Por Sebastián Catalano - El principal beneficiario del litigio por la expropiación de YPF, el bufete inglés Burford Capital, insiste con la entrega de comunicaciones y documentos de una lista de funcionarios argentinos y exfuncionarios, en el marco de la fase de discovery judicial ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.La petición vuelve a generar controversias, ya que el Gobierno argentino, por medio de la Procuración del Tesoro, manifestó la imposibilidad de reunir esa información, a pesar de que dijo que iba a cooperar para conseguirla.Según la carta del 8 de diciembre de 2025 y la Joint Letter presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford busca pruebas que permitan determinar la supuesta relación de alter ego entre la Argentina y ciertas entidades estatales, como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentina.En 2023, Preska condenó en primera instancia a la Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar una multa que, con intereses, ya ronda los USD 18.000 millones. Esa causa “madre” tuvo su audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York semanas atrás y se espera una resolución el año próximo. En paralelo, Burford intenta cobrar como sea con medidas en el estrado de Preska, entre ellas pidiendo las acciones de la petrolera o intentando demostrar “alter ego” entre el Estado y varias compañías (que son lo mismo). En este último intento está enmarcado en pedido de información de funcionarios y ex funcionarios.El tribunal le ordenó a Argentina producir comunicaciones “off-channel” (por fuera de los canales oficiales) de funcionarios, considerando que son información pública bajo la legislación estadounidense y argentina. Los demandantes sostienen que la producción de apenas 200 páginas de mensajes de WhatsApp de cinco funcionarios y ex, sobre un total de 36, es insuficiente y evidencia una resistencia sistemática a la entrega de pruebas relevantes y que los funcionarios usan WhatsApp para asuntos oficiales.El Estado, por su parte, argumenta que ha realizado un esfuerzo considerable para recolectar y revisar documentos en dispositivos personales de altos funcionarios, y que la demora responde a la complejidad y volumen de la tarea, no a una intención de obstaculizar el proceso. Además, sostiene que la mayoría de los funcionarios actuales han accedido a cooperar, mientras que la negativa de algunos se ampara en derechos reconocidos por la ley argentina.

Los funcionariosDe acuerdo con los listados consolidados en las cartas del estudio Sullivan & Cromwell y sus anexos, la solicitud de los demandantes abarca a 36 funcionarios y exfuncionarios, tanto de la administración actual como de la anterior. Entre los funcionarios de este Gobierno (alguno ya no están están en funciones) figuran:Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023)Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025)Carlos Jorge Guberman, Secretario del TesoroMaría Carmen Tettamanti, Secretaria de EnergíaMariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento EnergéticoFranco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de TransporteLuis Octavio Pierrini, Secretario de TransporteHernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte AéreoJose Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política EconómicaHoracio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles LíquidosSusana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito PúblicoJorge Horacio Domper, Tesorero General de la NaciónEduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de EnergíaLuís Francisco De Ridder, ex Subsecretario de HidrocarburosNicolás Posse, ex Jefe de GabineteJosé Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de GabineteDamián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoAntonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoGuillermo Alberto Francos, ex Jefe de GabineteEduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de EnergíaMaggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de HidrocarburosA estos se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos Sergio Tomás Massa (ex Ministro de Economía), Agustín Oscar Rossi (ex Jefe de Gabinete), Flavia Gabriela Royón (ex Secretaria de Energía) y otros responsables de áreas vinculadas a las entidades estatales investigadas.Según las cartas de Sullivan & Cromwell LLP del 10, 21 y 28 de noviembre de 2025, la mayoría de los funcionarios actuales que han sido contactados han aceptado voluntariamente entregar sus comunicaciones personales relevantes. Entre quienes han cooperado se encuentran Guberman, Tettamanti, Beljansky, Pierrini, Gómez, Chirillo, De Ridder, Posse, Rolandi, Sanfilippo, Milanese, Francos, Oreste y Videla Oporto.Burford reconoce que el país inició producciones escalonadas de los materiales recolectados, aunque en algunos casos la revisión y procesamiento de los datos continúa. En el caso de algunos exfuncionarios, como Raúl Enrique Rigo, también se ha recibido cooperación.Pero el núcleo de la controversia reside en la negativa de seis funcionarios de la administración actual, entre ellos los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes invocaron, según el bufete inglés, derechos bajo la ley argentina para no entregar sus comunicaciones personales. El Estado dice que estos funcionarios ejercen una prerrogativa legal y que no puede obligarlos a entregar información privada sin su consentimiento. Los demandantes, en cambio, insisten en la relevancia de Caputo y Quirno para la investigación sobre la relación de alter ego, citando incluso resoluciones previas del tribunal que subrayan la importancia de sus comunicaciones para esclarecer la relación entre la República, el BCRA y YPF. Las posiciones de las partes, reflejadas en la Joint Letter y en la correspondencia cruzada, muestran un desacuerdo persistente sobre la amplitud y pertinencia de los funcionarios incluidos como custodios. Burford –que compró los derechos de litigio e impulsa una causa en cuya carátula figuran como demandantes Petersen y Eton Park– sostiene que Argentina está en “desacato” de la orden judicial al no producir las comunicaciones de todos los funcionarios requeridos, y que la objeción basada en la falta de consentimiento carece de fundamento, ya que el tribunal ya determinó que la información está bajo control del Gobierno.Argentina, en cambio, argumenta que cumplió con la orden judicial en la medida de sus posibilidades, que la recolección de comunicaciones “off-channel” es una tarea compleja y que la negativa de algunos funcionarios se ampara en derechos legítimos. Además, cuestiona la relevancia de algunos funcionarios y ex propuestos por los demandantes y sostiene que la búsqueda de pruebas sobre la supuesta relación de alter ego es infundada, ya que tribunales anteriores han descartado esa hipótesis respecto de las entidades estatales involucradas.En cuanto a la metodología de búsqueda, las partes también discrepan sobre los términos de búsqueda y la producción de informes, así como sobre la forma y formato de entrega de ciertos documentos, como los mensajes SWIFT. Infobae.

El objetivo de la visita fue establecer un plan de trabajo y capacitación en materia de videovigilancia y análisis criminal.Al respecto Dell´Olio manifestó que “la premisa del Intendente Francisco Azcué es la de establecer relaciones y acciones conjuntas con ciudades y Municipios que han llevado adelante experiencias positivas en distintos temas que hacen a la agenda pública. Uno de esos aspectos es el de la seguridad, que la gestión viene trabajando con el Gobierno de la Provincia y la Policía de Entre Ríos”.El sistema de videovigilancia que lleva adelante la Provincia de Santa Fe “cuenta con equipamiento y capacidad de respuesta coordinada con las fuerzas de seguridad de la vecina provincia. Para nosotros es importante poder establecer un plan de trabajo y de capacitación para el personal que se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana” remarcó el Secretario de Gobierno de Concordia.Del encuentro formaron parte Cecilia Navarrete y Ramiro Galassi , del equipo de la Secretaria de Análisis de Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe; el Director General de la Central, Comisario Carlos Portis; la encargada del área de Capacitación Vanesa Marques y el Supervisor de la Central de Emergencias del 911, Gonzalo Fredez. 

El oficialismo rechazó la posibilidad fragmentar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) de las reformas a la Ley de Promoción Industrial de Entre Ríos. El peronismo confirmó que no acompañará el texto como está formulado.El asesor Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor; la secretaria de Industria, Victoria Giarrizzo; y el director de la Administradora Tributaria (Ater), Jesús Rafael Korell, explicaron el proyecto del Poder Ejecutivo por el que Entre Ríos adherirá al Rigi y modificará la Ley de promoción industrial, para implementar el Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones (Rini).En ese marco, desde Unión por la Patria- Más para Entre Ríos se realizaron observaciones sobre las asimetrías que generarán con las empresas locales y se solicitó al oficialismo que se fragmente la adhesión al Rigi de la creación del Rini, para lograr el acompañamiento opositor.“Centralmente, lo que planteamos es la separación de los dos proyectos, porque no vamos a aprobar la adhesión al Rigi, por las consecuencias que traerá a las empresas locales. El Rini nos gustaría acompañarlo, pero con esta metodología se nos hace difícil apoyarlo”, afirmó el diputado Juan José Bahillo (Unión por la Patria- Más para Entre Ríos).Ante el planteo, Vitor contó que el gobernador Rogelio Frigerio analizó -con sus asesores- cómo encarar el proceso y concluyó que la mejor señal para los inversores extranjeros era enviar un solo proyecto con la adhesión al Rigi y con las reformas al Régimen de Promoción Industrial, para generar mejores condiciones de competitividad en la provincia.Ante ese escenario, el presidente de la comisión Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, confirmó a AIM que se trabajará en algunas reformas, pero descartó la posibilidad de modificar radicalmente el texto: “El Ejecutivo remitió un proyecto de Ley que consta de dos títulos (la adhesión a la Ley nacional y ampliar y mejorar la Ley provincial actual, que es muy buena), por lo que la decisión es mantener el proyecto original que envió el Ejecutivo”.

En ese marco, aseguró que más allá de la posición “se intentará llegar a los consensos necesarios; está claro en qué no estamos de acuerdo y en qué si podríamos estar de acuerdo, por lo que tendremos que trabajar en los puntos que nos unen, para el desarrollo industrial y económico de la provincia”. (I:AIM) 

El dictamen del juez de apelaciones se manifestó en contra de la interpretación del Juez de Garantías Dr. Darío Mautone que proponía elevar la causa a juicio. Por otro lado, en declaraciones exclusivas para El Heraldo la fiscal Dra. Daniela Montangie expresó su desacuerdo y anunció que apelará la medida.

En pocas palabras y sin ingresar en tecnicismos legales lo que se discutió en esta oportunidad es si se utiliza una fecha u otra. Solo son 2 días que marcan una importante diferencia, ya que si se toma el 20 de marzo del 2019 el delito está prescrito y con fecha del 22 de marzo no prescribió todavía. Todo esto se mide en relación a la presentación que hizo la fiscal de la remisión a juicio de la causa.

En términos claros la fiscalía se basa en la fecha en la que tomó declaración a los imputados y los defensores en el día en el que se envió la resolución a modo de comunicarle a Baez y Leites que estaban imputados y citados a declarar. La diferencia de 2 días (20 de marzo o 22 de marzo) es lo que hoy está en cuestión por lo que dependerá de la Cámara de Casación cómo se continúa.

�SEl código penal es claro ya que en su artículo 67 inc. b, reza -la prescripción se interrumpe solamente por el primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado-.

����Entiendo que el legislador nacional fue sumamente claro y preciso, dijo primer llamado, en mi humilde opinión no da lugar a interpretación más allá de que me he tomado la precaución de consultar a los fines de saber si estoy equivocado o no la doctrina y la jurisprudencia respecto a la cuestión que nos convoca⬝, explicó el juez en relación a su dictamen.

�SLa señora fiscal (Montangie) y el señor Juez de Garantías (Dr. Darío Mautone) yerran cuando toman la declaración de imputado para la prescripción con fecha del día 22, contando los términos desde la declaración hasta la presentación de la causa a juicio. Está mal porque lo que corresponde es tomar el decreto, o sea cuando la fiscal lo llamó por primera vez a declarar, o sea se cuenta esa fecha, es lo que dice la corte y la que dice la jurisprudencia unánimemente⬝.

Resolución de la cámara de apelaciones:

 �SPor todo ello voy a hacer lugar al recurso de apelación (refiriéndose a los abogados de Baez y Leites) y decretar la prescripción de la acción penal por los delitos que fueron imputados y que constan en el acta de audiencia de fecha 19 de noviembre 2021 por estos delitos⬝, dijo el magistrado y agregó.

1) �SVoy a decretar la prescripción de los delitos endilgados en las presentes actuaciones a los señores Baez y Leites⬝.

2) �SSobreseer a Walter Guillermo Baez en orden al delito de desobediencia judicial Art. 239; 59 inc. 3; 62 inc 2; 239 y 397 inc. 6⬝.

3) �SSobreseer a Sergio Leites en orden al delito de desobediencia judicial artículo 239; 59 inc. 3; 62 inc. 2; 239; 397 inc. 6⬝.

Ministerio Público Fiscal anunció que presentará el recurso de casación

La Fiscal Dra. Daniela Montangie expresó para El Heraldo, �Screo que hay una errónea aplicación del Código Penal respecto a la prescripción de delitos y presentaré recurso de casación⬝, aclarando que tiene 5 días para el trámite.

Ante la pregunta sobre por qué los tiempos de presentación de la elevación a juicio de la causa fueron tan en el límite de la fecha de prescripción, respondió, �Sno fue una causa sencilla, nunca estuvo quieta, fueron muchos oficios enviados a la municipalidad que hubo que reiterar se citaron testigos muchas veces de ambas partes⬝, culminó.

Además, la provincia envío a los municipios, en concepto de garantía, el pago de 844 millones de pesos.

Este sábado 30 de octubre ya se acreditarán los haberes de octubre correspondientes al primer tramo, que incluye sueldos de hasta 50.000 pesos. Desde el martes 2 de noviembre hasta el viernes 5 se abonarán los demás segmentos salariales del sector público entrerriano.

�SEn esta oportunidad, además, liquidaremos el aumento del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón. Esto es una decisión del gobernador Gustavo Bordet que estableció a través del decreto N° 3.008 con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo del salario, y que es a cuenta de lo que finalmente acordemos con los gremios de los trabajadores estatales en las paritarias, que aún continúan abiertas⬝, especificó Ballay.

El titular de la cartera económica subrayó que �Sdesde el gobierno de la provincia venimos trabajando con los sindicatos estatales para llegar a un punto de acuerdo que nos permita mejorar el salario y mantener el equilibrio y la sostenibilidad de la administración pública⬝.

Cronograma de pagos

Lunes 1/11: hasta 50.000 pesos (se acredita el sábado 30/10)

Martes 2/11: de 50.001 a 70.000

Miércoles 3/11: de 70.001 a 90.000

Jueves 4/11: de 90.001 a 100.000

Viernes 5/11: más de 100.000