El sistema de fotomultas recibió respaldo judicial en Entre Ríos, aunque con límites sobre su aplicación. Quienes integran la Cámara en lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Paraná, al resolver causas en ejercicio de sus competencias individuales, consideraron que la detección de infracciones mediante fotografías digitales y filmaciones es compatible con las garantías del debido procedimiento y el derecho de defensa.Según el criterio expuesto, la utilización de estos medios por parte de la Policía de Entre Ríos permite constatar presuntas infracciones sin impedir que las personas señaladas cuestionen la sanción. Entre otras posibilidades, pueden acreditar que al momento del hecho no eran titulares del vehículo, que no cometieron la infracción o que existieron circunstancias de fuerza mayor que justificaron su conducta.Los magistrados destacaron que el crecimiento del parque automotor y el aumento de la siniestralidad vial mortal, registrados en estadísticas oficiales provinciales, justifican incorporar mecanismos automáticos de control. Subrayaron, sin embargo, que esas herramientas deben respetar las garantías de quienes son sometidos a un procedimiento sancionatorio.

El límite de las notificaciones tardíasEn otras causas, los integrantes de la Cámara anularon sanciones porque la Policía demoró más de dos años en notificarlas. Entendieron que esas dilaciones vulneraron el principio de plazo razonable que debe regir los procedimientos administrativos.

Las decisiones distinguen así dos cuestiones: la validez constitucional del sistema y la legalidad de cada multa. El respaldo a la detección electrónica no implica que todas las sanciones sean válidas, independientemente de cómo se tramiten.

Los reclamos por la señalizaciónEl debate también tiene una expresión cotidiana entre los conductores, que mantienen reclamos por la señalización de los controles. Entre los cuestionamientos mencionan avisos escasos, reducciones de velocidad de 60 a 40 kilómetros por hora en pocos metros y carteles parcialmente cubiertos por vegetación. Estas observaciones plantean la necesidad de revisar la visibilidad y anticipación de las indicaciones, aunque su incidencia sobre una multa debe evaluarse según las circunstancias y las pruebas de cada caso.

Mientras la cantidad de víctimas fatales no desciende, el sistema de control en nuestra provincia mediante cinemómetros (fotomultas), sigue firme y en crecimiento. Recaudando.

Cómo se controla en Entre RíosPara llevar adelante el sistema de control y registro de infracciones, la policía de Entre Ríos cuenta -desde hace más de cuatro años- con el servicio de la empresa privada Brocart SA, que brinda tecnología a través de sofisticados equipos fijos y móviles.Se trata de una firma que trabaja con numerosas provincias y municipios de nuestro país.El año pasado, la firma cobró de canon más de 800 millones de pesos mensuales por sus servicios en Entre Ríos. Una cifra altísima. Y nada despreciable.

Política de prevención y seguridadEl abogado y especialista en la materia, Juan Ignacio Maya, explicó que “una buena política de seguridad vial es aquella que logra disminuir los índices de infracción y siniestralidad mediante educación y la prevención”.En este sentido, la ley 24.449 (de tránsito) es una norma que educa, previene y, en última instancia, sanciona.“La política vial que muestra índices de infracción creciente puede obedecer a dos motivos: o la política de prevención es equivocada, y por eso crecen las infracciones; o se cambió el fin de la norma, pasando a ser la recaudación. De ser así, el aumento de infracciones sería un éxito”, advirtió Maya.

Cómo cobra la empresaEn nuestra provincia, el canon mensual que se le paga a la firma Brocart S.A. se compone de conceptos fijos y variables, por lo que su monto varía en cada período.Sin embargo, es posible establecer un promedio de lo que representa este costo para la Institución policial entrerriana, que ronda el 47% de lo efectivamente ingresado por parte del pago que realizan los infractores.Recordemos que Brocart SA cobra por tres conceptos: alquiler de los equipos de fiscalización, gastos de notificación, y prestación de servicios.

Contrasentido“El estado terceriza en una empresa privada el servicio de constatación de infracciones, pero es un contrasentido que el canon que cobra la firma sea en relación a la infracción que detecta. Es lo mismo que decir: ‘Cuantas más multas hago, más me beneficio. Es obvio que la empresa querrá ganar más. Y el interés de la comunidad es que ‘cuantas menos multas, más seguridad’. Por ello, el canon de la empresa debería estar vinculando a la disminución y no al aumento de las multas”, entiende Maya.

Sin expedientesPor cada infracción, la regla es que la policía debe detener al infractor, para que el riesgo que genera no continúe, y luego para identificar la persona y el automotor. La excepción es cuando el conductor se fuga o no se identifica. En ese caso se establece un procedimiento en el que se notifica al titular del automotor en el domicilio denunciado en el Registro de la Propiedad Automotor.“Por cada infracción, se debe conformar un expediente, que integre todos los elementos de prueba, y para que cada persona pueda ejercer su defensa. Pero hoy no hay expedientes”.Maya advirtió que se cambió el concepto de “notificación fehaciente”, donde se da certeza de destinatario, contenido, domicilio, día y hora, por “notificación válida”. Así, sólo se verifica que se diligencie una carta al domicilio del título de propiedad.

Cancha inclinadaAl recibir una multa, el automovilista enfrenta también dos problemas, entiende el especialista: la no renovación de la licencia y el inconveniente cuando se quiere comercializar el vehículo. “Cuando una persona hace su defensa y recurre a la Cámara de Apelaciones precisa que la respuesta de la Justica sea oportuna a los problemas que adolece. Si la Cámara se toma varios meses para un tema tan sencillo, lo que sucede es que está inclinando la cancha en favor de los recaudadores”. (Análisis)

La empresa de foto multasBrocart S.A. es una empresa cuyo directorio principal está encabezado por Iván David Wuignier como Presidente, con Sergio Javier Jacobi como Director Suplente, según designaciones de 2019, y opera en servicios como la fiscalización de fotomultas en Entre Ríos, siendo un contrato que genera polémica por el reparto de ingresos con el Estado provincial. 

La ciudad de Paraná avanza en la instrumentación de un sistema de videovigilancia similar al de fotomultas, con el objetivo de reducir la cantidad diaria de contravenciones en el tránsito y prevenir siniestros viales. Así lo anunció este jueves en Ahora Litoral el intendente Adán Bahl, quien precisó que en una primera etapa serán 25 cámaras.

"Hemos hecho un convenio con la Policía de Entre Ríos y se empiezan a colocar cámaras para el control de los semáforos en rojo en distintos puntos de la ciudad", dijo el jefe comunal, quien confirmó que algunas cámaras ya fueron instaladas y aguardan por su puesta en funcionamiento. Acotó que en breve serán informadas debidamente respecto de sus ubicaciones.

El intendente Bahl advirtió por la cantidad de siniestros viales que ocurren y muchos de ellos están vinculados por motociclistas o automovilistas que pasan en rojo. Reveló que en una de las cámaras testeadas advirtieron al menos 20 contravenciones en tan solo una hora durante el día.

En en ese sentido, reconoció que resulta imposible tener inspectores de tránsito en todos las 24 horas del día y que un proceso de "educación lleva tiempo". "Lo vamos a hacer coercitivamente. No queremos recaudar, sino que no queremos generar accidentes en la ciudad", argumentó.

Control de velocidad

Consultado por la cantidad de dispositivos, reveló en Ahora Litoral que se colocarán 25 cámaras "en un principio en lugares estratégicos". Incluso, Bahl adelantó que en un futuro, junto a la Policía, avanzarán en el control de la velocidad a través de radales.

Por otra parte, respecto de la velocidad de los conductores, aseguró que en algunas zonas no hay otra alternativa que colocar lomas de burro. "Lamentablemente la gente cree que es una pista de carrera", cuestionó, y admitió que no es el sistema más conveniente. "Tenemos que ponerlas para preservar la vida de la gente. No se puede poner las 24 horas inspectores", sostuvo. (Ahora)