El Gobierno clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, ampara bajo reserva absoluta las operaciones contractuales vinculadas a una adquisición cuyo detalle —tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria— quedó fuera del alcance público.La decisión se conoce en plena escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda adquisición, fabricación o construcción que resulte de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esa clasificación, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.La medida no es aislada. Desde que asumió, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos de este tipo. Los tres anteriores —los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24— estuvieron vinculados a la incorporación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca: cubrieron la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.El nuevo decreto, sin embargo, tramita bajo un expediente diferente (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no contiene ninguna referencia a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa fue designada como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.El decreto llega en medio de la mayor renovación militar argentina en décadas. Un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales, calculó que desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado el Estado destinó USD 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad. La cifra ya supera el gasto total de la gestión de Alberto Fernández en ese rubro (USD 428,7 millones) y multiplica por seis el de Mauricio Macri (USD 72 millones), pese a que Milei aún no completó tres años de mandato.Del total, USD 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y los USD 63,7 millones restantes al área de Seguridad. El grueso de las compras se concentró en 2024, con USD 357,8 millones, mientras que en 2025 el monto bajó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.La adquisición estrella fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— acordada con Dinamarca en abril de 2024 por USD 301,2 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con el presidente al frente del acto. Una segunda tanda de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.La operación buscó recomponer una capacidad aérea de combate que la Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo. Fue gestionada por el entonces ministro Luis Petri y marcó un punto de inflexión en la política de defensa del gobierno libertario.El reequipamiento no se limitó al aire. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8x8 por USD 20 millones, con la posibilidad abierta de ampliar la flota hasta 235 unidades en distintas configuraciones: transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos fue inspeccionada en Texas y se proyecta su llegada antes de que termine el año. En paralelo, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk, también provenientes de reservas estadounidenses. El programa contempla hasta 20 aeronaves con un techo presupuestario de USD 140 millones, canalizadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se espera que los primeros cuatro lleguen antes de fin de año para reemplazar a los envejecidos AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.La Armada, por su parte, incorporó 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones, destinados al control del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. Completaron el cuadro 6 helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones —comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno— y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para la logística terrestre del Ejército.El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre, incluyó una autorización para tomar deuda por USD 2.300 millones destinados a tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Las unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.La Armada ya evaluó las propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, con el submarino Scorpène Evolved —72 metros de eslora, 2.000 toneladas de desplazamiento y hasta 80 días de autonomía—, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.La decisión recae ahora en el presidente Milei. Una eventual firma marcaría la recuperación de la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, cuando murieron sus 44 tripulantes. La inclusión de las partidas en el Presupuesto, sin embargo, no equivale a un contrato cerrado: la concreción dependerá de la aprobación legislativa y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.

 El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno analiza impulsar una denuncia contra Irán ante tribunales internacionales por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.El funcionario mantuvo un encuentro con autoridades de la mutual israelita “para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”, según escribió en sus redes sociales.“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, enfatizó.La medida apuntaría a llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Irán, país al que la Justicia argentina apunta como responsable de haber ideado el atentado que luego habría sido ejecutado por la agrupación terrorista Hezbolá.Desde la AMIA agradecieron la voluntad del Gobierno “para analizar y evaluar esta importante iniciativa que profundiza la búsqueda de justicia”.Esta denuncia se complementaría con el juicio en ausencia que avanza en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses y los embargó por US$ 500 millones a cada uno.Los procesados como autores mediatos son Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.Por otro lado, fueron acusado como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.A ellos se suma Salman Raouf Salman, agente libanés de Hezbolá apuntado como responsable de coordinar la etapa final del atentado. Rafecas también busca llevar a juicio a Alí Asghar Hejazi, exmano derecha del exlíder iraní Alí Jamenei, quien habría estado al mando de los preparativos y sería quien eligió la fecha en que se iba a realizar el ataque. Agencia NA

De esta manera, el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024, 2025 y al primer y segundo trimestres del actual calendario, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.En el documento oficial, se explicó que se resolvió posponer el incremento “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, considerando “necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente, buscando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación, tras los aumentos dispuestos por las petroleras en los últimos días.El Ejecutivo viene realizando ajustes parciales de los impuestos a los combustibles. Desde septiembre del año pasado dispuso que las subas se calculen en base a la inflación y se actualicen de forma trimestral.Además, estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado a consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.Las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de US$2.326 millones, de acuerdo a la estimación de la consultora Economía y Energía. Agencia NA.

Por Brenda Struminger - “Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, esta mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las dudas que generaron las declaraciones del Presidente el domingo, cuando dijo que en 2025 el Gobierno echó a “10 mil terroristas” y que este año fueron “20.000? los expulsados.“Esto es parte de un clima de conflictividad sobre la seguridad”, dijeron en altos despachos oficiales, luego del sinnúmero de versiones que se acumularon sobre la sorpresiva decisión del Presidente, la semana pasada, de militarizar la quinta de Olivos, por un lado. Y de las dudas sobre si todos esos “terroristas” mencionados por el Presidente forman parte de organizaciones de ese tipo, por otro.Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que el Presidente está convencido de que hay un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desligar la decisión de Milei en torno a la seguridad en la Residencia Presidencial sobre filtraciones de información que derivaron en las denuncias por supuestos desvíos de fondos en la compra de carne que hizo la ex libertaria Marcela Pagano, enfrentadísima a los Milei. “No se comprobó nada de lo denunciado por Pagano, ni siquiera era relevante lo que decía”, dijeron con visible enojo en la cúpula nacional. En cambio, dijeron que encontraron una correlación entre esos casos de “posibles terroristas” echados y la supuesta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz por parte de la organización terrorista financiada por Irán, Hezbollah. Mencionaron, también, los casos de amenazas de bomba en la Casa Rosada.“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000?, había dicho Milei el domingo por la noche, en una entrevista con la señal LN+, y generó una oleada de cuestionamientos en la oposición. Es que las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad hablan tan sólo de 744 expulsiones y se registraron 18.947 impedimentos de ingreso.En línea con el relato oficial, el vocero presidencial reconoció que “ parte de ellos sí“ eran terroristas, y que ”otra parte no cumplía con los requisitos de ingreso que establece nuestro país”. Aseguró que son “posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, pero no dio mayores detalles sobre esos perfiles.Sí mencionó algunos porcentajes: dijo que la mayor parte corresponde a personas provenientes de países limítrofes y que el 72,3% corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.La diferencia entre esas cifras y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según Ravier, por otras 10.000 personas bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025, período que el mencionado informe ministerial no contabiliza.Más allá del eje de seguridad, la conferencia estuvo atravesada por preguntas sobre la economía. El vocero atribuyó el aumento del riesgo país shocks externos. Habló de la situación en Medio Oriente y la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. “Son dos fenómenos que podrían explicar una suba en riesgo país o algún tipo de coyuntura negativa en este mes”, sostuvo. Y si bien reconoció que el índice de pobreza, subió del 28,3%, 32% en la última medición, atribuyó el retroceso al “ataque político” que, según el Gobierno, se produjo en septiembre y octubre de 2025 y que impactó sobre el tipo de cambio y la inflación.Además dijo que será la empresaria Claudia López de Brígido quien asumirá la banca en el Senado de la Nación tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. Se trata de alguien cercano a la mano derecha de Karina Milei en la Casa Rosda, Eduardo “Lule” Menem, actual presidenta del bloque libertario en la Cámara de Diputados de La Rioja. Infobae.

La Secretaría de Finanzas precisó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, luego de recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que equivale a un rollover de 100,08 %.Por lo tanto, por cada peso que vencía, el Tesoro pudo renovarlo y solo quedó un mínimo  excedente de financiamiento fresco.“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios con mayor cercanía al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en su cuenta de la red social X.

La licitación quedó de la siguiente manera, según precisó Núñez:-LECAP a 15/01/27 (T15E7) - $2,85 billones 2.17% TEM, 29,36% TIREA.-CER: 31/05/27 (TZXY7) $1,02 billones a 5.97% TIREA CER.-TAMAR:30/07/27 (TML27) $2,92 billones con un margen de 3.63% sobre TAMAR.-Dólar Linked a: 30/10/26 (D30O6) – $1,17 billones a 9.06% TIREA.// -30/11/26 (D30N6) – $0,66 billones a 7.38% TIREA.De esta manera, la combinación de instrumentos ofrecida por la Secretaría de Finanzas incluyó cuatro tipos de cobertura diferentes: tasa fija mediante la LECAP, ajuste por inflación a través del bono CER, indexación a tasas mayoristas con el título TAMAR y cobertura cambiaria con los dos bonos dollar linked.Acorde con las proyecciones del secretario de Finanzas, Federico Furiase, la administración de Javier Milei logró posponer casi el 50% de los vencimientos de deuda para después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.El funcionario indicó en sus redes sociales que “el bajo stock de deuda consolidada en moneda local se alcanzó extendiendo fuertemente la duración del perfil de vencimientos (45% vence post octubre 2027) y recomponiendo reservas en pesos del Tesoro en el BCRA”.  Agencia NA

La Cancillería argentina, conducida por Pablo Quirno, formalizó una protesta contra el Reino Unido por las decisiones anunciadas por las autoridades británicas en las Islas Malvinas en materia de explotación de hidrocarburos.Por instrucción del canciller, el reclamo expresa el “enérgico rechazo” del Gobierno nacional a la pretendida extensión de licencias para la producción petrolera costa afuera y a la autorización para que la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera participaciones en la licencia identificada como PL001.Quirno llevó la posición argentina al escenario internacional en coincidencia con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central dentro de la agenda diplomática del país.Desde la cartera que encabeza el funcionario sostuvieron que cualquier actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales sobre la Plataforma Continental Argentina contradice el derecho internacional y vulnera los derechos soberanos nacionales.

Quirno reafirmó la posición argentina ante la ONULa Cancillería recordó que estas acciones se contraponen con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976. Ese pronunciamiento insta a la Argentina y al Reino Unido a evitar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la resolución de la controversia.El Gobierno también ratificó la vigencia de la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones bilaterales.La posición expresada por Quirno sostiene que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas instaladas en las islas carecen de legitimidad y no generan derechos que puedan hacerse valer frente a la República Argentina.

Advertencia a empresas e inversoresEl Gobierno anticipó que utilizará las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas y judiciales disponibles para impedir la explotación de recursos sin autorización argentina.La advertencia alcanza a empresas, inversores, contratistas y demás actores que participen directa o indirectamente en estas operaciones. Según el comunicado, podrían enfrentar sanciones administrativas y acciones civiles o penales.Finalmente, el canciller reiteró la disposición argentina a retomar un diálogo “constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

 El 9 de noviembre será feriado nacional en ocasión de la visita oficial del Papa Leon XIV a la Argentina - La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en la sede del Ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV.El Gobierno confirmó que el próximo 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Además, señalaron que el resto de los días habrá jornadas en las jurisdicciones particulares que el sumo pontífice visitará en el país.La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para la organización de la visita papal. También participaron de la cumbre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba.Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, fecha en la que está prevista la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.Entre los eventos ya definidos, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 mandatarios provinciales del país. También fueron convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos, en lo que se perfila como uno de los actos de mayor convocatoria institucional durante la visita.En cuanto a los aspectos operativos, se informó que quienes se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre permanezca en el país. La medida busca facilitar el traslado de quienes colaboren con la organización del operativo religioso.Respecto del financiamiento, se estableció que cada jurisdicción será responsable de la partida presupuestaria correspondiente a sus propios eventos, por lo que los gastos no recaerán exclusivamente en las arcas nacionales sino que se distribuirán entre Nación, CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según el territorio donde se desarrolle cada actividad.Por su parte, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, habló sobre que están necesitando 20 mil voluntarios para que “puedan ayudarnos en la logística y en el apoyo de los peregrinos en los distintos eventos masivos”. Y añadió: “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse. Tienen que hacerlo a través de acreditaciones.episcopado.org”. Infobae.

La reforma electoral promovida por la Casa Rosada encontró un obstáculo central en el Congreso: el oficialismo no reúne, por el momento, los votos necesarios para eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.La senadora Patricia Bullrich admitió la dificultad después de participar de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde representantes de diferentes bloques analizaron los aspectos más discutidos de la propuesta.“Todavía no está. Hay algunos temas en los que algunos están de acuerdo y otros no. En las PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas”, expresó ante los periodistas.La declaración confirmó que el Gobierno deberá continuar buscando adhesiones entre sectores aliados y bancadas provinciales. La reunión de este martes permitió exponer las distintas posiciones, pero finalizó sin acuerdos definitivos ni cambios concretos en el proyecto.La supresión de las PASO constituye uno de los objetivos principales del oficialismo. Sin embargo, algunos bloques condicionan su acompañamiento a la incorporación de otras modificaciones, entre ellas aspectos relacionados con Ficha Limpia.Bullrich, quien también interviene en las conversaciones que se desarrollan en la Cámara de Diputados, señaló que aún no existe un cronograma preciso para avanzar con el tratamiento.Durante los próximos días, el Gobierno intentará acercar posiciones y no se descarta que acepte modificaciones parciales para reunir las mayorías necesarias. Mientras tanto, la eliminación de las primarias continuará en suspenso y el futuro de la reforma dependerá de nuevas negociaciones parlamentarias.

La medida se suma a los 45 procedimientos que ya habían sido abiertos la semana pasada, en el marco de la estrategia impulsada por la administración de Javier Milei para impedir que empresas desarrollen actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera bajo su soberanía.Las actuaciones se fundamentan en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional. El Gobierno sostiene que las operaciones vinculadas con las Malvinas se realizan sin aval de Buenos Aires y las considera contrarias a la legislación argentina.La nueva ofensiva se produce en paralelo con una denuncia penal presentada contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y sus subsidiarias. La firma israelí posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. El emprendimiento prevé comenzar la producción de petróleo en 2028, con una primera etapa estimada en unos 50.000 barriles diarios.El Gobierno de Milei ya había anticipado que ampliaría las sanciones a las compañías involucradas en las actividades hidrocarburíferas en las islas y también a proveedores y otros actores vinculados con esos proyectos.La disputa se inscribe en el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y suma un nuevo capítulo a la tensión con el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

La medida contempla aumentos sobre los haberes básicos y nuevos suplementos vinculados con el riesgo, los destinos operativos, la responsabilidad profesional y las funciones consideradas estratégicas. El esquema alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Armadas.

Los militares tendrán una suba cercana al 32% durante 2026Para las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo estableció un incremento acumulado del 12,22% entre septiembre y diciembre. El primer tramo será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal militar, independientemente de su grado o jerarquía.El aumento también impactará en los retirados y se sumará al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que la recomposición anual de los haberes militares se acercará al 32% durante 2026.Además, continuará el Suplemento por Título, con adicionales equivalentes al 10%, 15% y 25% del sueldo correspondiente al grado, de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.

Cambios en las Fuerzas FederalesEn las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un incremento transversal del haber básico desde septiembre y modificó diferentes suplementos y compensaciones.En Gendarmería, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los efectivos desplegados en planes operativos. La medida alcanza a unos 3.510 agentes, con mejoras de entre el 20% y el 30% del haber neto, que pueden llegar al 35% en las jerarquías más bajas.En Prefectura Naval, se crea un suplemento similar para el personal afectado a esos operativos y un adicional por Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. También se actualizará el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, beneficiando aproximadamente a 16.500 efectivos.La Policía Federal Argentina incorporará un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y tendrá un incremento del 30% en determinadas compensaciones, entre ellas las correspondientes a Custodia, Servicio Ferroviario y Servicios Adicionales.En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se implementará una bonificación por Destino de Alta Complejidad para quienes cumplen funciones en Aeroparque y Ezeiza. Alcanzará a unos 2.100 efectivos, con adicionales de hasta el 15% sobre el haber neto en las categorías más bajas.Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal avanzará en la equiparación de sus suplementos con los de las restantes fuerzas, con modificaciones en el Suplemento Zona y nuevos adicionales relacionados con el riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo.

Un adicional para comandos y el programa F-16El paquete también incluye un suplemento particular para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales y para quienes desempeñan funciones específicas vinculadas con el Programa F-16 Peace Condor.La medida, que comenzará a regir en septiembre, busca reconocer la especialización y responsabilidad de quienes participan de estas capacidades, en el marco del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

El mecanismo será obligatorio para los empleadores del sector privado y funcionará mediante aportes mensuales que serán derivados al mercado de capitales. Para las grandes empresas, la contribución será del 1% de la masa salarial, mientras que para las PyMEs alcanzará el 2,5%. El FAL comenzará a recibir los aportes en noviembre de 2026. Durante los primeros seis meses, los recursos deberán permanecer acumulados, por lo que el fondo podrá comenzar a utilizarse para pagar indemnizaciones a partir de mayo de 2027, según la información difundida este domingo.

¿Cómo se administrará el dinero?Cada empleador contará con un fondo propio, cuyos recursos serán administrados a través de un Fondo Común de Inversión (FCI) o un Fideicomiso Financiero (FF). Las entidades encargadas deberán estar constituidas en Argentina y contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La intención es que el dinero acumulado no quede inmovilizado, sino que sea invertido en distintos instrumentos financieros. Entre las alternativas previstas aparecen títulos públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, plazos fijos y obligaciones negociables.Uno de los puntos que genera mayor atención es que no se estableció un límite porcentual específico para la inversión en deuda del Estado nacional, mientras que sí existen topes para otros instrumentos. De acuerdo con especialistas citados por Noticias Argentinas, el esquema podría canalizar hasta US$4.000 millones hacia títulos públicos. En el caso de la deuda provincial y de empresas, las condiciones son más restrictivas: deberán contar con una calificación AAA otorgada por al menos dos de las tres principales agencias calificadoras.

El objetivo del nuevo sistemaEl FAL busca que las empresas acumulen anticipadamente recursos destinados a cubrir obligaciones derivadas de despidos, sin que eso implique eliminar el régimen indemnizatorio vigente. El dinero queda afectado específicamente a esas obligaciones laborales. A la vez, el Gobierno apunta a que el nuevo mecanismo genere un flujo de recursos de largo plazo hacia el mercado de capitales argentino.La CNV mantiene abierta hasta el 2 de septiembre una consulta pública para recibir propuestas y observaciones sobre la reglamentación del sistema. (Fuente: Noticias Argentinas)

 Por Lucrecia Eterovich - Pese a que el Gobierno sostiene que la mora es un “problema entre privados” y que la situación comenzó a revertirse, el tema ocupó un lugar central en la última reunión de Gabinete. Allí se destacó la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) —el monto final que una persona debe pagar al solicitar un crédito— resulte más visible, ya que este suele no presentarse con claridad tanto en entidades bancarias como en billeteras virtuales.En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizará una conferencia de prensa el miércoles por la mañana en la que anunciará medidas económicas cuyos detalles, por el momento, no trascendieron.Según pudo saber Infobae, la conversación entre el presidente Javier Milei y los ministros sobre el CFT se mantuvo en un “plano conceptual” bajo la premisa de que “hoy la letra es ilegible”. En tal sentido, se planteó la dificultad que enfrentan quienes solicitan préstamos para conocer el costo final que deben pagar.Ante la consulta de este medio sobre si se están evaluando medidas para obligar a los bancos y billeteras virtuales mejorar la visualización del CFT fuentes oficiales del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no dieron mayores precisiones.Cabe destacar que Milei ya había adelantado que están trabajando para mejorar la información y la transparencia a la hora del otorgamiento de financiamiento en base a una normativa que se aprobó durante la gestión de Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación, en su paso por el BCRA. “Estamos complementando para que haya una mayor educación financiera”, acotó el jefe de Estado durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario.Tanto los bancos como las billeteras virtuales suelen informar a sus clientes principalmente la Tasa Nominal Anual (TNA), que resulta más baja, pero no refleja el costo real que afrontan por el crédito. El CFT, en cambio, incluye no solo la tasa de interés básica, sino también todos los gastos adicionales, comisiones, seguros e impuestos obligatorios asociados a la operación.En esa misma reunión, el presidente Milei afirmó que los indicadores de mora no evidencian una crisis y que la situación muestra señales de mejora. Basó su postura en los datos más recientes del BCRA, que señalan una disminución de la morosidad en el sector privado del 7,7% en mayo al 7,6% en junio. Esta leve variación se convirtió en uno de los principales argumentos del Ejecutivo para sostener que el fenómeno no justifica una intervención estatal directa.En las últimas horas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a rechazar la posibilidad de asistir a los morosos. “Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, afirmó Ravier en la conferencia de prensa de este martes.Según el vocero, durante el gobierno de Alberto Fernández, los bancos canalizaron el crédito principalmente hacia el Estado, lo que restringió el financiamiento para el sector privado y limitó la inversión. Pero que con la llegada de la gestión de Milei, el crédito volvió a orientarse hacia empresas y familias, gracias al equilibrio fiscal, la desaceleración inflacionaria y la reducción en las tasas de interés.El portavoz presidencial detalló que, aunque las líneas de crédito crecieron en 2024, la aparición de moras se produjo en 2025, en un contexto marcado por lo que definió como “el ataque político del Congreso”, que aprobó proyectos de ley sin respaldo financiero concreto. Esa situación, explicó el funcionario, generó tensiones en la demanda de dinero, el tipo de cambio y las tasas de interés, lo que derivó en mayores dificultades para que muchas familias pudieran cumplir con sus compromisos crediticios.El Gobierno mantiene la decisión de no involucrar al Estado en la resolución de la mora. Al menos no más allá de las líneas de refinanciamiento que ofrece el Banco de la Nación Argentina (BNA) tanto para consolidación de deuda que van hasta $100 millones con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% en hasta 72 meses y para tarjetas de crédito de hasta $10 millones con una TNA del 35% en hasta 60 meses.La charla durante la reunión por la mesa política por mejorar la visualización del CFT aparece como un planteo colateral que no necesariamente choca con la postura de que del Gobierno de que el mercado se regula solo y no necesita que el estado fije las reglas de juego para solucionar el problema de la mora. Es que en este caso no estaría fijando un cuál es la tasa máxima que los bancos y billeteras virtuales le tienen que cobrar a sus clientes sino pidiéndole que al menos no se lo oculten. Infobae.

Se trata de la licitación para adjudicar AMBA I, que consiste en la construcción de una línea de 500 kilovatios de 270 kilómetros de extensión y una nueva estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires. La obra permitirá ampliar, aproximadamente, 2.000 megavatios (mw) la capacidad de demanda que el sistema puede abastecer en el AMBA.El objetivo de los trabajos es reforzar el sistema eléctrico en una zona que concentra el 40% de la demanda nacional de energía. El plan integral contempla un total de 16 obras, de las cuales 12 se ubicarán en provincias del interior, buscando incorporar más de 5.600 kilómetros de líneas a la red actual con una inversión de más de US$ 6.600 millones.El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló tras un periodo de desinversión, que se pasó “de la planificación a la ejecución: con reglas claras, capital privado y sin comprometer un peso de las arcas del Estado”.El financiamiento será cubierto por capital privado, aunque la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) aportará US$100 millones iniciales para el arranque de los trabajos.Este aporte, compuesto en partes iguales por efectivo y transformadores, proviene de la Cuenta de Exportaciones de la administradora por ventas de energía a países vecinos.“El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra”, detalló. El proyecto contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Asimismo, la empresa que resulte ganadora de la licitación podrá solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).El cronograma de plazos establece distintas etapas para la puesta en marcha de la obra. En primer lugar, se realizará la presentación y apertura del sobre N°1 a los 120 días corridos a partir de hoy, hacia la primera quincena de diciembre de 2026.Luego, se prevé completar el proceso de evaluación, realizar la apertura del sobre N°2 y proceder con la adjudicación hacia comienzos del año próximo, con la firma del contrato de concesión en los meses siguientes. El contrato prevé una obra dividida en dos etapas, con un plazo de construcción de hasta 52 meses como máximo.  Agencia NA.

La modificación incorpora nuevas configuraciones vehiculares y adapta la normativa a los actuales estándares de fabricación de la industria automotriz, “con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte y simplificar los procedimientos”.La reforma adecua las dimensiones máximas para vehículos con nuevas tecnologías de motorización, al contemplar configuraciones para unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) dedicado, que podrán utilizar cubiertas súper anchas para compensar los mayores costos asociados a estas tecnologías y mejorar su capacidad de transporte.Al mismo tiempo, la nueva norma también incorpora criterios similares para vehículos eléctricos puros e híbridos, favoreciendo una mayor utilización de tecnologías menos nocivas para el ambiente.En el caso de los vehículos de carga, se establecen nuevas longitudes máximas: 19,60 metros para configuraciones de tractocamión con semirremolque de articulación simple, y 23,40, 26,50 y 31,25 metros para bitrenes de doble articulación, según las configuraciones B1, B2 y B3, respectivamente.Al respecto, desde el Ejecutivo destacaron que “la actualización busca acompañar los nuevos estándares de fabricación regionales y aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular derivada del desarrollo de Vaca Muerta”.El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó que la actualización permitirá “agilizar y bajar costos del transporte terrestre”. En ese sentido, explicó que la nueva normativa equipara las medidas de los camiones con las vigentes en Brasil, aumenta los pesos permitidos respetando los límites por eje y adapta las reglas a las nuevas tecnologías de vehículos a gas y eléctricos.Además, el funcionario señaló que “teníamos el absurdo de tener camiones que, pudiendo cargar más, no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía”. La reforma busca así eliminar restricciones que habían quedado desactualizadas y mejorar la eficiencia del transporte de cargas.El decreto también otorga a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía facultades para actualizar y modificar el Anexo R de acuerdo con la evolución tecnológica y las necesidades del sector. De esta manera, podrá establecer nuevas configuraciones, modificar longitudes permitidas e incorporar nuevas relaciones de peso y potencia, así como definir una implementación gradual, excepciones o prórrogas cuando resulte necesario.Desde el Gobierno remarcaron que “la reforma apunta a contar con una regulación más dinámica, capaz de acompañar la evolución de la industria automotriz y del transporte, promover tecnologías más eficientes y mejorar las condiciones para el desarrollo de un sistema de cargas y pasajeros moderno, competitivo y con menores costos logísticos”. Agencia NA.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa instrumentó modificaciones que digitalizan y flexibilizan el régimen de importación de líneas de producción usadas, mediante la Resolución 272/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.El objetivo principal de esta reforma, que se basa en los cambios dispuestos en el Decreto 483/2026, es facilitar la aplicación efectiva del régimen, adaptarlo a la modernización de los procesos industriales actuales y unificar todas las reglas en un solo Manual de Usuario para agilizar los trámites empresariales.La resolución establece que a partir de ahora las solicitudes deberán iniciarse obligatoriamente de forma digital mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).Al contemplar las dudas que suelen surgir al catalogar proyectos complejos, la normativa introduce la Consulta de Encuadre Previa No Vinculante para que cualquier empresa que tenga dudas sobre si su proyecto califica para el beneficio pueda solicitar una opinión técnica previa a la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial.Para ello, deberá presentar de forma digital un informe descriptivo del proyecto (con materias primas, insumos y capacidad de producción), un plano de distribución que localice los activos en planta y un diagrama de flujo del proceso productivo.Con el nuevo sistema, el organismo técnico tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para expedirse sobre el encuadre, facilitando la previsibilidad de la inversión antes de iniciar formalmente la importación.La adecuación normativa redefine qué se considera una “línea de producción completa y autónoma” al conjunto de subsistemas que actúan de manera secuencial para transformar insumos, clasificar o acondicionar materias primas, o realizar el embalaje y palletizado de la propia producción.Sobre este punto, la resolución aclara específicamente que un conjunto de equipos que solo realice tareas de transporte o una única operación aislada no calificará como línea completa.Asimismo, determinó que cuando los proyectos involucren procesos de transformación biológica (como cría, reproducción o desarrollo de organismos vivos), los bienes a incorporar deberán contar obligatoriamente con componentes tecnológicos electrónicos, digitales o electromecánicos que permitan automatizar, monitorear o controlar el proceso (sensores, actuadores, dispositivos de monitoreo remoto, etc.) para garantizar la trazabilidad.El régimen mantiene la obligación para las empresas beneficiarias de realizar una inversión en bienes nuevos de origen nacional equivalente a, por lo menos, el 10% del valor FOB de los bienes usados que se importen.Sin embargo, para dar mayor flexibilidad a los flujos financieros de las empresas, la resolución establece que no será necesario que las inversiones locales requeridas estén definidas en su totalidad al momento de la aprobación del proyecto ante la Autoridad de Aplicación.Para solucionar la demora en liberar los equipos en Aduana, la norma reglamenta la Constancia de Expediente en Trámite (CET), la cual se emitirá automáticamente por sistema a solicitud de la empresa una vez cargados los datos requeridos en formato de declaración jurada.Esta constancia nominada e intransferible tendrá una validez de 180 días corridos y habilitará a las empresas a retirar los bienes de la Dirección General de Aduanas siempre y cuando se constituyan las garantías equivalentes a los tributos exceptuados.Para asegurar la rigurosidad técnica, la resolución estipula que quien suscriba el dictamen técnico de rendición de cuentas final no debe pertenecer a la nómina de personal de la empresa beneficiaria, garantizando así una auditoría externa independiente.Por otro lado, se fijó un cronograma de regularización definitivo para los expedientes iniciados antes de la entrada en vigencia de esta resolución, estableciendo como fecha límite el 30 de junio de 2027 para el cumplimiento de obligaciones en diversos supuestos de expedientes con o sin acto aprobatorio previo. Agencia NA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que así la Red Federal de Concesiones “sigue avanzando con resultados concretos”.El Palacio de Hacienda dijo que “finalizó la rehabilitación integral del Puente Rosario–Victoria (RN 174), un corredor estratégico que conecta Santa Fe y Entre Ríos y forma parte de uno de los principales ejes logísticos del país”.Con inversión 100 % privada, se recuperó la iluminación luego de más de tres años, se rehabilitaron las calzadas, la señalización, las juntas de dilatación, el balizamiento y demás sistemas de seguridad, mejorando las condiciones de circulación para los usuarios y el transporte de cargas.“Más inversión privada, más competitividad y mejores rutas para seguir impulsando la producción y el comercio”, destacó Caputo.En total, se completaron los trabajos sobre la Ruta Nacional 174, en el Tramo Conexión, a lo largo de los 59,43 kilómetros que integran el corredor y el Puente Rosario – Victoria, uno de los enlaces más importantes entre Santa Fe y Entre Ríos.La realización de estas tareas mejora la transitabilidad, refuerza la seguridad vial y eleva las condiciones de confort para los usuarios que circulan por esta conexión estratégica, dijo el Gobierno.Estas obras se realizaron en el marco de la Red Federal de Concesiones, una iniciativa del Gobierno Nacional para mejorar la red vial con inversión totalmente privada y avanzar en un sistema más ágil y eficiente para la operación y el mantenimiento de corredores clave.  Agencia NA

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026, inclusive, el plazo para que los contratistas de obra pública soliciten su adhesión al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, el mecanismo diseñado para cancelar deudas mediante la entrega de títulos públicos, anunciado a comienzos de mes.La decisión se formalizó mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, y no modificó el cupo máximo previsto ni las restantes condiciones establecidas para el programa.La medida alcanzó a contratistas de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, ambas en el ámbito del Ministerio de Economía. El régimen les permite cancelar deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones correspondientes a contratos extinguidos desde 2024, mediante la entrega de tres títulos públicos en pesos.El programa prevé un cupo máximo de $221.119.509.519 y contempla la utilización de instrumentos financieros correspondientes a LECAP y BONCAP. La prórroga únicamente extendió el plazo para presentar la solicitud de adhesión y no modificó el monto máximo disponible ni las características del esquema.El plazo original para adherir era de diez días hábiles contados desde el 3 de julio, por lo que el vencimiento se ubicaba en torno al 16 de julio. Con la nueva resolución, las empresas cuentan con tiempo hasta el 23 de julio para completar ese trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).En los fundamentos de la resolución, el Gobierno explicó que distintos contratistas manifestaron la necesidad de contar con más tiempo para completar la presentación de las solicitudes. La resolución también sostuvo que “a fin de garantizar la mayor concurrencia posible de contratistas y el adecuado cumplimiento de los objetivos” del régimen, resultó conveniente extender el plazo. Una vez presentada esa solicitud, el procedimiento contempla un plazo adicional de diez días hábiles para incorporar la documentación respaldatoria de las acreencias.

Entre esa documentación figura el detalle de los créditos que cada contratista mantiene con el Estado y el cálculo correspondiente a los intereses por mora. Esa información forma parte de la documentación que debe acompañar cada presentación para avanzar en el proceso previsto por el régimen.La adhesión también implica una condición para las empresas que decidan ingresar al programa. El esquema establece la renuncia a todos los reclamos administrativos y judiciales en curso contra el Estado Nacional vinculados con el contrato correspondiente. Además, antes de la firma de cada acta acuerdo individual, debe intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).Desde el sector de la construcción explicaron que las empresas debían presentar una primera manifestación de interés dentro de un período breve, por lo que la extensión del cronograma respondió a una necesidad planteada por los propios contratistas.De todas maneras, advirtieron que el funcionamiento práctico del esquema presenta limitaciones para una parte de las empresas. De acuerdo con esa explicación, el régimen funciona para las facturas emitidas, es decir, para los certificados de obra que completaron el proceso administrativo y derivaron en la emisión de la correspondiente factura. Sin embargo, remarcaron que existen numerosos casos en los que ese circuito todavía no concluyó.Según indicaron, muchas obras quedaron pendientes de redeterminaciones de precios o de la aprobación de conceptos que ya estaban discutidos entre las partes. Mientras esos trámites administrativos no reciban aprobación, no generan la emisión de una factura y, por esa razón, esas acreencias no ingresarían en el régimen previsto por el Gobierno. Esa situación, afirmaron las fuentes consultadas, deja afuera a una parte de las empresas constructoras que mantienen créditos con el Estado. “Le soluciona el problema a algunas empresas, pero no a todas”, resumieron desde el sector al describir el alcance efectivo del mecanismo. Infobae.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó del tradicional corte de cintas de la 138° Exposición Rural, el principal encuentro del sector agropecuario, y prometió continuar bajando los derechos de exportación, más conocidos como retenciones.La edición de este año se desarrolla bajo el lema “El campo nos une” y permanecerá abierta hasta el próximo domingo 26 de julio, jornada en la que está prevista la presencia del presidente Javier Milei, quien brindará el discurso de cierre y se espera que venga “con buenas noticias”.Durante la inauguración, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que el agro no será el único motor del crecimiento económico y destacó el surgimiento de otras actividades con potencial para impulsar al país.“Veo gente de otras actividades como la minería, la energía y la economía del conocimiento. Todos esos vamos a ser los brazos que van a traccionar a esta Argentina tan pujante y tan vigorosa”, expresó.En relación a la presencia del jefe de Estado, Pino había contado que la relación con el Gobierno se sostiene a través de un diálogo constante, principalmente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y que la demanda prioritaria es la eliminación de las retenciones, un reclamo histórico que consideran indispensable para el desarrollo de la actividad.No obstante, Pino señaló que actualmente la agenda se amplió e incluye problemáticas como la infraestructura y el acceso al financiamiento. En su análisis, la falta de caminos y soluciones logísticas adecuadas dificulta el traslado de la producción y limita la capacidad de crecimiento. Además, advirtió que el “costo argentino” continúa incrementándose y afecta la competitividad del agro.

En su discurso, Santilli repasó medidas implementadas para el sector agropecuario y destacó la reducción de la carga tributaria. “Este año vamos a terminar bajando dos puntos los derechos de exportación para el trigo y la cebada y vamos a cerrar con una presión fiscal equivalente al 26,7% del PBI, cuando veníamos de 32,6%”, afirmó. Consideró que el Gobierno “va por el camino correcto“ y dijo que en el gobierno hay convencimiento de que ”la Argentina se ha puesto en marcha”, agregó.Vale recordar que a partir de junio las retenciones al trigo y la cebada bajaron del 7,5% al 5,5%. Desde 2027, la rebaja de retenciones se extenderá a otros cultivos (maíz, girasol, sorgo) y a la soja, que disminuirá entre 0,25% y 0,5% mensual, partiendo del 24% actual y llegando al 21% al finalizar 2027. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.El funcionario remarcó el rol que tiene el sector agroindustrial en el país y su importancia: “Son los que saben lo que es competir, lo que es producir. Nosotros sabemos que merecen que se les saque la pata de la cabeza, y eso es lo que viene haciendo el Presidente desde el día uno que asumió”.Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo: “Durante mucho tiempo se intentó instalar una dicotomía entre ciudad y campo que es falsa porque lo que nos une es la gente”.En ese sentido, señaló que el 70% de las empresas agroindustriales tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires y destacó que, dentro del Parque de la Innovación, dos de cada tres emprendimientos están vinculados con la agrotecnología o la industria agroalimentaria. La ExpoRural congregará productores, empresarios, técnicos, profesionales y familias, con más de 400 stands comerciales que incluyen laboratorios, empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias y talabarterías, junto a más de 4.500 expositores de animales y 2.000 ejemplares en exhibición.

La normativa precisó que la segunda adecuación presupuestaria del año es necesaria “con el objeto de dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.En ese sentido, el Ejecutivo consideró que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Educación: incremento de fondos para salarios docentes y no docentes de Universidades Nacionales y el Programa de Becas Manuel Belgrano. El área recibirá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

Seguridad social: financiamiento para el programa de Monotributo Social y la cobertura de déficits de las cajas previsionales provinciales. Se fijó una suma de $409.342 millones destinada específicamente a transferencias para las cajas previsionales de las provincias. Además, el programa de Políticas Alimentarias recibió un refuerzo de $624.308 millones.Salud pública: se asignaron más fondos para el funcionamiento de hospitales nacionales. El Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, entre otros centros de salud del sistema SAMIC.

Inteligencia y seguridad: la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió un refuerzo total de $49.261 millones, que incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Por su parte, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal también recibieron adecuaciones en sus créditos para gastos de personal y funcionamiento.El decreto también contempla una contribución al Tesoro Nacional por un total de $280.510 millones. Estos fondos provienen de un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para el “Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia”, y funcionan como un reembolso de gastos previamente efectuados por el Tesoro.

En cuanto a la deuda pública, se registró una readecuación importante del presupuesto para cumplir con los servicios financieros del ejercicio actual, incluyendo la amortización de letras intransferibles al Banco Central por más de $18 billones, utilizando recursos del Tesoro Nacional. Agencia NA

 El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de blindar por ley al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para evitar la manipulación de datos como sucedió en etapas pasadas. Así lo admitió el vocero Adrián Ravier durante una conferencia de prensa que ofreció este martes en la Casa de Gobierno. “(Santiago) Santurio (diputado de la LLA) hizo una propuesta de blindar al INDEC, para evitar la manipulación y presidente lo celebró”, señaló Ravier que, al mismo tiempo, aclaró que por el momento “es una idea” que debe evaluarse y madurar.Por otro lado, aclaró que la reforma del Banco Central está en manos de su presidente, Santiago Bausili, quien “está definiendo los detalles” y que por lo tanto aún “no está definido el proyecto”.Ante esta situación, Ravier indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso de la iniciativa, ni tampoco está definido por cuál de las Cámara ingresará.“Se que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”, afirmó el portavoz y añadió que durante esa medidas se mantienen “los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.  Agencia NA