Las detenciones, que afectaron al jefe del depósito y a peritos y autoridades del grupo de estudios forenses, tuvieron lugar tras un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay, en el cual se detectó la sustracción y faltante de 15 paquetes de cocaína con un alto grado de pureza.

Dicho procedimiento se realizó en el interior de las dependencias que conforman el Escuadrón 63 “Zárate-Brazo Largo” de la Gendarmería Nacional, ubicadas sobre la avenida Costanera Sur y a metros del Peaje de Zárate, luego de dos denuncias anónimas realizadas por personal de la fuerza.

Ambas acusaciones, presentadas ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, advertían el faltante de estupefacientes que habían sido secuestrados durante otra causa judicial.

Además las denuncias aseguraban que la intención de varios funcionarios era “ocultar esta situación hasta que se produjera la destrucción de los narcóticos”.

En ese contexto, intervinieron en el allanamiento agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal (PFA), quienes comprobaron que el depósito, que debía contener 26 kilos de cocaína, poseía solamente 10.

Como consecuencia de ello, las autoridades procedieron a detener a cinco integrantes de la GNA, que serán indagados en la sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, por el fiscal federal Sebastián Bringas y el juez Charvay.

“Todavía estamos trabajando para determinar quién de los individualizados pudo haber sustraído el material para introducirlo en la cadena de tráfico”, manifestó a Télam una fuente judicial con acceso al expediente.

A su vez, otro vocero afirmó que las imputaciones que recibirán los gendarmes estarán asociadas con “su responsabilidad en la no preservación intencional de la prueba que se les pidió que conservaran” y con “la no realización las denuncias correspondientes al verificar el faltante de los estupefacientes”.

Por su parte, el fiscal Bringas le requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación el resguardo físico y personal de los denunciantes y de sus grupos familiares, mientras que pidió que la Prefectura Naval (PNA) quede a cargo de la custodia del depósito judicial.

Mientras tanto, tomó intervención a la Dirección de Asuntos Internos de la GNA, con el fin de investigar las actuaciones administrativas de rigor respecto del personal de la fuerza que pudiera estar involucrado.

El secuestro de la droga

Los 26 kilos de cocaína que debían ser custodiados originalmente por los gendarmes habían sido secuestrados el pasado 23 de junio por personal de la Sección Seguridad Vial Lima durante un operativo de rutina en la ruta nacional 9.

Según las fuentes, la droga incautada se encontraba en el interior de un camión de transporte de cargas generales, donde un can adiestrado reaccionó de forma positiva para cinco encomiendas que provenían de la ciudad de Orán, provincia de Salta.

Luego de eso, los investigadores contabilizaron un total de 25 paquetes que contenían cocaína con un alto grado de pureza, con un peso total de 26,730 kilogramos.

A continuación, las autoridades dispusieron una entrega vigilada de las encomiendas interceptadas, lo cual permitió la detención de dos personas que se acercaron a retirar los paquetes.

Actualmente, pesa un procesamiento con prisión preventiva sobre los dos detenidos de la causa, luego de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmara el fallo de la justicia federal. Télam.

Un insólito combate armado ocurrió este viernes por la tarde entre gendarmes y narcotraficantes en el Paraje Cruz Bajada, sobre la Ruta Nacional 16, en el norte de Santiago del Estero, cerca de la frontera con Salta.

Allí, cinco sospechosos fueron detenidos por enfrentar a tiros a los agentes de la fuerza federal que intentaron alcanzarlos. En medio de la persecución, uno de los detenidos tomó una ametralladora calibre 5,56 y disparó contra las autoridades. Los gendarmes respondieron con fuego y uno de los sospechosos recibió un disparo en el hombro. Finalmente, fueron alcanzados. Los tres acusados principales viajaban en un vehículo, con otro de apoyo siguiendo detrás en un camino secundario, con dos ocupantes que también fueron apresados.

La requisa a los vehículos reveló un armamento rara vez visto en el hampa del noroeste argentino. Además del fusil empleado -típicamente conocido como �SFrankenstein⬝ en la jerga delictiva, ensamblado con partes de diversas armas-, se encontró un kilo de cocaína, dos chaleco antibalas, varios proyectiles, una pistola 9 milímetros con mira láser y dos teléfonos satelitales, claramente útiles en una zona con señal nula para celulares. En el auto de apoyo se incautaron hojas de coca. El narco detenido fue hospitalizado.

El expediente para esclarecer el hecho está en manos del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que ordenó diversas pericias. La fiscalía del caso también requirió las armas para determinar cuál de los efectivos del operativo hirió al agresor. Los detenidos mismos son una incógnita. Entregaron sus nombres, que resultaron ser falsos. Ahora, Gendarmería comenzó una investigación para determinar sus identidades, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El operativo pone en foco una nueva zona caliente para el corredor narco del NOA. Fuentes oficiales aseguraron que ya ocurrieron otros tiroteos y operativos en la zona.

La semana pasada, Gendarmería encontró en el Paraje Cruz Bajada a tres hombres que tripulaban una camioneta Toyota Hilux. Allí, llevaban 615 kilos de hoja de coca. Un Peugeot 308 que servía de �Spuntero⬝ en el camino para alertar a los traficantes de cualquier control también fue interceptado.

Vale recordar que el origen de las armas de alto poder en manos de narcotraficantes es un asunto investigado por las autoridades desde hace un largo tiempo.

A fines de junio de 2019, en este sentido y tal como reveló Infobae, Gendarmería Nacional �bajo las órdenes del juez Pablo Yadarola� allanó a la organización detrás del mayor esquema de tráfico de armas de la historia argentina reciente. Le encontraron su lote de metal pesado: 2500 fusiles y otros artículos de guerra en más de 50 procedimientos en puntos de Río Negro, Santiago del Estero, una armería china en Castelar, Bahía Blanca, un country en Escobar.

El lote era fabuloso, nivel Rambo: había hasta cuatro contenedores de TNT con relojes digitales y tres cajas de trotyl, ojivas de bombas aéreas, 16 cajas con trenes de fuego para bombas de aviación. Hubo más de 20 detenidos.

Todo era parte de una red internacional: la causa había comenzado en Estados Unidos con una alerta del Departamento de Seguridad Nacional luego de que una encomienda enviada desde un domicilio inexistente con un código postal del conurbano bonaerense hacia Miami encendiera las primeras alarmas en junio de 2018; hubo otras nueve cajas sospechosas enviadas desde Campana o Retiro en ese período. Y había vínculos locales, al menos según la investigación del fiscal Yadarola; entre ellos, el más importante de todos: el cerebro argentino �Ricardo Deisernia, �SEl Tuerto Richard⬝�.

Al �STuerto⬝ lo detuvo Gendarmería en su casa-bunker de Martínez, sobre la calle Pringles: le encontraron un cuarto secreto lleno de ametralladoras en un sótano de puertas blindadas.

Para los investigadores, Deisernia era el más capaz de todos, con años en el rubro y contactos para articular el núcleo del negocio de la banda: reunir partes de fusiles y ametralladoras importadas desde España y Alemania para ensamblar armas híbridas que serían exportados a Paraguay para alimentar el mercado asesino de bandas brasileñas que operan en el territorio como el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, conformadas con ex presos paulistas y lugartenientes guaraníes, los dueños de la marihuana de Pedro Juan Caballero y, debajo de la línea de las FARC, lo más temibles del continente. Las armas, luego, llegarían a Brasil.

La plata era importante en ese accionar. En aquel entonces, un investigador en el círculo interno del expediente detalló los precios: el Colt M4 montado en Buenos Aires con un costo de USD 2.000 rondaba los USD 10 mil en Pedro Juan Caballero y USD 18 mil en territorio brasileño. Una ametralladora MAG se iba por otros USD 10 mil, un simple FAL argentino por USD 6.000.

La Casa Rosada decidió el miércoles reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el incendio ocurrido durante la madrugada del martes en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y con el objetivo de prevenir posibles nuevos conflictos.

Tras tomar la medida de asistir a esa provincia con una mayor dotación de efectivos de Gendarmería , Alberto Fernández le envió este una carta a la gobernadora Arabela Carreras, para ratificarle la medida, aunque le aclaró los términos que impone la Ley de Seguridad Interior.

"El gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía", dice la misiva enviada por Fernández a Carreras, como respuesta al pedido de asistencia en materia de seguridad realizado por la gobernadora, informó Presidencia.

No obstante, el Presidente le recordó a la mandataria provincial que "es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior".

En la carta, Fernández reafirmó que "no es este el caso ni mucho menos". Y agrega: "Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro". En línea con el Presidente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aclaró que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro fue adoptada por "solidaridad" con la gobernadora Carreras y para "colaborar" con la provincia.

"La posición que asumimos, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación", contestó hoy Fernández a la mandataria provincial, en declaraciones a radio del Plata. El funcionario nacional, señalo, entonces, que "es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad".

El ministro sostuvo, a la luz de esa norma, que la Gobernadora "está equivocada" en su planteo y explicó: "No es nuestra obligación, ni la responsabilidad del Estado Nacional. Ella tiene una policía con la que podría crear un cuerpo específicamente dedicado a los mapuches o a esta situación que tiene. Hay como 167 comunidades en la zona que ya han resuelto por la vía pacífica estas cosas".

La portavoz gubernamental

La situación en Río Negro también formó parte de la batería de temas, que abarcó la primera conferencia de prensa que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ofreció este mediodía ante los periodistas acreditados en Casa Rosada

Allí, Cerruti coincidió con los dichos del ministro de Seguridad, al sostener que el conflicto en Río Negro con algunas comunidades mapuche "lo tiene que resolver la gobernadora" ya que el distrito "tiene fuerzas para poder controlar" la situación.

"Este Gobierno repudia las situaciones de violencia y vandalismo y espera que los conflictos se resuelvan de manera armónica a través del diálogo", dijo, al tiempo que pidió que el tema "no sea usado como herramienta electoral para sacar rédito" de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre.

En su intercambio con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, Cerruti agregó que el Gobierno "espera que se resuelva de la mejor manera posible" la situación en Río Negro, ya que se trata de "un conflicto que tiene una parte judicial, una cuestión de territorialidad, etnias, historias y una cantidad de otras cosas que están envueltas en este tema".

Para la portavoz gubernamental, el de Río Negro "no es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada, sino con la historia de este país, y con quienes se sienten propietarios, e incluso algunas de las tierras no son de propiedad privada de otros ciudadanos sino de Parques Nacionales".

Señaló "no entender" en este caso las dudas que se plantean en esta materia, "porque este Gobierno respeta y defiende el derecho que establece la Constitución Nacional en torno a la propiedad privada".

Ante una consulta, aseguró que el embajador de la Argentina en Chile, Rafael Bielsa, "no intervino y no pidió la libertad" de Facundo Jones Huala en una audiencia que se realizó ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el país transandino donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el dirigente mapuche argentino.

"(A Bielsa) Le dieron la palabra en algún momento y contestó una pregunta muy puntual que le habían hecho, pero no intervino como parte de la defensa y solo fue como actor consular para garantizar el derecho a la defensa como lo haría cualquier consulado en cualquier situación similar" en la que viera afectado un ciudadano argentino, dijo.

Según había anticipado la portavoz gubernamental, los efectivos de Gendarmería que llegan a la Patagonia tendrán el objetivo de "patrullar" y "prevenir actos vandálicos" asociados a la problemática mapuche de la zona.

Un incendio destruyó el Club andino Piltriquitrón de El Bolsón, donde se encontraron panfletos contra la gobernadora Carreras, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; y empresarios extranjeros que son propietarios de tierras de la zona.

Las autoridades provinciales ya anunciaron que presentarán una denuncia a la Justicia Federal por este hecho tras repudiar el ataque.

Según se informó ayer desde el Gobierno provincial, "Carreras, manifestó su "más enérgico repudio al ataque incendiario" y ratificó que "no se avalará ningún tipo de violencia en Río Negro".

"Este es el tercer ataque incendiario sufrido en el mes. El primero destruyó el nuevo Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y el segundo se registró en instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, donde además se agredió y maniató a una familia", señaló un comunicado difundido por la Gobernación de Río Negro.

El miércoles en un encuentro sobre "Racismo y violencia contra el pueblo mapuche" en el marco de un ciclo organizado por el CELS, la investigadora Lorena Cañuqueo, repasó el conflicto histórico por la distribución desigual de la tierra, problemática que subsiste y que se profundiza "en la ciudad de Bariloche con los sectores populares que no pueden acceder a la tierra y con gente de sectores medios que tampoco puede hacerlo".

Cañuqueo, egresada de Comunicación Social y doctoranda en Antropología, criticó además el accionar del gobierno provincial sobre el tema.

La investigadora -que integra la comunidad del lof Mariano Epulef ubicada en el paraje Anecón Chico en la localidad rionegrina de Comallo- dijo que Río Negro "no está aplicando la ley 26160 (de relevamiento territorial de comunidades indígenas, sancionada en 2006), porque para eso tiene que ponerse en marcha un convenio entre Nación y provincia, y el gobierno provincial no lo hace".

El móvil de la Fuerza acompañó al vehículo donde se trasladaba la madre con la menor hasta el nosocomio.

El lunes, en horas de la tarde, efectivos del Escuadrón �SFátima⬝, observaron en la vía pública, a la altura de la Av. Riestra y Lacarra, una mujer de nacionalidad paraguaya con una bebé en brazos y en un evidente estado de nerviosismo, debido a que la niña presentaba dificultades para respirar por sus propios medios.

De inmediato, los gendarmes efectuaron un cordón sanitario a fin de apresurar el recorrido del vehículo que transportaba a la ciudadana y la menor de edad hasta el Hospital Piñero, en el barrio porteño de Flores. Allí, la bebé recibió asistencia médica de emergencia a causa de su estado crítico.

La niña fue reanimada mediante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, los médicos diagnosticaron que la bebé de 5 meses de edad sufrió una convulsión febril, quedando alojada en observación.

Una patrulla de uniformados salió el domingo por la mañana con rumbo hacia el paraje Arroyo Blanco para asistir a la mujer que ante las adversidades climáticas no podía recibir a sus familiares para que la asistan.

El domingo, en horas de la mañana, los efectivos del Escuadrón 34 Bariloche �SCabo Primero Marciano Verón⬝ recibieron un requerimiento de una familia domiciliada en paraje Villa LLanquín, la cual no podía acercarse a su familiar (mujer de 90 años) que vive en el paraje denominado Arroyo Blanco, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Ante esa situación, los gendarmes iniciaron una patrulla motorizada utilizando vehículos 4x4 y motonieve a los fines de llegar al lugar de difícil acceso debido a las condiciones climáticas, la gran acumulación de nieve en las rutas lo que complicó la asistencia.

Luego de un día de patrullaje y a pesar de las dificultades en el camino, en las que debieron utilizar palas y acondicionar constantemente las ruedas de los vehículos para poder continuar, los uniformados lograron auxiliar a la anciana, y entregarle medicamentos, alimentos y forraje para el ganado.

Los funcionarios luego de tres días pudieron volver a la Unidad.