Por Ricardo Carpena - Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos” de los trabajadores.Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.

La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras. El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.

El Gobierno nacional oficializó el esquema de reducción progresiva y permanente de los derechos de exportación (DEX) para los principales complejos agroindustriales, incluyendo soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.La formalización de la medida, que había sido anunciada por el presidente Javier Milei a mediados de mayo, se dio a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.Al argumentar la medida, el Ejecutivo sostuvo que “resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”.En este sentido, remarcó que “esta gestión entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”.De esta manera, consideró que “resulta necesario establecer un programa gradual, previsible y verificable de reducción de los derechos de exportación que permita materializar el compromiso asumido por esta gestión, otorgando certidumbre a los actores del sector agroindustrial, promoviendo la inversión, el incremento de la producción y la consolidación de una mayor inserción internacional de la República Argentina”.El programa establecido por la administración Milei se divide en dos componentes estratégicos: uno de aplicación inmediata para los cultivos de invierno y un cronograma de reducción gradual para los cultivos de verano.Cultivos de invierno: establece alícuotas de aplicación inmediata para mercaderías como el trigo y la ceba. Por ejemplo, el trigo en grano tributará un 1%, mientras que la harina de trigo queda fijada en un 2,50%. La cebada tendrá una alícuota del 5,50%.Cultivos de verano: contempla un cronograma mensual de reducción para los años 2027 y 2028. La soja en grano, que parte de una alícuota del 24% en 2026, iniciará un descenso mensual a partir de enero de 2027 hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. El aceite de soja pasará de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.El maíz y sorgo tendrán algunos derivados que tributarán retenciones cero, mientras que otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.En el caso del girasol, algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones y el aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.Biodiésel: el biodiésel obtenido de aceites de colza, cártamo o camelina tendrá una alícuota del 0%. Por su parte, el biodiésel que contiene aceite de soja comenzará un descenso desde el 21% hasta llegar al 13% a fines de 2028.En el texto oficial, el Gobierno resaltó que “acorde a los resultados económicos logrados durante el año 2025 y el transcurso del corriente, la presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”.

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fijó el plazo para acceder a la Cuota Hilton en el ciclo comercial 2026/2027 y estipuló los requisitos que deberán cumplir los postulantes para exportar carne a la Unión Europea (UE) y al Reino Unido, mediante la Resolución 66/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.La normativa estableció que el plazo de inscripción para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, iniciará a partir de las 00:00 hs del miércoles 27 de mayo y se extenderá durante 15 días corridos.Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) denominado “Solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton 2026/2027”, y cumplimentar los requisitos de acceso con la documentación correspondiente.El cupo de carnes vacunas de alta calidad enfriadas deshuesadas que puede exportar el país al continente europeo es de 29.389 toneladas anuales, que se renueva a partir del 1 de julio de cada año. En tanto que para los envíos a territorio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se asignaron 111 toneladas.

Qué es la Cuota HiltonLa cuota Hilton es un acuerdo comercial establecido por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se denomina “Hilton” en referencia al hotel donde se celebraron las primeras reuniones para discutir la cuota en los años 70. El objetivo de esta cuota es permitir el ingreso de una cantidad determinada de carne bovina de alta calidad, proveniente de países no pertenecientes a la UE, con una reducción arancelaria.La cuota Hilton tiene una serie de requisitos y estándares muy estrictos que deben cumplir los exportadores argentinos para poder acceder a ella. La carne debe provenir de animales criados en pastizales naturales y estar libre de hormonas y antibióticos. Además, se exige un proceso de maduración mínimo de 20 días y una presentación de cortes específicos.

Requisitos para la categoría IndustriaEntre los requisitos principales, las plantas frigoríficas deben: Acreditar su inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o autoridad correspondiente. Presentar un programa de faena y exportación mensualizado para el destino solicitado.Contar con habilitación vigente del SENASA y matrícula en el SIOCAL (Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos), las cuales serán verificadas de oficio por la autoridad de aplicación.Informar los antecedentes de exportación de los años 2023, 2024 y 2025 en formato Excel, detallando permiso de embarque, toneladas y valor FOB.

Requisitos para proyectos conjuntos y asociacionesEn el caso de grupos de productores y asociaciones de criadores, se requiere documentación adicional que garantice la trazabilidad y el origen de la mercadería: Deben presentar el listado de productores originales y cartas autenticadas que detallen información del establecimiento ganadero, incluyendo el número de RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) y el volumen de hacienda comprometido.El total de cabezas de ganado comprometidas debe ser suficiente para satisfacer las toneladas solicitadas, según los coeficientes de conversión oficiales.Al igual que la industria, deben detallar su experiencia previa y antecedentes exportadores del período 2023-2025.

Exportaciones al Reino UnidoTanto para la industria como para los proyectos conjuntos, quienes deseen exportar al Reino Unido deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada manifestando expresamente esa intención, adjuntando específicamente los antecedentes de exportación a dicho destino y, en el caso de proyectos nuevos, las cartas de intención de sus potenciales clientes.

Por Mariano Zalazar - La implementación de uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral sufrió una nueva postergación. El Gobierno confirmó a Infobae que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia en junio, como estaba previsto originalmente, y dejó sin definición una nueva fecha para su puesta en marcha.En las últimas semanas, distintos sectores empresarios y estudios especializados habían advertido sobre las demoras en la reglamentación de algunos artículos de la reforma laboral aprobada el año pasado. Entre ellos aparecía el FAL, un mecanismo diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que actualmente realizan las empresas y que tenía como objetivo reducir costos asociados a nuevas contrataciones.Aunque desde el Ejecutivo no dieron precisiones sobre una nueva fecha de puesta en marcha, la confirmación de que el esquema no comenzará a regir en junio implica que todavía restan definiciones técnicas y normativas para su implementación.La situación se produce en un contexto en el que parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, mientras otros capítulos continúan pendientes.

Las demoras en la reglamentaciónLa reforma laboral planteó modificaciones sobre distintos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, varios de esos cambios requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia.Durante mayo crecieron las consultas en torno al estado de situación del FAL porque distintos artículos de la ley fijaban junio como fecha de inicio para el nuevo régimen. La falta de definiciones oficiales había despertado dudas sobre si el Gobierno lograría cumplir con ese cronograma.Fuentes oficiales confirmaron ahora a Infobae que el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes. La decisión implica, en los hechos, una postergación del sistema que estaba pensado como uno de los instrumentos centrales para incentivar la registración laboral y, en simultáneo, estimular el mercado de capitales.En paralelo, todavía quedan pendientes otros aspectos vinculados con la reglamentación integral de la reforma. Estudios contables, abogados laboralistas y empresas siguen de cerca las definiciones regulatorias necesarias para conocer el funcionamiento concreto del nuevo esquema.La demora también se explica por la complejidad operativa del mecanismo. El FAL no sólo implica modificaciones sobre las cargas patronales, sino que además requiere definir el funcionamiento administrativo del fondo, los organismos intervinientes y la forma en que se distribuirían los recursos.Hasta el momento, el Gobierno avanzó con reglamentaciones parciales de la reforma laboral, pero todavía no publicó la normativa necesaria para activar este instrumento específico.

Qué es el Fondo de Asistencia LaboralEl FAL fue diseñado como un sistema alternativo para financiar parte de las obligaciones vinculadas a las relaciones laborales formales. La intención oficial es que funcione como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo laboral, al tiempo que reduzca el peso de determinadas contribuciones patronales.La propuesta contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico administrado bajo un esquema aún no definido completamente. Ese mecanismo busca reemplazar, total o parcialmente, otros costos asociados al sistema laboral tradicional.Según lo previsto en la normativa aprobada el año pasado, el nuevo régimen apunta principalmente a incentivar la contratación formal de trabajadores. En especial, está orientado a micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores donde la informalidad laboral tiene mayor incidencia.El esquema también aparece vinculado con otros cambios incluidos en la reforma laboral, como la regularización de trabajadores no registrados y la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos para empleadores. Uno de los puntos centrales es la posibilidad de sustituir algunos componentes vinculados a indemnizaciones o contingencias laborales mediante aportes periódicos al fondo, aunque todos esos cambios exigen de una reglamentación que por el momento no fue publicad.Desde la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno avanzó de manera gradual con la puesta en marcha de distintos capítulos vinculados al mercado de trabajo. Algunas medidas ya fueron reglamentadas y comenzaron a aplicarse, mientras otras siguen a la espera de definiciones.Entre los cambios ya implementados aparecen aspectos relacionados con modalidades de contratación, regularización laboral y simplificación de ciertos trámites administrativos. Sin embargo, el FAL permanece como uno de los puntos más relevantes todavía pendientes.La demora adquiere importancia porque el fondo forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir el costo de formalización laboral y promover nuevas contrataciones registradas.

El Gobierno decidió ampliar la baja de retenciones al sector agropecuario para las exportaciones de maíz, sorgo y girasol, según lo anunciado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.Durante la presentación, de la que también participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se estipuló que la nueva política establece que las retenciones a la soja se ajustarán conforme a un calendario ya definido, sin depender de la evolución de la recaudación fiscal.

Cabe destacar que esta medida, que abarca tanto al sector agrícola como a la industria exportadora, ya fue contemplada en las proyecciones oficiales de costo fiscal.En 2026, las alícuotas para trigo y cebada experimentarán una reducción de dos puntos a partir de junio. Posteriormente, continuará una disminución gradual en los años sucesivos. Desde 2027, el esquema se amplía a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.Para la soja, la baja será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y llegando a 21% al cierre de ese año. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.En tanto, Caputo precisó que el impacto fiscal estimado por esta reducción de retenciones será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.En el caso del sector industrial, la disminución de las alícuotas representará un costo fiscal de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro detalló que estos valores corresponden a la aplicación del esquema escalonado de reducción de tributos y anticipó que el mayor impacto fiscal se registrará en la etapa final, cuando la baja alcance a todos los cultivos y sectores involucrados. El grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.Iraeta atribuyó la decisión de acelerar el alivio fiscal para los productores al encarecimiento de los insumos, principalmente los fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios crecieron de manera significativa debido al conflicto en Irán. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.Sobre la modalidad de aplicación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar la disminución impositiva. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. También instó a las provincias y a los municipios a acompañar la reducción de impuestos nacionales con una merma de tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, recordando que las retenciones no son coparticipables.Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) celebraron el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado para todo el complejo agroindustrial al considera que “es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”.A propósito del esquema, detallaron que en el caso del trigo y de la cebada, la baja será inmediata: pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En cambio, para los cultivos restantes, el calendario difundido por el ministro de Economía comenzará a regir desde enero de 2027. Infobae.

 Tal como lo anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, el Gobierno nacional lanzó este viernes la Licitación Pública Nacional e Internacional para avanzar con la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que permanecen en manos del Estado. La convocatoria se enmarcó en el programa de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei y apuntó a incorporar capital privado en la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.La medida formalizó el proceso que Caputo había anticipado. En ese posteo, el funcionario informó que el Gobierno publicaría los pliegos para avanzar con la privatización de la empresa y sostuvo que la operación permitiría mejorar la calidad del servicio y promover inversiones.Según el comunicado difundido, el procedimiento se desarrollará mediante una licitación pública nacional e internacional “de etapa múltiple”, con criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales. El Gobierno indicó que el esquema buscará garantizar un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado para el Estado Nacional.La coordinación del proceso quedó a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar el programa de privatizaciones y reorganización de compañías estatales. El comunicado oficial sostuvo que el objetivo de esa estructura consiste en llevar adelante el proceso “de manera profesional y transparente”.

Cronograma para las ofertas

El cronograma oficial estableció que la presentación de ofertas se extenderá hasta el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. Luego de esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.La convocatoria prevé la incorporación de un operador estratégico nacional o internacional con experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).El comunicado sostuvo que la incorporación de un operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema “sostenible y previsible” para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.Además, el Gobierno afirmó que el ingreso de capital privado garantizará la continuidad, expansión y mejora de la calidad del servicio. En el texto difundido también se señaló que el proceso se encuadró en el ordenamiento y eficientización de AySA desarrollado durante los últimos años. Según el documento oficial, ese proceso permitió consolidar “una empresa con infraestructura estratégica y potencial de crecimiento”, en condiciones de recibir inversión privada y encarar una nueva etapa de expansión y modernización.

Plan de privatizaciones

Con la publicación de la convocatoria, el Gobierno avanzó formalmente en uno de los proyectos de privatización más relevantes del esquema de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. En el comunicado, la Casa Rosada reafirmó que “el Estado no debe administrar empresas”, sino generar condiciones para que el sector privado invierta, compita y mejore los servicios.Con la privatización del 90% de Aysa, el Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones. Se prevé además que el esquema contemple una concesión de 30 años para la prestación del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.La privatización de AySA se integró al programa económico que impulsa el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Dentro de ese esquema, el Ejecutivo avanzó con iniciativas orientadas a reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.

Por Lucrecia Eterovich - La administración nacional realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. El anuncio lo encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó que en total se presentaron 17 oferentes interesados en la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.La convocatoria alcanzó a corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En esos distritos, el esquema propuesto busca mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.Según la información oficial, la Etapa II-B comprende los siguientes segmentos: el Tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Tramo Puntano, que abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008; y el Tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.El ministro Caputo destacó que el proceso se desarrolla sin subsidios y que el esquema reemplaza gasto público por inversión privada. El objetivo oficial apunta a lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, promover la inversión y generar infraestructura vial mejorada para la población. “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo. El mes pasado ya habían sido abiertos los sobres para le Etapa II-A.

La apuesta a la construcciónSe trata de un sector clave para el repunte de la economía. Durante la participación en Expo EFI, Caputo afirmó que se viene los mejores 18 meses y que sectores que venían rezagados mostraron signos positivos durante marzo entre ellos la construcción. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó. Lo que, en su visión, no solo va a ayudar a reactivar la economía, sino también a ganar productividad en términos de la logística.Siendo una postura que volvió a reiterar durante su última entrevista el domingo por la noche. En donde preciso que los mejores 18 meses comenzaran a partir de mayo/junio y ahora nos encontramos en un momento de recuperación que se comprueba con datos: el repunte interanual del 12,7% que tuvo la construcción en marzo y la industria del 5% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).“Empieza el proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio; entonces, a partir de junio se vienen los mejores meses. Ahora estamos en un proceso de recuperación”, afirmó Caputo en la entrevista y que los impulsos vendrán de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales más la una adhesión mayor por parte de los contribuyentes a Ley de Inocencia Fiscal y del sector privado a la Ley de Modernización Laboral.En marzo, según el Indec, la construcción creció 12,7% respecto al mismo período de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el sector muestra una mejora de 3,9% frente a los primeros tres meses de 2025. Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento. Infobae.

Al contemplar la suba de los precios de los combustibles a nivel global, el Ejecutivo decidió aplicar el tope máximo del 25% de bonificación adicional extraordinaria previsto en el decreto de unificación de subsidios.La bonificación excepcional fue implementada este lunes por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).De esta manera, durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen SEF, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado.Al fundamentar la decisión, desde el Ejecutivo sostuvieron que “la modificación de la bonificación extraordinaria responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos”.En relación al momento en que se toma la medida, explicaron en la normativa que “el contexto energético internacional se encuentra afectado por crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas para la producción y comercialización de hidrocarburos, particularmente en Medio Oriente, lo cual ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del gas natural y del gas propano indiluido por redes”.En este sentido, recordaron que “la República Argentina, si bien cuenta con recursos gasíferos propios, mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna, especialmente en períodos de alta estacionalidad”.Ante dicho escenario, reconocieron que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, por lo que fue necesario avanzar con el aumento de los subsidios.Por su parte, en el caso de la electricidad, se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año. Para este mes, se fijó en 10,67%. NA.

Por Facundo Chaves - El Gobierno de Javier Milei prepara una decisión de fuerte impacto político, presupuestario y estratégico: destinará parte de los fondos obtenidos por privatizaciones, ventas de activos, concesiones y licitaciones estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La medida será instrumentada mediante un decreto presidencial que ya superó las principales instancias técnicas y administrativas y podría publicarse en los próximos días.Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de todo lo que el Estado nacional obtenga por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.El objetivo central es mejorar la capacidad operativa y funcional del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, tres estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, postergación de inversiones y pérdida progresiva de capacidades estratégicas.En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos.La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo. El decreto ya recibió observaciones favorables del Ministerio de Economía, de la Secretaría Legal y Técnica y de otras áreas del gabinete, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaba destinado al Tesoro Nacional. Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionarán a recuperar el instrumento militar.La medida no se limita a la compra de armamento o sistemas militares. También contempla obras de infraestructura consideradas críticas para el funcionamiento de las fuerzas: bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares de todo el país.Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.En la visión oficial, Tierra del Fuego se convirtió en una zona de creciente interés estratégico por su cercanía con rutas marítimas sensibles, su conexión con la Antártida y la proyección sobre el área de Malvinas. Por eso, la construcción de infraestructura militar en esa provincia aparece entre las prioridades de mediano plazo.La decisión de reasignar recursos llega después de una serie de movimientos que el Gobierno exhibe como parte de una nueva política de Defensa. El caso más visible fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación presentada oficialmente como la adquisición militar más importante de las últimas décadas.Con ese acuerdo, la Fuerza Aérea inició el proceso para recuperar capacidad supersónica, una aptitud perdida tras la salida de servicio de los Mirage y la falta de reemplazo posterior. La incorporación de los F-16 también obliga a inversiones complementarias en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado.En paralelo, el Ejército avanzó recientemente con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. En el área de Defensa consideran que ese tipo de adquisiciones deben complementarse con renovación de comunicaciones, transporte y sistemas terrestres.La Armada Argentina, por su parte, mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. Desde aquel episodio, la Argentina quedó sin una herramienta clave para patrullaje oceánico, disuasión y entrenamiento naval avanzado.En ese marco, la posibilidad de incorporar nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico y financiero. Para la conducción naval, recuperar esa capacidad es una necesidad estratégica en función de la extensión marítima argentina, la custodia de recursos pesqueros y la presencia permanente en el Atlántico Sur.En el Gobierno explican que el nuevo mecanismo busca resolver un problema histórico: la dependencia exclusiva del presupuesto anual para cualquier mejora relevante en Defensa. Con restricciones fiscales permanentes, muchas compras quedaron demoradas durante años y otras directamente fueron canceladas.La nueva lógica apunta a vincular parte del proceso de privatizaciones con la recomposición de capacidades estatales consideradas esenciales. En otras palabras, mientras el Estado reduce su participación empresaria en determinadas áreas, una porción de esos recursos se redirigirá hacia funciones que el oficialismo considera indelegables.El programa de privatizaciones incluye distintas empresas y activos habilitados por la Ley Bases, entre ellos compañías energéticas, operadoras de servicios y concesiones de infraestructura. En las últimas horas, una de las operaciones más resonantes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, pieza clave del sistema de transporte eléctrico.Dentro del oficialismo entienden que, si ese cronograma avanza, los fondos disponibles para Defensa podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años. No habrá un monto fijo inicial: dependerá del volumen de cada operación concretada.El decreto también establecerá que cuando se vendan o concesionen inmuebles, predios o activos bajo órbita militar, el 70% de lo recaudado volverá al área. Ese punto es especialmente valorado dentro de las Fuerzas Armadas, donde desde hace años existía el reclamo de que desprenderse de bienes sin reinversión implicaba descapitalización.La decisión presidencial también tiene una lectura política. Javier Milei busca mostrar que el ajuste del gasto público no supone desatender todas las áreas del Estado, sino reasignar recursos hacia sectores que considera prioritarios: seguridad, defensa, inteligencia estratégica e infraestructura crítica.Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el desafío posterior será la ejecución. Comprar sistemas complejos exige no solo fondos iniciales, sino sostenimiento posterior: repuestos, capacitación, mantenimiento, actualización tecnológica y personal especializado.Se punto fue determinante en frustraciones anteriores, cuando distintas administraciones anunciaron incorporaciones que luego encontraron límites operativos o presupuestarios para mantenerse en el tiempo.En la Casa Rosada sostienen que la Argentina necesita reconstruir capacidades básicas luego de años de retroceso relativo frente a otros países de la región. La referencia incluye vigilancia aérea, control del mar, movilidad terrestre, logística antártica y presencia en zonas de interés estratégico.Con ese diagnóstico, el decreto que Milei tiene a la firma busca abrir una nueva etapa para el área de Defensa. No será una compra puntual ni una decisión aislada, sino la creación de una fuente específica de financiamiento atada al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno. Infobae.

De acuerdo a fuentes oficiales, el ahora exfuncionario poseía al menos siete inmuebles y dos sociedades comerciales radicadas en Miami, Estados Unidos, que no habrían sido informadas ante los organismos fiscales argentinos.

La decisión fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas, en medio de un clima de máxima sensibilidad dentro del área económica, donde se venía reforzando el control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios.

El desplazamiento fue inmediato y sin margen de negociación. En paralelo, se analiza quién ocupará el cargo, considerado estratégico dentro del esquema de gestión de infraestructura.El caso se suma a una serie de revisiones internas impulsadas en el Gobierno, en un contexto donde la transparencia patrimonial volvió a ubicarse en el centro de la escena política.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó el cierre de la etapa técnica de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, mediante la Resolución 21/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.Tras el análisis de la Comisión Evaluadora, el Gobierno ratificó la precalificación de dos de los tres oferentes originales, dejando el escenario listo para la puja de precios que definirá quién operará la ruta por la que circula el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina.Las propuestas que lograron superar las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones son la de Jan de Nul N.V. - Servimagnus S.A., la firma belga que es la actual operadora, y la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga.Por el contrario, la oferta de la firma brasileña DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible. Según la resolución, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, la exclusión se debe a que la empresa no cumplió con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.La resolución de la ANPYN también expuso una presentación de objeción por parte de la firma DEME. El oferente presentó la semana pasada un escrito manifestando disconformidad con el dictamen de la Comisión Evaluadora.Sin embargo, el ente autárquico que dirige la política portuaria rechazó el planteo “in límine” por falta de garantía de impugnación, ya que la empresa no depositó el aval económico necesario para cuestionar el dictamen, y por extemporaneidad, a raíz de que la etapa de observaciones a los pliegos ya había concluido.Al respecto, argumentó la desestimación de la presentación sosteniendo que “cualquier decisión o análisis que pretenda apartarse de las normas previstas en los pliegos licitatorios traería aparejada una decisión viciada de nulidad y, por consiguiente, carente de virtualidad jurídica por un claro apartamiento de la verdad material objetiva”.  Con la precalificación técnica resuelta, la atención del mercado se traslada ahora a los costos. La ANPYN fijó la apertura del Sobre N° 2 para este miércoles 22 de abril de 2026, a las 13:00 horas.En esta instancia, lo que se definirá no es solo quién puede realizar mejor la señalización y las tareas de dragado, sino quién ofrece la tarifa de peaje más competitiva para los buques que transitan la vía.El proceso es monitoreado de cerca por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó en las mesas de diálogo previas para garantizar estándares internacionales de transparencia en la concesión bajo la Ley N° 17.520.

El Gobierno implementó medidas para facilitar la importación temporal de insumos destinados a la producción de bienes que serán exportados. La nueva disposición permite que un mayor número de empresas compre en el exterior sin abonar derechos de importación ni impuestos relacionados. Además, los beneficios alcanzan a los proveedores de empresas exportadoras, lo que busca mejorar la competitividad de toda la cadena productiva.A través del Decreto 252/2026, el Ejecutivo reformó el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) con el objetivo de simplificarlo, modernizarlo y ampliar su alcance. La iniciativa busca facilitar el acceso al régimen aduanero y fomentar la incorporación de valor agregado local a los insumos importados. Asimismo, la medida extiende su aplicación a todos los sectores de la cadena productiva, cuando anteriormente se limitaba a la industria automotriz.“Este régimen permite a las empresas importar temporalmente insumos, partes o componentes del exterior sin pagar derechos de importación ni impuestos asociados, con el fin de utilizarlos en la fabricación de bienes que luego se exportarán o se venderán al mercado interno. En este último caso, el pago de dichos impuestos se realizará una vez concluida la fabricación, permitiendo a las empresas disponer de más capital de trabajo para invertir”, indicaron fuentes oficiales. “La medida también redundará en beneficios para proveedores de empresas exportadoras que abastezcan con insumos importados la fabricación de productos que luego se exporten transformados en otro bien”, precisaron.A su vez, se eliminó la exigencia de contar con una garantía global única, habilitando el uso de cualquiera de las opciones previstas en el menú de garantías del Código Aduanero. Esta obligación constituía una carga financiera significativa que operaba como una barrera de acceso para los operadores. Además, se eliminó la exigencia previa de la firma de actas-convenios con cámaras sectoriales para el acceso al régimen, un requisito que en la práctica ha sido un obstáculo al ingreso“Se apunta a dar mayor competitividad exportadora a la industria, al eliminar tributos que encarecen el producto final exportado sumado a que el plazo de un año para efectivizar los pagos de aquellos que se venden al mercado interno también representan una mejora en el giro habitual del negocio y de su capital de trabajo”, señalaron desde el Ejecutivo.“El marco normativo del RAF, que databa de dos décadas atrás, presentaba obstáculos significativos que limitaban su eficacia para fomentar la producción y las exportaciones”, agregaron.Vale mencionar que, pese a la apertura comercial, un tipo de cambio bajo y medidas desregulatorias, las importaciones se desaceleraron. Durante los primeros meses de 2025, registraron incrementos interanuales cercanos al 40%. Sin embargo, a partir del segundo semestre, el ritmo de crecimiento se redujo considerablemente y diciembre cerró con una suba de solo 3,5 por ciento.En los dos primeros meses de 2026, ese incremento se revirtió y las importaciones acumularon una baja del 11,9%, según datos del Indec sobre la balanza comercial. La demanda interna se redujo significativamente desde la segunda mitad de 2025 y la tendencia se mantiene. La menor actividad en las fábricas limita la necesidad de insumos importados, la inversión permanece detenida y eso impacta en la compra de bienes de capital.Además, las importaciones de combustible disminuyeron y la de bienes de consumo también cae, debido al exceso de stock en el mercado. Los importadores acumularon inventarios superiores a lo previsto y las ventas no alcanzaron las expectativas. De acuerdo con el Indec, entre enero y febrero las importaciones totalizaron USD 10.231 millones, una baja del 11,9% respecto al mismo período de 2025, cuando sumaron USD 11.617 millones.

El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina y que procesó Agencia Noticias Argentinas. El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”.La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida “no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”.Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales “en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación”.Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el “respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos.En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el “decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate”.

 Por Julián Alvez - En horas de la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, relacionados con el financiamiento y recomposición salarial universitaria. Ante esto, presentaron el Recurso con efecto suspensivo para no tener que comenzar a pagar los fondos de las universidades: en rigor, el plazo límite era hasta las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.Dado que este caso se elevará posteriormente a la Corte, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres magistrados que la componen que se excusen en el caso y llamen a tres conjueces porque todos ellos son docentes universitarios.El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.Si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso (tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto que realizó el presidente Javier Milei), en el Gobierno marcan que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.Es por eso que reiteran que la ley cuestionada (27.795) no estableció fuentes de financiamiento claras y que, conforme a las leyes presupuestarias (Ley 24.629, Ley 24.156 y Ley de presupuesto 27.798), la ejecución de gastos requiere previsión y partidas específicas aprobadas por el Congreso. El Ejecutivo acusa al Poder Judicial de excederse en sus atribuciones al disponer sobre cuestiones de asignación y ejecución presupuestaria, invadiendo la órbita del Legislativo y el Ejecutivo, y reclama la observancia del principio de división de poderes. “En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron.Una importante fuente de la Casa Rosada marcó a Infobae que, en teoría, el Gobierno ya debe empezar a hacer las transferencias desde este mismo viernes porque lo que debe hacer la Corte Suprema es avalar la suspensión de la aplicación de la Ley.El Gobierno enfrenta un desafío financiero inmediato: saben que es muy probable que la Corte no quiera tratar el tema por ser una medida cautelar y no un asunto de fondo. Por eso, ya se preparan para lo que será una transferencia de $2,5 billones a las universidades. La administración de Javier Milei anticipa que esta obligación implicará el retorno del déficit fiscal y reconoce que, al día de hoy, no dispone de los fondos necesarios para cumplir con el fallo.“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable. De cualquier manera, se trata de una cuestión de días, porque creen que el máximo tribunal no aceptará tomar el caso.Fuentes judiciales informaron a Infobae que no existen muchos antecedentes de fallos de la Corte Suprema que respalden la suspensión de este tipo de medidas cautelares, aunque mencionaron tres casos previos —“César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”— en los que se admitió el efecto suspensivo.Dentro del Ejecutivo persiste el debate técnico sobre cómo instrumentar el pago. Un alto funcionario aclaró a Infobae: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan.” De acuerdo con la normativa vigente, la apelación extraordinaria no suspende la obligación de pago salvo que lo disponga expresamente el tribunal. Si no se suspende, la administración pública está obligada a efectuar la transferencia presupuestaria según los artículos 5 y 6 de la ley.La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario fue el resultado de una coalición parlamentaria opositora que, en 2025, logró rechazar el veto presidencial e instalar el reclamo judicial. El oficialismo había bloqueado una propuesta similar en 2024, pero perdió margen de maniobra ante el avance de sectores dialoguistas y opositores. La legislación obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en septiembre de 2025. El fallo también exige la recomposición de todas las becas estudiantiles.Actores del sistema universitario plantearon la urgencia de convocar a paritarias para ajustar los salarios según la inflación y sugirieron que el primer rubro a recomponer sea el de las becas estudiantiles. Según informaron abogados de universidades relevantes a Infobae, existen divergencias de opinión sobre la mecánica procesal, pero prima la interpretación de que la obligación de pago comienza en cuanto el fallo de la Corte es notificado. Infobae.

La medida, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel, escala la tensión entre ambos países y reactualiza el histórico conflicto judicial por los atentados terroristas en la Argentina.El Gobierno nacional ordenó la salida del encargado de negocios de Irán, quien deberá abandonar el país en un plazo menor a 48 horas, en medio de una fuerte escalada diplomática entre ambas naciones. La decisión se produce tras una serie de cruces políticos y medidas adoptadas en las últimas semanas que tensaron al máximo la relación bilateral.El conflicto se profundizó luego de que el presidente Javier Milei calificara a Irán como “enemigo” de la Argentina, al recordar los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Las declaraciones generaron una dura respuesta del régimen iraní, que habló de una “línea roja imperdonable” y anticipó posibles reacciones.En paralelo, el Gobierno elevó el nivel de alerta de seguridad en el país y reforzó la custodia en objetivos sensibles, como sedes diplomáticas y espacios vinculados a la comunidad judía, con operativos permanentes.El punto más crítico llegó cuando Argentina declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista e incorporó a sus miembros al registro oficial, lo que habilita sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones operativas. La medida fue respaldada por Estados Unidos e Israel, pero rechazada por Irán, que la consideró “ilegal” y advirtió sobre responsabilidades internacionales.Desde el exterior, distintas voces también se pronunciaron. Mientras ex funcionarios argentinos sostuvieron que la ruptura diplomática debió haberse concretado antes, referentes políticos de Uruguay cuestionaron que Irán utilizara su representación en ese país para emitir críticas hacia Argentina.La decisión de expulsar al diplomático iraní se inscribe en este contexto de creciente tensión y tiene antecedentes recientes en la región. En 2023, Argentina adoptó una medida similar al expulsar al embajador de Ecuador, en respuesta a una acción equivalente tomada por ese país.El episodio marca un nuevo punto de quiebre en la relación con Irán y refuerza el alineamiento internacional del actual gobierno en materia de seguridad y política exterior.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

 Con la nueva disposición del Gobierno y el aumento en la proporción del bioetanol en las naftas, el esquema adecuado cambia y el panorama demuestra que otros actores serán los ganadores, por el momento.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida del Gobierno constituye una decisión de relevancia estratégica en términos energéticos, productivos y ambientales.La disposición fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.La misma permite incorporar hasta tres puntos porcentuales adicionales de bioetanol en el mercado de las naftas, pasando del 12% actual al 15%, en un esquema de comercialización abierta donde las refinadoras pueden optar por su abastecimiento.  Asimismo, reafirma el rol de la secretaría a cargo de María Tettamanti como autoridad de aplicación con facultades para adecuar los niveles de mezcla, en función de las necesidades del sistema energético.Productores de maíz y caña: la expansión del bioetanol genera impactos positivos en la economía real, generando una mayor demanda del cereal. Empresas de bioetanol: con una mayor demanda del biocombustible líquido renovable, aumenta la facturación de las empresas y, a su vez, aumenta la generación de empleo y el incremento de la actividad industrial.Consumidores: si bien el aumento termina impactando, la suba resulta menor: se contribuye a la estabilización de los costos y a mitigar el impacto de shocks externos sobre la economía.

El Gobierno Nacional envió al Senado un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los limites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del manejo del Fuego.El proyecto forma parte de las reformas que fueron anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de Marzo, y es la primera que se envía al Congreso como parte del paquete de iniciativas que impulsará el Gobierno, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.El oficialismo volvió a elegir como cámara de origen el Senado, donde la jefa del bloque de LLA pudo armar una sólida mayoría de unos 40 votos, que le permitieron sancionar con amplio margen las leyes de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, Laboral, y reforma de ley de Glaciares, y ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

EXPROPIACIONES

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del titulo, donde se incluye las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también reforma elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.“Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”, señaló el Gobierno.Destaca que “la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración.Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida”.

El Ministerio de Economía colocó USD 300 millones en dos bonos en dólares y adjudicó un total de $11,04 billones durante la última licitación de deuda. De esta manera, el oficialismo no liberó pesos al mercado y busca hacerse de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio por más de 4.200 millones de dólares.La Secretaría de Finanzas anunció que recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes.El interés del mercado se reflejó especialmente en los instrumentos en dólares, donde el Gobierno emitió dos títulos: el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, por un monto de USD 150 millones a una tasa de 5%, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, también por USD 150 millones y un rendimiento anual de 8,52 por ciento.El lunes, hasta las 13 horas, se abrirá una segunda instancia para suscribir los bonos AO27 y AO28, ofreciendo un monto adicional de USD 100 millones por cada uno, a los precios determinados en la licitación actual.Ambos títulos en dólares concentraron la atención de los inversores, en un contexto donde el acceso a financiamiento en moneda extranjera resulta clave para la estrategia oficial. El nivel de demanda permitió al Gobierno captar el máximo previsto para cada bono y establecer referencias de tasas para futuras colocaciones.El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que en la subasta de este viernes se recibieron ofertas por USD 466 millones para el bono con vencimiento en octubre de 2027 (AO27), con una tasa nominal anual (TNA) de 5,02% y de USD 226 millones para el título que vence en octubre de 2028 (AO28) con una TNA de 8,5 por ciento.De acuerdo a los cálculos realizados por el titular del Palacio de Hacienda, la primera opción equivale a un riesgo país de 117 puntos básicos bajo la gestión Milei. En tal sentido, consideró que el riesgo país al décimo mes de 2028 es de 460 unidades y adjudicó la diferencia al “riesgo kuka”.El bono AO28 prevé el pago total del capital al vencimiento, fijado para el 31 de octubre de 2028, y ofrece pagos mensuales. Al igual que el AO27, el límite total de colocación es de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera y USD 100 millones en la segunda ronda). Esta estrategia apunta a cubrir obligaciones cercanas y a fortalecer la disponibilidad de dólares en el sistema financiero local.La evaluación entre el AO27 y el AO28 evidencia una mayor inclinación de los inversores hacia el primer bono, ya que su vencimiento se produce antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que implica un riesgo político más bajo. El AO28, por su parte, implica asumir compromisos que trascienden el actual ciclo de gobierno.

El Gobierno informó que prepara el envío de un paquete de reformas clave para que sean debatidas por el Congreso de la Nación. El encargado de comunicarlo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que dio hoy en la Casa Rosada, donde se defendió de las denuncias que apuntan a su viaje a Punta del Este y a un crecimiento patrimonial no justificado: “No tengo nada que esconder, está todo impecable”, afirmó.

En ese marco, el referente del gobierno de Javier Milei detalló que una de las iniciativas propone destinar un 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.Otra de las propuestas está orientada a fortalecer los derechos de propiedad privada, con el propósito de atraer inversiones y promover el crecimiento económico; con ese objetivo, se enviará al Congreso un proyecto que limita las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones a quienes resulten afectados.

En su anuncio, Adorni cuestionó la “inseguridad jurídica” que, entiende, dificultó el arribo de inversiones durante décadas. Además sostuvo que la imprevisibilidad en la vigencia de contratos y derechos de propiedad fue un obstáculo para la creación de empleo y perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos.Dentro del paquete se anunció una reforma de la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El objetivo es favorecer la llegada de capital global y estimular inversiones en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria.

“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, argumentó el jefe de Gabinete.En la misma línea, se propuso también una reforma del régimen de desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles, buscando desalentar ocupaciones y mejorar la certidumbre sobre el mercado de alquileres: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”.Otra propuesta que será sometida a debate es la revisión de las leyes sobre discapacidad y el acceso a beneficios sociales. La idea es transparentar el otorgamiento de pensiones en personas incapaces de trabajar, endureciendo los requisitos y diferenciando entre beneficiarios legítimos y quienes, según el discurso oficial, habrían accedido al beneficio en forma irregular.“Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, recordó Adorni en su exposición, en la que enfatizó que la administración anterior ´recurrió a la emisión y generó mayor presión fiscal, lo que derivó en consecuencias como la inflación y el déficit.

El Poder Ejecutivo confirmó además su intención de promover la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal. La iniciativa apunta a captar inversión privada para restaurar y mejorar el establecimiento.Esta medida, aduce el oficialismo, aliviará la carga financiera estatal vinculada al mantenimiento del predio y priorizará la promoción de nuevos proyectos de desarrollo económico local. El plan prevé dejar el complejo completamente disponible para el uso público.Finalmente, Adorni apuntó que “el Ministerio de Justicia enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”.