras los recursos disponibles disminuyen y los costos de funcionamiento continúan aumentando, la ciudadanía dirige sus reclamos hacia la autoridad más cercana. Son los municipios los que reciben las críticas, las protestas y el malestar social, aun cuando buena parte de las restricciones económicas tienen origen en decisiones adoptadas en otros niveles del Estado.

La caída de los fondos discrecionales enviados desde la Nación se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre las cuentas provinciales durante este año. Se trata de partidas destinadas a programas específicos o asistencias extraordinarias cuya distribución depende de decisiones del Poder Ejecutivo nacional y no de los mecanismos automáticos de coparticipación.

Los informes económicos muestran que los recursos enviados por esta vía registraron uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. En junio la retracción volvió a profundizarse, consolidando un escenario que obliga a las provincias a sostener con recursos propios programas, obras y prestaciones que anteriormente contaban con financiamiento nacional.Entre Ríos figura entre las jurisdicciones que recibieron parte de esos recursos durante el semestre, aunque el contexto general refleja una marcada reducción de las transferencias respecto de años anteriores.Mientras tanto, los gobiernos locales siguen afrontando la parte más visible de la gestión. El vecino que reclama por una calle deteriorada, una obra demorada o un servicio que no llega difícilmente distingue el origen de los fondos o las responsabilidades administrativas. La protesta termina golpeando la puerta del municipio, que muchas veces debe absorber las consecuencias de decisiones financieras adoptadas lejos de su jurisdicción y, en no pocas ocasiones, hacerlo casi en silencio para evitar una mayor confrontación política.

El resultado es un efecto en cadena: menos recursos nacionales, mayores exigencias para las provincias y una creciente presión sobre los municipios, que continúan siendo el primer mostrador del Estado frente a las necesidades cotidianas de la población. 

 En un intento por reforzar la prevención de la corrupción y la inserción de la Argentina en el comercio mundial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) obligó a las empresas del sector que estén bajo jurisdicción federal a inscribirse en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), que depende de la Oficina Anticorrupción.La decisión, comunicada  por la entidad que el año pasado unificó a los anteriores Enargas y Enre, dispuso un plazo de un año para adherirse, a la vez que vincula la medida con la adopción de estándares internacionales promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).La medida quedó formalizada en la Resolución N° 199/2026 y alcanza a las licenciatarias de transporte y distribución de gas natural y a las concesionarias de transporte y distribución de electricidad de jurisdicción federal. El texto, que también se publicó en el Boletín Oficial, menciona que “son de público conocimiento causas judiciales que tramitan actualmente en el fuero Federal Criminal y Correccional y que se vinculan con el tema objeto de este acto”.Para el resto de los actores de la industria del gas definidos en la Ley N° 24.076 y para los agentes y actores del mercado eléctrico reconocidos por la Ley N° 24.065, la norma no impone una obligación sino una invitación, con un plazo de adhesión de dos años desde la entrada en vigencia de la resolución.El directorio del ente —integrado por el vicepresidente Vicente Serra, el vocal primero Marcelo Nachón, la vocal segunda Griselda Lambertini y el vocal tercero Sergio Falzone— encuadró la medida dentro de los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la inserción de la Argentina en el comercio mundial, en línea con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 70/2023.El RITE funciona desde diciembre de 2022 como “plataforma online, gratuita y de adhesión voluntaria, destinada a ayudar a organizaciones de todos los tamaños a desarrollar, mejorar y registrar sus programas de integridad y su vinculación con distintos organismos del Estado”, explicó el EnReGe. Reúne a más de 224 entidades distribuidas en todo el país, de las cuales el 80,6% son privadas. Cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ya había sido exigido como requisito en la licitación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, impulsada por la Secretaría de Energía en mayo de 2025, y en procesos licitatorios de los ministerios de Desarrollo Humano y Salud.El ENReGE nació en julio de 2025 como parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases, con el objetivo de unificar las funciones que antes ejercían por separado el Ente Nacional Regulador del Gas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El organismo quedó bajo la órbita de la Secretaría de Energía.Desde su conformación, el proceso de designación de directores enfrentó dificultades por los elevados requisitos de calificación profesional exigidos para los cargos y por el congelamiento salarial en el sector público. Poco más de un mes atrás, el pasado 1 de junio, se conoció la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del ente. Habían pasado menos de 30 días desde que había sido designado al cargo por un período de cinco años. Antes de ese puesto, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Su salida dejó a Serra al frente del organismo.

 El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.La decisión no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el porcentaje del 55% de descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. Agencia NA

 Tras la aprobación de garantías por parte del BID y el Banco Mundial para afrontar los próximos vencimientos, que en conjunto suman USD 2.550 millones, el Gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales por hasta USD 5.000 millones, permitiendo prorrogar la jurisdicción a tribunales de Nueva York para controversias legales, sin renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado.Así fue oficializado este lunes a través del Decreto 478/2026, publicado hoy. La norma señala en sus considerandos que con “el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional, se considera conveniente realizar operaciones de financiamiento denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria, las cuales serán instrumentadas a través de préstamos, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito”.El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera, por hasta USD 5.000 millones, a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York y a renunciar a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción, exclusivamente respecto de los reclamos vinculados con los acuerdos de préstamo garantizados por organismos multilaterales de crédito que pudieran tramitarse en dicha jurisdicción.No obstante, se establecieron límites para resguardar el patrimonio nacional, por lo que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos:Quedan excluidos de posibles embargos los activos y reservas del Banco Central.No podrán afectarse bienes del dominio público del Estado argentino.Se protegen los bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública.Quedan resguardados los fondos y activos vinculados a la ejecución del presupuesto nacional.Se mantienen inmunes los bienes, cuentas y sedes diplomáticas y consulares argentinas.También quedan protegidos los bienes utilizados por representaciones diplomáticas, gubernamentales o consulares.No podrán embargarse impuestos, regalías ni los derechos del Estado a percibirlos.Se excluyen los bienes militares y aquellos bajo control de organismos de defensa y seguridad.Se protege el patrimonio cultural de la Argentina.Permanecen vigentes todas las inmunidades previstas por la legislación aplicable sobre soberanía estatal.También quedan excluidos los bienes que por ley hayan sido declarados inembargables o intransferibles sin autorización del Congreso.Además, el decreto faculta al órgano encargado de la administración financiera del Estado a definir los plazos, monedas, modalidades y condiciones de los préstamos, así como a seleccionar las entidades financieras que participarán en las operaciones.También lo habilita a contratar agentes fiscales, de pago, custodia y calificación de riesgo, suscribir los acuerdos necesarios, afrontar comisiones, honorarios y otros gastos asociados en línea con los estándares del mercado internacional, y delegar en funcionarios competentes la firma de la documentación requerida para concretar las operaciones.Vale recordar que la semana pasada el BID aprobó una garantía de hasta USD 550 millones destinada a fortalecer las políticas de seguridad y justicia en Argentina, además de facilitar el acceso del país a los mercados de capitales. Esta es la primera vez que el organismo otorga una garantía de este tipo a Argentina.El comunicado oficial indica que la garantía permitirá movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento privado, lo que facilitará la llegada de recursos internacionales alineados con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Asimismo, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno en 2026 y 2027. El organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales.

El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio.Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.Asimismo, el proyecto contempla obras de profundización de la vía navegable y la incorporación de tecnología destinada a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer las acciones de combate contra el narcotráfico.Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a través del comunicado oficial, las obras previstas permitirán que los buques completen la carga en los puertos de origen, con el objetivo de generar ahorros adicionales, ampliar la frontera productiva e incrementar la competitividad de los sectores productivos e industriales.El Gobierno destacó además que el proceso licitatorio contó con el respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.También señaló el acompañamiento de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que manifestaron su satisfacción por la conclusión del proceso.De acuerdo con la información oficial, la licitación mantuvo criterios de transparencia pública y fue auditada en sus distintas etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que supervisó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.La privatización de la Vía Navegable Troncal pone fin a la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y da paso a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará funciones de control y supervisión. NA.

 Por Ricardo Carpena - Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos” de los trabajadores.Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.

La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras. El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.

El Gobierno nacional oficializó el esquema de reducción progresiva y permanente de los derechos de exportación (DEX) para los principales complejos agroindustriales, incluyendo soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.La formalización de la medida, que había sido anunciada por el presidente Javier Milei a mediados de mayo, se dio a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.Al argumentar la medida, el Ejecutivo sostuvo que “resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”.En este sentido, remarcó que “esta gestión entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”.De esta manera, consideró que “resulta necesario establecer un programa gradual, previsible y verificable de reducción de los derechos de exportación que permita materializar el compromiso asumido por esta gestión, otorgando certidumbre a los actores del sector agroindustrial, promoviendo la inversión, el incremento de la producción y la consolidación de una mayor inserción internacional de la República Argentina”.El programa establecido por la administración Milei se divide en dos componentes estratégicos: uno de aplicación inmediata para los cultivos de invierno y un cronograma de reducción gradual para los cultivos de verano.Cultivos de invierno: establece alícuotas de aplicación inmediata para mercaderías como el trigo y la ceba. Por ejemplo, el trigo en grano tributará un 1%, mientras que la harina de trigo queda fijada en un 2,50%. La cebada tendrá una alícuota del 5,50%.Cultivos de verano: contempla un cronograma mensual de reducción para los años 2027 y 2028. La soja en grano, que parte de una alícuota del 24% en 2026, iniciará un descenso mensual a partir de enero de 2027 hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. El aceite de soja pasará de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.El maíz y sorgo tendrán algunos derivados que tributarán retenciones cero, mientras que otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.En el caso del girasol, algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones y el aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.Biodiésel: el biodiésel obtenido de aceites de colza, cártamo o camelina tendrá una alícuota del 0%. Por su parte, el biodiésel que contiene aceite de soja comenzará un descenso desde el 21% hasta llegar al 13% a fines de 2028.En el texto oficial, el Gobierno resaltó que “acorde a los resultados económicos logrados durante el año 2025 y el transcurso del corriente, la presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”.

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fijó el plazo para acceder a la Cuota Hilton en el ciclo comercial 2026/2027 y estipuló los requisitos que deberán cumplir los postulantes para exportar carne a la Unión Europea (UE) y al Reino Unido, mediante la Resolución 66/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.La normativa estableció que el plazo de inscripción para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, iniciará a partir de las 00:00 hs del miércoles 27 de mayo y se extenderá durante 15 días corridos.Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) denominado “Solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton 2026/2027”, y cumplimentar los requisitos de acceso con la documentación correspondiente.El cupo de carnes vacunas de alta calidad enfriadas deshuesadas que puede exportar el país al continente europeo es de 29.389 toneladas anuales, que se renueva a partir del 1 de julio de cada año. En tanto que para los envíos a territorio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se asignaron 111 toneladas.

Qué es la Cuota HiltonLa cuota Hilton es un acuerdo comercial establecido por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se denomina “Hilton” en referencia al hotel donde se celebraron las primeras reuniones para discutir la cuota en los años 70. El objetivo de esta cuota es permitir el ingreso de una cantidad determinada de carne bovina de alta calidad, proveniente de países no pertenecientes a la UE, con una reducción arancelaria.La cuota Hilton tiene una serie de requisitos y estándares muy estrictos que deben cumplir los exportadores argentinos para poder acceder a ella. La carne debe provenir de animales criados en pastizales naturales y estar libre de hormonas y antibióticos. Además, se exige un proceso de maduración mínimo de 20 días y una presentación de cortes específicos.

Requisitos para la categoría IndustriaEntre los requisitos principales, las plantas frigoríficas deben: Acreditar su inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o autoridad correspondiente. Presentar un programa de faena y exportación mensualizado para el destino solicitado.Contar con habilitación vigente del SENASA y matrícula en el SIOCAL (Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos), las cuales serán verificadas de oficio por la autoridad de aplicación.Informar los antecedentes de exportación de los años 2023, 2024 y 2025 en formato Excel, detallando permiso de embarque, toneladas y valor FOB.

Requisitos para proyectos conjuntos y asociacionesEn el caso de grupos de productores y asociaciones de criadores, se requiere documentación adicional que garantice la trazabilidad y el origen de la mercadería: Deben presentar el listado de productores originales y cartas autenticadas que detallen información del establecimiento ganadero, incluyendo el número de RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) y el volumen de hacienda comprometido.El total de cabezas de ganado comprometidas debe ser suficiente para satisfacer las toneladas solicitadas, según los coeficientes de conversión oficiales.Al igual que la industria, deben detallar su experiencia previa y antecedentes exportadores del período 2023-2025.

Exportaciones al Reino UnidoTanto para la industria como para los proyectos conjuntos, quienes deseen exportar al Reino Unido deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada manifestando expresamente esa intención, adjuntando específicamente los antecedentes de exportación a dicho destino y, en el caso de proyectos nuevos, las cartas de intención de sus potenciales clientes.

Por Mariano Zalazar - La implementación de uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral sufrió una nueva postergación. El Gobierno confirmó a Infobae que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia en junio, como estaba previsto originalmente, y dejó sin definición una nueva fecha para su puesta en marcha.En las últimas semanas, distintos sectores empresarios y estudios especializados habían advertido sobre las demoras en la reglamentación de algunos artículos de la reforma laboral aprobada el año pasado. Entre ellos aparecía el FAL, un mecanismo diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que actualmente realizan las empresas y que tenía como objetivo reducir costos asociados a nuevas contrataciones.Aunque desde el Ejecutivo no dieron precisiones sobre una nueva fecha de puesta en marcha, la confirmación de que el esquema no comenzará a regir en junio implica que todavía restan definiciones técnicas y normativas para su implementación.La situación se produce en un contexto en el que parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, mientras otros capítulos continúan pendientes.

Las demoras en la reglamentaciónLa reforma laboral planteó modificaciones sobre distintos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, varios de esos cambios requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia.Durante mayo crecieron las consultas en torno al estado de situación del FAL porque distintos artículos de la ley fijaban junio como fecha de inicio para el nuevo régimen. La falta de definiciones oficiales había despertado dudas sobre si el Gobierno lograría cumplir con ese cronograma.Fuentes oficiales confirmaron ahora a Infobae que el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes. La decisión implica, en los hechos, una postergación del sistema que estaba pensado como uno de los instrumentos centrales para incentivar la registración laboral y, en simultáneo, estimular el mercado de capitales.En paralelo, todavía quedan pendientes otros aspectos vinculados con la reglamentación integral de la reforma. Estudios contables, abogados laboralistas y empresas siguen de cerca las definiciones regulatorias necesarias para conocer el funcionamiento concreto del nuevo esquema.La demora también se explica por la complejidad operativa del mecanismo. El FAL no sólo implica modificaciones sobre las cargas patronales, sino que además requiere definir el funcionamiento administrativo del fondo, los organismos intervinientes y la forma en que se distribuirían los recursos.Hasta el momento, el Gobierno avanzó con reglamentaciones parciales de la reforma laboral, pero todavía no publicó la normativa necesaria para activar este instrumento específico.

Qué es el Fondo de Asistencia LaboralEl FAL fue diseñado como un sistema alternativo para financiar parte de las obligaciones vinculadas a las relaciones laborales formales. La intención oficial es que funcione como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo laboral, al tiempo que reduzca el peso de determinadas contribuciones patronales.La propuesta contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico administrado bajo un esquema aún no definido completamente. Ese mecanismo busca reemplazar, total o parcialmente, otros costos asociados al sistema laboral tradicional.Según lo previsto en la normativa aprobada el año pasado, el nuevo régimen apunta principalmente a incentivar la contratación formal de trabajadores. En especial, está orientado a micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores donde la informalidad laboral tiene mayor incidencia.El esquema también aparece vinculado con otros cambios incluidos en la reforma laboral, como la regularización de trabajadores no registrados y la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos para empleadores. Uno de los puntos centrales es la posibilidad de sustituir algunos componentes vinculados a indemnizaciones o contingencias laborales mediante aportes periódicos al fondo, aunque todos esos cambios exigen de una reglamentación que por el momento no fue publicad.Desde la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno avanzó de manera gradual con la puesta en marcha de distintos capítulos vinculados al mercado de trabajo. Algunas medidas ya fueron reglamentadas y comenzaron a aplicarse, mientras otras siguen a la espera de definiciones.Entre los cambios ya implementados aparecen aspectos relacionados con modalidades de contratación, regularización laboral y simplificación de ciertos trámites administrativos. Sin embargo, el FAL permanece como uno de los puntos más relevantes todavía pendientes.La demora adquiere importancia porque el fondo forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir el costo de formalización laboral y promover nuevas contrataciones registradas.

El Gobierno decidió ampliar la baja de retenciones al sector agropecuario para las exportaciones de maíz, sorgo y girasol, según lo anunciado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.Durante la presentación, de la que también participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se estipuló que la nueva política establece que las retenciones a la soja se ajustarán conforme a un calendario ya definido, sin depender de la evolución de la recaudación fiscal.

Cabe destacar que esta medida, que abarca tanto al sector agrícola como a la industria exportadora, ya fue contemplada en las proyecciones oficiales de costo fiscal.En 2026, las alícuotas para trigo y cebada experimentarán una reducción de dos puntos a partir de junio. Posteriormente, continuará una disminución gradual en los años sucesivos. Desde 2027, el esquema se amplía a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.Para la soja, la baja será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y llegando a 21% al cierre de ese año. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.En tanto, Caputo precisó que el impacto fiscal estimado por esta reducción de retenciones será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.En el caso del sector industrial, la disminución de las alícuotas representará un costo fiscal de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro detalló que estos valores corresponden a la aplicación del esquema escalonado de reducción de tributos y anticipó que el mayor impacto fiscal se registrará en la etapa final, cuando la baja alcance a todos los cultivos y sectores involucrados. El grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.Iraeta atribuyó la decisión de acelerar el alivio fiscal para los productores al encarecimiento de los insumos, principalmente los fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios crecieron de manera significativa debido al conflicto en Irán. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.Sobre la modalidad de aplicación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar la disminución impositiva. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. También instó a las provincias y a los municipios a acompañar la reducción de impuestos nacionales con una merma de tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, recordando que las retenciones no son coparticipables.Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) celebraron el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado para todo el complejo agroindustrial al considera que “es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”.A propósito del esquema, detallaron que en el caso del trigo y de la cebada, la baja será inmediata: pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En cambio, para los cultivos restantes, el calendario difundido por el ministro de Economía comenzará a regir desde enero de 2027. Infobae.

 Tal como lo anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, el Gobierno nacional lanzó este viernes la Licitación Pública Nacional e Internacional para avanzar con la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que permanecen en manos del Estado. La convocatoria se enmarcó en el programa de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei y apuntó a incorporar capital privado en la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.La medida formalizó el proceso que Caputo había anticipado. En ese posteo, el funcionario informó que el Gobierno publicaría los pliegos para avanzar con la privatización de la empresa y sostuvo que la operación permitiría mejorar la calidad del servicio y promover inversiones.Según el comunicado difundido, el procedimiento se desarrollará mediante una licitación pública nacional e internacional “de etapa múltiple”, con criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales. El Gobierno indicó que el esquema buscará garantizar un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado para el Estado Nacional.La coordinación del proceso quedó a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar el programa de privatizaciones y reorganización de compañías estatales. El comunicado oficial sostuvo que el objetivo de esa estructura consiste en llevar adelante el proceso “de manera profesional y transparente”.

Cronograma para las ofertas

El cronograma oficial estableció que la presentación de ofertas se extenderá hasta el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. Luego de esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.La convocatoria prevé la incorporación de un operador estratégico nacional o internacional con experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).El comunicado sostuvo que la incorporación de un operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema “sostenible y previsible” para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.Además, el Gobierno afirmó que el ingreso de capital privado garantizará la continuidad, expansión y mejora de la calidad del servicio. En el texto difundido también se señaló que el proceso se encuadró en el ordenamiento y eficientización de AySA desarrollado durante los últimos años. Según el documento oficial, ese proceso permitió consolidar “una empresa con infraestructura estratégica y potencial de crecimiento”, en condiciones de recibir inversión privada y encarar una nueva etapa de expansión y modernización.

Plan de privatizaciones

Con la publicación de la convocatoria, el Gobierno avanzó formalmente en uno de los proyectos de privatización más relevantes del esquema de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. En el comunicado, la Casa Rosada reafirmó que “el Estado no debe administrar empresas”, sino generar condiciones para que el sector privado invierta, compita y mejore los servicios.Con la privatización del 90% de Aysa, el Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones. Se prevé además que el esquema contemple una concesión de 30 años para la prestación del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.La privatización de AySA se integró al programa económico que impulsa el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Dentro de ese esquema, el Ejecutivo avanzó con iniciativas orientadas a reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.

Por Lucrecia Eterovich - La administración nacional realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. El anuncio lo encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó que en total se presentaron 17 oferentes interesados en la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.La convocatoria alcanzó a corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En esos distritos, el esquema propuesto busca mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.Según la información oficial, la Etapa II-B comprende los siguientes segmentos: el Tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Tramo Puntano, que abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008; y el Tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.El ministro Caputo destacó que el proceso se desarrolla sin subsidios y que el esquema reemplaza gasto público por inversión privada. El objetivo oficial apunta a lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, promover la inversión y generar infraestructura vial mejorada para la población. “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo. El mes pasado ya habían sido abiertos los sobres para le Etapa II-A.

La apuesta a la construcciónSe trata de un sector clave para el repunte de la economía. Durante la participación en Expo EFI, Caputo afirmó que se viene los mejores 18 meses y que sectores que venían rezagados mostraron signos positivos durante marzo entre ellos la construcción. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó. Lo que, en su visión, no solo va a ayudar a reactivar la economía, sino también a ganar productividad en términos de la logística.Siendo una postura que volvió a reiterar durante su última entrevista el domingo por la noche. En donde preciso que los mejores 18 meses comenzaran a partir de mayo/junio y ahora nos encontramos en un momento de recuperación que se comprueba con datos: el repunte interanual del 12,7% que tuvo la construcción en marzo y la industria del 5% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).“Empieza el proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio; entonces, a partir de junio se vienen los mejores meses. Ahora estamos en un proceso de recuperación”, afirmó Caputo en la entrevista y que los impulsos vendrán de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales más la una adhesión mayor por parte de los contribuyentes a Ley de Inocencia Fiscal y del sector privado a la Ley de Modernización Laboral.En marzo, según el Indec, la construcción creció 12,7% respecto al mismo período de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el sector muestra una mejora de 3,9% frente a los primeros tres meses de 2025. Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento. Infobae.

Al contemplar la suba de los precios de los combustibles a nivel global, el Ejecutivo decidió aplicar el tope máximo del 25% de bonificación adicional extraordinaria previsto en el decreto de unificación de subsidios.La bonificación excepcional fue implementada este lunes por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).De esta manera, durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen SEF, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado.Al fundamentar la decisión, desde el Ejecutivo sostuvieron que “la modificación de la bonificación extraordinaria responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos”.En relación al momento en que se toma la medida, explicaron en la normativa que “el contexto energético internacional se encuentra afectado por crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas para la producción y comercialización de hidrocarburos, particularmente en Medio Oriente, lo cual ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del gas natural y del gas propano indiluido por redes”.En este sentido, recordaron que “la República Argentina, si bien cuenta con recursos gasíferos propios, mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna, especialmente en períodos de alta estacionalidad”.Ante dicho escenario, reconocieron que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, por lo que fue necesario avanzar con el aumento de los subsidios.Por su parte, en el caso de la electricidad, se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año. Para este mes, se fijó en 10,67%. NA.

Por Facundo Chaves - El Gobierno de Javier Milei prepara una decisión de fuerte impacto político, presupuestario y estratégico: destinará parte de los fondos obtenidos por privatizaciones, ventas de activos, concesiones y licitaciones estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La medida será instrumentada mediante un decreto presidencial que ya superó las principales instancias técnicas y administrativas y podría publicarse en los próximos días.Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de todo lo que el Estado nacional obtenga por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.El objetivo central es mejorar la capacidad operativa y funcional del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, tres estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, postergación de inversiones y pérdida progresiva de capacidades estratégicas.En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos.La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo. El decreto ya recibió observaciones favorables del Ministerio de Economía, de la Secretaría Legal y Técnica y de otras áreas del gabinete, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaba destinado al Tesoro Nacional. Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionarán a recuperar el instrumento militar.La medida no se limita a la compra de armamento o sistemas militares. También contempla obras de infraestructura consideradas críticas para el funcionamiento de las fuerzas: bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares de todo el país.Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.En la visión oficial, Tierra del Fuego se convirtió en una zona de creciente interés estratégico por su cercanía con rutas marítimas sensibles, su conexión con la Antártida y la proyección sobre el área de Malvinas. Por eso, la construcción de infraestructura militar en esa provincia aparece entre las prioridades de mediano plazo.La decisión de reasignar recursos llega después de una serie de movimientos que el Gobierno exhibe como parte de una nueva política de Defensa. El caso más visible fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación presentada oficialmente como la adquisición militar más importante de las últimas décadas.Con ese acuerdo, la Fuerza Aérea inició el proceso para recuperar capacidad supersónica, una aptitud perdida tras la salida de servicio de los Mirage y la falta de reemplazo posterior. La incorporación de los F-16 también obliga a inversiones complementarias en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado.En paralelo, el Ejército avanzó recientemente con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. En el área de Defensa consideran que ese tipo de adquisiciones deben complementarse con renovación de comunicaciones, transporte y sistemas terrestres.La Armada Argentina, por su parte, mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. Desde aquel episodio, la Argentina quedó sin una herramienta clave para patrullaje oceánico, disuasión y entrenamiento naval avanzado.En ese marco, la posibilidad de incorporar nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico y financiero. Para la conducción naval, recuperar esa capacidad es una necesidad estratégica en función de la extensión marítima argentina, la custodia de recursos pesqueros y la presencia permanente en el Atlántico Sur.En el Gobierno explican que el nuevo mecanismo busca resolver un problema histórico: la dependencia exclusiva del presupuesto anual para cualquier mejora relevante en Defensa. Con restricciones fiscales permanentes, muchas compras quedaron demoradas durante años y otras directamente fueron canceladas.La nueva lógica apunta a vincular parte del proceso de privatizaciones con la recomposición de capacidades estatales consideradas esenciales. En otras palabras, mientras el Estado reduce su participación empresaria en determinadas áreas, una porción de esos recursos se redirigirá hacia funciones que el oficialismo considera indelegables.El programa de privatizaciones incluye distintas empresas y activos habilitados por la Ley Bases, entre ellos compañías energéticas, operadoras de servicios y concesiones de infraestructura. En las últimas horas, una de las operaciones más resonantes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, pieza clave del sistema de transporte eléctrico.Dentro del oficialismo entienden que, si ese cronograma avanza, los fondos disponibles para Defensa podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años. No habrá un monto fijo inicial: dependerá del volumen de cada operación concretada.El decreto también establecerá que cuando se vendan o concesionen inmuebles, predios o activos bajo órbita militar, el 70% de lo recaudado volverá al área. Ese punto es especialmente valorado dentro de las Fuerzas Armadas, donde desde hace años existía el reclamo de que desprenderse de bienes sin reinversión implicaba descapitalización.La decisión presidencial también tiene una lectura política. Javier Milei busca mostrar que el ajuste del gasto público no supone desatender todas las áreas del Estado, sino reasignar recursos hacia sectores que considera prioritarios: seguridad, defensa, inteligencia estratégica e infraestructura crítica.Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el desafío posterior será la ejecución. Comprar sistemas complejos exige no solo fondos iniciales, sino sostenimiento posterior: repuestos, capacitación, mantenimiento, actualización tecnológica y personal especializado.Se punto fue determinante en frustraciones anteriores, cuando distintas administraciones anunciaron incorporaciones que luego encontraron límites operativos o presupuestarios para mantenerse en el tiempo.En la Casa Rosada sostienen que la Argentina necesita reconstruir capacidades básicas luego de años de retroceso relativo frente a otros países de la región. La referencia incluye vigilancia aérea, control del mar, movilidad terrestre, logística antártica y presencia en zonas de interés estratégico.Con ese diagnóstico, el decreto que Milei tiene a la firma busca abrir una nueva etapa para el área de Defensa. No será una compra puntual ni una decisión aislada, sino la creación de una fuente específica de financiamiento atada al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno. Infobae.

De acuerdo a fuentes oficiales, el ahora exfuncionario poseía al menos siete inmuebles y dos sociedades comerciales radicadas en Miami, Estados Unidos, que no habrían sido informadas ante los organismos fiscales argentinos.

La decisión fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas, en medio de un clima de máxima sensibilidad dentro del área económica, donde se venía reforzando el control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios.

El desplazamiento fue inmediato y sin margen de negociación. En paralelo, se analiza quién ocupará el cargo, considerado estratégico dentro del esquema de gestión de infraestructura.El caso se suma a una serie de revisiones internas impulsadas en el Gobierno, en un contexto donde la transparencia patrimonial volvió a ubicarse en el centro de la escena política.