El funcionario explicó que se vienen desarrollando reuniones semanales con distintos gremios, en un esquema de diálogo basado en “vectores” conceptuales, en lugar de un proyecto cerrado.

Según indicó, esta metodología permitió abrir el debate y recoger aportes de la mayoría de los sectores, con la excepción de AGMER, que no participa de las mesas.Bagnat sostuvo que uno de los principales problemas históricos del sistema es la fragmentación y la diversidad de intereses, lo que dificulta alcanzar consensos. “Todos ven el problema en el gremio de enfrente”, resumió, al tiempo que insistió en la necesidad de actualizar una ley previsional que, a su criterio, “ya no da más”.

En relación al vínculo con la Nación, aclaró que la provincia continúa gestionando ante la Corte Suprema el reclamo por fondos adeudados por ANSES, aunque destacó que existe un compromiso formal del Estado nacional para avanzar en el pago de esa deuda, lo que mantiene en suspenso el litigio.

Uno de los puntos más sensibles abordados fue el de los regímenes especiales. Bagnat reconoció que sectores como el judicial presentan condiciones muy superiores al promedio y que adecuar esas realidades implica enfrentar resistencias. También mencionó que en áreas como salud mental se mantendrían beneficios específicos, aunque se buscará ordenar incompatibilidades, como la continuidad laboral en el ámbito privado tras la jubilación.

En cuanto a la estructura del sistema, advirtió sobre un creciente desequilibrio: actualmente hay unos 67 mil jubilados y una tendencia que seguirá en aumento, con ingresos cada vez más altos en los próximos años. Señaló además que el sistema enfrenta cargas adicionales, como jubilaciones sin aportes suficientes o transferencias históricas que impactaron negativamente en su financiamiento.El titular de la Caja también puso el foco en el esquema de movilidad jubilatoria, al que calificó como “muy costoso y difícil de sostener”. Explicó que la coexistencia de múltiples acuerdos salariales —especialmente en organismos descentralizados— genera una presión adicional sobre las cuentas, ya que muchos beneficios se trasladan a los haberes sin haber tenido aportes equivalentes.

Sobre el concepto del 82% móvil, advirtió que muchas veces se presenta de forma distorsionada y que los números actuales muestran una brecha que requiere ser revisada hacia el futuro, sin afectar los derechos ya adquiridos. En ese sentido, remarcó que la reforma no implicará recortes sobre los jubilados actuales.

Otro de los aspectos en análisis es el régimen de pensiones, que el funcionario consideró “arcaico”. En ese punto, adelantó que se evalúan modificaciones similares a las implementadas recientemente en Santa Fe, con esquemas más ajustados a cada situación y no necesariamente vitalicios.

De cara al futuro, Bagnat fue claro: el objetivo es construir un sistema sostenible a largo plazo, que permita garantizar el pago de jubilaciones a quienes aún están en actividad. “Hay que hablar de edad, de movilidad y de regímenes especiales. Son temas incómodos, pero inevitables”, afirmó.Finalmente, anunció que en los próximos días habrá novedades sobre el histórico hotel de Huerta Grande, propiedad de la Caja, que será reactivado tras años de abandono. El proyecto se concretó mediante un acuerdo con el sindicato Sedapper y permitirá que tanto afiliados como jubilados puedan utilizar las instalaciones, en lo que calificó como una recuperación importante del patrimonio del organismo.

“Finalmente, se está haciendo lo que desde hace 10 años viene planteando UPCN, que es discutir la Caja para hacerla sostenible”, expuso Allende en la reunión, que contó con la participación de toda la comisión directiva y también de trabajadores del organismo previsional, que colaborarán en la interpretación de cada uno de los artículos y los conceptos del borrador de reforma.El dirigente gremial anticipó ante Bagnat que un equipo de trabajo compuesto por profesionales de primer nivel, realizará un estudio económico y de impacto de distintas alternativas, con el objetivo de que la propuesta del Sindicato tenga un lineamiento serio, responsable y fundamentado. Además señaló que se dará a conocer la posición institucional una vez se conozca la letra del proyecto y quede detallado qué puntos está dispuesto a discutir el gobierno.Posteriormente, la comisión directiva hizo un análisis del escenario en relación al intento de reforma previsional que impulsa el gobierno, a fin de determinar “cómo se va a abordar esta cuestión que es muy sensible, que nos preocupa, que estamos siguiendo día a día”, expuso el Secretario General.Se hizo especial hincapié en convocar los cuerpos orgánicos del sindicato para lograr que se involucren y participen en la discusión del proyecto de reforma.

“No queremos confusiones, dobles discursos o interpretaciones personales”, afirmó Allende al respecto. Y agregó: “Queremos evaluar situaciones concretas que lógicamente están en revisión, aunque muchos de los puntos ya fueron anticipados por el gobierno”. A la vez, entendió que “seguramente se agregarán otros puntos a la agenda que se mantiene con nuestro sector, que se prevé será intensa en los próximos días”.Durante la reunión se reflexionó que “no se puede permitir que el sistema previsional estalle. Y en esto todos tenemos que ver cómo defendemos a la Caja”, se remarcó. 

Bagnat señaló que el objetivo es preservar el sistema para los más de 120 mil trabajadores activos de la provincia, garantizando que puedan acceder a una jubilación con el 82% móvil. En ese sentido, explicó que el proceso de discusión incluirá reuniones con los sindicatos para compartir diagnósticos y escuchar propuestas.

El titular de la Caja insistió en que cualquier modificación será gradual y progresiva, de modo que quienes están cerca de retirarse no vean alteradas sus condiciones. “La idea es construir una ley que sea sostenible y que permita a las personas organizar su vida con previsibilidad”, indicó.También advirtió que el sistema atraviesa un momento financiero ajustado, agravado por la caída de los recursos nacionales. Según precisó, durante enero y febrero los ingresos provinciales registraron una baja cercana al 8% en comparación con el mismo período del año pasado, lo que obliga a administrar con mayor cautela los fondos disponibles.Bagnat señaló que el organismo logró prepararse para absorber unos 7.000 nuevos jubilados, pero advirtió que la disminución de recursos limita la capacidad para acompañar otras demandas, como las mejoras salariales en paritarias.En relación con la reforma previsional, uno de los ejes en análisis es la revisión de los regímenes especiales. El funcionario explicó que actualmente el promedio de aportes ronda los 26 años, mientras que la intención es avanzar hacia un mínimo de 30 años de aportes para acceder a los beneficios, con la perspectiva de llegar a 35 años en el largo plazo.Otro punto en debate es la edad jubilatoria, donde se analiza avanzar hacia criterios más cercanos a los establecidos a nivel nacional, incorporando también la discusión sobre igualdad de género. Según indicó, cualquier modificación en este sentido se aplicaría de manera paulatina y respetando las situaciones ya consolidadas.Finalmente, Bagnat subrayó que el objetivo central es fortalecer la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano, garantizando que la Caja pueda seguir cumpliendo su función en los próximos años sin comprometer el derecho a la jubilación de los trabajadores.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat afirmó que “venimos hace dos años haciendo docencia con el tema previsional porque había que explicarle muchas cosas a la sociedad para que vaya entendiendo en qué punto estamos y qué medidas son necesarias tomar. Creo que el gobernador Frigerio en eso ha sido un pionero, en tomar medidas realmente, no solo anunciarlas sino tomarlas, y en ese mismo contexto venimos trabajando hace muchos meses. Ya en la etapa que viene, que es una etapa de muy largo plazo que excede a la gestión, pero que considera el gobernador que es uno de sus objetivos dejar un sistema sustentable a largo plazo. Así que, en ese marco, y coincidiendo un poco con la lectura que hacen todos los actores involucrados en el sistema político estatal, se está llevando a cabo de esa manera, consultando, dialogando, aclarando y profundizando en determinados temas. Lo vengo haciendo yo con todos los sindicatos, la parte política viene interiorizándose absolutamente de todo, y creo que es el marco en el cual se va a dar, no en un marco de urgencia ni de emergencia, sino que en un marco realmente de reforma profunda para que el sistema pueda ser sostenible a largo plazo. Así que, todas esas explicaciones que veníamos dando, explicando qué fue lo que pasó, qué se recibió, por qué los sistemas después de 30 años entran en un desgaste muy acelerado, el desafío que tiene el Estado, la cantidad de gente en activos que se tienen que jubilar y que el sistema los tiene que poder recibir”.

En tal sentido, planteó que “ese fue el primer gran desafío que tuvimos, porque hay un montón de gente que, a la situación recibida ya preocupante, había que agregarle más peso, más presión, y por todo lo que se hizo en el 2024, todas esas medidas que se tomaron, pudimos pasar un 2025 bastante estabilizados, afrontando esos desafíos, recibiéndolos, y sin que eso repercutiera en un agravamiento sustancial de la situación. Obviamente que no alcanza para seguir, hay que adelantarse al desgaste de los próximos años, hay que hacerlo de manera consensuada y de manera muy seria y ese es el proceso en el cual estamos inmersos.  Me excede manejar los tiempos y decir si va a ser ahora, dentro de 10 días, dentro de un mes, dentro de dos meses, pero sí estamos fuertemente trabajando y reuniéndonos mucho para llegar a ese punto”.

Respecto de la preocupación por el 82% móvil, indicó que “es uno de los temas en que también estamos haciendo docencia en este momento, porque el sistema nuestro, la ley nuestra, nos lleva mucho más arriba de ese 82. O sea, cuando vamos a la hora de los números, después de muchos años, ese 82 sobre el bruto es la base, pero sigue habiendo paritarias y ajustes por adicionales que siguen pasando en activos, y la ley exige que se los traslades a pasivos, y el pasivo al otro día ser jubilado deja de aportar, empieza a igualar y a pasar ese líquido que cobra cuando es activo”.

Ejemplificó que “si hoy alguien cobra 100 como activo, mañana se jubila, cobra 82. Al año siguiente dan 10 pesos de aumento, y sobre los 110 el trabajador activo sigue pagando el aporte, 19 puntos, pero el pasivo no lo sigue pagando. Entonces, proporcionalmente empieza a crecer mucho más la jubilación que, cuando ves hoy el promedio de la jubilación contra el promedio de cuánto cobra el mismo en activo, ya la jubilación es superior al 100%”.

Aclaró que “sobre esto se está explicando, para ver cómo se distorsiona el haber, qué se puede incluir y qué no en una reforma, si podemos seguir trasladando cosas sobre las cuales no aportaste. O sea, vos te jubilaste y dentro de cinco años hay un adicional nuevo que no estaba cuando vos eras activo y no aportaste sobre ese adicional, pero al adicional después te lo tengo que trasladar a vos, hay que ver si el sistema lo puede sostener o no”.

“El límite es que no nos da lo mismo que el déficit sea 40.000 millones por mes a que sea 80.000. Entonces, el límite es poder contarle a la sociedad bien cuánto es el déficit y que sea un déficit tolerable, no algo desbocado que te impide tener otras prioridades también en el gobierno, como son obra pública y montones de cosas. Entonces, ese es un poco del lado que estamos todos hoy, que estamos todos preocupados por eso y tenemos que ponernos a discutir seriamente. Por ejemplo, de 110 sistemas previsionales en las edades estamos 94 en los hombres y fuera de rango en las mujeres, ahí hay que decidir si se puede seguir sosteniendo eso, dando ese hándicap. Esos son los debates que tenemos que tener, que van a hacer que el sistema se vaya amortiguando y suavizando en el mediano y largo plazo y vaya empezando a observar toda esa cantidad de activos que hay y que se van a jubilar”, planteó.

Advirtió asimismo que “una característica muy importante de esta gestión es hacer cosas que estén bien hechas y que después no sean judicializables y llenemos de juicios al Estado, y también a una ley hay que implementarla y necesita muchísimas resoluciones. Por eso acá lo que se trata es de dar pasos sólidos, que no tengan una visión de corto plazo, de política, sino de largo plazo, y eso implica que el sistema se sostenga y sea sostenible. Entonces, creo que por ahí pasa, determinar cuáles son los principales vectores, obviamente el cálculo del haber inicial se va a defender, la movilidad posterior es otro de los vectores, las edades, las pensiones, los regímenes especiales”.

Puntualmente sobre regímenes especiales advirtió que “es muy distorsivo porque son edades muy tempranas donde la persona que tiene una expectativa de vida hoy mucho más larga deja de aportar muchísimos años antes, entonces es un tema de debate decidir cuántos años realmente el sistema necesita que uno siga aportando, más allá de que se pueda jubilar o no”. Por eso “esa cláusula que tiene la ley actual, que se ejecutó a través del decreto, de cobrarle 3% a los que ya estaban jubilados pero que no tenían la edad de la jubilación ordinaria, son cosas que por algo están pensadas para no desbalancear el sistema, para no sacarle fondos que se necesitan para poder pagar todos los meses, como se está pagando. Porque también hay que decir que, a pesar de toda la situación difícil y de la mayor cantidad de jubilados que hay, el cronograma se cumple a rajatabla, el aguinaldo se pagó en tiempo y forma, se está pagando bien, no hay reclamos. Entonces, fueron dos años difíciles, pero que sirvieron para ver lo importante”.

“Hoy creo que están todos mucho más permeables a debatir el tema de las edades, a debatir el tema de la movilidad en un Estado tan descentralizado que tenemos y que genera decenas de paritarias por fuera del escalafón general y de adicionales y de cosas que después terminan impactando en los jubilados, y están todos mucho más conscientes de que hay que ser más cautos y que cada decisión que se toma después hay que trasladarla a los jubilados y hay que poder pagarles. En ese plano de diálogo estamos hoy, que es mucho más profundo y más parejo que cuando arrancamos. Creo que es el mecanismo y la forma correcta. Creo que el gobernador, que es el que está liderando todo esto con la iniciativa, está respetando eso y lo está planteando así, y hay muchas reuniones que están sucediendo en la cual todos los que van a formar parte de esa toma de decisiones están participando y no es que se van a enterar por la prensa un día de un proyecto”, sentenció.

En este marco, el funcionario confirmó que “estamos en el proceso” de elaboración de un borrador del proyecto. “Se están terminando de consultar y de definir las cosas más importantes. Hay que ver la composición de la pirámide poblacional de activos, cuántos se van a ir jubilando de acá a tantos años, qué edades tienen, y en función de esos números, después hay que tomar la decisión de corte y decir cómo se va a hacer y la gradualidad con la que se va a hacer, todo en un marco donde el gobernador resalta de que no se afecten derechos adquiridos. Se está siendo muy respetuoso de todo eso, trabajando seriamente, no a las apuradas ni con urgencias. Sí el mismo gobernador lo dice que el 2026 es el año, con lo cual antes o después eso va a pasar”, aseveró.

Finalmente, consultado por los aumentos no remunerativos que dispone el gobierno provincial para los salarios estatales, Bagnat mencionó que “se está haciendo un trabajo muy importante y el gobierno tomó el año pasado una medida trascendental que fue eliminar todos esos contratos que antes aportaban al ANSES y que hoy aportan al sistema. Eso es sumamente importante y es un paso también definitivo a largo plazo. En cuanto a las medidas que tienen que ver con temas financieros de coyuntura, yo no participo de esa toma de decisiones porque tienen que ver con un contexto momentáneo de recursos, de recaudación y de paritaria de activos, pero sí uno levanta la mano y pide que se trate de que sea todo remunerativo. Hay situaciones momentáneas, trimestrales o semestrales de negociaciones paritarias, y donde se toma la mejor decisión en función de los números, pero uno siempre va a insistir en que sea todo remunerativo”.

“Yo tomo como un gran avance que han sido cientos de contratos que antes eran de obra, que tributaban con monotributo, que hoy aportan a la provincia, y eso es un avance. No es fácil cambiar una cultura de 30 años de trabajo en un año. Lleva tiempo y lo importante es ir dando pasos firmes y para adelante”, concluyó. (Análisis)

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat explicó que “por balance aprobado por la Caja y por Contaduría de la provincia, en 2023 la Caja le pidió 124.000 millones al Tesoro provincial para terminar de pagar todo y eso, contablemente, lo ven como déficit. El mismo documento de 2024 dio 201.000 millones a lo cual hay que restarle 26.000 millones que son imputables al ejercicio 2024 que se consiguió de Anses, con lo cual estaríamos en 175.000 millones. Si llevamos los 124.000 sólo por la paritaria y no le agregamos todo el peso adicional que el sistema agrega naturalmente, esos 124.000 se hubieran transformado en 275.000 millones, con lo cual a números grandes y con tres asientos contables, vemos que en el 2024 si no se hubiera hecho todo lo que se hizo se hubieran gastado casi 100.000 millones de pesos más, que es casi la mitad de lo que se terminó gastando”.

“Más allá de los porcentajes que van variando, en 13 meses hemos jubilado 5.000 personas lo que ha dado un crecimiento vegetativo de 2.500 jubilados más, con lo cual a toda esa situación inicial heredada había que agregarle este desgaste que iba a tener, que es contra lo que luchamos en el tiempo; esta carga de masa de jubilados que aumenta ejerce una presión muy importante porque se deteriora la ecuación activo-pasivo. En una cuenta rápida, en tres asientos contables, operativamente hemos normalizado todo lo que afecta a la movilidad que no se ve, porque el 82% es la foto del día que te jubilás pero hay que agregarle las paritarias, y hay una movilidad muy grande que es todo lo que está por debajo del 82, porque hay muchísimos escalafones que tienen vida propia, que no dependen del gobierno central y que otorgan categorías, adicionales, antigüedad y todo cae después en los jubilados. Contra todo eso uno combate este desgaste y preparamos el sistema para poder absorber, porque esa transición no era sólo de muchos años de gestión sino también que se iban a tener que absorber de golpe, pro cambio de gobierno, muchísimas cosas que se venían acumulando. Creo que gran parte del mérito pasó por ordenarnos para poder absorberlo para que eso no impactara negativamente y siguiera subiendo el déficit”, evaluó.

En cuanto a las gestiones con el gobierno nacional, admitió que “es un trabajo que está llevando mucho tiempo porque era un mecanismo que estaba oxidado, que no se estaba usando, con datos del 2017 que había que recomponer porque todo lo que se había firmado era con números teóricos y cuando vino la auditoría y hubo que pasar a números reales había mucha diferencia entre lo que se suponía que eran los números y lo que realmente era. Eso nos llevó todo el año pasado, y como síntoma de que hemos hecho bien las cosas, somos la única provincia que firmó y recibió fondos de Anses, ya vamos por la sexta cuota de ese convenio sobre 2024. El viernes estuvimos en Anses y nos pusimos como fecha el mes de mayo para cerrar un documento que nos permita también firmar por el 2025. Vamos paso a paso”.Específicamente sobre el reclamo de la provincia ante la Corte Suprema, indicó que “se contrató una auditoría externa para presentar en el expediente, porque Anses es el técnico de parte de Nación y como provincia necesitábamos tener un técnico de parte nuestra para presentar nuestros números y que eso ayude a apuntar a lo que queremos que es una conciliación con Nación para tratar de definir lo de la deuda. Estamos trabajando en todos esos frentes sin descanso”.En este marco, Bagnat sostuvo que el aumento de los aportes a los trabajadores y jubilados “fue sumamente importante y contundente porque hemos generado una nueva línea de recursos que nos ha permitido ir fraccionando todo ese peso que había. Si teníamos que agregarle compromisos nuevos al sistema, un peso adicional que iba a subir el déficit, por 10.000 millones, y sabíamos que todos los meses nos iban a entrar adicionalmente 2.000 millones, la otra tarea grande que hicimos fue sentarnos con los gremios y con los jubilados para explicarles esto y esos 10.000 millones trasladarlos en cinco meses para pagar los 2.000 por mes con recursos genuinos. Con esto no le subíamos la fibra al sistema, porque el sistema previsional es muy rígido a la baja y una vez que uno sube al escalón de arriba ya no baja porque son compromisos que se sostienen y que incluso aumentan”.En tal sentido, resumió que “gran parte de ese éxito fue hacer este diagnóstico temprano, explicar los números, transparentar todo para que se entendiera esto y con recursos nuevos, recursos de trabajo, propios, empezar a programar esos pagos y hemos terminado un 2024 casi todo normalizado y en estos meses que van del 2025 estamos terminando de ponernos al día con algunas cosas, que no generaron ni conflictos ni judicializaciones, lo que habla de lo importante que ha sido la interacción con los trabajadores, los gremios, los jubilados, que han entendido esto y en conjunto, con los tres puntos de aporte lo hemos llevado a este lugar de más tranquilidad”.Consultado por una resolución que afecta a los docentes, explicitó que “la 2.168, como otras tantas resoluciones, son las que nos han permitido cuidar el 82% y ponerle un límite. Antes había como una inercia a que todo este tipo de resoluciones iban en contra del sistema y de la Caja, y nosotros hemos plantado para defender lo que consideramos que es esencial y no se puede tocar. Hubo muchísimos trámites menos de gente que le iba a llegar la 2168, es decir que se iba a jubilar, pero iba a cobrar nada más que las horas docentes hasta la edad ordinaria. Eso está funcionando, con los docentes quedó debidamente aclarada la situación y no tenemos ningún tipo de inconvenientes”.“Como esas resoluciones hay muchísimas más, nosotros estamos permanentemente dando respuesta a presentaciones que tienen que ver con esta forma que hemos decidido sostener que es cuidar la Caja, que sigue estando en déficit y lo seguirá estando, tiene que poder responder en la medida en que sea razonable y siempre cumpliendo con la ley, pero tenemos esta movilidad sumergida que constantemente nos está llevando al terreno difícil donde nos plantamos y la defendemos con resoluciones. Y hasta ahora vamos bien”, valoró.Respecto de la denuncia de ANALISIS por personas que cobraban jubilaciones indebidamente al tener otro ingreso incompatible, Bagnat planteó que “hubo un primer periodo que fue más contundente donde encontramos una modalidad de contratación que no estaba contemplada en la ley 8732 y nosotros la cortamos. Este periodo ahora es un mes a mes donde se va peinando la base y seguir detectando nuevos casos o algún caso que se puede escapar, pero el resto de los que se detectaron se le suspendió, se le practicó la deuda y se inició el proceso de cobro. En los casos en que es un beneficio que se va a restituir hay de dónde cobrarse, en los casos de que sean beneficios que no se van a restituir hay que agotar las instancias para tratar de cobrar la deuda que se generó con el Estado. Muchas veces está el derecho a réplica, hubo situaciones que necesitaron ampliar la información porque era confusa, algunos a favor de la Caja y otros a favor del beneficiario. Son modalidades que hoy ya se sabe que no se pueden hacer y no se hacen, con lo cual, si alguien entra en incompatibilidad, sea del signo político que sea, sabe que se le suspende el beneficio”.En cuanto al tiempo en que se inicia y finaliza un trámite jubilatorio, el funcionario apuntó: “Justamente días pasados lanzamos algo que es de esas cosas lindas que uno va a dejar en su paso por la Caja, que es la orden de mérito. Hoy cuando un expediente entra a despacho, el sistema le asigna un número y el presidente solo firma los primeros que están por antigüedad en ese orden, se terminaron los pedidos especiales una vez que están en despacho. Tenemos un video y un reel que le enviamos a todas las personas que nos llaman porque nos conocen o por el rol que cumplen en la sociedad pidiendo por tal expediente, y uno le pide que tengan paciencia, que el gran objetivo es que una vez que entra a despacho, el horizonte de firma no sea de más de 30 días”.“Cada expediente tiene un número y si entran todos los días pueden ver cómo va avanzando y lo único que pedimos en despacho es que nos traigan los primeros 20, 25 por orden para firmar, y así estamos trabajando. En cualquier provincia se sabe que en la administración pública la lista vip a veces es más larga que la común y los recomendados siempre son más, los que buscan a alguien conocido para que le saquen rápido el expediente. Es una decisión muy importante que anunció el secretario General de la Gobernación hace unos días y los primeros que tenemos que dejar de usar eso somos el gobierno de turno, así que me he puesto firme en que se firme cada expediente por orden y creo que con el tiempo va a ser muy valorada esta forma de trabajo”, concluyó. 

�SComo bloque hemos apoyado por unanimidad ambos proyectos. Hemos trabajado en forma permanente con todos los sectores involucrados. Hay que recordar que, durante esta pandemia, siete enfermeros y enfermeras de nuestra provincia dieron su vida en cumplimiento de su deber, por eso esta media sanción es el mejor homenaje que le podemos dar.

Queda agradecer la vehemencia y trabajo que pusieron los profesionales de la salud para este proyecto. Sin dudas es una conquista muy importante para el sector.

Fue un trabajo que contó con la consulta permanente de todos los sectores involucrados, todos fueron escuchados.

Si bien, coincidimos que será necesario del trabajo y la reglamentación a futuro, doy fe de que cuenta con el absoluto consenso⬝, destacó el senador por el departamento Victoria, Gastón Bagnat (JxC).

Lo mismo destacó con el proyecto sobre el Régimen de Prevención de las Violencias de Género. �SEstamos conformes de que estos primeros pasos en política de género y paridad que estamos dando y que se haya tratado este tema con la seriedad y profundidad que se merece.

En los municipios se está capacitado en política de género y violencia; lo que demuestra que es el camino que reafirma que es una política modular y central, que también marcará nuestro paso por este Senado⬝, destacó el legislador victoriense.

El bloque de Juntos por el Cambio, que integran los senadores: Francisco Morchio (Gualeguay), Rubén Dal Molín (Federación), Omar Migueles (Tala) y Bagnat, acompañó con su voto ambas iniciativas.

El proyecto de declaración, que fue ingresado el miércoles, contó con la adhesión de Francisco Morchio (Gualeguay), Rubén Dal Molin (Federación) y Omar Migueles (Tala).

En los fundamentos el legislador por el departamento Victoria, indicó: "Tanto los materiales, clases de apoyo, clases de idioma, transporte escolar y transporte de pasajeros por automotor y ferroviario desde y hacia las instituciones educativas, residencias universitarias, comedores escolares, indumentaria escolar, cuotas de cooperadoras y de las instituciones educativas y matrículas, deben poder deducirse en la declaración jurada de dicho impuesto.

����Hace varios años que se pone en discusión que la educación no pague impuesto a las ganancias. Argentina es el único país de América Latina que no descuenta del impuesto a las Ganancias los gastos en educación.

�SLa educación es una inversión, no un gasto, y los sistemas tributarios regresivos como el nuestro perjudican básicamente a la clase media trabajadora⬝, enfatizó Bagnat.

El senador recordó que �Sestá comprobado que a medida que una persona se capacita más, también esa persona tributa más. Es decir, que más educación hoy significa más recaudación impositiva mañana.

����El Estado que hoy cobraría menos por ganancias después recaudaría más, además de los beneficios y efectos adicionales que implica una sociedad con mayor nivel de instrucción y formación.

�SEn Argentina la educación universitaria genera retornos públicos del orden del 12,4% per cápita. Si contabilizamos los retornos fiscales que el Estado tendrá por cada individuo con título universitario a lo largo de toda su vida, el valor presente de esa recaudación extra sería de $10 millones per cápita⬝, acotó.

En los fundamentos, el senador por el Bloque de Juntos por el Cambio explicó que su iniciativa tiene por objetivo establecer un marco normativo específico e integral protectorio de niños, niñas y adolescentes con cáncer. �SEl programa provincial de Oncopediatría, funcionará en la órbita conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, además de prevenir y diagnosticar en forma precoz la enfermedad, también establece prestaciones mínimas, básicas, de tratamiento y rehabilitación, educativas y asistenciales y complementarias, las cuales asistirán a los y las pacientes oncológicos/as y a sus familias, sobre la base del respeto a la igualdad de derechos y de acceso a la salud⬝, indicó.

Bagnat indicó en el proyecto que es alarmante la desigualdad de situaciones que se registra en cada jurisdicción del país frente a la detección precoz, tratamiento eficaz e idóneo de los y las pacientes oncopediátricos/as, el acompañamiento que deben tener y sus familias y la protección de su calidad de vida. �SEs en este marco que los niños y las niñas con diagnóstico de cáncer no tienen las mismas posibilidades en todo el país de gozar de la máxima calidad de vida posible y en muchos casos tampoco de recibir la asistencia adecuada en tiempo y forma que les permita diagnosticar y tratar de la mejor manera a la enfermedad para poder recuperarse⬝, indicó.

Lo que dice el proyecto

ARTÍCULO 1.- Créase el Programa Provincial de Oncopediatría, que funcionará en la órbita conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia o los organismos que en su futuro los reemplacen, con el objeto de prevenir y diagnosticar de forma precoz enfermedades oncológicas en niños, niñas y adolescentes y brindarles atención integral basada en la persona, para garantizar el más alto nivel de vida posible a los y las pacientes y a sus familias. 

ARTÍCULO 2.- Son objetivos del Programa Provincial de Oncopediatría:

A.   Reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables para el cáncer.

B.   Mejorar el diagnóstico temprano y calidad de la atención.

C.  Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

D.  Garantizar la generación, disponibilidad y uso de conocimiento e información para la toma de decisiones.

E.   Fortalecer la gestión del recurso humano para el control del cáncer.

F.   Asegurar cuidados paliativos.

ARTÍCULO 3.- La presente ley es de orden público y se basa en la Convención de Derechos del Niño y la Niña, la Ley 26.061 de protección integral de la niñez y en el interés superior del niño y la niña. 

ARTÍCULO 4.- A los efectos de la presente Ley, se considera paciente oncopediátrico/a a toda persona de hasta dieciocho (18) años de edad inclusive, que padezca cáncer en cualquiera de sus tipos, y que se encuentre debidamente certificado por el o la profesional tratante.

ARTÍCULO 5.- Será obligación del o de la profesional tratante, realizar la notificación del diagnóstico de cáncer, así como también del alta del o de la paciente al Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA) sin dilaciones.

Siempre que se brinden datos personales o sensibles de los/as pacientes oncopediátricos/as se realizará con la debida protección a la privacidad e intimidad de los/las mismos/as de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 25.326, la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. 

Todos/as los/as pacientes oncopediátricos/as registrados/as gozarán del Certificado �anico de Oncopediatría (CUO) el que será otorgado gratuitamente con un plazo máximo de quince (15) días a partir de la notificación al Registro.

ARTÍCULO 6.- Todas las personas que gocen del Certificado �anico Oncopediátrico, tendrán acceso sin restricciones y en pie de igualdad a las siguientes prestaciones: 

A. Prestaciones básicas:  

1. Prestaciones de tratamiento y rehabilitación: Se entiende por prestaciones de tratamiento y rehabilitación a aquellas que, mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la recuperación y la disminución de la morbimortalidad de los/as pacientes, utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios. Se incluye:

-  Acceso a todos los medicamentos específicos oncológicos, medicación de profilaxis y no específicos.

-  Estudios diagnósticos y controles médicos clínicos y oncológicos periódicos adecuados y suficientes.

-  Cirugías, dispositivos médicos y prótesis.

-  Prestaciones de fisioterapia para la recuperación de la óptima movilidad muscular y capacidad respiratoria.

-  Acceso a sillas de rueda, muletas o cualquier otro instrumento necesario para la rehabilitación del o de la paciente de acuerdo al tratamiento indicado por el/la profesional tratante.

-  Estimulación temprana para promover y favorecer el desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del o de la paciente.

2.    Prestaciones educativas: Se entiende por prestaciones educativas a aquellas que desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un período y un lugar predeterminado compatible con los tiempos de tratamientos médicos e implementarlas según los requerimientos de cada paciente, en virtud de la Ley 26.206 de Educación Nacional.

3.     Prestaciones asistenciales: Se entiende por prestaciones asistenciales a aquellas que tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales para una vida de calidad del o de la paciente oncopediátrico/a y su familia según el tipo de cáncer y el tratamiento en curso. Se incluye:

-  Asistencia y acompañamiento psicológico sistemático del o de la paciente. 

-  Asesoramiento y control nutricional continuo

La asistencia y acompañamiento psicológico se extenderá también a la familia del o de la paciente, incluso durante el momento del duelo.

B. Prestaciones complementarias:

1. Cobertura de transporte público para el traslado del o de la paciente y 2 personas acompañantes a efectores y prestadores de salud y a su domicilio.

1.  Cobertura de transporte privado y adecuado y/o ambulancia para trasladar al o a la paciente y a los/las acompañantes a efectores y prestadores de salud y a su domicilio en caso de pacientes neutropénicos/as.

2.  Cobertura del servicio de sepelio en la provincia.

3.  Cobertura de servicios públicos de agua, electricidad y gas.

Los servicios y prestaciones desarrolladas en el presente artículo al solo efecto enunciativo, integrarán las prestaciones que deberán brindarse a favor de los/las pacientes ocopediátricos/as y sus familias o personas que los/las tengan a su cuidado, pudiendo ser ampliadas por la reglamentación.

ARTÍCULO 7.- El Programa Provincial de Oncopediatría debe garantizar al o la paciente y su núcleo familiar, el acceso a una vivienda digna y cercana al lugar de tratamiento con las condiciones edilicias y de seguridad sanitaria idóneas para constituir un hábitat propicio durante el tratamiento, incluyéndose la cobertura de gastos de alquiler, en el caso de residan a más de 100 kilómetros de distancia del efector de salud. 

Asimismo, debe garantizar vivienda digna con las mismas condiciones indicadas en el párrafo anterior, para el o la paciente que resida a menos de 100 kilómetros del efector de salud, incluyéndose la cobertura de refacción de vivienda y gastos de alquiler hasta que se concluya la misma. 

ARTÍCULO 8.- Será Autoridad de Aplicación la que determine el Poder Ejecutivo Provincial. 

ARTÍCULO 9.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

A.   Realizar campañas de información, capacitación y sensibilización por medios masivos de comunicación y redes sociales sobre detección precoz de patologías oncológicas en niños, niñas y adolescentes y la estimulación temprana integral.

B.   Realizar campañas de información y sensibilización en medios masivos de comunicación y redes sociales sobre la importancia de la donación de sangre y médula ósea.

C.   Realizar campañas de donación voluntaria de sangre y médula ósea en el territorio y los efectores de salud.

D.   Procesar y analizar la información del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino a los fines de fortalecer las políticas públicas de salud oncológica infantil y adolescente.

E.   Realizar seguimiento oportuno y adecuado y monitoreo de adherencia a tratamientos y calidad de atención de los/as pacientes oncopediátricos/as.

F.   Organizar la atención oncopediátrica teniendo en cuenta la accesibilidad geográfica, el grado de complejidad de la patología, y los resultados institucionales.

G.  Fomentar las investigaciones epidemiológicas sobre el cáncer infantil.

H.   Gestionar el funcionamiento de la red de centros oncológicos que atienden pacientes oncopediátricos/as a nivel provincial.

I.      Controlar el cumplimiento de la presente ley y establecer los mecanismos de sanciones para los efectores de salud, profesionales de la salud y laboratorios incumplidores.

J.    Articular la capacitación de los equipos de salud a través del Programa de Capacitación de Recursos Humanos en Cáncer.

K.   Proveer a la autonomía, el autocuidado y el desarrollo óptimo e integral de pacientes oncopediátricos/as.

L.    Coadyuvar con las máximas autoridades de salud las distintas jurisdicciones en la elaboración de políticas públicas de abordaje de enfermedades oncológicas en niños, niñas y adolescentes.

ARTÍCULO 10.- Establécese una licencia laboral especial remunerada para trabajadores y trabajadoras públicos/as en relación de dependencia, con contratos de locación de servicios, prestaciones, residencias, pasantías o cualquier otra modalidad de trabajo, formación o capacitación remunerada, de hasta ciento ochenta (180) días al año, la cual será solicitada por el/la profesional tratante de acuerdo al tratamiento necesario del/la paciente y que podrá ser renovada en caso de ser necesario, con el mismo recaudo.

ARTÍCULO 11.- Las obras sociales comprendidas en la Ley Nacional 23.660 y las prepagas comprendidas en la Ley Nacional 26.682, deberán cumplir con la totalidad de las prestaciones previstas en la presente ley con una cobertura al 100% respecto de sus afiliados/as.

En el caso de solicitud de estudios o tratamientos de urgencia, los mismos deberán ser autorizados en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas desde la solicitud y ejecutados en un plazo no mayor a siete (7) días.  

ARTÍCULO 12.- La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.