La salud de un Estado de Derecho no se mide únicamente por la vigencia formal de sus instituciones, sino por el respeto irrestricto a la pirámide jurídica que lo sostiene. Cuando las mayorías coyunturales en los órganos legislativos pretenden moldear el alcance de los preceptos constitucionales mediante normas de inferior jerarquía, nos encontramos ante un fenómeno de regresión institucional que el constitucionalismo clásico y moderno ha catalogado invariablemente como una manifiesta inconstitucionalidad por vía de desnaturalización.

Los recientes acontecimientos en la Legislatura provincial, cristalizados en la aprobación parlamentaria del Expediente N.º 29311, reactivan un debate doctrinario sustancial: los límites de la potestad reglamentaria del Estado. Bajo el pretexto de operativizar el Artículo 60 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos —cláusula incorporada por unanimidad en la histórica reforma del año 2008—, se ha consumado una restricción severa a los mecanismos de control de constitucionalidad ordinarios, erigiendo un “paraguas técnico” que busca blindar reformas legislativas de hondo impacto socioeconómico frente al legítimo reclamo judicial.

El Artículo 60 de nuestra Carta Magna provincial establece un estándar de avanzada en materia de control de constitucionalidad concentrado y difuso. Dispone con meridiana claridad que la declaración de inconstitucionalidad de una norma general provincial, dictada en forma firme por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por tres veces, produce su automática derogación en la parte afectada por el vicio. Se trata de una garantía de saneamiento del ordenamiento jurídico: si una ley lesiona la Ley Suprema tres veces, el orden constitucional exige su expulsión del sistema erga omnes, sin necesidad de obligar a cada ciudadano a litigar de manera perenne por el mismo derecho vulnerado.

Sin embargo, la reciente reglamentación introduce requisitos ausentes en el texto original de la Convención Constituyente, desvirtuando por completo su finalidad tuitiva. Al exigir que dichos pronunciamientos emanen exclusivamente del pleno del Superior Tribunal de Justicia —y no de sus salas competentes—, se burocratiza el acceso a la justicia y se dilatan los plazos procesales. Más grave aún resulta la exclusión sistemática de las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas en el marco de las acciones de amparo (reguladas bajo el prisma protector del artículo 43 de la Constitución Nacional). Obligar al justiciable a canalizar sus impugnaciones de manera exclusiva a través de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad —un proceso de conocimiento ostensiblemente más extenso y desprovisto de la urgencia inherente a la tutela de derechos alimentarios o previsionales— vacía de contenido la garantía constitucional.

Desde la cátedra universitaria y el ejercicio profesional, el análisis de esta encrucijada nos reconduce inexorablemente a una regla fundamental del derecho argentino, plasmada en el Artículo 28 de la Constitución de la Nación Argentina, el cual reza de forma categórica:Este principio de supremacía jurídica impide que la ley ordinaria o el decreto subviertan el espíritu de la norma matriz. Si la Constitución Provincial estatuyó una vía directa y unificada para la pérdida de vigencia de las leyes inconstitucionales, el poder constituido no puede, bajo la excusa de “reglamentar”, cercenar los tipos de procesos (como el amparo) de los cuales derivan tales declaraciones, ni sobrecargar la estructura interna del máximo tribunal provincial para ralentizar el efecto derogatorio.

En conclusión, nos hallamos ante un peligroso precedente de ingeniería jurídica defensiva. Cuando la reglamentación técnica se utiliza para restar “poder de fuego” a las garantías ciudadanas y gremiales, la norma reglamentaria se transforma en el principal vector de la antijuridicidad. Como ciudadanos de Concordia y la provincia, y custodios de las ciencias jurídicas, nos asiste el deber cívico y académico de señalar que la Constitución no se reglamenta para su neutralización; se reglamenta únicamente para asegurar su plena, eficaz y democrática vigencia.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) prevé acelerar su respaldo a la Argentina con “un financiamiento récord que podría superar los USD 7.200 millones en 2026", según informó la entidad a través de un comunicado.El BID prevé más de USD 5000 millones en operaciones con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por USD 550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales.La decisión del BID se conoció un día después de que el Banco Mundial confirmara que estudia aportar garantías por USD 2.000 millones para que la Argentina pueda cancelar deuda privada accediendo a una tasa de interés menor.Al mismo tiempo, BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, proyecta movilizar inversiones por alrededor de USD 2.200 millones.Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de USD 5.000 millones.Luis Caputo, Ministro de Economía, tuitea sobre el nuevo respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Argentina, que permitirá refinanciar deuda más cara por más barata, reduciendo el costo financiero. (X)“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.La aprobación final del plan de financiamiento estará a cargo de los directorios de cada uno de los organismos que integran el grupo BID.El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la decisión del BID en su cuenta de X. “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos. Gracias @igoldfajn y equipo por su apoyo”, señaló Caputo.Goldfajn respondió con un mensaje similar explicando que la entidad que preside “apoyará a Argentina con un programa récord que podría superar los USD 7.200 millones en 2026, incluyendo garantías soberanas y miles de millones para impulsar la inversión del sector privado”. El programa con el que el Grupo BID ampliará su apoyo a la Argentina durante este año “combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado”.  BID Invest priorizará operaciones para “fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas”.También apoyará “proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio”, explicó el BID. Entre las operaciones soberanas previstas, agregó el comunicado, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social. En el marco de la Reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebra en Washington, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. El encuentro se desarrolló mientras la delegación argentina busca avanzar en la obtención de garantías internacionales que permitan acceder a financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.Tras ese encuentro, el Banco Mundial confirmó las gestiones a través de un comunicado: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, dijo.“La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, agregó el comunicado oficial del organismo.El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El encuentro se desarrolló mientras la delegación argentina busca avanzar en la obtención de garantías internacionales que permitan acceder a financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.En ese marco, el Banco Mundial confirmó las gestiones a través de un comunicado: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, dijo. Infobae.

La titular del Senado se expresó en estos términos en una entrevista que publicó este lunes el diario brasileño Folha de San Pablo y que ella compartió desde sus redes. «Es evidente que va a haber una condena», sostuvo la exmandataria, y advirtió: «La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio».

Para la Vicepresidenta, «se violaron todas las garantías constitucionales» pero además «todo lo que se dijo (en la causa) era mentira». Además, señaló que un veredicto condenatorio será «una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto», CEO del Grupo Clarín.