Advertencia por retrocesos en protección ambientalDesde la organización entrerriana alertaron que el debate actual no se limita a una cuestión técnica, sino que pone en riesgo la protección de bienes comunes fundamentales.“Lo que está en juego es si los bienes comunes van a seguir protegidos o si se los va a entregar a intereses extractivos, consolidando más territorios de sacrificio”, afirmó.La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas, fundamentales como reservas de agua, reguladores hídricos y soporte de la vida en un contexto de crisis climática. En ese sentido, CAUCE advirtió que cualquier intento de debilitar la normativa implicaría un retroceso en principios reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, como el principio precautorio y el de no regresión ambiental.Incumplimiento de la ley y presión de intereses económicosLa organización remarcó que el problema no radica en la falta de normativa, sino en su implementación. “La ley ya prevé herramientas claras. Lo que falta no es flexibilizarla, sino cumplirla de manera efectiva y sin interferencias”, sostuvo Enderle.Asimismo, señalaron que detrás de los intentos de modificación existen presiones de sectores económicos que buscan avanzar sobre territorios actualmente protegidos.Impactos sociales y compromisos internacionales La Fundación CAUCE también advirtió que debilitar la ley podría profundizar conflictos sociales en distintas regiones del país y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia ambiental y de derechos humanos. “No hay desarrollo posible sin agua. Proteger los glaciares es proteger la salud, la producción y la vida”, subrayó Enderle.Participación y calidad democráticaFinalmente, la organización hizo hincapié en la necesidad de garantizar procesos participativos reales en este tipo de debates.“No puede haber reformas regresivas sin debate público genuino. Defender la Ley de Glaciares es defender el futuro, y nuestro futuro no se negocia”, concluyó.

La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay un pedido de acceso a información pública ambiental ante el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay sobre el proyecto de planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en el departamento de Paysandú.Las organizaciones firmantes señalan que el proyecto industrial podría generar impactos ambientales potenciales en la cuenca compartida del río Uruguay, lo que vuelve especialmente relevante el acceso a información pública que permita evaluar sus posibles efectos para las comunidades de ambos países.En este sentido, el pedido de información solicita al Ministerio de Ambiente uruguayo que brinde acceso a documentación clave vinculada al proyecto, a saber:

·       El expediente administrativo completo

·       Estudios de prefactibilidad y evaluaciones de impacto ambiental

·       Informes técnicos elaborados por organismos públicos

·       Resoluciones o autorizaciones otorgadas

·       Información sobre uso de agua, emisiones, efluentes y residuos

·       Evaluaciones de impactos ambientales, sociales y sanitarios

·       Análisis de posibles impactos transfronterizos

·       Instancias de participación pública realizadas o previstas

·       Convenios entre el Estado uruguayo y la empresa

·       Comunicaciones con el Estado argentino o con la Comisión Administradora del Río Uruguay 

También se solicita información sobre decisiones vinculadas a la localización del proyecto en relación con el área natural protegida Islas del Queguay, incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay en 2025.Se destaca que el acceso a esta información es fundamental para garantizar el control democrático y la participación informada de la ciudadanía, derechos reconocidos por el Acuerdo de Escazú, especialmente cuando se trata de proyectos industriales con posibles impactos ambientales en ecosistemas compartidos.

La solicitud también recuerda que el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido como un derecho humano por la jurisprudencia del sistema interamericano, y que los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales que puedan afectar a otros países.

Con una serie de videos y material bibliográfico, el ingeniero agrónomo Julian Parodi y el abogado Enzo Culasso, comparten sus conocimientos sobre la realización de una huerta urbana agroecológica y cómo realizar una compostera domiciliaria.

Durante el taller, que estará divido en módulos, se introducirán a los participantes conceptos sobre soberanía alimentaria, la producción agroecológica y sus diferencias con la orgánica. También, como hacer biopreparados para tener una huerta sana.

El taller es gratuito y quienes estén interesados o interesadas, deberán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/Q4HS8KHzbjny3JV49

El trabajo busca �Srecuperar el vínculo con la naturaleza⬝ y con ella, contar con herramientas para ayudar a la tarea de �Smantener a salvo los territorios de vida⬝.

En la guía, además del concepto de Monte Nativo, Quemas y Tráfico de Fauna Silvestre, se señalan las leyes y mandas constitucionales que protegen la biodiversidad en estos territorios y quiénes son las autoridades de aplicación. Con este trabajo, Cauce invita a los lectores a �Sproteger la naturaleza de la cual somos parte⬝.

En Monte Nativo, se detallan las distintas categorías (roja, amarilla y verde) que las clasifican, en función de mayor o menor protección que estos requieren; que especies arbóreas habitan en cada distrito, entre ellas, las que dominan las selvas mixtas; las del dominio chaqueño; las del distrito del �andubay y las del distrito Tala.

La guía, elaborada por Cauce, precisa cuáles son las normativas que protegen a los montes nativos y a la biodiversidad asociada a ellos, como el artículo 41 de la Constitución Nacional, que instituye la protección del derecho a un ambiente sano, disponiendo que �S(⬦) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales (...)⬝.

El artículo 22°, la Constitución de Entre Ríos, que también hace referencia a la protección e indica que, tanto autoridades como habitantes �S(...) Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común⬝.

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, dispone una base mínima de protección uniforme para toda la Argentina, que puede ser aumentada, pero nunca disminuida por las regulaciones provinciales. Y la ley entrerriana número 10.284 fijando un ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia (en adelante, OTBN).

En un párrafo aparte, se especifica, cuáles son las infracciones que establece la ley 10.284 sobre la intervención sobre el bosque nativo sin autorización; alteración de los planes sin autorización; el transporte y tenencia de productos forestales sin guía; el desmonte; los incendios intencionales o por negligencia o se falsifique las declaraciones o informes.

Descripta las infracciones, también se ofrece los contactos de dónde denunciar el cambio de uso de suelos sin autorización. �SSe puede dar un anoticiamiento de manera verbal a la autoridad a través de un llamado al Ministerio de Producción al siguiente número telefónico: 0343-4208892; o bien, realizar una denuncia formal, de manera escrita, ante el mismo organismo (Casa de Gobierno 1er Piso - Oficina 76 Gregorio Fernández de La Puente 220 +54 (0343) 4208892 / 4208433 int. 8168 - ministerioproduccion@entrerios.gov.ar)⬝, se especifica en la guía.

En cuanto a las Quemas, se brinda una detallada guía sobre las normas que regulan las que son consideradas legales y cuáles las ilegales. También lo que establece la Ley Nacional de Manejo del Fuego; la ley de Defensa de la Riqueza Forestal; la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y cuáles son las que rigen a nivel provincial.

En otro párrafo, se especifica cuáles son las infracciones y dónde se debe denunciar si se toma conocimiento de un foco ígneo. �SEn caso de visualizar una columna de humo o incendio rural, se debe llamar al 101 Policía; 100 Bomberos o a la oficina de Plan de Manejo de Fuego 0343-4840555 (horario de atención administrativa). Esto es técnicamente, un anoticiamiento a la autoridad. Cabe aclarar que, como ciudadano/a no debo determinar si la quema es legal o ilegal, sólo dar aviso a las autoridades para que éstas se encarguen de determinarlo.

�SSi se quisiera efectivizar una denuncia formal, debe realizarse por escrito, con pruebas (fotos, videos, grabaciones, etc.) ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia⬝, se indica.

Por último, en cuanto a Tráfico de Fauna Silvestre, se señala las legislaciones vigentes de conservación y protección, cuáles son las penalidades en caso de infringir las normativas.

Además, se enumera cuáles son las especies amenazadas en el Litoral argentino y donde se debe denunciar en caso de advertir el tráfico de fauna silvestre. �SSi un particular toma conocimiento de un tráfico de fauna silvestre, debe avisar al organismo competente a nivel provincial, es decir, la Dirección de Fiscalización, (llamando al 0343-4204882) o a la Policía (número 101). Dentro de la Policía, es el departamento de Abigeato el que se encargará de la denuncia y de poner en conocimiento de la situación a la Dirección de Fiscalización y a la Fiscalía, en su caso⬝.

DATA

La Guía ciudadana sobre biodiversidad puede ser leída en forma completa en:

http://cauceecologico.org/wp-content/uploads/2020/09/Gu%C3%ADa-ciudadana-sobre-biodiversidad-final.pdf

����En este primer encuentro problematizaremos junto al ingeniero electromecánico Germán Rearte Uzín, de Reenerger Multienergías, el uso de recursos fósiles y los sectores que más energía consumen�"�". La transmisión será hoy viernes 18 de septiembre, a las 17, por la cuenta de Instagram @cauce_ecologico

En su exposición, la directora de Cauce Valeria Enderle no sólo expresó la adhesión de la ONG a la iniciativa legislativa, sino que consideró que �Ses una necesidad, debido a que la crisis ambiental, social, alimentaria y civilizatoria que estamos viviendo, la que nos interpela respecto a nuestros modos de producir y consumir⬝.

�SEs momento de transformar, de modificar el título que tuvimos y tenemos de ser el granero del mundo en el que sólo nos limitamos a producir materias primas con la consiguiente exportación de nutrientes del suelo y agua que van hacia otros territorios unidos a nuestras materias primas. Lamentablemente, para ganancias de sólo unos pocos, se incorporaron en la década ��90 las semillas genéticamente modificadas y todo el paquete agrotóxico-tecnológico para seguir produciendo en ese sentido: Producción de granos sin valor agregado, sin valor alimenticio real⬝, detalló.

La directora de la organización reiteró que con el actual sistema de producción se está pagando costos sociales y ambientales muy altos, los que afectan la salud, los bienes comunes y los recursos de los pueblos. �SEstos modos de producción necesitan de agrotóxicos, de concentración de la tierra y, si bien llegaron con la promesa de alimentar al mundo, los datos estadísticos reflejan malnutrición y desnutrición infantil, sumado al éxodo del campo a las villas de las grandes y medianas ciudades⬝, destacó.

Si de número se habla, Enderle detalló que con el actual modelo productivo se perdió, según informes del INTA, más del 50 por ciento de la materia orgánica del país. Aumentaron las malezas resistentes, como también las enfermedades y muertes.

Al comparar entre uno y otro modelo, Enderle, detalló ante los y las diputadas de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, que la agroecología no sólo genera alimentos sin necesidad del uso de químicos y otros productos asociados, sino que, en rindes y en ganancias, han sido mejores que con el modelo convencional, tal como se desprende de la experiencia de producción agroecológica que está llevando a cabo el INTA Chara Barrow, en Buenos Aires, desde el 2011.

�SEl INTA lleva adelante un módulo agroecológico, desde el año 2011, donde cada vez más productores extensivos se están animando a transitar de la producción convencional a la agroecológica. El INTA nos muestra sus números (comparando el promedio de las cuatro últimas cosechas 2014/2018), el trigo agroecológico tuvo un costo de producción de 221 dólares por hectárea, mientras que, para el trigo convencional, el costo fue de 401 dólares por hectárea y el margen bruto, para el modelo agroecológico fue de 277 dólares, mientras que para el convencional fue de 135 dólares⬝, enfatizó Enderle.

Dicho eso, la directora de Cauce instó a los y las diputadas a avanzar en la misma línea de trabajo que se está llevando a cabo a nivel nacional, donde se creó la Dirección Nacional de Agroecología. �SDe acuerdo con los datos de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), cuentan con 90.000 hectáreas, 180 productores, 85 asesores, 29 grupos, y 30 municipios trabajando bajo el modelo agroecológico⬝, destacó.

Enderle comentó que en Entre Ríos, hay varias experiencias en agroecología, entre ellas, el Plan de Alimentación Sana Segura y Soberana en Gualeguaychú, que es un Plan de Gobierno que busca dar respuesta en el ámbito del Desarrollo Local sustentable a la producción, comercialización y consumo de alimentos sanos, seguros y soberanos.

�SDesde nuestra organización venimos trabajando junto a productores agroecológicos de la provincia y vemos la tendencia del sector productivo hacia este modelo sustentable. Estamos trabajando para potenciar la agroecología con organizaciones de otros países como Bolivia, Brasil y Paraguay para implementar un sello de identidad agroecológica que se les otorgará a los productores, en forma gratuita, y así puedan comercializar sus productos tanto a nivel nacional como internacional⬝, reveló Enderle.

 Para cerrar su ponencia, indicó que la producción agroecológica �Sno es una práctica alternativa. Por el contrario, es la agricultura de los próximos años. Para terminar, quiero cerrar mi exposición con una frase de la sabiduría indoamericana que dice ��sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero⬝.

Durante la reunión de ambas comisiones, presididas por el senador Francisco Morchio (Gualeguay) en Producción y la senadora Claudia Gieco (Diamante) en Legislación General, la directora de Cauce Valeria Enderle agradeció el espacio y �Sla posibilidad de aportar nuestras consideraciones en la co-construcción de normas jurídicas, por el bien común de nuestra sociedad, del ambiente y en especial de nuestros ecosistemas⬝.

Dicho eso, la abogada ambientalista expuso los motivos por los cuales no sólo la Fundación Cauce sino todas las organizaciones que integran el Programa Humedales Sin Fronteras se oponen en forma rotunda y contundente a la iniciativa legislativa que se encuentra en debate en la Cámara Alta entrerriana.

�SNuestra posición es de rechazo absoluto y contundente, ya que se propone una solución jurídica parcial y fragmentada de la realidad y esto colisiona contra las Constituciones y normas nacionales y provinciales, contra la forma de legislar en materia ambiental y contra los principios del derecho ambiental moderno⬝, enfatizó la abogada, quien cuestionó, además, �Sla premura con que se busca tratar este proyecto no se condice con la sensibilidad y complejidad de nuestros territorios⬝.

En su exposición, Enderle reiteró que �Ssomos testigos de gravísimos daños ambientales ocurridos y otros por venir. Particularmente, el fuego está afectando los humedales del río Paraná desde sus nacientes hasta su desembocadura en el río de La Plata, la integridad de los ecosistemas, su equilibrio, lo que está generando enfermedades y repercusiones negativas en la salud de las poblaciones. Sabemos, y en especial ustedes, que es deber del Estado y, en consecuencia, de las autoridades legislar de forma adecuada y oportuna en materia de gestión y política ambiental para lograr efectividad en la ejecución de estas⬝.

En ese sentido, la directora de Cauce consideró que en este contexto de Emergencia Ambiental y en el medio de una pandemia mundial, �Sla ciudadanía precisa de soluciones que se proyecten a largo plazo. Y eso, se lograr a partir de un debate serio, participativo amplio que convoque a las y los pobladores del territorio, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales especialistas en la materia y fundamentalmente a los municipios⬝.

Desde la Fundación Cauce, se instó a los legisladores a que den una respuesta, a través de una ley superadora a este proyecto, ya que tal como está �Ses parcial, fraccionado, mezquino y unilateral⬝.

Para Enderle la ley que surja, debe ser de ordenamiento ambiental del territorio y no un simple régimen de uso de suelo que contempla un solo sector de su territorio. Por esa razón, es que desde las distinta organizaciones ambientalistas se está proponiendo que se diseñe una legislación de �Smanera participativa para definir áreas del territorio que se destinarán a diferentes usos, como también, establecer prioridades acordes con las dinámicas de los ecosistemas y las necesidades socio-productivas de las diferentes regiones⬝. En ese sentido, reiteró que es necesario que se definan, además, cuáles serán los usos sostenibles, cuáles estarán permitidos y cuáles prohibidos para que prime la �Spreservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica⬝, tal como está establecido también la Constitución, en el artículo 83.

�SPara nosotros, los usos respetuosos son a través de la agroecología, la pesca artesanal, la producción en comunidades. Así, se podrán compatibilizar las necesidades de desarrollo económico, con el bienestar de las comunidades y la conservación de los bienes naturales de nuestra provincia. Por ello, entendemos que sólo a través de una ley de ordenamiento ambiental del territorio se podrá dar respuesta a la finalidad de legislar en materia de suelo⬝, señaló Enderle.

Respecto a la definición de las áreas del territorio y sus usos, desde la Fundación Cauce, se indicó que �Ses necesario que como los humedales forman un espacio común con Santa Fe y Buenos Aires, se hace imprescindible integrar las normas que se comparten con esas provincias, especialmente cuando tenemos, en este ámbito interjurisdiccional, un Plan Integral Estratégico de Aprovechamiento Sostenible y los resultados de la Consultoría BID Delta Sustentable⬝.

�SPor otro lado, este proyecto se presenta en un tiempo en el que se está discutiendo una norma de presupuestos mínimos de protección de humedales a nivel nacional. Por lo tanto, de ser ley, con las características ya enunciadas, sería inconstitucional por su incompatibilidad con la complementación que exige a la provincia de Entre Ríos, el artículo 41 de la Constitución Nacional para el uso del suelo; máxime cuando todos conocemos el contenido de los proyectos que están siendo tratados en el Congreso de la Nación que tienen principios, herramientas y modelos de gestión que no tienen lugar, claramente, en este proyecto de ley de régimen de uso de suelo⬝.

Dicho eso, Enderle enfatizó que �Ssi realmente existe la voluntad política de actuar por nuestro Delta, su biodiversidad, sus actividades y sus pobladores, atendiendo sus necesidades y dificultades, es esencial y urgente trabajar en la prevención y la eficacia de la recomposición de los daños ocasionados⬝.

En su enumeración, la abogada ambientalista consideró que la legislación que se sancione debe tener la finalidad de evitar los actos depredadores de los bienes naturales.

 �SMe refiero al uso de agrotóxicos propio del agronegocio y sus consecuencias nefatas para la vida, la hidrovía industrial Paraná-Paraguay sus impactos y contaminación, la pesca industrial y deportiva irresponsable, la caza furtiva, los proyectos inmobiliarios, la introducción de especies exóticas, las obras de infraestructura y la extracción minera, principalmente, de arenas silíceas⬝, detalló.

En cuanto a lo que falta, Enderle les recordó a las y los senadores que �Ses preciso que se cumpla con las obligaciones pendientes exigidas por la Constitución Provincial, ya que Entre Ríos no cuenta con una ley de evaluación de impacto ambiental, tampoco con el ente encargado del diseño y aplicación de la política ambiental⬝.

�SEs clave un cambio de paradigma entendiéndonos como parte de la naturaleza, con una nueva forma de cuidarla y cuidarnos. Es fundamental aplicar las nuevas formas de hacer normas jurídicas y de hacer política y gestión ambiental en nuestra provincia.

Esto nos exige que sea con justicia social y ambiental, para superar ser regresivos y devastadores no sólo con nuestra tierra, con los que la habitamos sino también con las generaciones que vendrán⬝, acotó finalmente.

Durante el encuentro, del que también participaron funcionarios de las áreas de ambiente de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, el ministro y su equipo informaron sobre las acciones que se realizaron a raíz de los incendios en el Delta.

�SCelebramos esta convocatoria, porque lo veníamos reclamando en las sendas notas que elevamos a las autoridades nacionales y provinciales. Desde el Programa Humedales Sin Fronteras, proponemos que estos espacios de diálogo político y democrático tengan continuidad y constancia en el tiempo y, fundamentalmente, que participen todos los actores y personas que habitan los humedales⬝, señaló Valeria Enderle, directora de la Fundación Cauce.

En ese sentido, desde la organización ambientalista, se insistió en la necesidad de que se promueva la cooperación entre las diferentes esferas gubernamentales, sean municipales, provinciales o nacionales. �SComo lo venimos diciendo en los numerosos documentos que elaboramos y elevamos a los poderes ejecutivos y legislativos, exigimos la sanción de la ley de presupuestos mínimos de humedales, que tenga un enfoque ecosistémico, con perspectiva de derechos y género, como también que garantice corredores bioculturales⬝, expresó.

Los participantes del encuentro con Cabandié, también destacaron que la ley debe garantizar el acceso a la información y a la participación ciudadana y la interculturalidad. �SEsta legislación debe estar regida por los principios de prevención, no regresión, precautorio, in dubio pro acqua e in dubio pro natura⬝, destacó Enderle.

Otros de los temas analizados y planteados por las organizaciones fueron: producciones agropecuarias sin control, las quemas de pastizales, endicamientos y terraplenes de los ríos, pesca, extracción de arenas silíceas, obras de infraestructura en general.

Además, se le informó al funcionario nacional sobre las acciones que vienen llevando a cabo, entre ellas: documentos, análisis de normas y políticas públicas y acciones judiciales interpuestas en la Justicia Federal y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.