El acto marca un hito en la región, ya que se convierte en el tercer país de América Latina que permite el acceso a la muerte médicamente asistida, después de Colombia y Ecuador.El texto legal fue aprobado en octubre de 2025 por la Cámara de Senadores tras un extenso debate político y social. La nueva legislación otorga a mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, el derecho a solicitar la eutanasia si sufren una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un deterioro grave y progresivo de la calidad de vida.El proceso exige que la persona solicite personalmente el procedimiento ante un médico y que lo haga por escrito en presencia del profesional, o mediante un tercero adulto si la condición física lo impide.La reglamentación, firmada por Orsi, establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión bajo la presidencia del Ministerio de Salud Pública.Polémica en Chile por contralmirante argentino que aseguró que parte del Estrecho de Magallanes les perteneceEsta comisión será responsable de supervisar los procedimientos y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos y protocolos estipulados por la ley.La comisión funcionará como un órgano de control independiente que revisará cada caso para asegurar la correcta aplicación de la normativa.En un mensaje difundido en sus redes sociales, Orsi afirmó: “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”.La ley establece que podrán acceder tanto los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, como los extranjeros con residencia habitual en el país. El procedimiento requiere una solicitud voluntaria presentada ante un médico, quien debe asegurarse de que el paciente esté psíquicamente apto para tomar la decisión.Además, el médico debe informar al paciente sobre las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificar que la voluntad manifestada sea libre y firme.El proceso contempla una segunda consulta con otro profesional de la salud, quien también deberá evaluar la situación clínica y la determinación del paciente.Si ambos médicos coinciden en que se cumplen los requisitos, el solicitante tendrá una nueva entrevista con el primer médico para confirmar su voluntad de acceder a la eutanasia. En ese momento, la persona deberá dejar constancia escrita de su decisión ante dos testigos, quienes no podrán beneficiarse económicamente de la muerte del declarante y deberán declarar bajo juramento.El texto legislativo aprobado por el Senado con 20 votos favorables señala que el objetivo principal es “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que determinen”.

La plana mayor del Gobierno viene desgastada producto de diversas internas que se acumulan desde hace más de un año. Comenzó con la previa del armado electoral del año pasado y tuvo como último episodio el desplazamiento de autoridades del Ministerio de Justicia, que terminó empoderando al sector de Karina Milei en detrimento del de Santiago Caputo.

Si había algo que no le sobraba al Gobierno era un episodio que sumara desconfianza entre los propios. Y es que la cuestión central es la siguiente: alguien guardó el dato del viaje de Manuel Adorni a Punta del Este durante tres semanas. Primero se dejó desprender a través de la columna de Carlos Pagni en LN+ y, dos días después, se filtraron documentos que revelaban datos del vuelo, así como un video filmado en el Aeropuerto de San Fernando.

Durante estos días hubo varias dudas que se generaron en distintos despachos oficiales. La más importante circunvala a cómo se pudieron haber producido esas diferentes filtraciones. En la declaración de viaje revelada por elDiarioAR hay sellos de organismos como la Dirección General de Aduanas de ARCA, el Ministerio de Salud de la Nación, el SENASA, entre otros. También hubo quienes pusieron el foco en la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante la revelación del video.

Pese a que hay una fuente inobjetable que desestima tajantemente esto último, otro miembro del entorno se quejó sobre su funcionamiento: “Yo no pongo las manos en el fuego por nada. No por algo queríamos que la PSA vaya adentro de la nueva Agencia Nacional de Migraciones y al final no sucedió”.

Lo cierto es que esta búsqueda por una explicación ante los hechos ocurridos en los últimos días derivó en que haya fuertes miradas a nivel interno. Hay quienes levantaron el dedo índice acusando una conspiración interna, mientras que otros prefirieron decir que genuinamente consideraban que hubo un accionar deliberado por parte de “capas geológicas” y “buches” de otras administraciones nacionales insertas en diferentes organismos estatales. “Viene de cualquier empleado que grabó y lo pasó”, dijeron desde un sector poderoso del Gobierno.

En lo que coinciden oficialistas y opositores es que muchas personas estaban esperando un episodio así contra Adorni. Un reciente converso al libertarianismo habló ante este medio de “karma”. Otro importante integrante del oficialismo había dicho por esos días que no le había caído bien que el Gobierno hiciera trascender que, ahora, el jefe de Gabinete podía autorizar transferencias de fondos a otras provincias y otras erogaciones. Varios se acordaron de hacer críticas en su momento de mayor debilidad. “Los amigos y los del club del helicóptero se las están cobrando todos juntos”, opinó un estrecho colaborador del Gobierno.

De acuerdo con la consultora Enter Comunicación, la conversación digital sobre el caso experimentó un aumento del 1.122% en solo un día, pasando de unas 16.000 menciones el 10 de marzo a un pico de 206.722 menciones el 11 de marzo. Es decir, empañó fuertemente la difusión que podía tener en redes la celebración del Argentina Week. Según la consultora Ad Hoc, el volumen de interacciones fue el segundo más importante de toda la administración libertaria después del escándalo $Libra.

Adorni conversó sobre este tema con los suyos en los últimos días, les dijo que va a acotar su círculo de confianza. Es decir, ve que con estos episodios pudo dar cuenta cómo se comportó cada persona del entorno presidencial. “Es lo único bueno de todo lo que pasó en la semana”, afirman cerca suyo, dando a entender que hacia el fin de la semana lo notaron con mejor semblante que cuando estalló la polémica.

Mientras hacía un saldo de lo acontecido por estos días, una fuente inobjetable confesó a Infobae: “Vamos a hacer mierda todo. Habrá consecuencias”. Otro pope del Poder Ejecutivo advirtió: “Esto no les va a salir gratis”. Al parecer, hay una hipótesis que se está imponiendo más que otras. Al menos en el sector más influyente del Gobierno. Aun así, reconocen que “nunca hay un 100% de seguridad”.

La lectura de que pudo haber sido una operación interna entusiasma a actores de la oposición, así como a integrantes del Gobierno que buscan aprovechar ese escenario para poder utilizar esa narrativa para sus fines. Quienes tienen el ojo fino adentro del Gobierno están atentos a las cuentas anónimas de X que suelen comunicar muy bien los pensamientos de uno y de otro sector del Gobierno.

Una de las primeras voces oficiales que se activó sobre toda esta controversia fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”, sentenció el miércoles a la noche, cuando los documentos y el video de Punta del Este ya se habían conocido. Aquello fue retuiteado o acompañado con otros tuits de parte de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo. No fue un movimiento espontáneo sino que, explican, quisieron “desactivar versiones”.

Seguramente haya que esperar semanas para divisar si habrá algún tipo de determinación de parte de la cúpula presidencial. El jueves por la tarde, tanto Javier como Karina Milei redactaron tuits respaldando al jefe de Gabinete. Lo mismo hizo el asesor presidencial y buena parte del Gabinete. Otros se limitaron a repostear los anteriores mensajes, como la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

La plana mayor del Gobierno se va a reunir el martes por la mañana en la Casa Rosada en el encuentro de la mesa política. Hace tiempo que Adorni se los había comunicado a sus pares. En ese entonces, miembros de ese círculo ya marcaban que cabía la posibilidad de que fuera un encuentro particularmente tenso. “Va a ser la primera reunión después del zimbronazo de Justicia, je je”, decía de manera jocosa uno de sus integrantes. Ninguno esperaba que aquello iba a quedar reducido a cenizas respecto de la magnitud de lo de esta semana: “Fue un cisne negro”.

Es muy probable que, a raíz de esto, el karinismo apueste por sugerir más cambios en el Gobierno. En ese raid, también dicen tener interés sobre una secretaría de corte presidencial. Interés no implica un accionar directo, al menos no por ahora. Infobae supo que la mirada está sobre dos organismos de sensibilidad supina. Su acusación es que hay “incapacidad”. Esto es algo que ya venía diciéndose desde antes, pero lo ocurrido en la última semana podría ser una ocasión que algunos podrían intentar de utilizar como argumento para esa narrativa. Aun así, en el oficialismo es completamente transversal la preocupación de que no sea la primera vez que se filtren grabaciones en aeropuertos.

Así las cosas, en la cumbre del martes van a verse las caras nuevamente todos los miembros de la mesa. La contienda entre karinistas y caputistas no es la única que hay en el Gobierno. La matriz es mucho más compleja. Si uno mira a los integrantes de la mesa política, la gran mayoría tiene un resquemor respecto de uno o más de sus pares.

El Gobierno debe retomar la agenda legislativa cuanto antes si quiere dejar atrás este y otros asuntos en materia judicial que preocupan -y en gran cuantía- a la cúpula presidencial. Es por este motivo que se acelerará el llenado de las vacantes de los juzgados federales. Se priorizará esto fuertemente en el Senado. También hay gestiones para empezar a negociar los votos con gobernadores en la Cámara de Diputados para la modificación en la Ley de Glaciares.

Hace semanas que Infobae viene diciendo que quienes conocen las negociaciones legislativas del Gobierno creen que hay que acelerar cuanto antes los proyectos prioritarios para Milei para el 2026. Pese a que el Presidente dijo que se enviarán 90 paquetes de reformas estructurales, muchos están contentos si pueden impulsar cinco de las más importantes. “Muchos gobernadores ya están poniendo algunas trabas y la situación fiscal de sus provincias va a estresar ese vínculo, van a pedir mucho y en algunos casos no vamos a poder ofrecer tanto”, cuenta una figura libertaria.

Un importante gobernador aliado opinó sobre cómo prevé las tratativas con la Casa Rosada: “Hoy Milei se sostiene políticamente y está fuerte porque es la gente la que decidió no volver atrás. Los gobernadores tenemos que mirar a nuestros propios electorados. Y si ellos quieren que a Milei le vaya bien, el apoyo va a tener que seguir estando”. Esto no significa que se pueda empastar a posteriori, porque reconocen que la gran mayoría quiere desdoblar, pero la Casa Rosada va a presionar para que esto sea lo menos común posible.

En el cálculo de los gobernadores también está el factor económico. Precisamente porque creen que todo puede ser muy voluble: hay buenas noticias como la realización del Argentina Week; pero hay señales que no les simpatizan como la caída de la recaudación nacional, la cual les afecta a la coparticipación federal que financia sus arcas provinciales. “En términos de ingresos, las provincias estamos iguales que la pandemia”, dice un gobernador que se lleva particularmente bien con Milei.

Las inversiones que anuncia el Gobierno prometen tener un efecto dinamizador, pero en el mediano y largo plazo. En el mientras tanto, quienes diseñan la narrativa libertaria deben vender sensación de expectativa de mejoría en la economía. En el medio, los datos del SIPA salidos días atrás mostraron un saldo neto de reducción mensual de 12.942 empleos registrados privados y públicos (en términos desestacionalizados).

La consultora 1816, la más influyente de la City porteña, lanzó un informe especial el viernes que advierte sobre la suba de la mora. “Aumentó en enero por decimoquinto mes consecutivo aumentando desde 9,3% en dic-2025 hasta 10,6%. De este modo, la mora de hogares tocó nuevos máximos en más de 2 décadas. El 100% de los principales 25 bancos tuvieron aumento de la mora familiar, lo que habla de un fenómeno macro”. En el entorno presidencial saben que se trata de uno de los desafíos que tiene por este año además de una mayor reactivación al consumo. (Infobae)

Según se confirmó, esta decisión se concretará a través de una liquidación complementaria de los haberes de febrero, que se efectuará en los próximos días y se continuará abonando los próximos meses mientras dure la discusión paritaria. Conforme con eso, se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de mejora salarial en el futuro.

La propuesta salarial del gobierno entrerriano contempla los siguientes puntos: la elevación del salario mínimo de un docente de cuatro horas recién iniciado a 750.000 pesos de bolsillo; la suma fija de 60.000 pesos por docente, a través de los ítems Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Complemento por Conectividad. En el caso de los docentes que posean menos de 15 horas cátedra en el Nivel Medio o menos de 11 horas en el Nivel Superior el monto será proporcional.

Asimismo, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para los docentes con más de 10 años de antigüedad.En ese marco, desde el gobierno se ratificó la voluntad de diálogo y responsabilidad fiscal, y confirmaron que las paritarias continuarán abiertas. Conforme con eso, se retomará la discusión en un plazo de tres meses, a fin de evaluar la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de mejora salarial adicional.Desde el inicio de la gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, aún en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo de los índices inflacionarios durante varios meses. Asimismo, se reconoce que los ingresos requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico complejo.

Finalmente, se destacó que la política educativa provincial tiene un enfoque integral que trasciende lo estrictamente salarial. Entre las acciones implementadas se incluyen: inversión en infraestructura escolar, capacitación docente, puesta en marcha del plan provincial de alfabetización, mejora del 10 por ciento en los indicadores de lectura y escritura en alumnos de primero a tercer grado, y medidas para fortalecer la permanencia en el nivel secundario.

En este contexto, se informó que más de la mitad de las escuelas de la provincia dictaron clases este lunes, hecho considerado relevante ante la situación actual y teniendo en cuenta que se trató de un paro nacional. 

La invitación fue suscripta por el presidente Javier Milei y entregada en el Vaticano por el canciller Pablo Quirno, durante su visita a la Santa Sede, en el marco de lo que se describió como un "excelente momento" en la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede y que destacan "se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", se lee en el comunicado.De acuerdo a la comunicación oficial, Quirno reafirmó "la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede a favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".(AICA)

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Ente Región Centro e Integración Regional por la provincia de Entre Ríos, Jorge Chemes, y del decano de la Regional Paraná de la UTN, Alejandro Carrere, quienes destacaron que 11 de las 30 sedes que la alta casa de estudios tiene en el país están distribuidas en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.En este marco, se destacó el rol estratégico de la UTN por su fuerte presencia en el territorio y su histórica articulación con el sector socioproductivo. Las autoridades remarcaron que la región Centro constituye un núcleo agroindustrial de alta tecnología y que la universidad tiene un aporte clave para potenciar la innovación, la competitividad y el agregado de valor en los distintos sectores productivos."Para la región Centro es estratégico fortalecer el vínculo con la Universidad Tecnológica Nacional, una institución con fuerte presencia territorial y capacidad de aportar conocimiento e innovación al desarrollo productivo. Este encuentro en Entre Ríos marca una nueva etapa, orientada a acuerdos concretos con impacto en la logística, el empleo y la competitividad regional", sostuvo Chemes.Las autoridades presentes coincidieron en la importancia de avanzar con una agenda acotada, concreta y ejecutable que permita transformar los acuerdos en acciones y consolidar una alianza estratégica entre la UTN y la Región Centro al servicio del desarrollo regional.Además de Chemes, estuvieron los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro Claudia Giaccone y Juan Carlos Massei; el decano de la Regional Paraná de la UTN, Alejandro Carrere; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, autoridades de otras regionales de la Universidad y funcionarios de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos. 

Por Sebastián Catalano - El principal beneficiario del litigio por la expropiación de YPF, el bufete inglés Burford Capital, insiste con la entrega de comunicaciones y documentos de una lista de funcionarios argentinos y exfuncionarios, en el marco de la fase de discovery judicial ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.La petición vuelve a generar controversias, ya que el Gobierno argentino, por medio de la Procuración del Tesoro, manifestó la imposibilidad de reunir esa información, a pesar de que dijo que iba a cooperar para conseguirla.Según la carta del 8 de diciembre de 2025 y la Joint Letter presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford busca pruebas que permitan determinar la supuesta relación de alter ego entre la Argentina y ciertas entidades estatales, como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentina.En 2023, Preska condenó en primera instancia a la Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar una multa que, con intereses, ya ronda los USD 18.000 millones. Esa causa “madre” tuvo su audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York semanas atrás y se espera una resolución el año próximo. En paralelo, Burford intenta cobrar como sea con medidas en el estrado de Preska, entre ellas pidiendo las acciones de la petrolera o intentando demostrar “alter ego” entre el Estado y varias compañías (que son lo mismo). En este último intento está enmarcado en pedido de información de funcionarios y ex funcionarios.El tribunal le ordenó a Argentina producir comunicaciones “off-channel” (por fuera de los canales oficiales) de funcionarios, considerando que son información pública bajo la legislación estadounidense y argentina. Los demandantes sostienen que la producción de apenas 200 páginas de mensajes de WhatsApp de cinco funcionarios y ex, sobre un total de 36, es insuficiente y evidencia una resistencia sistemática a la entrega de pruebas relevantes y que los funcionarios usan WhatsApp para asuntos oficiales.El Estado, por su parte, argumenta que ha realizado un esfuerzo considerable para recolectar y revisar documentos en dispositivos personales de altos funcionarios, y que la demora responde a la complejidad y volumen de la tarea, no a una intención de obstaculizar el proceso. Además, sostiene que la mayoría de los funcionarios actuales han accedido a cooperar, mientras que la negativa de algunos se ampara en derechos reconocidos por la ley argentina.

Los funcionariosDe acuerdo con los listados consolidados en las cartas del estudio Sullivan & Cromwell y sus anexos, la solicitud de los demandantes abarca a 36 funcionarios y exfuncionarios, tanto de la administración actual como de la anterior. Entre los funcionarios de este Gobierno (alguno ya no están están en funciones) figuran:Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023)Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025)Carlos Jorge Guberman, Secretario del TesoroMaría Carmen Tettamanti, Secretaria de EnergíaMariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento EnergéticoFranco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de TransporteLuis Octavio Pierrini, Secretario de TransporteHernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte AéreoJose Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política EconómicaHoracio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles LíquidosSusana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito PúblicoJorge Horacio Domper, Tesorero General de la NaciónEduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de EnergíaLuís Francisco De Ridder, ex Subsecretario de HidrocarburosNicolás Posse, ex Jefe de GabineteJosé Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de GabineteDamián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoAntonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoGuillermo Alberto Francos, ex Jefe de GabineteEduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de EnergíaMaggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de HidrocarburosA estos se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos Sergio Tomás Massa (ex Ministro de Economía), Agustín Oscar Rossi (ex Jefe de Gabinete), Flavia Gabriela Royón (ex Secretaria de Energía) y otros responsables de áreas vinculadas a las entidades estatales investigadas.Según las cartas de Sullivan & Cromwell LLP del 10, 21 y 28 de noviembre de 2025, la mayoría de los funcionarios actuales que han sido contactados han aceptado voluntariamente entregar sus comunicaciones personales relevantes. Entre quienes han cooperado se encuentran Guberman, Tettamanti, Beljansky, Pierrini, Gómez, Chirillo, De Ridder, Posse, Rolandi, Sanfilippo, Milanese, Francos, Oreste y Videla Oporto.Burford reconoce que el país inició producciones escalonadas de los materiales recolectados, aunque en algunos casos la revisión y procesamiento de los datos continúa. En el caso de algunos exfuncionarios, como Raúl Enrique Rigo, también se ha recibido cooperación.Pero el núcleo de la controversia reside en la negativa de seis funcionarios de la administración actual, entre ellos los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes invocaron, según el bufete inglés, derechos bajo la ley argentina para no entregar sus comunicaciones personales. El Estado dice que estos funcionarios ejercen una prerrogativa legal y que no puede obligarlos a entregar información privada sin su consentimiento. Los demandantes, en cambio, insisten en la relevancia de Caputo y Quirno para la investigación sobre la relación de alter ego, citando incluso resoluciones previas del tribunal que subrayan la importancia de sus comunicaciones para esclarecer la relación entre la República, el BCRA y YPF. Las posiciones de las partes, reflejadas en la Joint Letter y en la correspondencia cruzada, muestran un desacuerdo persistente sobre la amplitud y pertinencia de los funcionarios incluidos como custodios. Burford –que compró los derechos de litigio e impulsa una causa en cuya carátula figuran como demandantes Petersen y Eton Park– sostiene que Argentina está en “desacato” de la orden judicial al no producir las comunicaciones de todos los funcionarios requeridos, y que la objeción basada en la falta de consentimiento carece de fundamento, ya que el tribunal ya determinó que la información está bajo control del Gobierno.Argentina, en cambio, argumenta que cumplió con la orden judicial en la medida de sus posibilidades, que la recolección de comunicaciones “off-channel” es una tarea compleja y que la negativa de algunos funcionarios se ampara en derechos legítimos. Además, cuestiona la relevancia de algunos funcionarios y ex propuestos por los demandantes y sostiene que la búsqueda de pruebas sobre la supuesta relación de alter ego es infundada, ya que tribunales anteriores han descartado esa hipótesis respecto de las entidades estatales involucradas.En cuanto a la metodología de búsqueda, las partes también discrepan sobre los términos de búsqueda y la producción de informes, así como sobre la forma y formato de entrega de ciertos documentos, como los mensajes SWIFT. Infobae.

El presidente Javier Milei resolvió levantar las restricciones que pesaban sobre los funcionarios respecto de los destinos permitidos para tomar vacaciones. La medida, anunciada durante la última reunión de Gabinete, deja atrás la política del verano anterior, cuando se habían vetado viajes a lugares como Punta del Este, Europa y Estados Unidos bajo el argumento de austeridad y ejemplaridad en el gasto público.Según fuentes oficiales, el mandatario instruyó a sus ministros a organizar sus descansos con libertad, siempre que los destinos elegidos sean “lógicos y acordes al cargo que ocupan”. El cambio marca un giro respecto de la rígida normativa aplicada en 2025, cuando varios funcionarios debieron suspender planes familiares por la orden presidencial de evitar destinos considerados incompatibles con el discurso de ajuste.

Vacaciones frustradas y un nuevo criterio de autonomíaDurante la reunión en la Casa Rosada participaron, entre otros, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Mariano Cúneo Libarona. Varios de ellos habían sido alcanzados por las restricciones del verano pasado.Cúneo Libarona, por ejemplo, tuvo que cancelar un viaje con su familia a Punta del Este por la prohibición vigente en ese momento.En esta ocasión, Milei aclaró que la nueva directiva no implica desatender las responsabilidades de gestión, sino recuperar un margen de autonomía personal compatible con el “compromiso de avanzar en las reformas estructurales”.Desde el entorno oficial señalaron que la norma previa fue interpretada por parte del Gabinete como una postura “antiliberal” y demasiado rígida, por lo que la flexibilización busca ordenar criterios y evitar tensiones internas.

Roles que exigen permanenciaEn el mismo encuentro se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no prevé tomarse vacaciones este año debido a la exigencia del cargo, aunque el verano pasado sí viajó unos días con permiso del entonces presidente.El levantamiento de restricciones se produce mientras el Gobierno prepara el relanzamiento de su agenda legislativa para febrero, que incluirá nuevas iniciativas económicas y laborales. En ese contexto, Milei planteó que los ministros podrán decidir sus viajes siempre que no interfieran con las tareas de gestión.

En una entrevista con Fox News Sunday, el funcionario de la Casa Blanca señaló que, de mantenerse la parálisis, el sistema de transporte aéreo enfrentará interrupciones masivas justo antes de la temporada de Acción de Gracias, uno de los periodos de mayor demanda del año.Duffy explicó que la falta de personal podría provocar que, en las próximas semanas, muy pocos vuelos despeguen o aterricen, lo que derivaría en interrupciones masivas y miles de pasajeros varados. “Vas a tener el tráfico aéreo reducido a un goteo mientras todos intentan viajar para ver a sus familias”, señaló, al destacar que cada vez menos controladores aéreos se presentan a trabajar.Las cancelaciones superaron los 3.500 vuelos y los retrasos alcanzaron los 3.700, según datos recogidos este domingo por la plataforma FlightAware. Durante el viernes y sábado, las aerolíneas estadounidenses suspendieron más de 2.500 trayectos, impulsados por las directivas de la Administración Federal de Aviación (FAA) para limitar operaciones en medio del prolongado “shutdown”. Solamente el sábado, se registraron 1.526 cancelaciones, una cifra inusualmente alta para ese día, y para la noche del domingo ya se había anticipado la suspensión de otros 1.000 vuelos.El Senado de Estados Unidos se reúne de emergencia para intentar poner fin al cierre gubernamental más prolongado en añosLos aeropuertos con mayores contratiempos comprendieron Atlanta, Chicago, Charlotte y Newark, sobre todo debido a la falta de controladores en centros de radar y torres de control situadas en la costa este y el área de Nueva York. Si bien algunas cancelaciones respondieron a factores adicionales, la FAA comunicó que los recortes ya afectan al 4% de los vuelos en 40 terminales y esa proporción podría aumentar al 10% para el viernes 14 de noviembre.El sindicato de controladores aéreos entregó 1.600 cartas escritas a mano al Congreso, solicitando resolver el desacuerdo presupuestario que mantiene a la plantilla sin salario desde hace casi un mes y forzados a cumplir horas extras. Muchos viajeros han logrado reprogramar sus trayectos, pero otros sufrieron pérdidas económicas. Los vuelos internacionales de larga distancia, hasta ahora, permanecen sin afectaciones directas, aunque la incertidumbre persiste.Testimonios recogidos por Associated Press reflejaron la frustración de los pasajeros. Emmy Holguin, quien viajaba desde Miami a República Dominicana, expresó su deseo de que el gobierno encuentre una solución: “Todos viajamos. Todos tenemos algún lugar al que ir. Espero que el Gobierno pueda solucionar esto”. Por su parte, Heather Xu relató que viajar es “suficientemente estresante” y que las interrupciones actuales lo complican aún más.En paralelo, empresas de alquiler de coches informaron un aumento de reservas en trayectos de ida, mientras varios viajeros optaron por cancelar sus vuelos ante la falta de alternativas. El especialista en logística de la Universidad de Syracuse, Patrick Penfield, advirtió que la crisis podría traducirse en demoras en el suministro de mercancías en tiendas, un problema sensible a las puertas de las fiestas navideñas.Aproximadamente la mitad de la carga aérea nacional se transporta en bodegas de aviones de pasajeros, lo que implica que demoras y cancelaciones pueden incrementar los costos y repercutir en los precios al consumidor. Greg Raiff, director ejecutivo de Elevate Aviation Group, sumó que el impacto económico se extiende más allá del transporte de carga, abarcando viajeros de negocios o turismo y afectando la recaudación fiscal de municipios y hoteles.La parálisis presupuestaria lleva 39 días activa en el Senado, donde demócratas y republicanos no logran un acuerdo para reabrir el gobierno federal. El presidente Donald Trump reiteró a través de la red Truth Social la necesidad de resolver cuanto antes el estancamiento: “¡Acabemos con la obstrucción parlamentaria!”Las terminales más afectadas por los recortes de personal y las restricciones de la FAA incluyen, entre otras, los aeropuertos internacionales de Atlanta, Boston, Baltimore-Washington, Charlotte, Washington Dulles, Dallas-Fort Worth, Newark, Los Ángeles, JFK, LaGuardia, Miami, Chicago O’Hare, San Francisco y Seattle-Tacoma. Infobae.

Al menos 132 personas murieron, entre ellos cuatro agentes, confirmó este miércoles a la agencia de noticias EFE la Defensoría Pública regional.Esta institución, encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.Funcionarios del organismo acompañan desde la madrugada de este miércoles las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cadáveres, según un comunicado.

Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que recabó testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.Los cadáveres encontrados por los familiares, todos de hombres, quedaron tendidos uno al lado del otro en el suelo de una plaza de la Penha, a la vista de los vecinos.El Gobierno regional afirmó en un comunicado que los sospechosos fueron abatidos tras “reaccionar” a las acciones de los agentes. La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.Durante las acciones realizadas con el apoyo de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, fueron arrestados 81 sospechosos y se requisaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último comunicado del Gobierno regional.Los miembros de la banda respondieron a la operación con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, lo que llevó a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos después de la jornada de caos, si bien la mayoría de comercios y escuelas de los barrios afectados se mantienen cerrados. NA.

El Teorema de Baglini, formulado en los años ochenta, es una de las frases más repetidas en la política argentina: “El nivel de disparate del discurso de un político es inversamente proporcional a su proximidad al poder”.

Cuando un dirigente está lejos de gobernar, puede permitirse la épica maximalista y las promesas disruptivas. Pero cuando el poder se asume, la realidad obliga a moderar.Esa tensión entre el ideal y el límite es hoy un espejo incómodo para Javier Milei: el presidente que prometió “motosierra” y se encuentra atrapado en un entramado de restricciones económicas, sociales e institucionales.

De la motosierra al corsé del CongresoMilei llegó al poder con un discurso de confrontación absoluta contra “la casta” y un programa de shock que incluía: cerrar el Banco Central, dolarizar de inmediato, eliminar el Impuesto a las Ganancias, privatizar empresas públicas masivamente, y gobernar sin pactar con la política tradicional (no pactar con las “casta” y gobernar sin concesiones).

A casi dos años, las banderas se fueron replegando. El Banco Central sigue funcionando, la dolarización quedó pospuesta, Ganancias volvió a cobrarse por razones fiscales, y el paquete de privatizaciones se achicó.El oficialismo negocia con bloques opositores y gobernadores, confirmando que la teoría de Baglini opera en su versión más cruda: cuanto más cerca del poder, más se reduce el margen para sostener la épica radical.

A comienzos de 2024, Javier Milei repetía con convicción que “iba a pintar de violeta el mapa del país”. La imagen condensaba la promesa de un arrasador avance territorial de La Libertad Avanza.

En ese entonces, el capital simbólico del nuevo presidente era altísimo: épica libertaria, narrativa de “la casta tiene miedo” y expectativa de reformas relámpago.Hoy, el panorama es otro. A las dificultades macro —restricción externa, tasas reales elevadas, caída del poder adquisitivo— se suman los costos políticos de un ajuste extendido. En el frente electoral, los signos no son favorables: la expectativa de “mapa violeta” se enfría y anticipa una contienda fragmentada.

Baglini y el pato rengo: dos caras de la misma monedaEl Teorema de Baglini describe el tránsito desde la promesa radical hacia la moderación obligada. La teoría del “pato rengo”, en cambio, alerta sobre el momento en que esa moderación se convierte en parálisis: cuando el poder político se erosiona, la capacidad de iniciativa se extingue y el presidente queda condenado a administrar más que a transformar.En Milei, ambas lógicas parecen solaparse. La épica de campaña fue moderada por la resistencia institucional (Baglini), y ahora la falta de resultados palpables amenaza con precipitar un “pato rengo” prematuro. Es decir: de la motosierra discursiva a la inmovilidad política, sin escalas.

El reloj electoral y la amenaza de inmovilizaciónLas legislativas del 26 de octubre de 2025 —con 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores en juego, bajo la nueva Boleta Única de Papel— son el punto de inflexión.El “mapa violeta” que Milei soñaba a inicios de su mandato hoy se enfría frente a la persistencia de anclajes opositores. Una derrota legislativa no sólo restaría bancas: sellaría el riesgo del pato rengo temprano, un Ejecutivo con menor iniciativa y obligado a transacciones legislativas cada vez más onerosas.

De la épica al corséEl recorrido es claro: Baglini explica por qué Milei debió suavizar su agenda al asumir.El pato rengo advierte sobre el precio de ese retroceso si no se traduce en resultados económicos y sociales visibles.

En otras palabras, la motosierra perdió filo frente al corsé del poder, y el futuro inmediato dependerá de si Milei logra evitar que la moderación derivada de Baglini desemboque en la parálisis del pato rengo.

Epílogo: entre la resistencia y la resignaciónMilei prometió un país violeta y terminó administrando un país gris, marcado por la incertidumbre. No es inevitable que su gobierno quede inmovilizado, pero la amenaza crece: si la economía no mejora y las urnas no acompañan, el presidente puede quedar atrapado en un doble círculo vicioso: moderar por la fuerza del poder (Baglini) y perder capacidad de acción por erosión política (pato rengo).Estos escenarios no son meras especulaciones: se fueron escribiendo a lo largo del mandato, paso a paso, en cada retroceso legislativo, en cada promesa incumplida y en cada límite que la realidad impuso.

El poder, lejos de expandirse como esperaba el gobierno a principios de año, podría reducirse antes de lo previsto. Esa es la prueba más dura para cualquier gobierno: pasar de la épica a la resistencia, del impulso de “pintar el mapa de violeta” al desafío de no quedar paralizado por sus propias contradicciones.Sin embargo, no es tarde. Una reacción rápida del gobierno, que logre dar respuestas concretas a la sociedad y estabilizar expectativas, aún podría evitar que la Argentina quede atrapada en el cuadro de situación aquí señalado. La historia dirá si Milei fue capaz de pasar de la épica a la gestión o si quedará como el presidente que llegó con la motosierra y terminó convertido en un pato rengo antes de tiempo.

Los trabajos están a cargo de la firma Hayce, de Rodolfo Marcelo Ceballos, de San Fernando, Buenos Aires, y forman parte de un top cinco de ítems relacionados al mantenimiento del viaducto, entre los que se cuentan controles estructurales e hídricos, iluminación, ventilación, seguridad y confort vial.“En ese rango el sellado de juntas entre los tubos es el número uno, porque con ello se evitan posibles filtraciones que podrían afectar la estructura”, explicó el representante del gobierno de Entre Ríos en el Túnel Subfluvial, Eduardo López Segura.De acuerdo a lo informado por el funcionario entrerriano, el actual es el mejor escenario de los últimos 10 años. En la parte inferior sólo se detectaron dos sectores con una humedad muy leve, y en la parte superior, sobre un lateral, una pequeña aparición. “Claramente con los años las inyecciones de material hidroactivo han realizado un sellado sumamente efectivo”, apunto.López Segura explicó también que, a modo preventivo, personal de Recursos Hídricos y de Obras Civiles realizan un control casi artesanal de la estructura. “Ellos recorren los 2,4 kilómetros de longitud del viaducto entre Santa Fe y Entre Ríos por debajo de la calzada, realizando inspecciones oculares para determinar el estado de las juntas, si poseen filtraciones o no, y de ser necesario se activa de forma inmediata el proceso para su reparación”.Consultado acerca de cómo y cuándo se determina efectuar este mantenimiento, explicó que “es una intervención que sólo se puede realizar en invierno debido a un fenómeno físico que es la dilatación o contracción térmica.  La dilatación se produce por calor, en verano. Durante esos meses los materiales se dilatan y presionan sobre las juntas sellando completamente las uniones. En invierno con el frio los materiales se contraen, y es allí donde pueden generarse espacios que permitan filtraciones”, concluyó el director.El viaducto está compuesto por 37 tubos de 65,45 metros cada uno, que componen los poco más de 2.421 metros del viaducto. En la unión de cada tubo existe una junta que hace contacto entre uno y otro, lo que da un total de 36 juntas más otras dos entre tubos y edificios de ventilación.  

En una semana donde el CONICET se convirtió en un inesperado fenómeno de audiencias por la transmisión en vivo de su expedición en el fondo del mar, un informe del grupo “Economía, Política y Ciencia” (EPC) expuso la crítica situación laboral que atraviesan los trabajadores del sector en el marco del ajuste del gobierno de Javier Milei.Según supo Noticias Argentinas, el estudio revela que, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) sufrió una pérdida neta de 4.040 empleos. La caída es del 7,2% en los organismos públicos y se dispara al 12% en las empresas y sociedades del Estado.El CONICET representa algo más de un cuarto del total de empleos perdidos, con 1.085 bajas (894 cargos de personal y 191 becas). Otros organismos muy afectados son el INTI, con 740 despidos, y el INTA, con 530.El informe califica la situación de “profundo vaciamiento”. En términos relativos, el mayor ajuste se dio en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con una reducción del 40,4% de su personal, y en la Agencia I+D+i, con una baja del 37,5%.La paradoja se vuelve evidente: mientras miles de argentinos se conectan para maravillarse con los descubrimientos científicos en el Mar Argentino, los responsables de esa ciencia enfrentan un fuerte deterioro de sus condiciones laborales, con una caída del empleo sin precedentes en la historia reciente del sector.  NA

El posicionamiento documentado este lunes por los demandantes, ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, apunta con dureza contra la administración de Donald Trump por interponer un amicus en favor de la posición argentina.La nueva presentación de los beneficiarios de la sentencia del juicio por la expropiación de YPF fue informada por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el caso, y se da en la previa del descargo de los abogados argentinos que tendrá lugar este martes 22 de julio.En el documento judicial, los demandantes objetan que el respaldo legal del Departamento de Justicia estadounidense no corresponde en la actual instancia de suspensión momentánea del fallo, ya que explican que para que sea válido ahora debe contar con un aval previo del tribunal.Al respecto, puntualizaron que “una presentación como amicus curiae por parte del gobierno de los EE.UU. en el contexto de una solicitud administrativa como lo es la suspensión (stay) del fallo de la Juez Loretta Preska es altamente inusual”.En ese sentido, indicaron que “esa es precisamente la razón por la cual el gobierno debe presentar un pedido previo y obtener consentimiento, a diferencia de la etapa posterior, en la que puede presentar su escrito sin necesidad de consentimiento, como un derecho establecido”.Asimismo, expusieron que la Casa Blanca no hizo lugar a su pedido de realizar un encuentro para transmitirles su postura detallando que “el gobierno norteamericano presentó su escrito tras no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso, errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia”.En este contexto, los beneficiarios del fallo sostuvieron que “lamentablemente, la urgencia y la falta de familiaridad del gobierno en este caso quedan en evidencia en su escrito” y apuntaron que “cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”.En esa línea, agregaron que “los efectos negativos de la nueva postura del gobierno ya comienzan a manifestarse, ya que tanto la prensa argentina como funcionarios públicos han interpretado el escrito del gobierno norteamericano como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”.

El nuevo escrito se suma al presentado a finales de la semana pasada con los argumentos elevados para sostener el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a desprenderse de las acciones de YPF, aunque desestimaron la opción de hacerse de los papeles pidiendo que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.En diálogo con Noticias Argentinas, Maril afirmó que, al igual que el documento legal citado, “esta presentación, la del Departamento de Justicia y la de la Argentina mañana, tienen el mismo grado”, explicando que “buscan persuadir a la Corte de Apelaciones para un lado o el otro”. NA.

“El Gobierno brasileño deplora y rechaza una vez más las declaraciones del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Brasilia, que constituyen una nueva injerencia indebida e inaceptable en asuntos de competencia del Poder Judicial brasileño. Dichas declaraciones son incompatibles con la relación de respeto y amistad de 200 años entre ambos países”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.El Departamento de Estado norteamericano publicó el lunes un texto en la red social X afirmando que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, llevan a cabo “ataques” contra Bolsonaro que serían “una vergüenza y están muy por debajo de la dignidad de las tradiciones democráticas de Brasil”.Este mensaje fue compartido por el perfil en redes de la Embajada estadounidense en Brasilia, indica el informe de la agencia de noticias XinhuaLa respuesta de la Cancillería brasileña ocurre luego de que la semana pasada Trump anunciara un arancel de 50% a los productos brasileños a partir del próximo 1 de agosto, entre otros motivos por el juicio contra Bolsonaro.Según el comunicado de la Cancillería, “en materia comercial, Brasil ha estado negociando con las autoridades estadounidenses desde marzo sobre asuntos arancelarios de interés mutuo y está dispuesto a continuar este diálogo, en beneficio de las economías, los sectores productivos y las poblaciones de ambos países”.El comunicado del Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, indica que “la politización errónea del asunto no es responsabilidad de Brasil, como país democrático cuya soberanía no está ni estará nunca sobre la mesa en ninguna negociación”. NA.

El gobierno de Bolivia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales ante la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos, en el marco de los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país.La acción legal marca un nuevo punto de inflexión de la crisis política y social que vive ese país, con el crecimiento de puntos de bloqueo de 13 a 27 a nivel nacional, a menos de tres meses de unas elecciones generales decisivas.El ministro de Justicia boliviano, César Siles, explicó a los periodistas que la querella no solo apunta a Morales, sino también a quienes resulten cómplices o ejecutores de las movilizaciones violentas. “Hemos solicitado que el Ministerio Público actúe con celeridad. Las víctimas son todos los bolivianos, principalmente enfermos sin atención, personas con discapacidad sin tránsito y pueblos indígenas aislados”, dijo Siles.La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos, además de la destrucción de bienes del Estado.El Ejecutivo asegura contar con pruebas de que Morales habría instruido “cercar ciudades” y bloquear para evitar las elecciones. Desde el lunes, la situación en las rutas del país se ha deteriorado rápidamente. Los puntos de bloqueo se duplicaron en solo 48 horas pasando de 13 a 27, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).La mayoría se concentran en el departamento de Cochabamba (centro), bastión del líder cocalero y expresidente. También se reportan cortes en Potosí (sudoeste), Oruro (oeste), La Paz (oeste) y Santa Cruz (este).Las medidas de presión son impulsadas por sectores afines a Morales que exigen su habilitación como candidato presidencial, pese a no contar con un partido político acreditado y a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo inhabilitan.El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, estimó que las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.“Ya vivimos una paralización similar el año pasado que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato”, afirmó. NA.

El Gobierno nacional decidió postergar la presentación de medidas destinadas a regularizar el uso de dólares “bajo el colchón”, y justificó la decisión en la intención de evitar que se las interprete como una maniobra electoralista. Así lo confirmó el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial en la red social X.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales”, expresó Adorni en un mensaje difundido este jueves, a pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.La medida, que iba a ser anunciada en las últimas horas, tenía como objetivo formalizar y facilitar el uso de dólares en efectivo no bancarizados, una práctica extendida en la economía argentina. Sin embargo, la Casa Rosada optó por retrasarla hasta después de los comicios del domingo 18 de mayo, en los que se renovarán 30 bancas en la Legislatura porteña.El trasfondo político

El oficialismo busca consolidar su posicionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, históricamente dominada por el PRO. En ese contexto, Manuel Adorni encabeza la lista de legisladores por La Libertad Avanza y es una de las principales apuestas del espacio liderado por Javier Milei.

La conferencia de prensa habitual del vocero, originalmente prevista para la mañana, había sido reprogramada para la tarde con el objetivo de anunciar oficialmente las medidas. Sin embargo, la presentación fue cancelada a último momento.Desde el entorno presidencial argumentan que lanzar la iniciativa en plena campaña podría dar lugar a acusaciones de oportunismo electoral por parte de la oposición, en particular del kirchnerismo.

“Que los argentinos no dejen los dedos marcados”, había anticipado días atrás el presidente Milei al referirse a los ahorros en dólares no declarados que, según el Gobierno, podrían canalizarse con nuevas herramientas legales.

La postergación marca una pausa estratégica en una medida que había generado alta expectativa entre los mercados y los pequeños ahorristas. 

En medio de la baja del dólar, cuya cotización mayorista ya vale menos que antes de la salida del cepo, y luego de jornadas de tensión por algunas subas en los precios de los alimentos –y algunas empresas que intentaron consolidar esos incrementos–, el Gobierno emitió un mensaje contundente: “si te suben, no compres”.Así lo manifestó en X, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. “Cae el dólar, como anticipó el Presidente Milei y se confirma que no hay ningún motivo ni cambiario ni tributario para aumentar precios. Los consumidores tienen siempre la última palabra: si te quieren aumentar los precios, no compres!!!!”, destacó el funcionario, que acompañó el mensaje con una captura del objeto de dólar que se publica en la home de Infobae. Dólar oficial $1.110 con una baja de 4,3 por ciento, se ve en la imagen.La reciente liberación del cepo cambiario generó tensiones en el sector alimenticio, con un fuerte rechazo de los principales supermercados a las nuevas listas de precios que les llegaron la semana pasada, con incrementos de hasta un 12 por ciento. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), por caso, expresó su descontento ante lo que consideran subas “injustificadas”, en un contexto donde el nuevo esquema cambiario no debería, según ellos, traducirse en aumentos de costos.Los supermercados mayoristas, que abastecen a pequeños comercios, almacenes y supermercados de origen chino, se sumaron al reclamo iniciado por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Este sector representa aproximadamente el 70% de las ventas en el país, lo que subraya la relevancia de su postura en el mercado. En un comunicado, el vicepresidente de Cadam, Armando Farina, señaló que la liberación del cepo no implica una devaluación, sino una apertura del mercado que, en su opinión, no justifica los aumentos aplicados por las empresas alimenticias.Farina destacó que las empresas ya operaban con tipos de cambio alternativos, como el dólar MEP o el Contado con Liquidación, los cuales incluso mostraron una baja tras la implementación del nuevo sistema. Según el dirigente, esto refuerza la idea de que no existen fundamentos económicos sólidos para las recientes remarcaciones de precios.“Hacemos un llamado a la responsabilidad de todos los proveedores del mercado para evitar distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio. El verdadero problema de la economía no es el dólar, sino los impuestos (especialmente los distorsivos como son los IIBB y tasas municipales) y los ‘costos ocultos’ que se trasladan a precios. Cuando un consumidor compra, por ejemplo, una botella de vino y carne en un almacén o supermercado de cercanía, el precio final incluye una serie de aportes y contribuciones obligatorias y ‘solidarias’, que se han venido recaudando desde hace más de 20 o 30 años. Muchos de estos cargos se acumulan a lo largo de toda la cadena comercial, desde el productor hasta el punto de venta”, dijo Farina.En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, intervino en el debate al destacar que una de las principales productoras de alimentos del país, Molinos, decidió anular los aumentos que había aplicado. A través de su cuenta en la red social X, Caputo calificó esta decisión como una “buena reacción” y elogió la gestión de los supermercados en defensa de los consumidores. El funcionario también señaló a Unilever.Y el propio Blanco Muiño se había referido al tema: “No hay motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”.

La decisión, que había sido anticipada en la noche del lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue implementada mediante el Decreto 13/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Economía y de Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.A modo de adelanto, Adorni comunicó mediante su cuenta de X que “se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA”, señalando que “el Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que determina que desde hoy se reduce el sueldo del Director Ejecutivo y los directores generales en un 80%”.Además, puntualizó que “se dispuso una reducción del presupuesto del ARCA destinado a la cuenta de jerarquización del 0,65% al 0,60%, generando un ahorro de 121.000 millones de pesos correspondientes a sueldos de funcionarios durante este 2025”.En la misma línea, también precisó que “el Poder Ejecutivo instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción de la estructura inferior, estimando que ésta debe situarse en torno al 45%”.La reducción de los salarios en el organismo equipara el sueldo del Director Ejecutivo con el de un ministro y el de los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), con la misma remuneración que los secretarios de Estado.De esta manera se deja sin efecto la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, lo que permitía que se reparta entre los salarios de los trabajadores hasta el 0,65% de la recaudación, elevando considerablemente el sueldo. Ahora, el salario del titular de ARCA, Juan Pazo bajaría de $32 millones mensuales a $4 millones.En cuanto a la disminución del personal de la agencia tributaria, se dispuso al mismo tiempo la creación de un Sistema de Retiro Anticipado para los trabajadores de la planta permanente, mediante la Disposición 3/2025. El nuevo sistema es de carácter voluntario y tiene un tope máximo de 1.500 vacantes, buscando permitir “adelantar la indemnización que a modo de reconocimiento por los servicios prestados por los agentes, se encuentra contemplada en los convenios colectivos de trabajo vigentes para el personal del Organismo”.La nueva estructura organizativa que abarca hasta el nivel de Subdirección General inclusive se aprobó con el “objeto de eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social”.La reestructuración del organismo se da bajo el paraguas de la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y delegó en el Ejecutivo facultades de administración y emergencia. En el texto oficial, se explicó que el objetivo de esa delegación es “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”. NA.

La desaceleración de los precios mayoristas en octubre, al 1,2%, envalentó al Gobierno para seguir buscando caminos para reducir el costo de vida a la zona del 1 por ciento.El presidente Javier Milei acaba de asegurar que la economía está en un momento “absolutamente floreciente” y destacó la baja de la inflación.Un dato clave es que cayeron los precios en los productos importados, uno de los rubros en los que el equipo económico está poniendo la lupa para impulsar un descenso de la inflación.Con ese objetivo, a la reciente decisión de ampliar de u$s 1.000 a u$s 3.000 el monto para traer productos vía Courier, y otras decisiones vinculadas con alentar la llegada de productos desde el exterior.La información que manejan las empresas es que esta tendencia se acentuará en las próximas semanas, ya que el Gobierno considera que muchos sectores de la economía aún no ajustaron los precios por la baja del dólar, y mantienen costos estimado a una divisa de u$s 1.500.Para el equipo económico, aún hay camino por recorrer para seguir desacelerando precios. Sobre todo si, como anunció el presidente Javier Milei, se recudirá el ritmo de depreciación del peso del 2% al 1% mensual (crawling peg).Las expectativas de un dólar quieto ayudaron a reducir los precios importados, y se espera que en noviembre la tendencia se profundice.El objetivo oficial es que la mejora en algunas actividades empiece a ser acompañada por un rebote del consumo, y la expectativa es que esa mejora ya se empiece a notar en estas Fiestas.El economista Gabriel Caamaño destacó que existe una baja del tipo de cambio de exportación, que se profundizará con la eliminación del impuesto PAIS.Incluso, Milei piensa que la eliminación del impuesto PAIS a partir del 24 de diciembre próximo derivaría en una deflación.Ahora, el Gobierno piensa en cómo apuntalar el proceso de desinflación, para lo cual una herramienta clave sería seguir alentando las importaciones en sector claves vinculados al consumo.Uno de los sectores en foco es el de la indumentaria, que experimentó subas fuertes en la primera mitad del año y constituye un rubo clave para las Fiestas.En las conversaciones que se vienen manteniendo desde principios de año el Gobierno pone el énfasis en la necesidad de que algunos sectores industriales mejoren su productividad y aprovechen el escenario “pronegocios” que impulsa la actual administración.Por ejemplo, el economista, Martín Vauthier, asesor de Caputo, destacó que el 1,2% que arrojaron los precios mayoristas en octubre se trata de la menor inflación mayorista desde mayo 2020, y la más baja para un mes de octubre desde 2016.El nivel general del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,1% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”. Estos datos contribuyen a esperar una menor inflación en noviembre.El Gobierno aspira que la reactivación del consumo también llegue vía una fuerte desaceleración de los precios de alimentos y bebidas, rubros en los que el equipo económico está disconforme con el ritmo de remarcaciones.Como aporte para mejorar el consumo, el Gobierno recién terminará durante el primer trimestre del año que viene las revisiones tarifarias de luz y gas.La intención es que la audiencias públicas se hagan entre la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, y unos 30 días después se aprobarán las nuevas tarifas a cambio de compromisos quinquenales de inversiones multimillonarias.El ministro de Economía es partidario de no autorizar más aumentos de tarifas para distribuidoras claves como Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, Ecogas, Litoral Gas, Gas Nea, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN).Esto podría complicar el escenario de inversiones y dar lugar a cortes de suministro en el verano.El plan oficial solo permitiría subas puntuales para mantener constantes los ingresos de las empresas, como sucede desde hace 3 meses -pese a que se aprobaron fórmulas de indexación mensuales que nunca se cumplieron- y dividir en varias cuotas durante 2025 el impacto de eventuales alzas.El objetivo es continuar con la desaceleración de la inflación, bajar al 1% la tasa de devaluación mensual del peso (crawling peg) si se consolida la tendencia y asentar las condiciones para flexibilizar los controles de capitales el año que viene.No obstante, Edenor y Edesur enviarán la próxima semana al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) una decena de documentos, dentro de los cuales se incluirán las previsiones sobre sus necesidades de flujos de fondos para operar la red.Aunque expresarán sus pedidos en billones de pesos y no como un porcentaje puntual, se desprende que los requerimientos derivarían en incrementos de sus tarifas de un 60% en términos reales (por sobre lo vigente), que impactaría en aumentos de 30% en las facturas.Ese dinero iría a invertir en sus equipos para evitar cortes de luz, reducir la cantidad y frecuencia de las interrupciones, mejorar la atención al cliente, su calidad técnica y comercial, pagar salarios, impuestos, la energía que compran y distribuyen y, eventualmente, empezar el plan de despliegue de los medidores inteligentes, que cuestan casi 100 dólares por unidad y deberán ser cobrados a los usuarios.Pero la intención de Economía es que las tarifas no afecten al proceso de baja de la inflación, como ya sucedió en 2017 y 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, y busca la manera de distribuir en cuotas los aumentos que sean indispensables para sostener la red y que no se corte la luz.Varios números uno del sector energético se mostraron proclives a aceptar postergar aumentos de tarifas para que baje más rápido la inflación.En el caso de las gasíferas, los incrementos solicitados rondarían el 20% a 30% de aumento, aunque una firma calculó que el “atraso real” es de entre el 40% y el 50%.La “zanahoria” que ofrecería el gobierno es la renovación a largo plazo de los contratos de concesión, que en algunos casos podría prorrogarse por 35 años. El tema se sigue analizando y por ahora no hay definiciones.Ante las versiones de que abría más apertura importadora, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que no se puede abrir el comercio internacional sin igualar las condiciones para las industrias nacionales para evitar seguir perdiendo empleos. Dijo que la carga fiscal y la falta de infraestructura son “las principales barreras contra la competencia”. La UIA pidió avanzar en una agenda de mejora de la competitividad y desarrollo industrial del país, en paralelo a las medidas de apertura del comercio internacional. Representantes del interior del país de la UIA resaltaron que la apertura al comercio internacional debe desarrollarse conjuntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el costo argentino, de forma que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial. Las autoridades de la Junta Directiva coincidieron en que si no se resuelven los problemas de competitividad del país, desde la baja de impuestos, las mejoras en infraestructura y conectividad, la promoción de inversiones nacionales y la modernización de los regímenes laborales, avanzar solo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente a las PyMEs, y también en el empleo donde se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo industriales desde agosto del 2023. NA. 

Como pocas veces, el papa Francisco habló este viernes sin tapujos sobre su país natal, la Argentina. En un encuentro con referentes de movimientos sociales, el Pontífice criticó al gobierno nacional por el uso de gas pimienta en la movilización realizada la semana pasada contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria.Se trata de la protesta durante la cual una niña fue afectada por el accionar de la Policía y las imágenes del ataque se viralizaron como símbolo de oposición al protocolo que aplica el Ministerio de Seguridad en este tipo de movilizaciones.La declaración generó una fuerte repercusión porque no es habitual que Francisco cuestione en público a un gobierno. Sin embargo, hubo otra frase quizás aún más impactante en la que el Papa denunció un presunto caso de corrupción. Si bien dijo que el hecho ocurrió “recientemente”, evitó precisar si la gestión actual de Javier Milei ya estaba en el poder.Según relató Francisco, un empresario extranjero le contó que un funcionario argentino le había solicitado una “coima” a cambio de un proyecto de inversión. “Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. Siempre. Que una coima aquí, una cosa allá...”, arrancó el Papa con la anécdota.“Me contaba un emprendedor internacional, que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, que trabajan muy bien y fue un acuerdo. Fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones, el ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar...’”, continuó. “Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si puede pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma...y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?... ¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.Durante su exposición, el Papa estuvo acompañado de referentes de movimientos sociales de la Argentina, entre ellos Juan Grabois y el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo. También intervienen en la cumbre el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Michael Czerny, el Cardenal Peter Turkson y dirigentes del núcleo fundador del vínculo entre los movimientos populares y la Iglesia como Xaro Castelló (España) y Joao Pedro Stedile (Brasil).En representación de los movimientos populares de los distintos continentes fueron invitados Anuka Thirimadura, (La Via Campesina, Asia), Rose Molokoane (Slum Dwellers International, Africa), Susana Réfega (Movimiento Laudato si’, Europa), Naema Yaqoub (Mediterranea Saving Humans / Refugees in Libya, Africa), Nicole Leiva (Puente Alto Chile, Latinoamérica) y Gloria Morales (Pico Network, Norte América).