De acuerdo a fuentes oficiales, el ahora exfuncionario poseía al menos siete inmuebles y dos sociedades comerciales radicadas en Miami, Estados Unidos, que no habrían sido informadas ante los organismos fiscales argentinos.

La decisión fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas, en medio de un clima de máxima sensibilidad dentro del área económica, donde se venía reforzando el control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios.

El desplazamiento fue inmediato y sin margen de negociación. En paralelo, se analiza quién ocupará el cargo, considerado estratégico dentro del esquema de gestión de infraestructura.El caso se suma a una serie de revisiones internas impulsadas en el Gobierno, en un contexto donde la transparencia patrimonial volvió a ubicarse en el centro de la escena política.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó el cierre de la etapa técnica de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, mediante la Resolución 21/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.Tras el análisis de la Comisión Evaluadora, el Gobierno ratificó la precalificación de dos de los tres oferentes originales, dejando el escenario listo para la puja de precios que definirá quién operará la ruta por la que circula el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina.Las propuestas que lograron superar las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones son la de Jan de Nul N.V. - Servimagnus S.A., la firma belga que es la actual operadora, y la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga.Por el contrario, la oferta de la firma brasileña DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible. Según la resolución, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, la exclusión se debe a que la empresa no cumplió con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.La resolución de la ANPYN también expuso una presentación de objeción por parte de la firma DEME. El oferente presentó la semana pasada un escrito manifestando disconformidad con el dictamen de la Comisión Evaluadora.Sin embargo, el ente autárquico que dirige la política portuaria rechazó el planteo “in límine” por falta de garantía de impugnación, ya que la empresa no depositó el aval económico necesario para cuestionar el dictamen, y por extemporaneidad, a raíz de que la etapa de observaciones a los pliegos ya había concluido.Al respecto, argumentó la desestimación de la presentación sosteniendo que “cualquier decisión o análisis que pretenda apartarse de las normas previstas en los pliegos licitatorios traería aparejada una decisión viciada de nulidad y, por consiguiente, carente de virtualidad jurídica por un claro apartamiento de la verdad material objetiva”.  Con la precalificación técnica resuelta, la atención del mercado se traslada ahora a los costos. La ANPYN fijó la apertura del Sobre N° 2 para este miércoles 22 de abril de 2026, a las 13:00 horas.En esta instancia, lo que se definirá no es solo quién puede realizar mejor la señalización y las tareas de dragado, sino quién ofrece la tarifa de peaje más competitiva para los buques que transitan la vía.El proceso es monitoreado de cerca por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó en las mesas de diálogo previas para garantizar estándares internacionales de transparencia en la concesión bajo la Ley N° 17.520.

El Gobierno implementó medidas para facilitar la importación temporal de insumos destinados a la producción de bienes que serán exportados. La nueva disposición permite que un mayor número de empresas compre en el exterior sin abonar derechos de importación ni impuestos relacionados. Además, los beneficios alcanzan a los proveedores de empresas exportadoras, lo que busca mejorar la competitividad de toda la cadena productiva.A través del Decreto 252/2026, el Ejecutivo reformó el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) con el objetivo de simplificarlo, modernizarlo y ampliar su alcance. La iniciativa busca facilitar el acceso al régimen aduanero y fomentar la incorporación de valor agregado local a los insumos importados. Asimismo, la medida extiende su aplicación a todos los sectores de la cadena productiva, cuando anteriormente se limitaba a la industria automotriz.“Este régimen permite a las empresas importar temporalmente insumos, partes o componentes del exterior sin pagar derechos de importación ni impuestos asociados, con el fin de utilizarlos en la fabricación de bienes que luego se exportarán o se venderán al mercado interno. En este último caso, el pago de dichos impuestos se realizará una vez concluida la fabricación, permitiendo a las empresas disponer de más capital de trabajo para invertir”, indicaron fuentes oficiales. “La medida también redundará en beneficios para proveedores de empresas exportadoras que abastezcan con insumos importados la fabricación de productos que luego se exporten transformados en otro bien”, precisaron.A su vez, se eliminó la exigencia de contar con una garantía global única, habilitando el uso de cualquiera de las opciones previstas en el menú de garantías del Código Aduanero. Esta obligación constituía una carga financiera significativa que operaba como una barrera de acceso para los operadores. Además, se eliminó la exigencia previa de la firma de actas-convenios con cámaras sectoriales para el acceso al régimen, un requisito que en la práctica ha sido un obstáculo al ingreso“Se apunta a dar mayor competitividad exportadora a la industria, al eliminar tributos que encarecen el producto final exportado sumado a que el plazo de un año para efectivizar los pagos de aquellos que se venden al mercado interno también representan una mejora en el giro habitual del negocio y de su capital de trabajo”, señalaron desde el Ejecutivo.“El marco normativo del RAF, que databa de dos décadas atrás, presentaba obstáculos significativos que limitaban su eficacia para fomentar la producción y las exportaciones”, agregaron.Vale mencionar que, pese a la apertura comercial, un tipo de cambio bajo y medidas desregulatorias, las importaciones se desaceleraron. Durante los primeros meses de 2025, registraron incrementos interanuales cercanos al 40%. Sin embargo, a partir del segundo semestre, el ritmo de crecimiento se redujo considerablemente y diciembre cerró con una suba de solo 3,5 por ciento.En los dos primeros meses de 2026, ese incremento se revirtió y las importaciones acumularon una baja del 11,9%, según datos del Indec sobre la balanza comercial. La demanda interna se redujo significativamente desde la segunda mitad de 2025 y la tendencia se mantiene. La menor actividad en las fábricas limita la necesidad de insumos importados, la inversión permanece detenida y eso impacta en la compra de bienes de capital.Además, las importaciones de combustible disminuyeron y la de bienes de consumo también cae, debido al exceso de stock en el mercado. Los importadores acumularon inventarios superiores a lo previsto y las ventas no alcanzaron las expectativas. De acuerdo con el Indec, entre enero y febrero las importaciones totalizaron USD 10.231 millones, una baja del 11,9% respecto al mismo período de 2025, cuando sumaron USD 11.617 millones.

El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina y que procesó Agencia Noticias Argentinas. El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”.La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida “no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”.Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales “en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación”.Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el “respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos.En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el “decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate”.

 Por Julián Alvez - En horas de la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, relacionados con el financiamiento y recomposición salarial universitaria. Ante esto, presentaron el Recurso con efecto suspensivo para no tener que comenzar a pagar los fondos de las universidades: en rigor, el plazo límite era hasta las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.Dado que este caso se elevará posteriormente a la Corte, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres magistrados que la componen que se excusen en el caso y llamen a tres conjueces porque todos ellos son docentes universitarios.El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.Si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso (tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto que realizó el presidente Javier Milei), en el Gobierno marcan que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.Es por eso que reiteran que la ley cuestionada (27.795) no estableció fuentes de financiamiento claras y que, conforme a las leyes presupuestarias (Ley 24.629, Ley 24.156 y Ley de presupuesto 27.798), la ejecución de gastos requiere previsión y partidas específicas aprobadas por el Congreso. El Ejecutivo acusa al Poder Judicial de excederse en sus atribuciones al disponer sobre cuestiones de asignación y ejecución presupuestaria, invadiendo la órbita del Legislativo y el Ejecutivo, y reclama la observancia del principio de división de poderes. “En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron.Una importante fuente de la Casa Rosada marcó a Infobae que, en teoría, el Gobierno ya debe empezar a hacer las transferencias desde este mismo viernes porque lo que debe hacer la Corte Suprema es avalar la suspensión de la aplicación de la Ley.El Gobierno enfrenta un desafío financiero inmediato: saben que es muy probable que la Corte no quiera tratar el tema por ser una medida cautelar y no un asunto de fondo. Por eso, ya se preparan para lo que será una transferencia de $2,5 billones a las universidades. La administración de Javier Milei anticipa que esta obligación implicará el retorno del déficit fiscal y reconoce que, al día de hoy, no dispone de los fondos necesarios para cumplir con el fallo.“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable. De cualquier manera, se trata de una cuestión de días, porque creen que el máximo tribunal no aceptará tomar el caso.Fuentes judiciales informaron a Infobae que no existen muchos antecedentes de fallos de la Corte Suprema que respalden la suspensión de este tipo de medidas cautelares, aunque mencionaron tres casos previos —“César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”— en los que se admitió el efecto suspensivo.Dentro del Ejecutivo persiste el debate técnico sobre cómo instrumentar el pago. Un alto funcionario aclaró a Infobae: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan.” De acuerdo con la normativa vigente, la apelación extraordinaria no suspende la obligación de pago salvo que lo disponga expresamente el tribunal. Si no se suspende, la administración pública está obligada a efectuar la transferencia presupuestaria según los artículos 5 y 6 de la ley.La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario fue el resultado de una coalición parlamentaria opositora que, en 2025, logró rechazar el veto presidencial e instalar el reclamo judicial. El oficialismo había bloqueado una propuesta similar en 2024, pero perdió margen de maniobra ante el avance de sectores dialoguistas y opositores. La legislación obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en septiembre de 2025. El fallo también exige la recomposición de todas las becas estudiantiles.Actores del sistema universitario plantearon la urgencia de convocar a paritarias para ajustar los salarios según la inflación y sugirieron que el primer rubro a recomponer sea el de las becas estudiantiles. Según informaron abogados de universidades relevantes a Infobae, existen divergencias de opinión sobre la mecánica procesal, pero prima la interpretación de que la obligación de pago comienza en cuanto el fallo de la Corte es notificado. Infobae.

La medida, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel, escala la tensión entre ambos países y reactualiza el histórico conflicto judicial por los atentados terroristas en la Argentina.El Gobierno nacional ordenó la salida del encargado de negocios de Irán, quien deberá abandonar el país en un plazo menor a 48 horas, en medio de una fuerte escalada diplomática entre ambas naciones. La decisión se produce tras una serie de cruces políticos y medidas adoptadas en las últimas semanas que tensaron al máximo la relación bilateral.El conflicto se profundizó luego de que el presidente Javier Milei calificara a Irán como “enemigo” de la Argentina, al recordar los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Las declaraciones generaron una dura respuesta del régimen iraní, que habló de una “línea roja imperdonable” y anticipó posibles reacciones.En paralelo, el Gobierno elevó el nivel de alerta de seguridad en el país y reforzó la custodia en objetivos sensibles, como sedes diplomáticas y espacios vinculados a la comunidad judía, con operativos permanentes.El punto más crítico llegó cuando Argentina declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista e incorporó a sus miembros al registro oficial, lo que habilita sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones operativas. La medida fue respaldada por Estados Unidos e Israel, pero rechazada por Irán, que la consideró “ilegal” y advirtió sobre responsabilidades internacionales.Desde el exterior, distintas voces también se pronunciaron. Mientras ex funcionarios argentinos sostuvieron que la ruptura diplomática debió haberse concretado antes, referentes políticos de Uruguay cuestionaron que Irán utilizara su representación en ese país para emitir críticas hacia Argentina.La decisión de expulsar al diplomático iraní se inscribe en este contexto de creciente tensión y tiene antecedentes recientes en la región. En 2023, Argentina adoptó una medida similar al expulsar al embajador de Ecuador, en respuesta a una acción equivalente tomada por ese país.El episodio marca un nuevo punto de quiebre en la relación con Irán y refuerza el alineamiento internacional del actual gobierno en materia de seguridad y política exterior.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

 Con la nueva disposición del Gobierno y el aumento en la proporción del bioetanol en las naftas, el esquema adecuado cambia y el panorama demuestra que otros actores serán los ganadores, por el momento.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida del Gobierno constituye una decisión de relevancia estratégica en términos energéticos, productivos y ambientales.La disposición fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.La misma permite incorporar hasta tres puntos porcentuales adicionales de bioetanol en el mercado de las naftas, pasando del 12% actual al 15%, en un esquema de comercialización abierta donde las refinadoras pueden optar por su abastecimiento.  Asimismo, reafirma el rol de la secretaría a cargo de María Tettamanti como autoridad de aplicación con facultades para adecuar los niveles de mezcla, en función de las necesidades del sistema energético.Productores de maíz y caña: la expansión del bioetanol genera impactos positivos en la economía real, generando una mayor demanda del cereal. Empresas de bioetanol: con una mayor demanda del biocombustible líquido renovable, aumenta la facturación de las empresas y, a su vez, aumenta la generación de empleo y el incremento de la actividad industrial.Consumidores: si bien el aumento termina impactando, la suba resulta menor: se contribuye a la estabilización de los costos y a mitigar el impacto de shocks externos sobre la economía.

El Gobierno Nacional envió al Senado un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los limites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del manejo del Fuego.El proyecto forma parte de las reformas que fueron anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de Marzo, y es la primera que se envía al Congreso como parte del paquete de iniciativas que impulsará el Gobierno, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.El oficialismo volvió a elegir como cámara de origen el Senado, donde la jefa del bloque de LLA pudo armar una sólida mayoría de unos 40 votos, que le permitieron sancionar con amplio margen las leyes de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, Laboral, y reforma de ley de Glaciares, y ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

EXPROPIACIONES

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del titulo, donde se incluye las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también reforma elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.“Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”, señaló el Gobierno.Destaca que “la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración.Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida”.

El Ministerio de Economía colocó USD 300 millones en dos bonos en dólares y adjudicó un total de $11,04 billones durante la última licitación de deuda. De esta manera, el oficialismo no liberó pesos al mercado y busca hacerse de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio por más de 4.200 millones de dólares.La Secretaría de Finanzas anunció que recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes.El interés del mercado se reflejó especialmente en los instrumentos en dólares, donde el Gobierno emitió dos títulos: el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, por un monto de USD 150 millones a una tasa de 5%, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, también por USD 150 millones y un rendimiento anual de 8,52 por ciento.El lunes, hasta las 13 horas, se abrirá una segunda instancia para suscribir los bonos AO27 y AO28, ofreciendo un monto adicional de USD 100 millones por cada uno, a los precios determinados en la licitación actual.Ambos títulos en dólares concentraron la atención de los inversores, en un contexto donde el acceso a financiamiento en moneda extranjera resulta clave para la estrategia oficial. El nivel de demanda permitió al Gobierno captar el máximo previsto para cada bono y establecer referencias de tasas para futuras colocaciones.El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que en la subasta de este viernes se recibieron ofertas por USD 466 millones para el bono con vencimiento en octubre de 2027 (AO27), con una tasa nominal anual (TNA) de 5,02% y de USD 226 millones para el título que vence en octubre de 2028 (AO28) con una TNA de 8,5 por ciento.De acuerdo a los cálculos realizados por el titular del Palacio de Hacienda, la primera opción equivale a un riesgo país de 117 puntos básicos bajo la gestión Milei. En tal sentido, consideró que el riesgo país al décimo mes de 2028 es de 460 unidades y adjudicó la diferencia al “riesgo kuka”.El bono AO28 prevé el pago total del capital al vencimiento, fijado para el 31 de octubre de 2028, y ofrece pagos mensuales. Al igual que el AO27, el límite total de colocación es de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera y USD 100 millones en la segunda ronda). Esta estrategia apunta a cubrir obligaciones cercanas y a fortalecer la disponibilidad de dólares en el sistema financiero local.La evaluación entre el AO27 y el AO28 evidencia una mayor inclinación de los inversores hacia el primer bono, ya que su vencimiento se produce antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que implica un riesgo político más bajo. El AO28, por su parte, implica asumir compromisos que trascienden el actual ciclo de gobierno.

El Gobierno informó que prepara el envío de un paquete de reformas clave para que sean debatidas por el Congreso de la Nación. El encargado de comunicarlo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que dio hoy en la Casa Rosada, donde se defendió de las denuncias que apuntan a su viaje a Punta del Este y a un crecimiento patrimonial no justificado: “No tengo nada que esconder, está todo impecable”, afirmó.

En ese marco, el referente del gobierno de Javier Milei detalló que una de las iniciativas propone destinar un 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.Otra de las propuestas está orientada a fortalecer los derechos de propiedad privada, con el propósito de atraer inversiones y promover el crecimiento económico; con ese objetivo, se enviará al Congreso un proyecto que limita las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones a quienes resulten afectados.

En su anuncio, Adorni cuestionó la “inseguridad jurídica” que, entiende, dificultó el arribo de inversiones durante décadas. Además sostuvo que la imprevisibilidad en la vigencia de contratos y derechos de propiedad fue un obstáculo para la creación de empleo y perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos.Dentro del paquete se anunció una reforma de la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El objetivo es favorecer la llegada de capital global y estimular inversiones en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria.

“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, argumentó el jefe de Gabinete.En la misma línea, se propuso también una reforma del régimen de desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles, buscando desalentar ocupaciones y mejorar la certidumbre sobre el mercado de alquileres: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”.Otra propuesta que será sometida a debate es la revisión de las leyes sobre discapacidad y el acceso a beneficios sociales. La idea es transparentar el otorgamiento de pensiones en personas incapaces de trabajar, endureciendo los requisitos y diferenciando entre beneficiarios legítimos y quienes, según el discurso oficial, habrían accedido al beneficio en forma irregular.“Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, recordó Adorni en su exposición, en la que enfatizó que la administración anterior ´recurrió a la emisión y generó mayor presión fiscal, lo que derivó en consecuencias como la inflación y el déficit.

El Poder Ejecutivo confirmó además su intención de promover la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal. La iniciativa apunta a captar inversión privada para restaurar y mejorar el establecimiento.Esta medida, aduce el oficialismo, aliviará la carga financiera estatal vinculada al mantenimiento del predio y priorizará la promoción de nuevos proyectos de desarrollo económico local. El plan prevé dejar el complejo completamente disponible para el uso público.Finalmente, Adorni apuntó que “el Ministerio de Justicia enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”.

Por Facundo Chaves - El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores. La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.Fuentes parlamentarias confirmaron a Infobae que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen mañana en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.

El artículo en cuestión era el siguiente:“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajoArtículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”La decisión del Gobierno nacional de retirar el artículo sobre licencias médicas del proyecto de reforma laboral marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Las conversaciones, que se extendieron hasta última hora, pusieron en evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener para avanzar con su agenda en la Cámara de Diputados.En el centro del debate se ubicó la propuesta original que establecía modificaciones en el régimen de ausencias justificadas por cuestiones de salud. La eliminación del artículo, confirmada por fuentes oficiales, surgió como respuesta directa a los reclamos de espacios políticos que consideraron que la redacción ponía en riesgo derechos adquiridos de los trabajadores. De acuerdo con lo informado, la postura que adoptó el bloque de Hacemos Coalición Federal fue determinante para forzar el retiro del texto, ya que anticipó que no acompañaría la medida si no se revisaba su contenido.Este escenario evidenció el peso político que adquirió el tema en las últimas jornadas, ante la proximidad de la sesión extraordinaria convocada para tratar la reforma. La urgencia por alcanzar consensos puso de relieve la fragilidad de la mayoría oficialista y la importancia estratégica de cada voto. Funcionarios del Ejecutivo, según trascendió, consideraron que priorizar la aprobación general del paquete de cambios era más relevante que insistir en un punto que generaba resistencias insalvables.El debate por las licencias médicas se intensificó tras la difusión de la letra chica del proyecto, que proponía limitar la cantidad de días de ausencia por motivos de salud y endurecer los controles sobre los certificados expedidos. Legisladores de sectores dialoguistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas restricciones afectaran a trabajadores con enfermedades crónicas o situaciones especiales. En este contexto, la presión pública de organizaciones gremiales y asociaciones médicas sumó un factor adicional de tensión, acelerando la necesidad de revisar el texto.La reacción sindical se manifestó en comunicados y pronunciamientos que reclamaron respeto por los convenios colectivos de trabajo y advirtieron sobre eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Voceros de la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que cualquier intento de limitar las licencias representaba “un ataque a conquistas históricas”. La postura de la central obrera fue replicada por representantes de otros gremios, que coincidieron en la defensa de los marcos legales vigentes.En paralelo, desde el oficialismo se intentó instalar la idea de que la reforma general no perdería fuerza por la exclusión del artículo en cuestión. Fuentes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el objetivo central sigue siendo “modernizar las relaciones laborales y dotar de mayor flexibilidad a las empresas”, pero reconocieron que “la búsqueda de consensos es prioritaria”. La voluntad de allanar el camino para la aprobación del resto de los artículos fue compartida también por los bloques aliados, que destacaron la importancia de avanzar en los aspectos vinculados a la formalización del empleo y la simplificación de trámites administrativos.El retiro del artículo no implicó, según se explicó, la renuncia definitiva a debatir cambios en materia de licencias. Algunos referentes legislativos anticiparon que el tema podría ser retomado en futuras discusiones, bajo un formato más acotado y negociado. Por el momento, la atención se centra en la votación convocada para las próximas horas, en la que el oficialismo aspira a obtener el respaldo necesario para aprobar el grueso de la reforma.El escenario parlamentario se mantuvo en estado de máxima incertidumbre, con negociaciones abiertas y contactos permanentes entre los distintos bloques. La dinámica de los acuerdos reflejó el carácter fragmentado de la Cámara de Diputados y la necesidad del Ejecutivo de construir mayorías caso por caso. La eliminación del artículo sobre licencias médicas se convirtió, así, en un gesto de flexibilidad orientado a evitar el naufragio de una reforma considerada clave por el Gobierno.El futuro de la iniciativa dependerá ahora del resultado de la sesión y de la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo de sus socios coyunturales. Mientras tanto, actores sindicales y empresariales se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que cualquier modificación en la legislación laboral tendrá impacto directo sobre millones de trabajadores y empleadores en todo el país.

El Gobierno quitó las retenciones a la exportación de petróleo crudo provenientes de yacimientos convencionales bajo determinadas condiciones vinculadas a los precios internacionales. Se trata de un compromiso asumido meses atrás con los gobernadores patagónicos, quienes revisarán regalías y cánones.Hasta el momento, la alícuota era de 8% en todos los casos. Ahora, se establece una estructura diferenciada según la cotización internacional del crudo Brent. Si el precio del barril se ubica en 65 dólares o por debajo —valor base definido por la normativa—, las exportaciones quedarán exentas del pago de retenciones.En cambio, cuando la cotización supere los 80 dólares por barril —valor de referencia— se aplicará una alícuota fija del 8%.Entre ambos umbrales, es decir, cuando el precio internacional oscile entre los 65 y los 80 dólares, regirá un esquema móvil, con una fórmula variable que ajustará los derechos en función de la evolución del precio.La decisión, que beneficia principalmente a Santa Cruz, Río Negro y Neuquén; fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 59/2026.En los considerandos de la norma se señala: “La producción de hidrocarburos en el país, proveniente de yacimientos convencionales, atraviesa una situación compleja, producto del natural grado de agotamiento de los yacimientos, el incremento de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales”.Y argumenta: “Las provincias han focalizado sus esfuerzos en sostener y estimular la actividad en los yacimientos convencionales, mediante la adopción de medidas tales como la reducción de regalías y/o canon en áreas maduras, la reconversión de concesiones de exploración, y/o acuerdos de alivio fiscal, evidenciando el esfuerzo provincial por preservar el empleo y promover las inversiones en áreas maduras”.“Los esfuerzos provinciales y empresariales requieren de un acompañamiento del Estado Nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes, de modo tal de propender a mejorar la competitividad del sector”, agrega la normativa.La medida encomienda a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía la elaboración y dictado de las normas complementarias necesarias para su implementación, un proceso que deberá completarse en un plazo máximo de 60 días desde la publicación de la disposición.Vale recordar que en noviembre pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; se reunieron y firmaron un acta acuerdo del que deriva la medida.También estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González y el Presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.Según Torres, ese encuentro era clave para oficializar “el primer acuerdo de baja de presión fiscal entre Nación, la provincia, los gremios y las operadoras petroleras”.El mandatario provincial había destacado la relevancia económica y estratégica de la medida y advirtió sobre el escenario que se buscaba evitar. “Las estimaciones de la Secretaría de Energía indicaban que en tres años íbamos a tener que importar ese tipo de crudo”, explicó, una situación que habría tenido impacto directo en los precios que pagan los consumidores en todo el país.Luego del encuentro, Torres aseguró que “este convenio que estamos firmando hoy son cuatro puntos de regalías”.De todos modos, CEPH había advertido que la explotación convencional atraviesa una etapa de alta fragilidad operativa y marcado declino, con una porción relevante de yacimientos en riesgo de quedar inactivos en el corto plazo. Desde el sector petrolero remarcan que la reducción de retenciones constituye un paso necesario, aunque insuficiente si no se avanza en un régimen legal específico que modifique de manera estructural los costos y la carga impositiva.Según un informe técnico de la CEPH, el lifting cost —costo de extracción— se ubica, según la cuenca, entre 35 y 45 dólares por barril (USD/bbl). Este nivel de costos responde a la necesidad de inyectar crecientes recursos para atenuar el declino natural de los pozos. En ese contexto, la entidad sostiene que, con la estructura de costos operativos y la presión tributaria vigentes, la explotación convencional exhibe márgenes de rentabilidad casi nulos o incluso negativos.La situación se agrava por la caída de los precios del crudo. El precio promedio del petróleo, que a comienzos de 2024 se ubicaba en torno a los 72 USD/bbl —considerando el mercado interno y externo—, descendió a 62 USD/bbl en el promedio del segundo trimestre de 2025, lo que implica una reducción del 15% en los ingresos por ventas.

En medio de los incendios que afectan a la Patagonia, el Ministerio de Seguridad dispuso este jueves la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.“La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.La resolución, firmada por Monteoliva, establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil. Estos fondos también podrán destinarse a la conservación y mantenimiento del equipamiento en condiciones operativas.Además, como informó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno analiza la posibilidad de prorrogar por decreto la ley de Emergencia Ígnea ante la crisis generada por los incendios mientras estudia la incorporación del aumento de partidas que reclaman los gobernadores al temario de sesiones extraordinarias.Asimismo, se asignaron $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, destinados a gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.En paralelo, se destinaron otros $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, específicamente orientados a la capacitación de bomberos voluntarios y directivos de las instituciones, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y operativa del sistema.Por su parte, se asignaron $ 2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, destinados a tareas de fiscalización del sistema, establecimiento de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad, traslados, capacitación técnica, formación de instructores, diseño de cursos y asistencia extraordinaria a entidades en situaciones de emergencia.Además, se enviaron $ 7.754.640.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, destinados al funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.Finalmente, se asignaron $ 2.584.880.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina para gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N.° 25.054 y sus modificatorias. NA.

Por Lucrecia Eterovich - El Ministerio de Economía logró renovar más del 100% de los vencimientos que enfrentaba en un importante test de deuda en pesos. Con depósitos que apenas sumaban $2,3 billones, la cartera económica evitó inyectar pesos al mercado y se pospuso la baja de tasas que necesaria para potenciar el repunte de la actividad económica.“La Secretaria de Finanzas anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $ 10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $ 11,17 billones. Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha”, comunicaron desde Economía.En el mercado, las expectativas de los analistas eran que Finanzas no libere pesos al mercado. En primer lugar, porque alertaban que con las compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el fin de las vacaciones hay liquidez en el sistema. Pero también por el nivel de depósitos del Tesoro en pesos y en moneda extranjera, de cara al próximo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En las LECAPs se convalidaron tasas de hasta 2,99% TEM para el tramo más corto, con vencimiento el 16 de marzo de 2026; mientras que en CER fue de hasta 8,75% para el 30 de junio de 2028. En cuanto al dollar linked, solo se colocaron $0,1 billones a 6,02% TIREA. Aunque por fuera del cronograma, Finanzas llevó a cabo dos licitaciones para canjear letras dollar linked.“Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, afirmó Lucio Garay Mendez, respecto a la tasa de cerca del 3% que se convalidó para la LECAP con vencimiento el próximo marzo, cuando la inflación se espera que se ubique por debajo del 2,8% que marcó en diciembre.El resultado fue acorde a lo que esperaban en el mercado: un rollover del 100% o más por el nivel de depósitos del Tesoro y los compromisos en moneda extranjera.Entre las alternativas que se ofrecieron en la subasta figuraban tres Lecap en pesos: una con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva), otra al 31 de julio de 2026 (nueva) y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6, reapertura). También se incluye un Boncap al 15 de enero de 2027 (T15E7, reapertura).En instrumentos a tasa variable se presentó una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura). Dentro de las opciones ajustadas por CER, se destaca una letra al 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura), un bono con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura) y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).Además, se ofreció una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026. Esta alternativa apunta a quienes mantienen dudas sobre la evolución del tipo de cambio, pese a la estabilidad reciente y las compras de reservas del Banco Central.

Caída de depósitos en dólaresA comienzos de la semana que viene, el Tesoro enfrenta un importante vencimiento: el 1º de febrero se debe efectuar un pago de USD 824 millones en concepto de intereses con el FMI. Y si bien, en las últimas jornadas, los depósitos en moneda extranjera habían aumentado, el jueves 22 de enero hubo una importante caída.Según la última publicación disponible del informe diario del BCRA, al pasado jueves, los depósitos en moneda extranjera eran de USD 164.829.958,43 ($236.233 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha, $1.433,1999). Mientras que el miércoles pasado eran de USD 324.351.271,18 ($426.860 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha, USD 1.427,0331), lo que supone una caída de USD 160 millones.Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre por qué se produjo la caída, si se debió a un pago a un organismo internacional, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Aunque analistas sospechan que se trató de un pago a un organismo internacional, dado que no hubo movimiento en el nivel de depósitos en pesos. Infobae.

El Gobierno nacional oficializó este martes la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, enfocada específicamente en los segmentos de transporte y distribución de gas natural. La medida, dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, busca garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos ante la falta de infraestructura suficiente para transportar el gas de Vaca Muerta a los centros de consumo.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el decreto firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete reconoce que las obras de ampliación de gasoductos “recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027”, lo que obliga al país a seguir dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda residencial y la generación eléctrica.La normativa introduce un cambio drástico en la operatoria de comercio exterior: el Estado busca retirarse como importador directo a través de ENARSA y ceder ese rol al sector privado.El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a realizar un concurso competitivo para seleccionar a un comercializador privado que se encargue de importar el GNL y regasificarlo utilizando la terminal de Escobar (la única operativa actualmente). El Ejecutivo argumentó que la intervención estatal previa “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”.Sin embargo, ante la existencia de una única terminal de ingreso (monopolio natural), el DNU establece un “precio máximo” para la venta de ese gas en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027. Este tope se calculará en base a un marcador internacional más los costos logísticos, para evitar abusos de posición dominante por parte del futuro operador privado.Cuello de botella: existe una falta de capacidad de transporte para llevar el gas desde la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) hacia Buenos Aires y el Litoral.Dependencia del GNL: sin la importación de barcos metaneros, “la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas quedaría insatisfecha en los días más fríos”.Plan B: si fracasa la licitación para que un privado se haga cargo de la importación, ENARSA deberá asumir nuevamente la responsabilidad de garantizar el suministro.

 Puntualmente, se introdujo un nuevo esquema mediante el cual se transfieren a los explotadores de aeródromo funciones que hasta el momento eran desarrolladas por las Jefaturas de Aeródromos y Aeropuertos de la ANAC.Entre ellas, se encuentran los servicios de dirección y seguridad operacional en plataforma, la emisión de credenciales vehiculares y permisos de conducción en el área de movimiento, el servicio Follow-Me y el control de vehículos. Así quedó plasmado en las Resoluciones 54/2026 y 55/2026, mediante las cuales se actualizan las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC)Además, se dispone que los explotadores, como Aeropuertos Argentina y London Supply, asuman la responsabilidad de informar de manera directa al Servicio de Información Aeronáutica (AIS) sobre las condiciones del aeródromo, sin que resulte necesaria la intervención previa del jefe de aeródromo.Esta disposición permite agilizar la comunicación de información esencial para la operación aérea —como el estado de la superficie de pista— y evita retrasos innecesarios en la difusión de datos operativos relevantes.Por otra parte, se introducen modificaciones en los requisitos relativos a los Planes de Emergencia de Aeródromo (PEA). En ese sentido, se dispone que los aeródromos públicos controlados deberán contar con un Plan de Emergencia de Aeródromo aprobado por la ANAC. En cambio, los aeródromos de menor complejidad y riesgo operativo —entre ellos los aeródromos públicos no controlados y los privados— deberán disponer de un Plan de Respuesta ante Emergencias, sustentado en la coordinación con los recursos locales disponibles, sin que sea necesaria la aprobación previa del organismo.Asimismo, se dispone que los comités locales —entre ellos los de Seguridad Operacional, Riesgo por Fauna y Facilitación— pasen a ser coordinados por los explotadores de aeródromo, mientras que el jefe de aeródromo conservará las funciones vinculadas al control y la fiscalización.Por su parte, los explotadores deberán elevar a la ANAC, dentro de los treinta días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la nueva normativa, un cronograma para la transferencia de los servicios operativos.Dicho plan deberá contemplar su puesta en marcha efectiva en un plazo no mayor a ciento ochenta días, y se desarrollará bajo la supervisión y fiscalización del organismo.Por otro lado, señaló la Secretaría de Transporte, se establece un marco normativo específico aplicable a obras, instalaciones y actividades desarrolladas por terceros en el entorno aeroportuario, incluyendo la construcción de edificaciones y la instalación de elementos como antenas, aerogeneradores u otras estructuras.“La norma tiene por finalidad garantizar la seguridad operacional y la regularidad de las operaciones aéreas, definiendo los requisitos que deben cumplirse para el desarrollo de este tipo de intervenciones”, comunicaron fuentes oficiales.“Estas medidas consolidan un modelo de gestión aeroportuaria más eficiente y ordenado, en el que la ANAC refuerza su rol como autoridad aeronáutica, concentrando sus funciones en el control y la fiscalización, y alineando la operación aeroportuaria con estándares internacionales de Seguridad Operacional”, añadieron.Entre otras modificaciones recientes en la RAAC, se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de presentar plan de vuelo para las operaciones de aviación general realizadas bajo reglas de vuelo visual (VFR). La medida tiene por objeto simplificar los procedimientos administrativos vinculados a este tipo de operaciones y entró en vigencia el 1° de marzo de 2026. A su vez, se autorizó la realización de vuelos visuales nocturnos en todo el territorio nacional para los pilotos que cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa vigente, ampliando el marco operativo aplicable y permitiendo un uso más eficiente de la infraestructura aeroportuaria.La resolución 957/2025 incorporó además modificaciones asociadas a los nuevos desarrollos tecnológicos, al contemplar en la normativa nacional la posibilidad de que aeronaves de pequeño porte, destinadas a operaciones no regulares con menos de diez pasajeros, puedan ser operadas por un único piloto mediante el uso de sistemas de piloto automático, previa autorización de la ANAC.

 Las facturas de gas de los hogares argentinos tendrán un nuevo esquema a partir de 2026. A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año.La medida apunta a suavizar los históricos aumentos que se generan en los meses de mayor consumo, cuando la demanda de gas se incrementa de manera significativa por el uso de calefacción en los hogares.Según el texto oficial, el Estado empezará a implementar el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que introduce cambios en la forma en la que se calcula el precio que los usuarios pagan por el gas natural. El nuevo esquema busca distribuir el costo anual del servicio de manera más equilibrada, en lugar de concentrar los incrementos en un período puntual del año.La principal diferencia se verá en las facturas. Con la nueva regulación, en vez de registrar subas pronunciadas durante los meses de invierno, el precio del gas se distribuirá mes a mes a partir de un valor anual promedio.De esta manera, el monto a pagar será más estable a lo largo del año, ya que se tomará como referencia un precio anualizado, en lugar de aplicar los valores más altos únicamente en los meses fríos.El nuevo esquema, sin embargo, no implica una baja en el monto total que pagan los usuarios ni una modificación en los niveles de consumo.Tampoco se trata de un congelamiento tarifario ni de una alteración de los contratos vigentes. De hecho, el decreto mantiene sin cambios el Plan Gas.Ar y los acuerdos con las productoras, y se limita a redefinir el mecanismo de cálculo que impacta en la factura final de los hogares.Desde el punto de vista técnico, la medida se aplica sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), uno de los componentes centrales de la factura. Sin embargo, el monto que abonan los usuarios también incluye cargos por transporte, distribución e impuestos, que se seguirán rigiendo por los cuadros tarifarios vigentes.En ese sentido, el esquema de precio anual uniforme no elimina las variaciones en el consumo, pero sí busca amortiguar el impacto que ese mayor uso tiene sobre el valor unitario del gas.Bajo el nuevo sistema, el Estado podrá asumir parte del costo del gas en determinados momentos del año. La Secretaría de Energía será la encargada de definir el precio uniforme anual y de establecer los mecanismos de compensación a las productoras, de modo de preservar la cadena de pagos del sector.Según fuentes oficiales, el objetivo es que los usuarios cuenten con mayor previsibilidad para planificar sus gastos en servicios públicos, sin enfrentar incrementos concentrados en un período corto de tiempo.El régimen también se extiende al gas envasado y a otros combustibles alcanzados por el esquema de subsidios energéticos, siempre bajo el criterio de focalización definido por el Gobierno.La medida no modifica los derechos de las empresas productoras de gas, que seguirán percibiendo el precio correspondiente según los contratos vigentes y el esquema del Plan Gas.Ar.Tampoco se alteran las condiciones de abastecimiento ni el funcionamiento del mercado mayorista de gas. El decreto busca preservar la señal de precios del sector y garantizar la continuidad de la inversión y la producción.El régimen entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, pero su aplicación efectiva requerirá ajustes operativos en los sistemas de facturación de las distribuidoras.

“Esta decisión permite que el Ministerio cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar”, informó la cartera militar en un  comunicado.“Hasta ahora, el pase a disponibilidad implicaba que el tiempo de servicio en el Ministerio no computara como servicio efectivo, lo que desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave”, se indicó en el texto.La urgencia de la medida, instrumentada este lunes a través de un DNU, responde a “la necesidad operativa de cubrir puestos estratégicos con personal idóneo en áreas donde el conocimiento profesional acumulado es determinante”. “La formación y experiencia propias de la carrera militar resultan esenciales para la planificación y conducción de la defensa nacional”, indicó a través de un comunicado la cartera a cargo de Carlos Presti.

El DNU

El decreto de necesidad y urgencia “se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar en actividad dentro del Ministerio, fortaleciendo la conducción del sistema de defensa”.“Asimismo, corrige una restricción que afectaba el principio de igualdad ante la ley, al limitar el acceso del personal militar a funciones para las que resulta plenamente idóneo”, se agregó.

La modificación no introduce privilegios ni altera los aspectos sustanciales de la carrera militar y no será aplicable a oficiales que hayan alcanzado los grados de teniente general, almirante o brigadier general, ni a quienes se hayan desempeñado como jefe del Estado Mayor Conjunto o jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, por tratarse de instancias que representan la culminación de la carrera militar.

Desde la Casa Rosada señalaron que el recambio fue impulsado por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien propuso una reestructuración completa de equipos y conducción. En ese marco, asumieron Sebastián Giorgetti al frente de Trenes Argentinos Operaciones y Fabián González en Trenes Argentinos Infraestructura, en áreas clave del sistema ferroviario, especialmente sensibles por los planes de concesión y privatización previstos en la Ley Bases.

Los movimientos no se limitaron a Transporte. En paralelo, también presentó su renuncia el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, quien será reemplazado por Ernesto Gaspari. Desde el Ejecutivo buscaron bajar el tono a la seguidilla de salidas y descartaron una crisis interna, asegurando que se trata de decisiones puntuales orientadas a ajustar la gestión y acelerar cambios considerados estratégicos por el presidente Javier Milei.

En menos de 24 horas, el Gobierno acumuló varias renuncias de alto nivel, en un contexto de reconfiguración interna que impacta en áreas sensibles del Estado y deja en evidencia una etapa de fuerte reordenamiento político y administrativo.