El reclamo se basa en compromisos asumidos por la Nación en el Consenso Fiscal 2017, que preveía transferencias automáticas y actualizadas a las cajas previsionales no transferidas. Según la administración entrerriana, el incumplimiento de esas partidas generó un déficit estructural en el sistema jubilatorio provincial.

El expediente será analizado por el máximo tribunal con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita regularizar los aportes pendientes entre la Nación y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.