Esta semana, la concentración de efectivos de distintas fuerzas en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional en Retiro, encendió una señal de alarma que no pasó inadvertida.

El trasfondo es claro: promesas incumplidas de recomposición salarial, deterioro del poder adquisitivo y un fuerte impacto en la calidad de vida del personal. El malestar no distingue uniformes. Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal comparten un mismo diagnóstico: los ingresos ya no alcanzan.Pero el conflicto no se limita al bolsillo. El cuadro se agrava con una situación crítica en el sistema de salud que asiste a las fuerzas. El histórico Hospital Churruca, emblema del bienestar policial, atraviesa hoy una realidad preocupante, con faltantes de medicamentos y dificultades para sostener prestaciones básicas. Un escenario que golpea directamente a los efectivos y a sus familias.La problemática encuentra un espejo en las Fuerzas Armadas. Allí, el panorama es igualmente complejo. La base de la pirámide —suboficiales y oficiales jóvenes— enfrenta condiciones económicas que los ubican, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza. Una realidad que tensiona la estructura y compromete la operatividad.En este contexto, el presidente Javier Milei reconoció públicamente la deuda salarial con el sector y la necesidad de avanzar en una recomposición. También admitió la crisis estructural de la obra social militar, planteando un proceso de reorganización que priorice la cobertura médica y reduzca gastos administrativos.

Sin embargo, las respuestas aún no llegan con la velocidad que la situación exige. A esto se suma un frente financiero complejo dentro del área de Defensa, con deudas acumuladas que dificultan revertir el deterioro del sistema, especialmente en organismos clave vinculados a la asistencia social del personal.Mientras tanto, crecen las versiones sobre operaciones inmobiliarias vinculadas a activos del Estado en el ámbito de Defensa, lo que suma ruido en un escenario ya cargado de incertidumbre.El reclamo, en definitiva, no es nuevo, pero sí más visible. Las fuerzas piden lo esencial: salarios dignos, cobertura de salud garantizada y condiciones acordes a la responsabilidad que implica su función. En un país que aspira a fortalecerse institucionalmente, el estado de sus fuerzas de seguridad y defensa deja de ser un tema sectorial para convertirse en una cuestión estratégica. 

Las cinco fuerzas federales de seguridad anunciaron una medida de protesta conjunta para el próximo 2 de abril, en reclamo por los bajos salarios y la crítica situación de la cobertura médica. La convocatoria no tiene antecedentes: por primera vez, personal de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal se unifican en una acción común, que se expresará mediante un abrazo simbólico en el edificio Centinela, sede de Gendarmería en Retiro.

El malestar crece en las bases y expone una fuerte distancia con el discurso oficial sobre el cuidado del personal. Según trascendió, los ingresos actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas, lo que empuja a muchos efectivos a buscar trabajos adicionales para sostener su economía diaria. En ese contexto, el clima interno es de creciente tensión y organización.

A la cuestión salarial se suma el deterioro en la atención de salud. La obra social del sector atraviesa un escenario complejo tras su reestructuración, que incluyó la división del sistema y anuncios de nuevas coberturas que aún no se concretaron. En los hechos, muchos trabajadores denuncian dificultades para acceder a prestaciones básicas.

El conflicto también se ve atravesado por decisiones de gestiones anteriores que generaron diferencias internas, especialmente en materia de recomposición salarial, lo que profundizó el malestar entre distintos sectores y jerarquías.En el plano político, la situación se complejiza por tensiones dentro del propio oficialismo en el área de Seguridad, con cuestionamientos a la conducción actual y diferencias con etapas previas. En ese marco, la protesta prevista aparece como una señal de alerta ante un conflicto que crece y que, por primera vez, encuentra a todas las fuerzas federales alineadas en un mismo reclamo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso este martes completar un aumento salarial del 25 por ciento para los integrantes de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

La mejora, que comenzó a correr en octubre pasado, será implementada por la cartera a cargo de Sabina Frederic en tres etapas, según se informó oficialmente.

A partir del pasado lunes los sueldos del personal se incrementaron un cuatro por ciento: a comienzos de marzo subirán un seis y a principios de mayo, un ocho.

Los aumentos se añadirán al de siete por ciento percibido a partir de octubre pasado, aplicable sobre las retribuciones vigentes al 30 de septiembre de 2020.

Según indicaron voceros de la cartera, "con el incremento dispuesto, los salarios del personal de las fuerzas alcanzarán una mejora del veinticinco por ciento (25%) tomando en cuenta el período comprendido entre octubre de 2020 y mayo de 2021".