La convocatoria se da en simultáneo con la votación prevista en la Cámara de Diputados, luego de que el martes 7 de abril se reunieran las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen sobre el proyecto. Desde distintos sectores advierten que la iniciativa podría afectar la protección de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

En Concordia, la actividad principal tendrá lugar a las 18 horas en la peatonal, donde se realizará una intervención pública en defensa de los glaciares y del agua como bien común. La jornada busca visibilizar el rechazo a la modificación de la ley y sumar adhesiones a nivel local.

La movilización se replicará en otras ciudades entrerrianas. En Paraná, la concentración será a las 17 horas en la intersección de Urquiza y San Martín.

En Colón, se desarrollará una concentración y asamblea en el Puerto desde las 18 horas, con consignas vinculadas también al rechazo a proyectos industriales considerados contaminantes. Por su parte, en Concepción del Uruguay, la cita será a las 18 horas en Antártida Argentina 278.Desde la campaña plurinacional “La Ley de Glaciares No se Toca”, impulsora de estas acciones, señalaron que continuarán manifestándose tras lo que calificaron como una “audiencia pública irregular”, en la que —según denuncian— solo se escuchó a un porcentaje mínimo de los inscriptos. En ese sentido, remarcaron la importancia de la movilización ciudadana para expresar el rechazo social a la iniciativa.

En medio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, los obispos de la Patagonia manifestaron su preocupación por el desarrollo de las audiencias públicas y advirtieron sobre prácticas que, según señalaron, afectan la participación democrática. 

Entre ellos, monseñor Roberto Álvarez, obispo de Rawson, dialogó con Radio María Argentina y denunció que lo ocurrido en el Congreso refleja una realidad habitual en la región.

“El modo de resolver las audiencias públicas es una cosa que cotidianamente vemos en la Patagonia”, afirmó, y calificó el proceso como “una caricatura de la democracia o de la participación”, al señalar limitaciones en el acceso y presiones sobre quienes intentan expresarse. 

En ese sentido, el prelado sostuvo que estas prácticas no son nuevas ni responden a un gobierno en particular, sino que forman parte de un mecanismo instalado: “Es una práctica que es de manual, pueden cambiar las personas, pero el estilo prepotente, el estilo de presión es una cosa espantosa”. 

“Tocar esos ríos es matarnos”

Mons. Álvarez vinculó este escenario con intereses económicos ligados a la actividad extractiva, al advertir que detrás del debate por la reducción del área periglaciar existe el riesgo de afectar recursos esenciales. “De esos hilos de agua viven infinidad de poblaciones; tocar esos ríos es matarnos”, expresó, en referencia a la importancia de los glaciares como fuente de agua para la región. 

El prelado cuestionó también las presiones que -según indicó- reciben comunidades y gobiernos locales: “La dependencia, el generar ese tipo de dependencia es tremendo”, afirmó, al describir mecanismos que condicionan decisiones políticas y sociales en nombre del desarrollo. 

Finalmente, el obispo de Rawson destacó la importancia de abordar la problemática a través de una mirada más amplia, vinculada al cuidado de la creación y a la fe cristiana, y advirtió sobre el impacto ambiental de estas decisiones: “Despojando entre todos, el mundo natural es parte de la Pasión de Cristo también”, concluyó, al tiempo que reafirmó el reclamo de preservar “el aire, el agua y los glaciares”. (AICA)

Advertencia por retrocesos en protección ambientalDesde la organización entrerriana alertaron que el debate actual no se limita a una cuestión técnica, sino que pone en riesgo la protección de bienes comunes fundamentales.“Lo que está en juego es si los bienes comunes van a seguir protegidos o si se los va a entregar a intereses extractivos, consolidando más territorios de sacrificio”, afirmó.La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas, fundamentales como reservas de agua, reguladores hídricos y soporte de la vida en un contexto de crisis climática. En ese sentido, CAUCE advirtió que cualquier intento de debilitar la normativa implicaría un retroceso en principios reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, como el principio precautorio y el de no regresión ambiental.Incumplimiento de la ley y presión de intereses económicosLa organización remarcó que el problema no radica en la falta de normativa, sino en su implementación. “La ley ya prevé herramientas claras. Lo que falta no es flexibilizarla, sino cumplirla de manera efectiva y sin interferencias”, sostuvo Enderle.Asimismo, señalaron que detrás de los intentos de modificación existen presiones de sectores económicos que buscan avanzar sobre territorios actualmente protegidos.Impactos sociales y compromisos internacionales La Fundación CAUCE también advirtió que debilitar la ley podría profundizar conflictos sociales en distintas regiones del país y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia ambiental y de derechos humanos. “No hay desarrollo posible sin agua. Proteger los glaciares es proteger la salud, la producción y la vida”, subrayó Enderle.Participación y calidad democráticaFinalmente, la organización hizo hincapié en la necesidad de garantizar procesos participativos reales en este tipo de debates.“No puede haber reformas regresivas sin debate público genuino. Defender la Ley de Glaciares es defender el futuro, y nuestro futuro no se negocia”, concluyó.

La Organización ambientalista Greenpeace pidió a la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las Audiencias Públicas previstas para el miércoles y jueves en la Cámara de Diputados.Se estima que podrán exponer solo 200 formal presencial en la primera jornada y otros 200 el jueves 26 en la audiencia virtual, con lo cual el resto lo tendrá que mandar por escrito o mandar un video de 5 minutos.La causa la tienen el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7 de la Capital Federal, que  es subrogado actualmente por Enrique V. Lavié Pico.Si se acepta el pedido del juez se necesitarán 500 días para realizar las audiencias, según señalaron fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas, aunque desde la oposición señalan que se necesita un criterio intermedio entre 400 y 100 mil expositores.La organización ambientalista rechaza la resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoráz, que estableció que el miércoles 25 en forma presencial lo podrán hacer los primeros inscriptos de cada provincia, y lo mismo sucederá en la audiencia virtual.En el escrito, Greenpeace pide que se ordene “al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, agrega.También pide que “se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral –– como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube –– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”. También solicitaron la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales, a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú. (NA)

El oficialismo logró aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y  el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Incidentes en la previaHoras antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.Pero el episodio más lamentable ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la policía.

El proyectoEl proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos. Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El debateEl senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”. “Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos”, aseguró el oficialista fueguino.Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”. “Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua”, advirtió.Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense. El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”. “Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias”, explicó el libertario sanjuanino.A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”. “El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica”, apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”. “El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario”, dijo.En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales” sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió. Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”. “Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.La también rionegrina Ana Marks (Justicialista) denunció que con la reforma planteada por el oficialismo “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”. “Sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción y tampoco hay seguridad sanitaria”, expresó la senadora kirchnerista.“Tenemos un gobierno flexibilizador, entreguista, que busca el saqueo, que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes tomen agua sin contaminar cuando abran la canilla”, disparó.En insistió en que el objetivo es “flexibilizar para responder a los intereses del saqueo de empresas foráneas”.Maximiliano Abad (UCR) reconoció que alrededor del tema existe una natural “tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico”,“Los países con alto nivel de desarrollo la solucionaron con instituciones sólidas, controles eficaces y reglas que cumplen, puntualizó.Y concluyó que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto “no positivo”.El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) también se manifestó en contra y sostuvo que “la Argentina necesita generar trabajo y un desarrollo productivo real y para eso tiene que crecer de manera sustentable, cuidando los recursos para no eliminar esos activos”. “Si queremos seguridad jurídica necesitamos una norma técnicamente robusta”, agregó el senador opositor.En la misma sintonía, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) aseguró que este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares ”está signado por la improvisación” y “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares”.El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó hoy la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”. “Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.Edith Terenzi (Despierta Chubut) sostuvo que “impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica que es lo que el gobierno está persiguiendo sino todo lo contrario: va a generar más incertidumbre”.“El proyecto presenta vicios inconstitucionales muy importantes. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales de Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea, y resulta incluso incompatible con la legislación ambiental vigente”, completó.El catamarqueño de la UCR Flavio Fama apoyó la reforma y señaló que el objetivo es “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales”. “Es una irresponsabilidad declamar bandera sin conocer la norma, ni las realidades en donde convive la actividad minera”, enfatizó el senador radical.Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) advirtió que “la decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos”.“Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político”, recalcó.La camporista aseveró que la iniciativa “pone a competir a las provincias en un dumping flexibilizador para ver cuál trae más inversiones”. “En lugar de cooperar las provincias, empiezan a competir”, alertó la legisladora mendocina.“Hay muchísimos minerales por fuera de los ambientes glaciales y periglaciales que no están explotados. Entonces esto no es minería sí o minería no”, apuntó.Para Fernández Sagasti, “la necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo”.El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.“La historia nos está golpeando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación. “El verdadero ambientalismo del siglo XXI no es un ambientalismo que prohíba. El suin ambientalismo que tenga tecnología, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.La ex ministra de Seguridad aclaró que “el capitalismo no le teme al control” sino a “la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo” .“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita segurisad jurídica”, esgrimió. (NA) 

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que expresó su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.En el documento, la Comisión reafirma su misión de promover el bien común y la custodia de la creación, y exhorta a los diputados y senadores a mantener y fortalecer los presupuestos mínimos de protección establecidos por la normativa vigente. La ley, señalan, constituye "un hito fundamental" para la preservación de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural clave para las generaciones presentes y futuras.La carta subraya que los glaciares "no son simples recursos económicos", sino fuentes de agua y reguladores del clima y del ciclo hídrico, cuyo deterioro impacta especialmente en los sectores más vulnerables y en comunidades originarias. En ese sentido, retoma principios de la Doctrina Social de la Iglesia y citas de la encíclica Laudato si', al afirmar que no existen dos crisis separadas -ambiental y social- sino una sola crisis socioambiental.Entre los puntos centrales, el organismo eclesial pide a los legisladores que prioricen la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre intereses sectoriales o de corto plazo; que escuchen a las comunidades locales y a la comunidad científica; y que respeten el Convenio Nº 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.Además, promueve un modelo de desarrollo que armonice producción y ecología integral, y advierte sobre los efectos de la degradación ambiental y del actual modelo de desarrollo en la vida de las personas.La carta también cita palabras del papa Francisco y del papa León XIV, quien, al inaugurar una conferencia por el décimo aniversario de Laudato si' planteó el interrogante sobre si la humanidad ha cuidado el mundo creado "para beneficio de todos y de las generaciones futuras".El texto concluye con un llamado a que los representantes nacionales adopten decisiones "valientes y proféticas" orientadas al bien común y a la solidaridad intergeneracional, ante lo que describen como un escenario global de creciente crisis hídrica.(AICA)

Fue en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua.

Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.

En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales.

En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos.

En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”.

En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.

En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye.

Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”

Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares.

La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”. En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial.

Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.

Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.

Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.

Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son:

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina.

También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN). 

La ONU advirtió este viernes que los glaciares del mundo se derritieron a una velocidad récord el último año, un fenómeno que no se está pudiendo frenar y por el cual han perdido 30 metros de espesor en los últimos 50 años.

�SEl hielo marino del Antártico alcanzó su nivel más bajo y el derretimiento de algunos glaciares europeos literalmente superó los récords⬝, alertó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo especializado de Naciones Unidas, en su informe anual sobre el estado del clima mundial.

�SLa concentración de dióxido de carbono ya es muy alta y es probable que el aumento del nivel del mar continúe durante miles de años⬝, explicó el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, citado por la agencia de noticias AFP.

No se puede detener el derretimiento �Sa menos que creemos una manera de eliminar el C02 (dióxido de carbono) de la atmósfera⬝, agregó.

Los glaciares que los investigadores tienen como referencia perdieron en promedio más de 1,3 metros de espesor entre octubre de 2021 y octubre de 2022, una pérdida mucho mayor que la media de los últimos diez años. Desde 1970 los glaciares han perdido cerca de 30 metros de espesor.