El decreto 922/2025 establece que este adelanto tiene como fin garantizar que la provincia pueda cumplir con sus compromisos más urgentes, tales como la ejecución de su presupuesto y la amortización de deudas, los cuales no se pueden atender debido a dificultades financieras temporales. Así, el gobierno nacional busca apoyar a Entre Ríos en la superación de este periodo crítico. En cuanto a la devolución de estos fondos, el decreto detalla que la Secretaría de Hacienda será la encargada de regular y establecer las condiciones de pago.La decisión quedó plasmada en el artículo primero de la norma, donde se lee: “Dispónese otorgar, en el Ejercicio Fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, un anticipo financiero a la Provincia de Entre Ríos por hasta la suma total de pesos doscientos veinte mil millones ($220.000.000.000)”.En los considerandos, y a modo de justificación, explica que el objetivo del anticipo, que es a su vez un préstamo, pasa por “subsanar dificultades financieras transitorias” de la administración entrerriana. De manera aún más explícita, dice: “el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.

Devolución de fondosRespecto de la devolución de los fondos que Nación adelanta a Entre Ríos, el artículo segundo del decreto faculta a la Secretaría de Hacienda del ministerio de Economía “a disponer la cancelación del anticipo otorgado, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548 (Coparticipación) y sus modificaciones o el que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico”.Más adelante, la norma autoriza a la Secretaria de Hacienda “a retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado más sus intereses, con el fin de cancelar los fondos que se otorgan con más sus intereses”.

Buenos Aires quedó entre las jurisdicciones con menor capacidad de gasto por habitante, debido a su alta densidad poblacional y la menor disponibilidad de recursos por persona.La capacidad de las provincias para financiar sus servicios públicos muestra diferencias profundas en la Argentina. Mientras algunas jurisdicciones cuentan con ingresos que les permiten sostener un gasto por habitante muy por encima del promedio, otras operan con recursos considerablemente más bajos. Esa brecha queda en evidencia en el informe elaborado por el IARAF bajo la dirección de Nadin Argañaraz, que analiza cuánto puede gastar cada provincia por habitante y cómo cambió ese indicador entre 2010 y 2024.El estudio ordena a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la capacidad efectiva de gasto por persona, a partir de la suma de recaudación propia, regalías y transferencias nacionales automáticas y no automáticas, expresadas en pesos constantes de mayo de 2025. Los resultados muestran una estructura territorial muy heterogénea y un mapa donde las diferencias se amplifican con el paso del tiempo.Para 2024, las jurisdicciones con mayor capacidad de gasto por habitante fueron Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca y La Pampa. Neuquén alcanzó el primer puesto luego de desplazar a Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego conservó su lugar. El promedio general de las 24 jurisdicciones se ubicó en $2.193.000, aunque las desigualdades internas fueron marcadas: la capacidad de gasto por habitante de Neuquén fue 4,3 veces la de la provincia de Buenos Aires.El estudio analiza con detalle la evolución del indicador durante los últimos catorce años. Entre 2010 y 2024, el consolidado de las provincias registró una caída real de 9,8% en su capacidad efectiva de gasto. El documento destaca que “la caída de los recursos nacionales explicó buena parte de la caída de la capacidad de gasto por habitante”. Las transferencias automáticas crecieron en términos per cápita, pero no lograron compensar la reducción de las transferencias no automáticas, que tuvieron un descenso significativo. A lo largo del período se produjo un cambio relevante en la estructura de financiamiento provincial: aumentó el peso de la recaudación propia, en especial Ingresos Brutos, mientras que las transferencias discrecionales de la Nación perdieron protagonismo. Según el IARAF, “se observó una caída general de la capacidad real de gasto, una marcada reducción del financiamiento discrecional de la Nación mediante transferencias no automáticas y un fuerte incremento de la recaudación de Ingresos Brutos”. Esa dinámica modificó la composición de los ingresos provinciales y elevó la correspondencia fiscal, aunque no redujo las brechas entre jurisdicciones.El informe identifica la variabilidad de las regalías como el factor que más incide en las diferencias entre provincias. Allí radica una parte importante de la explicación del liderazgo sostenido de Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, dado que cuentan con producción hidrocarburífera o minera relevante y baja densidad poblacional. Las regalías, combinadas con la recaudación propia, otorgan a estas provincias una capacidad de gasto muy superior a la de aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal.Un punto central del documento es la identificación de las únicas provincias que lograron aumentar su capacidad de gasto real entre 2010 y 2024: Neuquén y CABA. En el caso de Neuquén, el crecimiento estuvo impulsado por mayores ingresos tributarios locales —particularmente Ingresos Brutos— y por un incremento sustancial de las regalías debido al avance de la actividad petrolera. Para CABA, el informe relaciona el aumento con envíos no automáticos asociados al acuerdo por coparticipación. Las otras 22 jurisdicciones experimentaron caídas de distinta magnitud.El documento también incluye gráficos y cuadros que detallan la composición de los ingresos provinciales y muestran cómo se comportaron cada una de las fuentes entre 2010 y 2024. Allí se observa la variación de la recaudación propia, de las regalías, de las transferencias automáticas y de las no automáticas. Además, el informe aclara que el indicador utilizado excluye ingresos excepcionales y busca armonizar diferencias vinculadas a los sistemas previsionales provinciales, con el fin de asegurar comparabilidad entre las 24 jurisdicciones.Para profundizar el análisis, el IARAF clasifica a las jurisdicciones en cuatro grandes grupos construidos a partir de dos variables: nivel de ingresos y densidad poblacional. Esta división permite observar patrones comunes entre provincias que comparten rasgos estructurales similares.El primer grupo está compuesto por distritos de altos ingresos y alta densidad poblacional, entre los que se encuentran CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de provincias con una base tributaria amplia y niveles elevados de actividad económica. Sin embargo, su población numerosa hace que la capacidad de gasto por habitante sea menor que la de otros territorios menos poblados.El segundo grupo reúne a las provincias de altos ingresos y baja densidad poblacional, como Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y San Luis. En estas jurisdicciones, el peso de las regalías y la poca población generan un nivel de recursos por persona muy elevado, lo que explica su presencia constante en los primeros lugares del ranking.El tercer grupo incluye a provincias de bajos ingresos y alta densidad poblacional, entre ellas Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza. Estas jurisdicciones enfrentan mayores desafíos debido a que cuentan con menos recursos propios y una población más numerosa.El cuarto grupo está integrado por provincias de bajos ingresos y baja densidad poblacional, como Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy. En este caso, la capacidad de gasto por habitante varía más según la disponibilidad de recursos naturales. Catamarca, por ejemplo, mostró mejoras asociadas a regalías mineras, mientras que otras provincias del grupo registraron retrocesos.

Un mapa fiscal con grandes brechasEl informe concluye que, pese a los cambios en la composición de los ingresos y en la dinámica de las transferencias nacionales, las diferencias entre provincias se mantienen prácticamente sin alteraciones en el tiempo. Las jurisdicciones con mayores recursos naturales y menor población continúan encabezando el ranking, mientras que los territorios más poblados y con menos recursos se ubican en los últimos lugares.La estructura fiscal argentina sigue mostrando un contraste significativo entre provincias ricas en regalías y aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal. El análisis del IARAF aporta un diagnóstico sobre la persistencia de esas brechas y expone cómo varía la capacidad de gasto potencial que cada jurisdicción puede activar, en un contexto donde las transferencias no automáticas pierden peso y los ingresos propios se vuelven más relevantes. Infobae.

El primer semestre de 2020 registró una fuerte contracción en la actividad económica por la pandemia de COVID-19. Esto se vio reflejado en la recaudación tributaria nacional y provincial, que aumentó en términos nominales, pero sensiblemente por debajo de la inflación. Las ayudas del Estado nacional compensaron el pobre desempeño de la recaudación impositiva, lo que permitió que el Estado provincial cerrara la primera mitad del año con las cuentas equilibradas, precisa el Informe de Ejecución Presupuestaria Provincial, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos.

El resultado fiscal primario, antes del pago de intereses, fue un superávit de 327 millones de pesos, un monto 35% inferior en términos nominales al registrado en el mismo periodo del año pasado. El equilibrio de las cuentas públicas se logró principalmente por el incremento extraordinario de las transferencias discrecionales de Nación: aumentaron un 246% nominal, lo que equivale al 142% en términos reales. Es el concepto de ingresos del Estado provincial que más creció en la primera mitad del año. El gasto primario también disminuyó en términos reales, en especial por el freno de la obra pública.

El superávit primario, sin embargo, no alcanzó a compensar el pago de intereses, que ascendió a 2.349 millones de pesos. El resultado financiero, por lo tanto, fue un déficit de 2.022 millones de pesos.

En la provincia, tanto los recursos como el gasto público primario aumentaron un 33%, es decir, 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual, que fue del 43%, según el INDEC. Los ingresos incluyen tanto las transferencias nacionales, como los recursos tributarios de origen nacional y provincial, los aportes y contribuciones a la seguridad social, los recursos de capital y otros ingresos no tributarios. Los ingresos por coparticipación federal de impuestos crecieron un 28% nominal en el primer semestre, lo que significa una caída del 11% real con respecto al mismo periodo del año anterior. La recaudación provincial se incrementó un 22% nominal, lo que equivale a una reducción del 15% real. Con respecto a los impuestos provinciales, Ingresos Brutos �el más importante por el monto de la recaudación� creció en un 33% nominal, lo que representa una caída real de 7%. Por detrás, crecieron en términos nominales el impuesto inmobiliario urbano y automotores, mientras que el inmobiliario rural tuvo una fuerte caída de 21% en términos nominales �y 44% en términos reales�. La reducción se debe a la postergación de la segunda cuota del impuesto inmobiliario rural, una medida tomada por el gobierno provincial en el marco de la pandemia de COVID-19.

Cae la inversión y aumenta el déficit de la Caja de Jubilaciones

La obra pública tuvo un importante recorte en términos nominales en la provincia entre enero y junio. La relación entre intereses e inversión pública real directa fue de 1,4 en el primer semestre de 2020, es decir, se destinó un 40% más al pago de intereses de deuda que a la inversión en infraestructura. En el mismo periodo del año pasado, la relación había sido inversa: el pago de intereses había sido un 20% menor a la inversión.

Una consecuencia de esta caída de la inversión pública es que el gasto corriente pasó a ser el 98% del total de gasto primario. Dentro de los gastos corrientes, el que más aumentó fue el pago de jubilaciones y pensiones, con una variación de 50%; es decir, por encima de la inflación. Las jubilaciones fueron uno de los pocos gastos que no sufrieron ajustes este año.

El gasto en personal creció un 37%, levemente por debajo de la inflación. El menor aumento del gasto en personal respecto del de jubilaciones se explica, entre otros motivos, por la reducción del total de empleados registrado del sector público en 1.166 puestos. Es una disminución del 1,3% con respecto a lo registrado en junio de 2019. El gasto mensual promedio en sueldos del Estado fue de 77.083 pesos.

Por otro lado, el número de jubilados y pensionados aumentó casi el 6%, según el último dato publicado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en abril 2020.

El gasto en jubilaciones pasó a representar la mitad del gasto en personal en actividad en el primer semestre. El haber mensual promedio de jubilados y pensionados fue de 54.954 pesos.

El déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones creció un 82% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significa un incremento de 27,4% real. El desbalance aumentó de 2.906 millones de pesos en la primera mitad de 2019 a 5.294 millones de pesos en el mismo periodo de este año. Se espera que el desequilibrio se agrave en el segundo semestre, ya que históricamente es un periodo donde los gastos se incrementan por encima de los ingresos.