La iniciativa dispone que “los llamados a licitación pública deberán publicarse obligatoriamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal Oficial de Contrataciones del Estado Provincial”, con el objetivo de garantizar un acceso más amplio, transparente y eficiente a la información.En ese sentido, Lena explicó que “el presente proyecto tiene por objeto adecuar el régimen de publicidad de las licitaciones públicas a los principios contemporáneos de gobierno digital, transparencia activa y eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Y agregó: “la evolución tecnológica y normativa de las últimas décadas ha consolidado la validez jurídica de los medios digitales como canales idóneos, eficaces y universalmente accesibles para la difusión de actos administrativos”.

La propuesta establece que las publicaciones deberán realizarse durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y con una anticipación mínima de diez días a la apertura de ofertas. En casos de difusión internacional, ese plazo se extenderá a 30 días. Además, cuando el monto de la licitación lo amerite, “deberá publicarse también en el Portal Nacional de Contrataciones u otros portales oficiales de alcance nacional”.Sobre el rol de las plataformas digitales, la legisladora remarcó que “los portales oficiales de contrataciones constituyen herramientas que garantizan transparencia, trazabilidad, acceso libre e igualdad de oportunidades para los potenciales oferentes”.En esa línea, el proyecto también fija requisitos para el Portal Oficial de Contrataciones, que deberá asegurar acceso libre y gratuito las 24 horas, publicación completa de pliegos y documentación, sistemas de alertas para proveedores, buscadores específicos y mecanismos de trazabilidad de consultas y descargas, además de condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Lena subrayó que la iniciativa no implica eliminar la publicidad de los actos administrativos, sino mejorarla: “la modificación propuesta no suprime ni restringe el principio de publicidad, sino que lo fortalece, al priorizar medios que permiten mayor alcance territorial, disponibilidad continua, igualdad de acceso y reducción de costos”.Finalmente, la diputada destacó que “la iniciativa se enmarca en una política de modernización administrativa, despapelización, sostenibilidad y optimización del gasto público”, y remarcó que busca “garantizar mayor transparencia, concurrencia y eficiencia en los procesos de contratación estatal sin afectar derechos adquiridos ni principios constitucionales”.

En ese sentido se considerará “folklore” al conjunto de saberes y manifestaciones culturales tradicionales del pueblo de la Nación Argentina y de las diversas subculturas regionales que lo componen, incluyendo la música, danza, bailes, artesanías, costumbres y tradiciones orales.Designa al Consejo General de Educación para conformar una comisión, integrada por representantes del ámbito académico, expertos en folklore, docentes y autoridades quienes evaluarán el contenido y material necesario para fomentar y dar a conocer a los estudiantes.Una vez aprobada la reglamentación, se convocarán a concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir las cátedras de Folklore en los distintos niveles educativos.

FundamentosLa diputada Lena dijo que la iniciativa fue propuesta por el grupo “Sembrando Esperanza” y busca responder a la necesidad de preservar, transmitir y enseñar las diversas manifestaciones de la cultura popular argentina.Recordó que en 2007, se creó la Academia Nacional del Folklore y con el objetivo de promover su en enseñanzal y en el II Congreso Nacional de Folklore, realizado en Corrientes en 2012,  destacó la importancia de incluir el folklore en el sistema educativo, impulsando incluso una Ley.En Entre Ríos, se presentó un proyecto en el año 2015 que tramitó con número de Expte 20992 y lamentablemente no se transformó en ley por lo que es nuestra obligación como legisladores redoblar esfuerzos e incentivar a una ley provincial que otorgue derecho a recibir educación sobre el folklore“Por su parte en nuestra provincia la ley LEY Nº 9612 declaró la adhesión de Entre Ríos en todos sus términos a la Ley Nacional Nº 24.684 (Ley de tango) y a su Decreto Reglamentario Nº 627, en sus partes pertinentes, pero entendemos que la misma se restringe a lo que realmente es el folklore argentino.  La presente iniciativa propone derogar las disposiciones de esta ley, para darle un marco normativo adecuado que contemple su verdadero alcance y relevancia en la educación”, remarcó.Luego de otras consideracionesla diputada Lena sostuvo que la enseñanza del folklore “será una oportunidad para que los docentes especializados en estas áreas, tanto de instituciones públicas como privadas, validen y actualicen sus conocimientos a través de cursos o exámenes de nivelación. Esto garantizará la calidad y pertinencia de los contenidos impartidos, asegurando que los estudiantes reciban una formación integral en las distintas manifestaciones de nuestro acervo cultural”.

La novedad es que para hacerlo los legisladores se trasladarán a Concordia. El espacio legislativo conjunto se constituirá a partir de las 10 horas en el Centro de Convenciones de esa ciudad.

La iniciativa de reforma cuenta con 267 artículos y plantea una revisión integral de las distintas leyes que conforman el entramado legal electoral de la provincia. Viene siendo abordada por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Gabriela Lena, y por la de Legislación General, cuyo titular es el concordiense Marcelo López. Ambos cuentan con antecedentes sobre la materia en pasadas gestiones legislativas.

Para el martes se espera la presencia en el Centro de Convenciones de Concordia del secretario de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, Sergio Kneeteman; del actual intendente de Concordia e integrante del Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos, Francisco Azcué; de la intendenta de Paraná e integrante de la Liga de Intendentes del Partido Justicialista (PJ), Rosario Romero; del intendente de Colón e integrantes de la Liga de Intendentes Vecinalistas, José Luis Walser; y de representantes de Asociaciones intermedias, como la Asociación para el Desarrollo, el Colegio de Abogados y universidades.

El sistema electoral vigente en la provincia tiene ya 90 años. En 1933 se reformó la Constitución de la provincia de Entre Ríos y en 1934 se sancionó la ley electoral. Es hora de modernizarlo por un método más eficaz y transparente e igualitario para todas las fuerzas que organizadamente quieran competir. Ese es uno de los objetivos de la boleta única en papel, que se incluye en el proyecto.

Este es otro proyecto que marca la calidad institucional que deseamos para la provincia. Tenemos una buena base, cuando los legisladores de aquellos años elaboraron un sistema inteligente y justo que perduró a través de los años. Ahora queremos modernizarlo, evitar gastos superfluos y convertirlo en un sistema más eficaz y transparente, que pueda ser comprendido por todos los ciudadanos. 

Más adelante, la legisladora provincial expresó: “Seguramente habrá quienes piensen que no es el momento de tratar este tema, dado que estamos en una crisis sin precedentes, con salarios bajos y mucha gente que no tiene para comer. Pero creo que es precisamente ahora cuando debemos abordarlo, porque el dinero del Estado es uno solo, y nosotros queremos que se use para responder a las necesidades de la gente y no para que se lo lleven los corruptos en sus bolsillos. Por eso sabemos que este tema es muy importante. Queremos que los inescrupulosos no puedan robar los recursos de los entrerrianos ni desviar fondos destinados al desarrollo de la provincia, porque cuando ocurren estas cosas, no se pueden brindar servicios básicos a la población”, enfatizó.“Con la Ley de Ética Pública, estamos reglamentando los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución Provincial, que, inexplicablemente, nunca se habían reglamentado. Es importante precisar estas normas por escrito para evitar que queden a la libre interpretación de cada uno”, afirmó Lena.En particular, sobre la Ley de Ética Pública, especificó: “Esta ley se refiere a la cultura y a las reglas que garantizan que todos los funcionarios deben actuar en función del interés público, el cual debe ser amplio y no basado en sus propios intereses. El derecho que tienen todas las personas a ser elegidas no puede ser más importante que la necesidad de que quienes lleguen al gobierno sean los más éticos, las buenas personas. Por eso, lo que busca la Ficha Limpia es impedir que aquellos que tienen una condena doble puedan acceder a un cargo electivo que les garantice obtener fueros, o a un cargo público que les permita poner trabas en sus propios procesos judiciales”.Finalmente, Lena sostuvo: “Lo que nosotros vemos es que la causa de muchas de las dificultades que sufrimos ha sido el robo por parte de quienes estuvieron antes, así como el desprestigio de todo lo público, que se debe a la ignorancia de la ética pública. La desconfianza en el valor de la palabra también es fruto de que algunos funcionarios pudieron actuar en función de sus intereses mezquinos y no en beneficio de todos los ciudadanos”.

La iniciativa propone que los servicios de farmacia y establecimientos de salud deben suministrar los medicamentos prescriptos en cualquier formato de receta vigente, ya sea en papel, digital o electrónica.

Determina que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Modernización “coordinando su accionar con las autoridades competentes, podrá realizar convenios de colaboración y coordinación necesarios con las asociaciones, federaciones o representación médica y colegios o representantes de farmacéuticos a los efectos de hacer ejecutable el objeto previsto esta Ley”.

Asimismo, el proyecto de Ley da precisiones sobre la información que deberá constar en la receta y que “los medicamentos deben ser dispensados en cualquier farmacia del territorio provincial”.

CONTROLES

A las farmacias les corresponde llevar los siguientes registros o archivos digitales en forma legible, sin alterar el orden de las recetas despachadas y lo que establezca la autoridad de aplicación, asegurando la inalterabilidad de los registros:

Recetario; Contralor de estupefacientes; Contralor de psicotrópicos; solo prescripto por el especialista, Inspecciones;

y Otros registros o archivos digitales que la autoridad competente estime pertinentes.

Para una mejor adecuación del servicio el profesional de la salud podrá enviar en forma directa o indirecta la receta electrónica y/o digital a la farmacia convenida con el paciente.

FUNDAMENTOS

“La implementación de la receta digital y/o electrónica tiene como objetivo mejorar la calidad del cuidado de los entrerrianos, acrecentar la seguridad del paciente y simplificar los procesos administrativos”, dijo la diputada Lena en los fundamentos de su proyecto.

Y añadió: “Pretendemos que la receta electrónica y/o digital sea un aspecto que también abarque nuestro sistema. Bien sabemos que en la Pandemia, esta técnica era un recurso imperioso a la hora de no aglomerar personas y funcionaba perfecto, de tal manera que los ciudadanos pudieron adaptarse a las nuevas formas de tecnologías, por eso creemos que es necesario destacar que los avances tecnológicos que constituyan y ayuden al bienestar de nuestros ciudadanos entrerrianos, debemos asimilarlos en nuestra provincia”.

Refirió asimismo a que la utilización de este tipo de recetas “nos brinda diferentes beneficios como mayor legibilidad, una validación más segura, la posibilidad de que el médico se comunique directamente con la farmacia y se evite el ir y venir de los

pacientes por diferentes razones desde la poca legibilidad hasta la falta de producto, que implica una nueva visita al médico o al menos ir más de dos veces por la misma consulta, en este punto es indispensable poder cuidar a los adultos mayores, que a la hora de realizar este tipo de trámites les cuesta un poco más o a quienes las enfermedades los tienen sumidos en sus casas.

Finalmente, la diputada Lena, remarcó: “Los entrerrianos deben, sin dudas, gozar de este tipo de beneficios ya que nos permite la prevención de mal uso de los mismos, y nos evita el riesgo de errores de medicación, como confusiones en la dosificación o duplicación de medicamentos. Debemos tener una postura proactiva y abierta al cambio adoptando las buenas costumbres tecnológicas y dejándolas al alcance de los entrerrianos”.

La iniciativa determina como Autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo o el órgano que los sustituya, junto con el Consejo General de Educación para planificar los distintos aspectos correspondientes y desarrollar políticas públicas interinstitucionales para rescatar, documentar, digitalizar, editar, enseñar y difundir los idiomas originarios.

Refiere a que podrán firmar convenios con organismos internacionales, universidades, CONICET, e Instituciones especializadas.

Deberán proponer la conformación de un “gabinete transdisciplinario constituido por antropólogos culturales y sociales, sociólogos, etnógrafos, historiadores, lingüistas, profesores, escritores, maestros, a los efectos de actuar en forma inmediata, concurrente y coordinada en las tareas de investigación con rigor científico, que permitan el rescate, sistematización y documentación de las lenguas aludidas”. Contempla en otro aspecto la difusión por medios de comunicación, de micros o programas en horarios centrales, en los que se difundan estas lenguas.

En otro artículo faculta a la Editorial de la Provincia de Entre Ríos junto a la Imprenta Oficial, para que procedan a la impresión de dos mil ejemplares de libros y soporte digital que difundan los idiomas aludidos. Se recabará de los autores la autorización conforme a ley. Si existen, se procederá a su reimpresión, y se repartirán en las escuelas de la provincia.

También instruye al Consejo General de Educación a otorgar puntaje calificado a aquellos docentes que realicen cursos de perfeccionamiento en las lenguas charrúa y chaná y posteriormente plasmen en los educandos sus conocimientos a través de talleres y/o clases magistrales de enseñanzas de la lengua

en los establecimientos públicos y privados de enseñanza primaria, media y terciaria, como así también extensiones universitarias y Asociaciones.

Finalmente, en el último artículo de fondo, se faculta al Ministerio de Economía a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en el marco de la emergencia declarada.

RANGO CONSTITUCIONAL. Entre otros aspectos de una extensa fundamentación, la diputada Lena recordó que el artículo 33°, de la Constitución Provincial reconoce “la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios, asegura el respeto a su identidad, la recuperación y conservación de su patrimonio y herencia cultural, reconoce a los pueblos originarios el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a sus conocimientos ancestrales y producciones culturales y al efectivo respeto por sus tradiciones, creencias y formas de vida”.

Destaca luego que, según la Unesco, en los últimos 10 años han desaparecido más de 100 lenguas; otras 400 están en situación crítica, y 51 son habladas por una sola persona, la información aportada es desbastadora: cada 14 días muere un idioma. “De seguir así, la mitad de las siete mil lenguas y dialectos que se hablan hoy en el mundo se extinguirán a lo largo de este siglo, y cuando muere una lengua, no se pierden solo las palabras, sino todo el universo cultural al que daban forma”. 

“Escuchamos y recibimos las inquietudes. Acá todo se discute y lo que se puede mejorar se mejora”.

Esta semana se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento y la de Legislación General donde “se escuchó no solamente la postura del gobierno, sino, también, de los gremios y del Colegio de Abogados respecto de algunas cuestiones técnicas del proyecto de Ley de Transición de Gobierno”, indicó la legisladora a esta Agencia.

En ese marco, adelantó que “se avanzó en un posible dictamen de las comisiones para ser tratado en la próxima reunión de comisión y, luego, se llevaría al recinto el tema”.

En ese sentido, detalló que “algunos requerimientos se tuvieron en cuenta al momento de la redacción final del dictamen, sin perder el espíritu de la Ley y del objetivo que está pidiendo el gobernador Rogelio Frigerio pero, también, atendiendo algunos reclamos que eran justos de los trabajadores estatales”.

Al respecto, la diputada destacó que “es importante es que hemos escuchado, no solamente escuchado, sino también hemos recepcionado las inquietudes”, y agregó: “Es una buena práctica, y más en lo que estamos viendo, ninguna de las Leyes que manda el Ejecutivo acá son a libro cerrado. Acá todo se discute y lo que se puede mejorar se mejora”.

La iniciativa, que fue presentada en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, solicita que se designe autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

Tendrá a su cargo determinar cuáles son los edificios, obras de arte, piezas históricas, monumentos y cualquier otro patrimonio cultural, histórico y artístico de la provincia que se encuentre en riesgo y requiera con urgencia acciones de puesta en valor y preservación.

También podrá gestionar ante las áreas específicas las acciones y recursos necesarios para atender las situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias para evitar daños mayores a la vez que autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones presupuestarias para financiar las medidas que se dispongan.

El proyecto, que consta de seis artículos de fondo y uno de forma, también lleva las firmas de los diputados, Jorge Maier; Mariana Bentos; Marcelo López; María Elena Romero; Lénico Aranda, Mauro Godein; Carola Laner y Noelia Taborda.

En los fundamentos, la diputada Lena menciona que son 14 los inmuebles históricos centenarios: seis corresponden al Siglo XIX y los ocho restantes al Siglo XX.

A su vez, 11 de ellos se hallan catalogados bajo el Inventario de Patrimonio Histórico–Arquitectónico de Entre Ríos y de los cuales tres, presentan declaratoria de Monumento Histórico Nacional (Museo Molino Forclaz, Museo de Casa de Gobierno y Museo Hogar Escuela “Eva Perón”).

Consideró relevante que “preservan su arquitectura original como testimonio de épocas pasadas, ya que conforman el paisaje cultural patrimonial de la ciudad y la provincia. Dichos edificios culturales son instituciones visitadas todo el año no sólo por locales y turistas, sino por establecimientos educativos de la provincia y actualmente están en un deterioro apremiante, a su vez, que implica un riesgo inminente para sus visitantes”.

Precisó luego que de los 14 edificios sólo seis son accesibles ediliciamente: (Centro Cultural “La Vieja Usina”, Casa de la Cultura de Entre Ríos “Arq. Luis F. Enría”, Museo Molino Forclaz, Museo de Casa de Gobierno, Archivo General de Entre Ríos y Museo Hogar Escuela “Eva Perón”), incumpliendo el resto de los organismos culturales con la Ley Nacional de Accesibilidad Universal Nº 26.378/08, “razón por la cual es urgente adaptar arquitectónicamente a dicho organismos con las condiciones de accesibilidad para poder estar abiertos a la comunidad toda”, concluyó la diputada Lena.

Mientras, la diputada oficialista Gabriela Lena presentó su propio proyecto para inhabilitar a personas que tengan problemas con la ley.

El Gobierno pondrá en marcha la preparación de leyes para transparentar la administración pública. Sobre la mesa de trabajo estarán las carpetas para definir la ley de ficha limpia; la de ética pública; la de acceso a la información y la de extinción de dominio entre otras.

Todas estas propuestas formaron parte de la plataforma electoral de Frigerio en la campaña para acceder a la gobernación. La intención es analizar los antecedentes que existen sobre cada materia, algunos de los cuales fueron promovidos por legisladores de Juntos cuando eran oposición.

En el encuentro de la semana entrante participarán el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la Gobernación; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. A ellos se sumará un representante del Senado.

Lena y un grupo de diputados provinciales del oficialismo presentaron en la Cámara una iniciativa propia. En el Ejecutivo aclararon que se trata de un proyecto presentado "a manera individual" por la legisladora.

El texto de Lena establece la inhabilitación transitoria o permanente "a aquellos ciudadanos del territorio de la Provincia de Entre Ríos, que tengan antecedentes penales o condena por instancia superior aun cuando ésta no se encuentre firme y pretendan la postulación a cargos públicos o soliciten ejercer cargos partidarios, gremiales, de instituciones gubernamentales, colegios de profesionales, asociaciones o procuren designación de funcionario en el Estado. Los partidos políticos, gremios, instituciones gubernamentales, colegios de profesionales, Asociaciones, no podrán registrar postulantes a cargos electivos sin acompañar por ante la autoridad que rija la elección, el Certificado de Antecedentes Penales de cada candidato", añade. La iniciativa no distingue entre cargos electivos provinciales y nacionales, regulados por la ley federal y por fuera de la jurisdicción provincial. También pone condiciones a las entidades sindicales y profesionales, también regulados por legislación nacional.

La inhabilitación transitoria correrá para quienes "se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Reincidencia y aquellos ciudadanos que se encuentren condenados penalmente o privados de libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso".

La permanente será para "las personas que se encuentren con antecedentes penales o una condena en instancia superior aun cuando ésta no esté firme y pretendan la postulación a cargos públicos".

El texto presentado en Diputados contiene sólo el articulado y no se anexa fundamentación, como es de rigor.

En diálogo con Radio Diputados, la diputada expresó que: "no es época de individualismo sino que hay que tirar todos para el mismo lado".

El gobernador necesita un paquete de leyes para comenzar a gobernar que va a requerir que nosotros estemos sesionando lo antes posible.

Dentro de los temas prioritarios está incluida la Ley de Ministerios. Hay algunos textos y algunos proyectos que ya se comenzaron a escribir para los primeros días de gobierno".

Sobre el recorte de gastos, Lena explicó que los gestos de austeridad y el control en el uso de oficinas y vehículos no van a requerir de ninguna ley para concretarse.

La diputada nacional y diputada provincial electa, Gabriela Lena se refirió a la alianza de Bullrich con Milei y promulgó la “unidad de Juntos por el Cambio y de Juntos por Entre Ríos.

“Tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo Juntos por Entre Ríos porque hemos ganado la provincia y tenemos muchos legisladores e intendentes. Lo mismo sucede a nivel nacional: tenemos 10 gobernadores, la CABA, cientos de diputados nacionales, cientos de intendentes en todo el país, legisladores provinciales y concejales. Necesitamos continuar con esta coalición y no se puede romper”, resaltó Lena en declaraciones periodísticas.

De igual manera señaló que “quizás haya cosas por rever y reordenar, pero jamás dividirnos”. Aclaró también: “En las elecciones generales, la ciudadanía no nos eligió para gobernar la Nación, sino que nos puso en el lugar de la oposición y ese es el lugar en el que tenemos que estar. No tenemos que definir quién va a ser el presidente”.

Por otra parte destacó la libertad de elección, en el marco de 40 años de democracia. “No somos dueños de los votos, podemos tener posturas personales. La gente que votó a Junto por el Cambio y a Juntos por Entre Ríos pueden definir por sí mismos lo que quieren, no necesitan que les digamos nada”.

Destacó también que, en lo personal, su prioridad es que Juntos por Entre Ríos haga el “mejor gobierno” que haya tenido la provincia y  que Rogelio Frigerio sea uno de  los “mejores gobernadores”.

Un femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de tal. El concepto surgió para dar cuenta de una situación que se repetía trágicamente: mujeres muertas a manos de varones (generalmente parejas o familiares cercanos), luego de ser víctimas de violencia, abusos y sumisión. Era necesaria una palabra que se diferenciara de otros tipos de crímenes, para denunciar un horror que se repetía como una epidemia, que estaba al lado de nuestras casas, en nuestros barrios y ciudades, pero que no salían a la luz. También surgieron las marchas: mujeres de todas las diversidades, sin más identificación que el lema Ni una menos exigen, cada año, que se detenga la violencia de género, los abusos y violaciones en las calles y en las casas, aunque cuesta mucho mantener la pureza del reclamo y evitar que quede entrampado de la mirada sesgada, del partidismo.

Lamentablemente, el número de casos de femicidios en el país no se ha reducido. A pesar de que la problemática se ha puesto en el centro del debate público y la gran mayoría de los argentinos son conscientes de la gravedad de este flagelo, prácticamente todos los días nos enfrentamos con la noticia de otra mujer asesinada.

El caso Cecilia

El caso de Cecilia, en Resistencia, no es un caso más. Al horror de la desaparición de una mujer, de los indicios que parecen apuntar a un crimen atroz, a los detalles truculentos; a la desesperación de la familia que no obtiene respuestas hay que sumarle la opresión del poder porque los imputados en este hecho son quienes se han manejado durante décadas como dueños y señores del Estado. El clan Sena, comandado por el matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, vienen manejando a discreción recursos estatales millonarios, amparados por la impunidad que les ha otorgado su socio, el gobernador Jorge Capitanich y el kirchnerismo nacional a cambio de favores electorales. Esa impunidad desaforada los llevó a esta locura de sangre y muerte.

Es un femicidio del poder, donde impera el miedo a quienes se manejan por sobre la ley y las instituciones. ¿Cómo no recordar ahora a María Soledad, de Catamarca, o Paulina Lebbos, de Tucumán? Se repite el dolor y el horror, los asesinos ebrios de poder e impunidad, la búsqueda de verdad y justicia por parte de madres y padres destrozados. Las marchas de miles de ciudadanos que buscan saber qué pasó, pero que también reclaman por el imperio de la ley.

Poder

En el medio del proceso electoral del Chaco, Capitanich se esforzó para calificar al femicidio de Cecilia como un tema policial y deslindar vinculaciones políticas. Aunque las muertes llevan todas al mismo dolor, no es lo mismo una cosa u otra para quienes buscan justicia. Debe quedar bien claro que cuando los crímenes se cometen al amparo del poder, cuando quienes los perpetran están acostumbrados a no dar cuenta de sus actos y son máximos dirigentes del poder que gobierna una provincia, son casos políticos. Por eso, nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, por los derechos que nos asisten a todas las mujeres nos lleva a reclamar justicia por Cecilia. Y a acompañar a su madre y a su familia que con valentía se enfrenta a todo un aparato gubernamental que pretendió desde el principio sumir este hecho en el silencio.

�SPresenté un proyecto de ley para que los municipios y comunas puedan usufructuar los vehículos que se encuentran secuestrados en rutas nacionales por causa de infracciones de tránsito, una iniciativa que fue impulsada anteriormente por Marcelo Monfort⬝, explica la legisladora en su muro de Facebook.

�SEl objetivo es poder brindar un destino útil a los autos, camionetas, camiones y utilitarios que no son reclamados por sus titulares y resultan abandonados, pudiendo ser estos de gran utilidad para gobiernos que no cuentan con un parque automotor que les permita cumplir con las tareas necesarias⬝, precisa Lena, oriunda de Chajarí.

�SEl peronismo gobernante debe hacerse cargo de esta situación, porque no gobiernan desde hace 6 meses sino hace 17 años⬝, sentenció.

�SEscuché que en los próximos días se sumarán 2 camas más. Esa situación irrita porque en marzo la excusa del Aislamiento Preventivo era aplanar la curva para preparar el sistema de salud y a 200 días el sistema que tenemos no difiere mucho del que funcionaba en marzo⬝, expresó la legisladora, que además arremetió contra el Gobierno por cómo se está manejando la emergencia actual.

�SUna cosa es la que dice el Gobernador públicamente y otra es la realidad que narran quienes verdaderamente están en el frente de combate. Hablo constantemente con el personal de salud y me hacen notar los contrastes entre el discurso y la realidad. El gobierno tiene que dejar de mentirle a los entrerrianos, porque la realidad no es cómo ellos la enuncian⬝, manifestó Lena.

La Diputada arremetió, además, contra las deficiencias e inconsistencias que hay en la información sobre la cantidad de casos, cuestionó la pasividad oficial frente a la necesidad de realizar testeos más masivos e indicó que en muchos hospitales faltan insumos para realizar hisopados. Pero a juicio de Lena eso no es todo. �SOtro agravante es el tiempo que demoran los resultados. Hoy un entrerriano va a un efector público y le indican que vuelva luego si sus síntomas persisten y recién a partir de allí se activa la toma de muestra y el envío de la misma para su análisis que, al menos en las localidades del interior, demoran entre 5 y 7 días en llegar. Esto hace que cuando un paciente recibe sus resultados está prácticamente cerca de la fecha de alta, y mientras eso ocurre sus contactos estrechos no se identifican y eso conlleva, naturalmente, a que establecer los nexos epidemiológicos sea complejo⬝, agregó.

La situación descripta por la legisladora también se vivencia en su ciudad natal, Chajarí, donde la capacidad se establecer nexos se ve obstaculizada por el ocultamiento de la información, por parte de los vecinos, pero también por la incapacidad del sistema sanitario de brindar resultados en tiempos razonables y de hacer un seguimiento real de las personas que están en aislamiento.

�SNo alcanza con llamar por teléfono, hay que ir, verificar que se cumpla con el aislamiento y hacer un seguimiento caso a caso. Si estas situaciones no se corrigen el problema persistirá⬝, concluyó.

Con la adhesión de una decena de diputados radicales, la entrerriana formuló la propuesta que define �Scorresponsabilidad⬝ como el compartir �Slas tareas de cuidado, domésticas y de crianza entre varones y mujeres⬝.

Campaña

Plantea como objetivo de la campaña la promoción de �Sun cambio cultural acerca de la corresponsabilidad de género en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado⬝ a cargo de las mujeres de manera desproporcionada.

La campaña se plantea en torno a piezas de folletería y en versiones digitales para redes sociales y Whatsapp con el fin de promover la corresponsabilidad en los cuidados.

También se propone el desarrollo de spot radiales y de televisión destinados a fortalecer la democratización del trabajo doméstico y de cuidado así como también apuntar a la importancia que tal proceso supone para �Sel desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes⬝.

Se propone incluir la temática específicamente en las capacitaciones a funcionarios o trabajadores del Estado, contempladas en la Ley Micaela.

El proyecto, en su artículo 6, insta a adherir a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios para el desarrollo de esta iniciativa de la que son cofirmantes Claudia Najul, Camila Crescimbeni, Lidia Ascarate, Josefina Mendoza, Alvaro De Lamadrid, Karina Banfi, José Riccardo y Gonzalo Del Cerro.

Foto de todos los tiempos

En los fundamentos del proyecto, Lena repara en las inequidades planteadas en distintos planos entre hombres y mujeres. Pone el acento en �Sel trabajo no remunerado⬝ que realizan mujeres �Ssin pago alguno y que se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada.

�SSe mide cuantificando el tiempo que una persona dedica al trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a otros hogares⬝, informa la diputada y cita los datos del INdEC que muestran que �Snueve de cada diez mujeres dedica gran parte de su día a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Los varones tienen una participación menor: sólo seis de cada diez realizan estas tareas y también en menor tiempo promedio⬝.

Cita el relevamiento del INdEC respecto del �SUso del Tiempo⬝ que muestra claramente que �Slas mujeres invierten tres horas más de su tiempo que los varones en las tareas domésticas, y estas diferencias se advierten en cada provincia de Argentina.

�SEl 76 por ciento de los trabajos domésticos no remunerados en nuestro país son realizados por mujeres. Incluso las mujeres que trabajan full time le dedican más tiempo de su vida a estas actividades que los varones que están desempleados⬝, comparó Lena que atribuyó esta realidad a �Sconcepciones acerca de los roles que deben desempeñar⬝ las mujeres.

�SSocial, cultural e ideológicamente se considera que las mujeres deben encargarse de estas tareas porque les corresponde o porque son las que tienen el amor para hacerlas⬝, cuestionó la diputada.

�SLas mujeres sacrifican su tiempo de ocio, formación, acceso a un empleo remunerado digno, su autonomía y capacidad de decisión cuando esos hogares y los seres queridos deben ser un compromiso de cuidado de todas las personas adultas que los habitan⬝, concluyó la diputada radical que también repasa indicadores de un centro de estudios, Atenea, que advierte acerca del modo en que se profundizó esta realidad en el contexto de la pandemia que además midió en tiempos y en dinero lo que supone esta inequidad al interior de la organización familiar.

Ministerio

La propuesta de Lena elige como autoridad de aplicación, si se aprobara la ley, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

La cartera, a cargo desde diciembre de Elizabeth Gómez Alcorta, ha tomado la problemática como uno de los ejes de trabajo, con la creación del área de Cuidados.

En efecto, fue uno de los temas centrales que impulsó la funcionaria en el encuentro que tuvo en Entre Ríos con legisladoras y dirigentes políticas, en febrero pasado, en oportunidad del foro regional de confección del Plan Nacional Contra las Violencias.

Gómez Alcorta planteó como meta de su gestión lograr �Sfortalecer el auxilio del Estado en la tarea de cuidado⬝. También postuló la consolidación de �Slas redes con las organizaciones sociales vinculadas a la problemática.

�SEn Argentina, el promedio que usamos las mujeres son 6 horas diarias en relación a las 2 que usan los varones para las tareas diarias. Hay una diferencia de 4 horas, de lunes a viernes son 20 horas, y sacando los fines de semana, al mes son 80 horas más. Imaginemos que nos dan 80 horas más por mes para hacer lo que queramos; para tomar mate, dormir, correr, estudiar, bañarse tranquila, estudiar, depilarse, entre otras actividades. Son 80 horas lo que nos marca la desigualdad entre varones y mujeres en todos nuestros ámbitos⬝, subrayó Gómez Alcorta que instó a �Sconquistar esas horas⬝ para lo cual opinó que �Ses el Estado el que tiene que intervenir en esa organización del cuidado, junto a la sociedad civil, el sector privado y la familia⬝.

Fuente: Luz Alcain � Página Política