Por Facundo Chaves - El Gobierno de Javier Milei prepara una decisión de fuerte impacto político, presupuestario y estratégico: destinará parte de los fondos obtenidos por privatizaciones, ventas de activos, concesiones y licitaciones estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La medida será instrumentada mediante un decreto presidencial que ya superó las principales instancias técnicas y administrativas y podría publicarse en los próximos días.Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de todo lo que el Estado nacional obtenga por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.El objetivo central es mejorar la capacidad operativa y funcional del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, tres estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, postergación de inversiones y pérdida progresiva de capacidades estratégicas.En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos.La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo. El decreto ya recibió observaciones favorables del Ministerio de Economía, de la Secretaría Legal y Técnica y de otras áreas del gabinete, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaba destinado al Tesoro Nacional. Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionarán a recuperar el instrumento militar.La medida no se limita a la compra de armamento o sistemas militares. También contempla obras de infraestructura consideradas críticas para el funcionamiento de las fuerzas: bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares de todo el país.Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.En la visión oficial, Tierra del Fuego se convirtió en una zona de creciente interés estratégico por su cercanía con rutas marítimas sensibles, su conexión con la Antártida y la proyección sobre el área de Malvinas. Por eso, la construcción de infraestructura militar en esa provincia aparece entre las prioridades de mediano plazo.La decisión de reasignar recursos llega después de una serie de movimientos que el Gobierno exhibe como parte de una nueva política de Defensa. El caso más visible fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación presentada oficialmente como la adquisición militar más importante de las últimas décadas.Con ese acuerdo, la Fuerza Aérea inició el proceso para recuperar capacidad supersónica, una aptitud perdida tras la salida de servicio de los Mirage y la falta de reemplazo posterior. La incorporación de los F-16 también obliga a inversiones complementarias en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado.En paralelo, el Ejército avanzó recientemente con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. En el área de Defensa consideran que ese tipo de adquisiciones deben complementarse con renovación de comunicaciones, transporte y sistemas terrestres.La Armada Argentina, por su parte, mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. Desde aquel episodio, la Argentina quedó sin una herramienta clave para patrullaje oceánico, disuasión y entrenamiento naval avanzado.En ese marco, la posibilidad de incorporar nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico y financiero. Para la conducción naval, recuperar esa capacidad es una necesidad estratégica en función de la extensión marítima argentina, la custodia de recursos pesqueros y la presencia permanente en el Atlántico Sur.En el Gobierno explican que el nuevo mecanismo busca resolver un problema histórico: la dependencia exclusiva del presupuesto anual para cualquier mejora relevante en Defensa. Con restricciones fiscales permanentes, muchas compras quedaron demoradas durante años y otras directamente fueron canceladas.La nueva lógica apunta a vincular parte del proceso de privatizaciones con la recomposición de capacidades estatales consideradas esenciales. En otras palabras, mientras el Estado reduce su participación empresaria en determinadas áreas, una porción de esos recursos se redirigirá hacia funciones que el oficialismo considera indelegables.El programa de privatizaciones incluye distintas empresas y activos habilitados por la Ley Bases, entre ellos compañías energéticas, operadoras de servicios y concesiones de infraestructura. En las últimas horas, una de las operaciones más resonantes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, pieza clave del sistema de transporte eléctrico.Dentro del oficialismo entienden que, si ese cronograma avanza, los fondos disponibles para Defensa podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años. No habrá un monto fijo inicial: dependerá del volumen de cada operación concretada.El decreto también establecerá que cuando se vendan o concesionen inmuebles, predios o activos bajo órbita militar, el 70% de lo recaudado volverá al área. Ese punto es especialmente valorado dentro de las Fuerzas Armadas, donde desde hace años existía el reclamo de que desprenderse de bienes sin reinversión implicaba descapitalización.La decisión presidencial también tiene una lectura política. Javier Milei busca mostrar que el ajuste del gasto público no supone desatender todas las áreas del Estado, sino reasignar recursos hacia sectores que considera prioritarios: seguridad, defensa, inteligencia estratégica e infraestructura crítica.Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el desafío posterior será la ejecución. Comprar sistemas complejos exige no solo fondos iniciales, sino sostenimiento posterior: repuestos, capacitación, mantenimiento, actualización tecnológica y personal especializado.Se punto fue determinante en frustraciones anteriores, cuando distintas administraciones anunciaron incorporaciones que luego encontraron límites operativos o presupuestarios para mantenerse en el tiempo.En la Casa Rosada sostienen que la Argentina necesita reconstruir capacidades básicas luego de años de retroceso relativo frente a otros países de la región. La referencia incluye vigilancia aérea, control del mar, movilidad terrestre, logística antártica y presencia en zonas de interés estratégico.Con ese diagnóstico, el decreto que Milei tiene a la firma busca abrir una nueva etapa para el área de Defensa. No será una compra puntual ni una decisión aislada, sino la creación de una fuente específica de financiamiento atada al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno. Infobae.

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos en febrero se duplicó en la comparación interanual, aunque la cifra se redujo en relación a enero, según datos del Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al mismo tiempo, el documento reporta cambios sustanciales en los principales formatos de pago, reflejando la evolución de las tendencias financieras en Argentina.Durante febrero de 2026, los cheques rechazados por falta de recursos registraron una suba de 115,1% en comparación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la comparación intermensual muestra una baja de 11,8% en los rechazos. Esto representa una ligera mejora tras el deterioro en la capacidad de pago observado en meses previos.La cantidad de cheques rechazados se ubicó en 89.824 -contra los 41.759 de febrero de 2025- por un monto nominal de $295.586,6 millones, lo que se traduce en una contracción de 4,7% respecto al monto nominal de enero y de 7,4% sin contar el efecto de la inflación. El informe del BCRA detalla que la proporción de rechazos por falta de fondos fue 2% respecto al total de cheques compensados en cantidad y 1,5% en montos. En el mismo período, se compensaron 4,5 millones de cheques (incluyendo físicos y electrónicos) por $19,6 billones. El crecimiento de los rechazos refleja presión sobre la liquidez, pero la disminución respecto a enero insinúa una posible estabilización.El formato de cheques electrónicos (ECHEQ) alcanzó el 61,4% de la cantidad de cheques compensados, con 2,8 millones de operaciones, y concentró el 82,8% de los montos, totalizando $16,3 billones. Además, en febrero se compensaron 34 cheques electrónicos emitidos en dólares, por un monto de USD 6 millones. El informe señala que el ECHEQ avanza en relevancia, desplazando progresivamente al cheque físico.Los pagos minoristas experimentaron un comportamiento variado. Las transferencias inmediatas en pesos (push) exhibieron un aumento del 25,5% interanual, con 650,3 millones de operaciones por $74,8 billones. En el 75,8% de estas, participó al menos una cuenta virtual (CVU), lo que refleja la expansión de las billeteras digitales y servicios no bancarios.En moneda extranjera, se reportaron 2,2 millones de transferencias inmediatas (9,9% de suba interanual), que movilizaron USD 2.890,2 millones, resultado que marca un descenso de 1,9% interanual en moneda de origen. Por su parte, las transferencias inmediatas tipo pull (pedidos de dinero) llegaron a 38,1 millones de operaciones en febrero, con incrementos anuales de 5,7% en cantidad y 7,1% en montos reales.Los pagos mediante código QR interoperable totalizaron 88,9 millones de operaciones en pesos, alcanzando $2,1 billones, con una suba de 46,4% interanual en cantidad y de 54,2% en montos reales. De estas transacciones, el 47,6% se acreditó en cuentas virtuales y el 52,4% en cuentas bancarias. El uso de claves aleatorias para iniciar pagos cayó 55,6% interanual, con un millón de operaciones.El sistema supervisa en la actualidad 87 billeteras digitales y 61 aceptadores de pagos con transferencia interoperable, lo que evidencia el avance del ecosistema digital de pagos y su adopción por comercios y usuarios.El débito directo reportó una baja de 4,9% interanual en cantidad de operaciones, con 11,1 millones de transacciones en febrero, por un monto de $1,8 billones (con un crecimiento de 5% interanual en términos reales). La tasa de efectividad quedó en 43% según el informe del BCRA, mostrando que menos de la mitad de los débitos realizados fueron finalmente acreditados en las cuentas destino. Las operaciones con tarjeta de débito sumaron 174,3 millones en enero, equivalentes a $5,1 billones, con caídas de 10,4% en cantidad y 14,3% en montos reales respecto al mismo mes del año anterior. El uso para pagos en moneda extranjera fue bajo: 11.700 operaciones por USD 7,1 millones.Las transacciones con tarjeta de crédito marcaron 159,4 millones de pagos en enero, una leve baja de 0,7% interanual en cantidad y 4,7% en montos reales. El canal de comercio electrónico representó el 37,9% de las operaciones, seguido de los pagos presenciales (POS y QR) con 37,5% y el débito automático con 14,9%. Apenas el 5% de los pagos con tarjeta de crédito se realizó mediante QR interoperable.La tarjeta prepaga para transporte sumó 240,4 millones de viajes en enero, una caída del 18,4% interanual, por un total de $137.000 millones. Además, en febrero, los viajes pagados con QR llegaron a 16,5 millones, predominando en el transporte colectivo.La mayor parte de las extracciones de efectivo ocurrió en cajeros automáticos, que concentraron el 89% de las operaciones en enero, con 43,8 millones de extracciones por $4,2 billones. El promedio fue de 2.541 extracciones por cajero y $94.800 por operación. Las extracciones extrabancarias con tarjeta de débito ascendieron a 3,3 millones y $200.000 millones, mientras que las realizadas desde cuentas de pago en circuitos cerrados (“closed loop”) sumaron 2,1 millones de extracciones por $120.000 millones, con montos medios de $61.200.El análisis del informe del Banco Central de la República Argentina destaca el avance de los formatos digitales —en particular, el cheque electrónico—, que ganan importancia tanto en montos como en número de operaciones frente a los instrumentos tradicionales.

El Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro, informó Clarín citando a voceros oficiales.Entre los dólares que adquirió el Tesoro por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se lograron reunir los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos.Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$ 7.000 millones, de los cuales el Gobierno tomaría unos US$ 1.600 millones, para llegar a los pagos necesarios.El Gobierno, el primer día hábil del año, envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros. Son los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.Además, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda se reinvertido en deuda argentina.El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con US$ 1.970 millones. A esa cuenta le falta agregar el ingreso de US$ 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue.  Son divisas que terminará de recibir el Tesoro esta semana. NA.

Buenos Aires quedó entre las jurisdicciones con menor capacidad de gasto por habitante, debido a su alta densidad poblacional y la menor disponibilidad de recursos por persona.La capacidad de las provincias para financiar sus servicios públicos muestra diferencias profundas en la Argentina. Mientras algunas jurisdicciones cuentan con ingresos que les permiten sostener un gasto por habitante muy por encima del promedio, otras operan con recursos considerablemente más bajos. Esa brecha queda en evidencia en el informe elaborado por el IARAF bajo la dirección de Nadin Argañaraz, que analiza cuánto puede gastar cada provincia por habitante y cómo cambió ese indicador entre 2010 y 2024.El estudio ordena a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la capacidad efectiva de gasto por persona, a partir de la suma de recaudación propia, regalías y transferencias nacionales automáticas y no automáticas, expresadas en pesos constantes de mayo de 2025. Los resultados muestran una estructura territorial muy heterogénea y un mapa donde las diferencias se amplifican con el paso del tiempo.Para 2024, las jurisdicciones con mayor capacidad de gasto por habitante fueron Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca y La Pampa. Neuquén alcanzó el primer puesto luego de desplazar a Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego conservó su lugar. El promedio general de las 24 jurisdicciones se ubicó en $2.193.000, aunque las desigualdades internas fueron marcadas: la capacidad de gasto por habitante de Neuquén fue 4,3 veces la de la provincia de Buenos Aires.El estudio analiza con detalle la evolución del indicador durante los últimos catorce años. Entre 2010 y 2024, el consolidado de las provincias registró una caída real de 9,8% en su capacidad efectiva de gasto. El documento destaca que “la caída de los recursos nacionales explicó buena parte de la caída de la capacidad de gasto por habitante”. Las transferencias automáticas crecieron en términos per cápita, pero no lograron compensar la reducción de las transferencias no automáticas, que tuvieron un descenso significativo. A lo largo del período se produjo un cambio relevante en la estructura de financiamiento provincial: aumentó el peso de la recaudación propia, en especial Ingresos Brutos, mientras que las transferencias discrecionales de la Nación perdieron protagonismo. Según el IARAF, “se observó una caída general de la capacidad real de gasto, una marcada reducción del financiamiento discrecional de la Nación mediante transferencias no automáticas y un fuerte incremento de la recaudación de Ingresos Brutos”. Esa dinámica modificó la composición de los ingresos provinciales y elevó la correspondencia fiscal, aunque no redujo las brechas entre jurisdicciones.El informe identifica la variabilidad de las regalías como el factor que más incide en las diferencias entre provincias. Allí radica una parte importante de la explicación del liderazgo sostenido de Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, dado que cuentan con producción hidrocarburífera o minera relevante y baja densidad poblacional. Las regalías, combinadas con la recaudación propia, otorgan a estas provincias una capacidad de gasto muy superior a la de aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal.Un punto central del documento es la identificación de las únicas provincias que lograron aumentar su capacidad de gasto real entre 2010 y 2024: Neuquén y CABA. En el caso de Neuquén, el crecimiento estuvo impulsado por mayores ingresos tributarios locales —particularmente Ingresos Brutos— y por un incremento sustancial de las regalías debido al avance de la actividad petrolera. Para CABA, el informe relaciona el aumento con envíos no automáticos asociados al acuerdo por coparticipación. Las otras 22 jurisdicciones experimentaron caídas de distinta magnitud.El documento también incluye gráficos y cuadros que detallan la composición de los ingresos provinciales y muestran cómo se comportaron cada una de las fuentes entre 2010 y 2024. Allí se observa la variación de la recaudación propia, de las regalías, de las transferencias automáticas y de las no automáticas. Además, el informe aclara que el indicador utilizado excluye ingresos excepcionales y busca armonizar diferencias vinculadas a los sistemas previsionales provinciales, con el fin de asegurar comparabilidad entre las 24 jurisdicciones.Para profundizar el análisis, el IARAF clasifica a las jurisdicciones en cuatro grandes grupos construidos a partir de dos variables: nivel de ingresos y densidad poblacional. Esta división permite observar patrones comunes entre provincias que comparten rasgos estructurales similares.El primer grupo está compuesto por distritos de altos ingresos y alta densidad poblacional, entre los que se encuentran CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de provincias con una base tributaria amplia y niveles elevados de actividad económica. Sin embargo, su población numerosa hace que la capacidad de gasto por habitante sea menor que la de otros territorios menos poblados.El segundo grupo reúne a las provincias de altos ingresos y baja densidad poblacional, como Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y San Luis. En estas jurisdicciones, el peso de las regalías y la poca población generan un nivel de recursos por persona muy elevado, lo que explica su presencia constante en los primeros lugares del ranking.El tercer grupo incluye a provincias de bajos ingresos y alta densidad poblacional, entre ellas Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza. Estas jurisdicciones enfrentan mayores desafíos debido a que cuentan con menos recursos propios y una población más numerosa.El cuarto grupo está integrado por provincias de bajos ingresos y baja densidad poblacional, como Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy. En este caso, la capacidad de gasto por habitante varía más según la disponibilidad de recursos naturales. Catamarca, por ejemplo, mostró mejoras asociadas a regalías mineras, mientras que otras provincias del grupo registraron retrocesos.

Un mapa fiscal con grandes brechasEl informe concluye que, pese a los cambios en la composición de los ingresos y en la dinámica de las transferencias nacionales, las diferencias entre provincias se mantienen prácticamente sin alteraciones en el tiempo. Las jurisdicciones con mayores recursos naturales y menor población continúan encabezando el ranking, mientras que los territorios más poblados y con menos recursos se ubican en los últimos lugares.La estructura fiscal argentina sigue mostrando un contraste significativo entre provincias ricas en regalías y aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal. El análisis del IARAF aporta un diagnóstico sobre la persistencia de esas brechas y expone cómo varía la capacidad de gasto potencial que cada jurisdicción puede activar, en un contexto donde las transferencias no automáticas pierden peso y los ingresos propios se vuelven más relevantes. Infobae.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Escuelas Alfa en Red, que se ejecuta desde la secretaría de Educación del Gobierno nacional y articulada con la provincia de Entre Ríos, una política educativa focalizada que tiene como objetivo acompañar a las instituciones con mayores desafíos en relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura, a partir de sus realidades y contextos particulares.Los fondos, que alcanzan un monto total de 140 millones de pesos, se empezaron a transferir directamente a cada institución, en función de su cantidad de secciones de 3º grado. Se harán efectivos a través de la tarjeta ticket nación.Esta inversión contempla la compra de materiales pedagógicos específicos, tales como cuadernos, lápices, fibrones, pizarras individuales, letras móviles y rotafolios, entre otros recursos fundamentales para el seguimiento de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes.Las 303 escuelas seleccionadas fueron identificadas a partir de las últimas pruebas Aprender, con el objetivo de dirigir los recursos hacia donde más se necesitan. Esta focalización no sólo optimiza el uso de los fondos públicos, sino que permite reducir desigualdades y generar oportunidades educativas más equitativas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.Además de la asignación de fondos, el programa incluye un trayecto formativo para directores y supervisores de nivel primario, orientado a fortalecer la gestión pedagógica institucional en alfabetización. En este marco, se prevé un nuevo encuentro presencial de estudio y reflexión que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en la ciudad de Paraná. 

El Gobierno nacional oficializó mediante diferentes decretos las normas que legalizan el plan para el uso de dinero no declarado, al tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que los límites fijados son por mes y por persona.En las últimas horas desde la Casa Rosada buscaron dar más claridad en algunos puntos del plan y entre ellos precisaron que “para cualquier consumo de bienes no registrables se pueden gastar hasta $ 50 millones por mes sin que a ARCA le llegue ningún tipo de información sobre tus consumos”.Por otro lado, se indicó que para cualquier compra de bienes registrables superior a $ 50 millones, como un auto o un inmueble, hay que adherir al Régimen Simplificado de Ganancias desde el 1° de junio”.De esta forma “ARCA no mirará tu incremento patrimonial ni tu consumo y solo pagarás impuestos por ingresos”.Caputo aclaró que de todas formas ese bien “entra al patrimonio de una persona y luego se deberá declarar en bienes personales.No obstante, cabe aclarar que para que la operación quede exenta de riesgos se deberá esperar a que el Congreso de Ley apruebe el proyecto que enviará en los próximos días el Poder Ejecutivo.Por otro lado, se impulsarán las reformas para subir el umbral de la ley Penal Tributaria y se reducirá también los años de prescripción para darle más certidumbre al proyecto.Caputo también aclaró que el “la adhesión al régimen de ganancias simplificado quedará abierto y los contribuyentes podrán adherirse cuando quieran”. NA.

Heller informó sobre las modificaciones que el oficialismo introducirá en el dictamen de mayoría que se emitirá sobre el proyecto de ley de Presupuesto Nacional enviado el Gobierno el 15 de septiembre, y que será debatido desde este jueves en una sesión especial convocada por el Frente de Todos.

Al abrir la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda que se realiza en el recinto de sesiones desde las 14.15 - para mantener el distanciamiento social a causa del coronavirus- Heller (FDT) dijo que se van a realizar algunos cambios que no alteren los ejes centrales del proyecto y que se "han tenido en cuenta las multi solicitudes" como la del subsidio para el transporte de pasajeros del interior del país.

El proyecto girado por el Gobierno nacional prevé un crecimiento del 4 % del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33 % y un dólar a $131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.

Al iniciar la reunión, Heller dijo que se aumentará en un 70 % el subsidio del transporte de pasajeros del interior del país para compensar la tarifa de ese servicio contemplado en el Presupuesto Nacional del 2022, ya que elevó de $27 mil millones a $46 mil millones ese fondo como habían solicitado legisladores del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y legisladores provinciales.

Incluso, los mandatarios provinciales de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Chaco Jorge Capitanich, de Catamarca Raúl Jalil, y de La Rioja pidieron el martes -en representación de una decena de mandatarios- el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto al jefe del bloque del FDT, Máximo Kirchner un aumento de los subsidios para el transporte de pasajeros del interior del país.

Otros de las modificaciones que anunció Heller fue un aumento de las partidas a La Rioja, la autorización para llamar a licitación del sistema del Canal Magdalena, y la posibilidad de establecer zonas francas para que aquellas zonas donde se registra comercio bilateral con países limítrofes.

Otro punto central de los cambios está vinculado a la ley que permite actualizar los balances de ganancias por inflación y en ese sentido se establece que solo se permitirá que en el caso del 2021 se permitirá imputar un tercio de la inflación y los dos tercios se podrán aplicar en los balances del 2022 y 2023.

También prorrogó los beneficios para blanquear capitales para invertir en la construcción y en ese sentido se estableció que aquellos que lo hagan antes del 30 de abril del 2022 pagarán un impuesto del 5 % y los que lo hagan luego de esa fecha será del 10 %.

Además informó que se aumentarán partidas por $6.000 millones para el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que se autoriza al Jefe de Gabinete a cumplir las sentencias de la Corte Suprema por las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y La Pampa.