La diputada nacional Blanca Osuna –de Unión por la Patria (UP) Entre Ríos-, presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto Nº 446/2025 —impulsado por el Gobierno nacional— que desreguló el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas, eliminando los precios de referencia y reduciendo la intervención del Estado a funciones de seguridad. En su lugar, la iniciativa propone declarar a la comercialización de GLP como servicio público, restaurando el rol del Estado como regulador, fijador de precios y garante del acceso en condiciones justas para los sectores más vulnerables.“Esta medida del Ejecutivo deja completamente desprotegidos a millones de argentinos que dependen del gas envasado para cocinar o calefaccionarse”, advirtió Osuna en manifestaciones que publicó el portal de noticias legislativas Parlamentario. La entrerriana también cuestionó que el decreto fue dictado “en plena ola de frío y crisis de gas”.El proyecto no solo propone derogar el decreto vigente desde el 3 de julio pasado, sino también modificar la Ley 26.020, vigente desde 2006, incorporando el artículo 5° BIS, que establece como servicio público la comercialización al consumidor final de garrafas de 10, 12, 15, 30 y 45 kilos.

Un servicio público esencialLa iniciativa pone el foco en el rol social que cumple el GLP envasado para millones de hogares, particularmente aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural. Según datos del Censo 2022, el 41,6% de los hogares argentinos utiliza garrafas para cocinar o calefaccionar. En provincias como Entre Ríos —de donde es oriunda la autora— sólo el 30% de la población tiene acceso a gas por red.“Estamos hablando de un servicio esencial para garantizar una vida digna. Por eso es el Estado quien debe regularlo, no el mercado”, sostuvo Osuna. Y recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga a las autoridades a proteger los derechos de los consumidores y usuarios, “garantizando la calidad y eficiencia de los servicios públicos, así como su acceso en condiciones de equidad y a precios justos”.El Decreto 446/2025, promovido por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, suprimió el artículo 34 de la ley vigente, que establecía precios de referencia para el uso domiciliario del GLP, y eliminó toda fijación estatal de precios para la comercialización de garrafas.Para Osuna, este tipo de medidas “responde a una lógica de libertad de mercado que no contempla las necesidades sociales”, y representa una regresión en términos de derechos adquiridos. “En nombre de la libertad contractual, se habilita un aumento descontrolado de precios que castiga a quienes más lo necesitan”, agregó.En la misma línea, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación deberá fijar precios máximos para la venta minorista de garrafas, tomando como base los valores vigentes al momento de la sanción de la ley y ajustándose según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.Educación, control y participación ciudadanaAdemás de establecer un precio justo, el proyecto incorpora nuevas funciones al artículo 7 de la Ley 26.020, entre ellas:-Garantizar la publicidad de los precios al público,-Promover programas de educación para el consumo eficiente de GLP,-Establecer protocolos de control estatal para la comercialización y almacenamiento seguro de garrafas.También obliga a la autoridad de aplicación a realizar audiencias públicas o consultas populares, no vinculantes, que permitan escuchar la voz de los consumidores antes de establecer los precios máximos.El proyecto se basa en antecedentes como el Programa Hogar, implementado desde 2015 para subsidiar el consumo de GLP en sectores vulnerables, y en el marco legal provisto por la Ley 26.020, que creó un fondo fiduciario para fomentar la expansión de redes de gas y permitir el acceso a una energía vital.A su vez, Osuna cita al jurista Darcy y al especialista Raúl Bertero para defender la noción de que ciertos servicios públicos —aun cuando sean prestados por privados— deben mantener la regulación estatal como garantía de acceso universal, continuo y económico.El proyecto, que lleva también las firmas de las diputadas Nancy Sand y Andrea Freites, y de los diputados Jorge Neri Araujo Hernández y Jorge Ricardo Herrera, deberá sortear un escenario legislativo complejo, con un oficialismo que defiende la desregulación como política de Estado.“No puede haber libertad real cuando el acceso a servicios esenciales como el gas se convierte en un lujo”, concluyó Osuna, en defensa de una iniciativa que busca reinstalar el rol del Estado como garante del derecho a la energía para todos los argentinos. 

La normativa, que desregula el mercado de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), restringe la tarea de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación “exclusivamente a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad correspondientes”.En este sentido, dispone que dicha labor se debe desempeñar “sin interferir en aspectos operativos que competen al funcionamiento del mercado, evitando intervenir en decisiones vinculadas a precios, oferta y demanda, las cuales deben quedar regidas por el funcionamiento libre y competitivo del mercado, que constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y promover el desarrollo del sector”.Al fundamentar la decisión, el Ejecutivo expuso en el texto oficial que “el régimen vigente otorga un rol protagónico a la autoridad de aplicación en materia de regulación económica, técnica y operativa, lo que ha generado en muchos casos sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactan negativamente en los precios al consumidor”.Asimismo, consideró que “el sector privado es el principal interesado en expandir la producción, el fraccionamiento y la comercialización de GLP, y posee la capacidad para mejorar la calidad del servicio, diversificar la oferta y optimizar la operación de la industria, incluyendo los mecanismos de canje de envases, contribuyendo de ese modo a garantizar el abastecimiento interno de GLP al menor costo posible para los consumidores”.Con la mencionada premisa, el decreto determinó que a partir de ahora se elimina la obligación de obtener autorización previa de la Secretaría de Energía para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes.Al respecto, precisó que “sólo resultaría suficiente que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación para poder operar en los distintos segmentos de la industria, sin necesidad de una autorización previa por parte de la Autoridad de Aplicación”.De esta manera, estipuló que “bastará con que, dentro de un plazo acotado y previo al inicio de sus operaciones, modificaciones o renovaciones, se presente la documentación pertinente”. Posteriormente Energía podrá constatar la información y el silencio administrativo será considerado positivo dentro de los diez días hábiles.Al mismo tiempo, también se flexibiliza el régimen de marcas y envases, permitiendo que los fraccionadores envasen GLP de cualquier productor, comercializador o importador, y que puedan hacerlo para más de una marca o leyenda. El uso de envases de otras marcas podrá acordarse libremente entre fraccionadores mediante contratos bilaterales.Además, se establece la obligación de recibir envases de cualquier marca o leyenda y se crea un parque de envases de uso común, cuyo objetivo es “asegurar el acceso a envases por parte de aquellas firmas fraccionadoras que, cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar los envases identificados con su marca o leyenda”.Por otra parte, el Gobierno autorizó la importación libre de gas licuado de petróleo  sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de aprobación previa. Las exportaciones, en tanto, serán permitidas siempre que esté garantizado el volumen de abastecimiento del mercado interno.Al argumentar las modificaciones en la regulación, el decreto argumentó que son “con el fin de adecuar sus disposiciones a una realidad operativa y productiva dinámica, promoviendo una regulación moderna, eficiente y orientada al desarrollo del sector de GLP”. NA.

El Gobierno liberó este viernes los precios en el mercado de Gas Natural Licuado de Petróleo (GLP) y desde ahora las garrafas tendrán precios de referencia pero no podrán superar los valores internacionales. En la industria anticiparon que la decisión implicará futuros aumentos para los usuarios de este combustible. Seguirán vigentes los subsidios del Programa Hogar para sectores vulnerables que no cuentan con acceso a la red de gas natural.Las medidas fueron oficializadas a través de la Resolución 15/2025 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial. Lleva la firma de la titular de la dependencia, María Tettamanti.“Esta medida abre una nueva era en el mercado del GLP, con reglas claras y libertad para competir. A partir de ahora se reflejarán los costos competitivos en todas las etapas del proceso; habrá precios determinados por la oferta y la demanda; se fomentará la competencia, incentivando a los actores del mercado a mejorar continuamente; y se eliminarán barreras artificiales para así facilitar el acceso a este combustible en todas las regiones del país”, afirmó Energía a través de un comunicado.Desde el sector indicaron que la medida implicará en un incremento en los precios de las garrafas, que se sumará a los que hubo en diciembre. Energía definió el mes pasado un incremento de $8.500 a $11.500 para el precio de referencia de los envases de 10 kilogramos, el más utilizado. Alguien que conoce la industria indicó que en el corto plazo podría saltar a entre $14.000 y $16.000 para los 10 kilogramos, un salto acumulado de al menos 60% en dos meses. Otra fuente proyecto que había un incremento más leve, del 10 por ciento.La Resolución 15/2025 elimina los Precios Máximos al derogar la Resolución 70/2015, que establecía ese valor para fraccionadores y distribuidores de GLP, particularmente para garrafas de 10, 12 y 15 kg. Asimismo, fijó Precios de Referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kg, los cuales serán publicados en la página web del Ministerio de Economía.La norma aclara que estos precios son una guía para el mercado, pero no son obligatorios. Sin embargo también consigna que “no deberá superar el precio de paridad de exportación (PPE)”, es decir, los valores internacionales.A su vez, se elimina la regulación sobre la asignación de bocas de carga a los fraccionadores. Estos podrán acordar libremente el acceso a las mismas. También se eliminó la asignación de aportes a productores y cupos a fraccionadores. De esta forma se busca que los recursos se asignen según las dinámicas del mercado.Con respecto al Programa Hogar mantendrá subsidios directos a hogares de bajos recursos que no tienen acceso a gas por redes y el compromiso de abastecimiento por parte de los productores.Las subvenciones serán otorgados a titulares de hogares de bajos recursos o viviendas de uso social o comunitario que no estén abastecidos por el servicio de gas por redes. La Secretaría de Energía realizará un seguimiento, control y fiscalización de los sujetos activos de la industria del GLP, con la facultad de sancionar en caso de incumplimiento.“El presidente Javier Milei mantuvo congelado ese subsidio desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2023, pese a que la inflación de 2024 acumuló un 117,8%. Debido a esa decisión oficial, el subsidio se licuó de manera acelerada en términos reales. En poco más de un año pasó de representar un 80% del precio de la garrafa a apenas un 15%. Además, numerosos beneficiarios denunciaron que durante el invierno no se pagó el subsidio o se pagó tarde”, aseguró el portal especializado Econojournal.

“Cuando Milei asumió el mandato, el mercado del GLP estaba marcado por una fuerte presencia estatal, con un Gobierno que imponía los precios máximos en toda la cadena: producción, fraccionamiento, distribución y comercialización. Además, los fraccionadores estaban obligados a retirar el producto en lugares determinados y los productores tenían cupos obligatorios que limitaban su capacidad operativa. De esta forma, se había generado un mercado rígido, que frenaba el desarrollo y la competitividad, provocando el encarecimiento del proceso completo de producción”, resaltó la Secretaría de Energía. NA 

El incremento aplicado a las garrafas de 10, 12 y 15 kilos comprendidas en el Programa Hogar, tanto para fraccionadores, distribuidores y la venta al público, se da por un aumento de costos en los diferentes segmentos que componen la cadena del sector.

En el texto oficial se explicó que “teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores asociados a la producción de GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista, resulta necesario actualizar los Precios de Referencia”.De esta manera, el valor de referencia que rige desde el 1 de diciembre para la garrafa de 10 kilos pasó de $ 8.500 a $ 10.500, para la de 12 kilos trepó de $10.200 a $12.400 y para la de 15 kilos escaló de $ 12.750 a $ 15.750.

Al mismo tiempo, también se fijó un aumento del 75% en el precio del butano y el propano para los productores, generando que el precio máximo de la tonelada de butano o propano se eleve de $240.000 a $420.000.Desde Energía explicaron que “esta medida tiene como principal objetivo que el precio de la garrafa refleje los costos reales del sistema, asegurando así el normal abastecimiento para todos los usuarios”. En ese sentido, precisaron que “con esta actualización, el precio se alinea en un 90% con el valor de paridad de exportación (PPE), en cumplimiento de la normativa vigente y de los principios establecidos por la Ley N° 26.020.Además, remarcaron que “el retraso acumulado en los precios del GLP en los últimos años afectó significativamente el funcionamiento del mercado, generando desequilibrios que pusieron en riesgo el abastecimiento normal de gas butano en garrafas”, por lo que “este ajuste busca subsanar esas distorsiones, promoviendo un mercado más eficiente y sostenible”. Al respecto, agregaron que “busca corregir el retraso acumulado que afectó al mercado, garantizando un abastecimiento sostenible, reduciendo la informalidad en la comercialización y fomentando inversiones privadas para mejorar la infraestructura y seguridad del sector”.Asimismo, el área que encabeza María Tettamanti sostuvo que “este cambio se enmarca en un proceso más amplio de desregulación del mercado de GLP impulsado por el Gobierno Nacional. Dicho proceso tiene como finalidad promover una mayor eficiencia económica, incrementar la competitividad entre actores privados y elevar los estándares del mercado local de GLP a niveles internacionales”.A mediados de agosto, Energía desreguló el mercado del gas envasado y eliminó los precios máximos de referencia de las garrafas al asegurar que “resulta necesario dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas a fin de continuar estableciendo únicamente ‘Precios de Referencia’, sin un tope que obstaculice la cobertura de la real variación experimentada en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”.

El Programa Hogar lo pueden solicitar todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, siempre y cuando sus ingresos sean inferiores a:2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).3 salarios mínimos si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.2,8 salarios mínimos si residen en las zonas más frías del país.4,2 salarios mínimos si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad. NA. 

Southern Energy, actualmente propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, presentaron este jueves la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto con el que prevén instalar una barcaza para producir en la Argentina Gas Natural Licuado (GNL) y exportar desde 2027 el fluido de Vaca Muerta. Se trata de una inversión estimada de USD 2.900 millones en los próximos 10 años y que llegará a USD 7.000 millones en los 20 años de vida útil esperada.Desde PAE destacaron que el proyecto cumple con las condiciones que se especifican en la Ley Bases y el decreto reglamentario 749/2024 para ser considerado como “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo”. En este sentido, indicaron, “posicionará a la Argentina como un nuevo proveedor en un mercado global en donde nuestro país aún no tiene participación y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”.La primera etapa (2025-2031) del proyecto prevé instalar un buque de licuefacción de Golar LNG, el “Hilli Episeyo”, en el Golfo de San Matías, Río Negro, para el que se necesitará un desembolso superior a los USD 1.650 millones según informó PAE. El barco tiene una capacidad de producción equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios. La segunda fase (2032-2035) prevé una ampliación y asciende a USD 1.250 millones.PAE y Golar LNG, a través de Southern Energy, se encuentran en negociaciones con compañías productoras de gas para que puedan sumarse al joint venture. Una de ellas es la petrolera estatal YPF.“De esta forma, se prevé una inversión en las dos etapas de alrededor de USD 2.900 millones. A lo largo de los 20 años de vida útil, la inversión total prevista es de casi USD 7.000 millones”, detallaron. Las firmas destacaron que las condiciones del Golfo San Matías son similares a las que existen en las cercanías de Kribi, Camerún, donde el “Hilli Episeyo” ya produjo más de 8 millones de toneladas de GNL y cargó más de 120 buques metaneros.Desde PAE resaltaron que el proyecto favorecerá la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción. En tanto en la etapa de operación, se generarán alrededor de 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Habrá una elevada participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa política para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado al país.Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, sostuvo que “el RIGI permitió fortalecer el marco regulatorio, para que sea estable y promueva la seguridad jurídica de las inversiones. Todo esto es esencial para dar señales claras a una industria que invierte sostenidamente a largo plazo y para que proyectos como el nuestro se hagan realidad”.El de GNL es el sexto proyecto ingresado al RIGI, que suma inversiones por casi USD 8.000 millones, y el segundo vinculado al sector de los hidrocarburos. Hasta el momento habían solicitado el régimen de beneficios cambiarios e impositivos que impulsó el Gobierno las mineras Minas Argentinas S.A (San Juan) con USD 1.000 millones, Galán Lithium (Catamarca) USD 200 millones, Posco (Salta) USD 1.000 millones, e YPF Luz (Mendoza) con USD 220 millones para un parque solar. El último en hacerlo había sido YPF, con su proyecto Vaca Muerta Sur por más de USD 2.500 millones.La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. Con el proyecto de PAE y Golar el país podrá ingresar al club de las naciones exportadoras de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.Por su parte, YPF planea construir una planta de licuefacción en Punta Colorada, Río Negro, para poder exportar GNL desde 2031 según el objetivo de la compañía de mayoría estatal. Infobae. 

"La situación que viven las compañías es delicada y requiere de la inmediata intervención de la Secretaría de Energía de la Nación. Vamos a solicitar la emergencia del sector y la suspensión de inversiones por un año", señaló el presidente de la entidad, Pedro Cascales.

Según el dirigente, "el año pasado fue complicado por la pandemia del Covid-19 y por el atraso en la actualización de los precios de referencia, que llevó a que la actividad de fraccionado de gas envasado esté en un contexto de déficit insostenible. Luego de los reclamos iniciados por CEGLA se consiguió que los valores se incrementen, pero no al nivel requerido para recuperar los rendimientos históricos".

Desde CEGLA se evalúa pedir la suspensión de inversiones por el plazo de un año en renovación de camiones y en la recalificación de envases garrafas y tanques a granel.

"Las empresas no pueden continuar con esta situación de quebranto operativo que pone en riesgo a una industria que requiere brindar un servicio en condiciones de calidad y seguridad", evaluó Cascales.

Y añadió: "Reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer energía segura y ecológica, pero necesitamos que sea en un marco de previsibilidad de estructura de costos".

El sector fraccionador de gas licuado da empleo directa e indirectamente a unas nueve mil personas y abastece a más de 5 millones de hogares de todo el país. (NA)