Una auditoría interna del PAMI detectó un esquema extendido de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas en distintas provincias, con fuerte impacto en Entre Ríos y especialmente en la ciudad de Concordia, donde se registró una alta concentración de casos bajo análisis.

El relevamiento, realizado a partir del cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, identificó patrones repetidos que evidencian un funcionamiento sistemático y no hechos aislados.

Las principales modalidades detectadas:Sobrefacturación de anteojos: se indicaban lentes de baja graduación pero se facturaban como de alta complejidad, con diferencias de hasta cinco veces en los valores.Prestaciones inexistentes: consultas, estudios y prácticas sin respaldo clínico o directamente no realizadas. En algunos casos, hasta la mitad de las órdenes carecían de historia médica.Manipulación de consultas: se registraban primeras atenciones como controles posteriores para incrementar el valor facturado.Circuitos cerrados: derivaciones sistemáticas a una misma óptica, en ocasiones con vínculos directos entre profesionales y comercios.Cobros indebidos a afiliados: se ofrecían supuestas mejoras fuera de cobertura, cobrando al paciente mientras se facturaba al sistema, generando doble ingreso.

Concordia bajo la lupaDentro del mapa nacional de irregularidades, Concordia aparece como uno de los puntos más relevantes: la auditoría detectó más de 800 prestaciones concentradas en un solo profesional, una cifra muy por encima de los parámetros habituales.

En paralelo, otro de los casos detectados en Entre Ríos involucra a una óptica vinculada a una mutual sindical, donde un mismo profesional —identificado por su apellido con la inicial S— concentra un volumen significativo de inconsistencias: se relevaron 613 prácticas con sobrefacturación, 151 consultas sin respaldo en historia clínica y al menos 16 recetas emitidas sin dioptrías, una irregularidad que desde el punto de vista médico invalida la prescripción.

Un sistema bajo investigaciónLas irregularidades se inscriben en un proceso más amplio de control sobre el sistema OME, donde ya se detectaron maniobras como recetas falsas, uso indebido de datos de afiliados y facturación de prácticas inexistentes.Actualmente hay varias causas judiciales en curso por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública, con investigaciones que avanzan en distintas jurisdicciones del país.

Desde el organismo se reforzaron los controles con auditorías permanentes, trazabilidad digital y sanciones ante desvíos, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados y desarticular los mecanismos irregulares detectados. (I: Datos Andrés Klipphan-Infobae-El Heraldo)

Tal cual había trascendido este viernes al cabo de la reunión de la mesa política de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresa por el Senado y propone una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.El texto modifica la Ley Nº 13.478 y sus modificatorias, introduce cambios en la Ley Nº 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad) y reformula aspectos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. Precisamente este último punto es central en el envío de esta norma al Parlamento, ya que se trata de una de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei, ratificadas por ambas cámaras.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que el proyecto se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional—, pero subraya que el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales debe realizarse “de manera proporcional a los recursos disponibles”, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese marco, el mensaje al Congreso pone el foco en la evolución del sistema de pensiones por invalidez: entre 2003 y 2023, la cantidad de beneficios pasó de 76.000 a alrededor de 1.200.000, un crecimiento que el Ejecutivo califica de “exponencial” y que, según afirma, no tiene antecedentes comparables a nivel internacional.

El diagnóstico oficial es contundente. El texto señala que investigaciones administrativas y judiciales detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”, con irregularidades que incluyen domicilios inexistentes y la falta de acreditación médica suficiente. Para el Ejecutivo, esta situación generó un “injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y perjudicó especialmente a quienes sí se encuentran en una situación de invalidez real y comprobable.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto define como objetivo central “establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”. La iniciativa busca reordenar los criterios de acceso, fortalecer los controles y reintroducir un eje más restrictivo vinculado a la invalidez laboral.

Uno de los cambios estructurales es la redefinición del beneficio de pensión no contributiva por invalidez laboral. El texto reafirma su carácter de prestación mensual inembargable equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reintroduce con claridad el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. En esa línea, se establece de manera expresa la incompatibilidad de la pensión con la posesión de un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes generales o simplificados de trabajo, un punto que recorta el universo potencial de beneficiarios respecto de interpretaciones más amplias vigentes en los últimos años.El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones a personas sin suficientes recursos, no amparadas por un régimen previsional y mayores de 70 años, o bien a quienes se encuentren imposibilitados para trabajar, según los requisitos que determine la reglamentación. Con esta formulación, el Gobierno busca volver a una delimitación más acotada del universo elegible.

El capítulo más extenso y sensible de la iniciativa está dedicado al sistema de auditorías, control y reempadronamiento. La Secretaría Nacional de Discapacidad, en el ámbito del Ministerio de Salud, será la autoridad encargada de implementar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. Para ello, se habilita el cruce de información con bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos, incluso exceptuando de manera específica las restricciones del secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esta verificación.

Cuando de esos cruces surjan incumplimientos objetivos, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio.

No obstante, el proyecto incorpora garantías procedimentales: el titular podrá solicitar la rehabilitación provisoria inmediata de la pensión hasta tanto se dicte una resolución definitiva, y tendrá derecho a ser informado de manera clara y a participar del proceso de auditoría médica.

Además, el texto instruye al Ejecutivo a realizar un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los beneficiarios deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica dentro de un plazo no inferior a 90 días —prorrogable por única vez por 30 días— y constituir domicilio físico o electrónico para notificaciones. La reglamentación deberá prever modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. El incumplimiento del reempadronamiento habilitará una suspensión automática y, de persistir, la baja del beneficio mediante acto administrativo fundado, con garantía de debido proceso.

En paralelo al endurecimiento de los controles, el proyecto también incluye disposiciones orientadas al financiamiento y la continuidad de prestaciones en discapacidad. Se establece con mayor precisión cómo se afrontará el costo fiscal de las pensiones y de la atención médica asociada, asignando las partidas al Ministerio de Salud y previendo compensaciones presupuestarias desde el Tesoro en caso de ser necesario.

El Ejecutivo remarca, en los fundamentos, que esta arquitectura busca evitar los desfasajes financieros introducidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que —según sostiene— amplió derechos sin contemplar adecuadamente los recursos disponibles.

En materia de prestaciones básicas, la iniciativa introduce ajustes al principio de universalidad del sistema. Se aclara que la universalidad no implica homogeneidad de aranceles ni de esquemas de financiamiento entre jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común, respetando la organización federal y las asimetrías regionales. Para el caso del Estado nacional como ente obligado, los valores de los aranceles deberán ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, con referencia al Índice de Precios al Consumidor cuando no se efectúen actualizaciones en término.

El proyecto también prevé la posibilidad de suscribir convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice el programa de prestaciones de salud para titulares de pensiones no contributivas, definiendo responsabilidades de financiamiento para afiliados actuales y futuros.

Con el envío de esta iniciativa, el Gobierno abre un debate de alto impacto social y político. Mientras el Ejecutivo argumenta que la ley apunta a preservar recursos públicos y garantizar equidad en el acceso a las pensiones, el tratamiento parlamentario anticipa discusiones intensas sobre el equilibrio entre control, sostenibilidad fiscal y protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

La Justicia federal dio un paso histórico en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz: el Tribunal Oral Federal Nº 2 dispuso el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, exfuncionarios y empresarios vinculados a la trama que operó entre 2003 y 2015.La resolución —firmada el 18 de noviembre pasado— actualizó el valor del decomiso a $684.990.350.139,86, convirtiéndose en uno de los mayores montos recuperados por corrupción en la historia judicial argentina. La cifra original, fijada en 2022, ascendía a $84.835 millones, pero la actualización pericial la multiplicó por ocho, reflejando la pérdida de valor del peso en estos años.

Qué bienes serán ejecutadosEl fallo ordena tasar y rematar activos detectados como “instrumentos, efectos o beneficios” de la maniobra fraudulenta, entre ellos: Propiedades y terrenos de Austral Construcciones, Kank & Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto. Inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner, considerados parte del enriquecimiento ilícito derivado del esquema. Bienes personales de exfuncionarios como José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Pavesi, si los de Báez y la familia Kirchner no alcanzaran para cubrir la suma.Todos deberán inscribirse en la Base de Bienes Secuestrados del Poder Judicial para avanzar con la ejecución.

El fundamento del tribunalLos jueces señalaron que la sentencia firme del 10 de junio acreditó que Lázaro Báez recibió una concentración irregular del 80% de la obra pública vial de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, y que una parte de esas ganancias se canalizó en bienes que terminaron beneficiando a la familia del matrimonio presidencial.El tribunal dejó claro que puede decomisarse incluso aquello que hoy está a nombre de terceros, siempre que: exista vinculación temporal con la maniobra, el bien provenga directa o indirectamente de fondos ilícitos, el tenedor no sea un adquirente de buena fe.La decisión se apoya en la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana, que obligan a los Estados a recuperar activos públicos desviados mediante delitos económicos.

Qué argumentaron las defensasLos abogados de Cristina Kirchner, Báez y otros condenados intentaron bloquear el decomiso alegando: falta de pruebas del “nexo causal”, violación de garantías constitucionales, inclusión de bienes adquiridos antes de ocupar cargos públicos, bienes sobre los que ya hubo sobreseimientos. Ninguno de esos planteos prosperó.

El período investigadoLa Fiscalía detalló una amplia lista de propiedades compradas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso en el cual se adjudicaron y ejecutaron las obras cuestionadas.El tribunal consideró ese período como “el corazón temporal” de la maniobra, en la que Báez pasó de ser un desconocido a convertirse en el mayor contratista del país.

Qué viene ahoraLa Corte Suprema deberá determinar el destino final de los bienes rematados.La prioridad, según el fallo, será reparar el daño ocasionado al Estado y a la sociedad, un principio contemplado en los estándares internacionales de recuperación de activos.La Fiscalía quedó habilitada a identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso si aparecen durante la ejecución de la sentencia

La Fiscalía Nacional Electoral habilitó el portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar con el objetivo de que la ciudadanía pueda formular denuncias por la comisión de faltas o delitos previstos en el Código Electoral que obstaculicen el adecuado desarrollo de las elecciones del próximo domingo o que afecten el ejercicio de los derechos electorales.Las vías de comunicación disponibles son los teléfonos: (011) 4314-2908 / 4314-2943 / 4893-6622 y el correo electrónico fiscrf1-nac@mpf.gov.ar

Faltas y delitos electoralesEl Código Nacional Electoral busca garantizar el normal desarrollo de los comicios y asegurar que todas las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de transparencia y legalidad.En esa línea, la normativa establece como faltas electorales las conductas tipificadas en el artículo 71, y como delitos electorales aquellas previstas en los artículos 129 a 144 del código. 

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que realizó la denuncia frente a los acusados por haber cometido fraude en el Examen Único de Residencias Médicas.“No vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños. El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos: detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención”, precisó Lugones en sus redes.El titular de Salud sostuvo que “defender el mérito” es asegurar “calidad, compromiso y responsabilidad” en la atención sanitaria.

X de Mario LugonesPor su lado, Adorni aseguró que “no van a permitir” que se accedan a cargos médicos “de manera fraudulenta”, poniendo “en riesgo” la vida de las demás personas.“El que las hace, las paga. Fin”, concluyó el Vocero presidencial.

X de Manuel AdorniTras haberse detectado presuntas irregularidades en los exámenes de más de 200 aspirantes para las residencias médicas, el Gobierno confirmó que 141 profesionales deberán rendir la prueba nuevamente para “validar su formación profesional”.El próximo 7 de agosto se tomará el examen junto a los siguientes criterios de calificación, según anunció el Ministerio de Salud:Se mantendrá la nota del 1 de julio (fecha del examen) si en el nuevo examen la nota es igual o menor al 10% respecto a la anterior.Se computará la nota del último examen si la nueva calificación es superior al 10% de diferencia con respecto a la anterior. (Noticias Argentinas)

En caso de recibir alguna comunicación de este tipo, contactarse por medio del domicilio fiscal electrónico o a la casilla phishing@arca.gob.ar.La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reitera que todas las comunicaciones oficiales se realizan únicamente por medio del Domicilio Fiscal Electrónico. En ningún momento el organismo enviará comunicaciones de este tipo vía teléfono, Whatsapp, mensaje de texto o correo electrónico ni solicitará datos personales o la clave fiscal.

ARCA recuerda que la clave fiscal es intransferible y que, para evitar este tipo de maniobras fraudulentas, no se debe compartir información personal con terceros. El organismo no informará situaciones judiciales ni solicitará pagos, datos personales o clave fiscal por ningún medio que no sea el domicilio fiscal electrónico.

¿Qué es el Domicilio Fiscal Electrónico?

El DFE es una casilla de mensajería privada entre ARCA y cada contribuyente. Este servicio es único para cada persona, ya que requiere autenticación con clave fiscal para poder ingresar, y equivale a un correo electrónico oficial. El acceso a este domicilio es gratuito, seguro y obligatorio. ¿Cómo se constituye el Domicilio Fiscal Electrónico?Para constituir el DFE, se deberá ingresar con clave fiscal al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”, cargar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. (Prensa ARCA)

Vazón, fue designado en noviembre de 2022 como Secretario del Consejo de la Magistratura Nacional, con la firma del presidente del organismo, Horacio Rosatti. Según la denuncia, Vazón habría estado cobrando por sus servicios en ambos cargos, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación formal bajo la carátula de “Fraude a la Administración Pública”.

El fiscal Gonzalo Badano, encargado del caso, ha solicitado al Consejo de la Magistratura Nacional que informe si Vazón estuvo contratado bajo cualquier modalidad desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Esta información es crucial para determinar si el abogado oriundo de Concepción del Uruguay, incurrió en la defraudación al Estado, lo que podría llevar a una pena de prisión de 2 a 6 años, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Vazón, quien tiene una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, ya que fue vicepresidente segundo del PRO en Entre Ríos, fue designado por Macri en 2016 como presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Su carrera ha estado acompañada de figuras cercanas, como el actual ministro de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el ex candidato a intendente Juan Ruiz Orrico, quien fue destituido tras un accidente fatal en el que se encontró alcohol en su sangre mientras conducía un vehículo estatal.La investigación sobre Vazón se centra en la posible violación del artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino, que contempla la defraudación agravada contra la administración pública. Este delito es especialmente grave debido a la naturaleza del daño, que afecta directamente al Estado, y se castiga con severidad debido a la mayor protección que merece la propiedad del Estado en comparación con la de los particulares.

El desarrollo de esta causa podría tener importantes implicaciones no sólo para Vazón, sino también para la integridad del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, un organismo clave en la selección de jueces y funcionarios judiciales en la provincia. La comunidad judicial y política de Entre Ríos espera con atención los avances de esta investigación, que podría marcar un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en la administración pública.

El gran jurado especial de Georgia que examinó los movimientos del expresidente Donald Trump para revertir los resultados de las elecciones de 2020 recomendó imputar a unas 20 personas más de las 19 que finalmente fueron señaladas, de acuerdo a un informe interno publicado este viernes por el juez en el que figuran el senador republicano Lindsey Graham y el antiguo asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

El informe fue remitido en su momento a la fiscal Fani Willis, que terminó imputando luego a 19 personas, entre ellas el propio Trump, por formar parte de una red criminal que presionó a autoridades locales en base a sospechas de fraude sobre las que nunca se llegaron a presentar pruebas.

Además de Trump, entre los 18 imputados estaban algunos de sus asesores más cercanos, como su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete Mark Meadows.

Esos nombres estaban en el informe del gran jurado utilizado por la fiscal, pero hay otros que salieron de la lista de imputados, como el de Graham, aliado del expresidente y una de las principales figuras republicanas en el Senado, que había mantenido comunicaciones con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, responsable de la recolección de datos.

En una comparecencia en el Congreso, Raffensperger admitió que estas llamadas le hicieron sentir “incómodo”, informó la cadena CNN, según la agencia de noticias Europa Press.

El gran jurado convocado señaló a 39 personas, en una lista en la que también figura el abogado conservador Lin Wood, los exsenadores estatales David Perdue y Kelly Loeffler, y antiguos miembros de la campaña de Trump como Boris Epshteyn y Cleta Mitchell.

Las 19 personas que terminaron imputadas, Trump incluido, desfilaron ante las autoridades de Georgia para quedar retratados en una simbólica ficha policial antes de obtener la libertad bajo fianza.

De esa manera, Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado con foto policial, antes de ser liberado bajo fianza.

Todos ellos negaron los cargos con alusiones en algunos casos a la supuesta intencionalidad política para perjudicarlos.

“Básicamente, querían imputar a todo aquel al que se le ocurriese respirar”, protestó en un mensaje publicado en su propia red social Truth Social y en el que objetó la “credibilidad” de las conclusiones.

El magnate ultraderechista, que habló abiertamente de una “caza de brujas” en su contra y de “injerencia electoral” en la campaña previa a las primarias del Partido Republicano, pidió este jueves que el caso pase de la jurisdicción estatal a la federal. Este viernes insistió en que el informe completo que se conoce ahora tiene “cero credibilidad”.

Si el proceso fuera derivado a un tribunal federal en los próximos 30 días, Trump, amparado por la legislación estadounidense, podría solicitar la inmunidad presidencial en el marco de los 13 casos que se le imputan por esta causa.

Trump ya pidió al tribunal superior de Georgia que su audiencia fuese separada de los otros 18 coacusados.

Su equipo legal alegó que no tendrían tiempo suficiente de preparar la defensa si su juicio comienza el 23 de octubre.

Trump, que es amplio favorito para las primarias, enfrenta actualmente cuatro casos penales, entre ellos el vinculado al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando cientos de sus partidarios intentaron impedir la certificación de votos de la elección de 2020 que había ganado el demócrata y actual presidente Joe Biden.

La posibilidad de que sea condenado por ese hecho podría revivir una enmienda de la Constitución estadounidense que data del final de la Guerra de Secesión y prohíbe a personas que participaron en una insurrección ocupar cargos electivos, aunque analistas ponen en duda que esa norma, que nunca fue aplicada hasta ahora, se pueda utilizar en el caso de que logre la reelección en 2024.

Esa enmienda, de hecho, prohibía a quienes “participaran en una insurrección” contra Estados Unidos ocupar cargos civiles, militares o electivos sin la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado.

Se trata de la Enmienda 14, que se sancionó después de la Guerra de Secesión (1861-65), fue discutida en 1866 y ratificada en 1868.

El juicio del ataque al Congreso comenzará el 4 de marzo, según determinó la jueza federal del distrito de Washington Tanya Chutkan, que acusa a Trump de conspiración para engañar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial.

En una audiencia a principios de agosto, Trump se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en este caso, al igual que pasó con el que se le sigue en Georgia.

Los últimos siete exfuncionarios acusados junto al expresidente Donald Trump de intentar alterar los resultados de elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, se presentaron ante el fiscal del distrito de Fulton, Fani Willis, para ser fichados por las autoridades.

Con la entrega de estos siete imputados se completa la comparencia de los 19 acusados en la trama, incluido el propio Trump, quien fue fichado y se convirtió en el primer expresidente con una foto policial.

Al salir del lugar, Trump negó haber actuado mal, reportó la cadena internacional CNN en Español.

La oficina del sheriff del condado informó en un comunicado que se presentaron en el centro penitenciario Trevian Kutti, Robert Cheeley, Jeffrey Clark, Misty Hampton, Michael Roman y Shawn Still y se espera que salgan en libertad bajo fianza.

Posteriormente, se presentó Stephen Lee, el último de los 19 imputados, que tenían de plazo hasta este viernes para entregarse en la cárcel, ubicada en la ciudad de Atlanta.

Según el escrito de imputación, difundido por la CNN en Español, todos ellos formaron parte de una trama liderada por Trump para revertir el resultado electoral de las presidenciales de 2020 en Georgia, estado clave donde el republicano perdió por un estrecho margen contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

Trevian Kutti, expublicista del rapero Kanye West, habría tratado de influir sobre una trabajadora electoral del estado, y Jeffrey Clark habría utilizado sus conexiones como fiscal general adjunto con el objetivo de darle la vuelta al resultado tras la derrota del republicano.

Los abogados de la campaña Michael Roman y Robert Cheeley habrían alentado falsas sospechas de fraude electoral; Shawn Still se hizo pasar por delegado electoral para certificar una falsa victoria de Trump y Misty Hampton, supervisora electoral del condado de Coffee, difundió que las máquinas de votación podían ser manipuladas.

Stephen Lee, el último acusado en entregarse, fue imputado por presuntamente haber intentado influir múltiples veces sobre una trabajadora electoral.

Trump acordó tras entregarse pagar una fianza de US$ 200.000 y otras condiciones de su liberación, incluido no utilizar las redes sociales para atacar a los coacusados y testigos del caso.

Sin embargo, al salir de su detención de media hora el exmandatario subió su foto a la red social X (ex Twitter) y el mensaje: “Interferencia electoral. ¡Nunca rendirse!” junto con un vínculo a su sitio web, el cual dirige al usuario a una página de recaudación de fondos. Trump no utilizaba esta red desde el 8 de febrero de 2021.

Cuarta entrega de Trump a la Justicia

La entrega de Trump en Georgia marca la cuarta vez este año que el expresidente se entrega ante funcionarios locales o federales después de que se presentaran cargos penales en su contra, episodios que nunca se habían visto en Estados Unidos antes de 2023.

En abril, el expresidente fue fichado en Nueva York por cargos estatales relacionados con un supuesto pago para comprar silencio. En junio, se entregó en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el mal manejo de documentos clasificados.

A principios de este mes, Trump fue arrestado en la ciudad de Washington y procesado por los cargos presentados por Smith en su investigación sobre los intentos de anular las elecciones de 2020.

Todos esos casos podrían llegar a un punto crítico el próximo año, al mismo tiempo que Trump se postula para volver a ser presidente por el Partido Republicano, cuya interna lidera en los sondeos.

La causa en cuestión que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, supone un antecedente histórico, ya que gran parte de la mercadería en infracción consistía en productos con fraude marcario.

�SSi bien los titulares y licenciatarios de las marcas afectadas podrían exigir su destrucción, sus representantes legales junto a las autoridades gubernamentales y de Cáritas Argentina, acompañan la decisión de proceder a la donación de estos bienes a los sectores más carenciados de nuestra comunidad⬝, explicó Aguinsky.

Así, solo el 22 % de la mercadería involucrada en la causa (cuyo valor asciende a USD 364 millones) fue destruida.

 Entre lo donado hay juguetes, indumentaria, rollos de tela, artículos de bazar, de cocina y herramientas, entre otros.

Conforme con el resultado, Aguinsky señaló: �SLa audiencia que decidimos convocar en la terminal de contenedores es para decidir sobre importaciones con doble fraude.

Estos productos secuestrados en condiciones de ser donados se hallan en doble infracción, es decir, por un lado, mercadería involucrada en una maniobra de contrabando propiamente dicha y, por otro lado, por ostentar una marca falsificada⬝.

Y agregó: �SCuando una persona le advierte a otra ��no pases por debajo de la escalera que te va a traer mala suerte�", vemos que la reacción inmediata es acatar esa indicación. Pero si alguien decide armar una organización para defraudar a la Aduana,  dice ��Traigamos cosas de contrabando que no pasa nada�". No hay que ser supersticioso. Lo que de verdad trae mala suerte es meterse en problemas con la ley⬝.

Participaron de la firma Leonardo Moyano, a cargo de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Darío Trimarco, Gerente Operativo de BACTSSA (permisionario de la Terminal Portuaria N°5); el Monseñor Gustavo Carrara, a cargo de la Vicepresidencia de Cáritas Argentina; el Comisario Inspector Gustavo Quevedo, del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina. En representación de las marcas afectadas por el fraude marcario, firmaron el Dr. Pablo Serra, por Mattel, Inc.; Alejandro Camino, Joaquín López Díaz, Javier Amarilla y María Eugenia Camino, en representación de las marcas Nike, Puma, Levi�"s, Converse, Tommy Hilfiger, Chanel, Versace y Under Armour. A su vez, Ana Paula Gallardo y Lucía Cuggino lo hicieron en representación de The Walt Disney Company, mientras que Gustavo Giay firmó por Adidas. 

El Gobierno alertó por un nuevo fraude que circula por Whatssap, relacionado a la aplicación �SCuidar⬝ y desde la Secretaría de Innovación Pública dieron aviso de la situación y emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre la estafa utilizada para robarle a los usuarios información personal.

�SHemos detectado que se encuentra circulando una campaña de fraude digital por medio de cuentas de WhatsApp en donde se hacen pasar por la aplicación Cuidar para robar información personal⬝, señaló la Secretaría de Innovación pública.

Y en ese sentido aclararon: �SDesde Innovación Pública queremos advertirle a la ciudadanía que no utilizamos cuentas de WhatsApp para solicitar información personal sobre Covid-19 o cualquier otro tema referido a la salud⬝.

De este modo, ante un eventual caso de fraude la secretaría instó a la población a denunciar la estafa ingresando a la página web del Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas nacional (CERT, por su sigla en inglés).

�SPhishing⬝

El gobierno precisó que este tipo de estafa es conocida como �Sphishing⬝, una expresión �Sutilizada para definir a un tipo de fraude⬝, que tiene por objetivo engañar a la persona usuaria para que revele algún tipo de información, en gran medida financiera o personal.

Según precisó el Gobierno, el objetivo de este tipo de fraudes es suplantar la identidad digital del usuario y obtener algún beneficio. �SSe trata del ciberataque más común y más sencillo, y quien lo perpetra suele ser denominado ��phisher�"⬝, destacó la Secretaría de Innovación Pública. (El Once)

Entre las modalidades más utilizadas por los delincuentes se encuentran: llamadas telefónicas, cuentas de mails y páginas de Facebook apócrifas. Por esta razón, el organismo recuerda y reitera que no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS.

En muchos casos por teléfono intentan obtener la CBU, usuario de homebanking y clave y utilizan mails apócrifos con el asunto IFE/ MI ANSES. En otras ocasiones lo hacen a través de mensajes de texto o WhatsApp con el logo de MI ANSES.

Los engaños denunciados por la ANSES, hasta el momento, tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires (Lobos, Lomas de Zamora Luján y Necochea), Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Cabe destacar que el organismo interactúa y colabora intensamente con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) y la Unidad Fiscal Contravencional (UFICO).

Aquellas personas que deseen realizar denuncias pueden ingresar al siguiente link: www.anses.gob.ar/institucional/denuncias-y-reclamos