La Dirección de Agricultura de Entre Ríos, en conjunto con la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación (Acyef) y la Fundación Campo Limpio; invitan a participar de una nueva edición de estas jornadas de capacitación. La cita de carácter presencial es el próximo lunes 28 de septiembre en la Acyef, ubicada en San Martín y Chacho, Federación; de 13:00 a 18:00. Destinada a productores y operarios fitosanitarios, permitirá a los asistentes obtener o renovar el carnet de operador fitosanitario. Además, se abordarán la gestión de Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios en Argentina (Renspa), Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico (DTVe) y Guías de Transporte de Frutas Cítricas; así como también la vinculación de los sistemas. Actividad con inscripción previa y cupos limitados. Para inscribirse, ingresar en https://forms.comunicacionentrerios.com/f/458 

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de la sentencia que había fijado distancias para la aplicación de productos fitosanitarios diferentes de las establecidas por la Ley Provincial Nº 11.178 y rechazó las acciones de amparo promovidas en relación con predios ubicados en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, departamento Diamante.La resolución deja sin efecto las prohibiciones que la sentencia de primera instancia había dispuesto para las aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y para las aéreas a menos de 3.000 metros, y mantiene plenamente vigente el régimen provincial de buenas prácticas en materia de fitosanitarios.En sus fundamentos, los integrantes del Superior Tribunal advirtieron una contradicción central en el fallo revisado: por una parte, reconocía la validez y el carácter progresivo de la Ley 11.178 pero, al mismo tiempo, desplazaba sus disposiciones y establecía distancias diferentes sin declarar la inconstitucionalidad de la norma.El Tribunal también señaló que no fue acreditada una infracción concreta a las distancias previstas por la legislación vigente por parte de los demandados. Asimismo, consideró que los cuestionamientos generales sobre la suficiencia del régimen legal deben plantearse mediante las vías judiciales específicas y no pueden resolverse sustituyendo sus disposiciones a través de una acción de amparo.Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia institucional del pronunciamiento, porque preserva el principio de legalidad, brinda previsibilidad a productores y pobladores y reconoce las competencias que corresponden a cada uno de los poderes del Estado.La Ley 11.178 regula las condiciones para el uso responsable de productos fitosanitarios, establece distancias de resguardo, registros, recetas agronómicas, mecanismos de fiscalización y sanciones ante eventuales incumplimientos. Su aplicación no exime a productores ni aplicadores de las obligaciones previstas ni limita la capacidad del Estado para controlar y sancionar cualquier conducta irregular.El Gobierno de Entre Ríos reafirma que la producción y el cuidado del ambiente no constituyen objetivos contrapuestos. Por ese motivo, continuará fortaleciendo los mecanismos de prevención, fiscalización y control, promoviendo la incorporación de tecnología y buenas prácticas que permitan proteger la salud de las personas y acompañar una producción sustentable y responsable. 

Es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico junto a la Fundación Benet, que capacitará a operarios en el territorio entrerriano con una modalidad teórica y práctica a cargo de expertos de la empresa Drones Vip. La apertura será a las 14.Desde el gobierno provincial, resaltaron que la Resolución Nº 1472/25 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, reglamentaria de la Ley Provincial Nº 11.178 de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, establece el deber de contar con licencia aeronáutica de piloto a distancia para poder realizar estas prácticas. A los fines de simplificar la obtención de la licencia, se organizó la capacitación y se dispondrá un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) en el kilómetro 72 de la ruta provincial 20 en Gilbert para realizar la instancia práctica de la capacitación.La primera etapa del curso se desarrollará a través de la plataforma educativa virtual AgroFormar. Los alumnos contarán con clases teóricas en vivo por Zoom, videos explicativos, bibliografía y cuestionarios de autoevaluación; comenzando el viernes 14 de agosto, mientras que las clases prácticas, presenciales y semanales, comenzarán el sábado 12 de septiembre. Finalizadas las instancias  teórica y práctica, los alumnos rendirán el examen ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el lapso de entre 30 y 60 días, contados desde la finalización de los trámites que cada alumno debe realizar ante dicha autoridad estatal.

Legisladores nacionales de distintos bloques participaron este miércoles de una jornada técnica sobre aplicación de fitosanitarios convocada para analizar el vacío legal existente, el impacto de la creciente judicialización y las alternativas para establecer una regulación nacional que otorgue mayor previsibilidad a la producción agropecuaria.Del encuentro participaron los diputados Martín Ardohain (Pro-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (Pro-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sánchez Wrba (Pro-Buenos Aires), Alejandra Torres (Provincias Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires). También asistieron integrantes de los equipos de Romina Almeida, Karina Banfi, Verónica Razzini, Beltrán Benedit y Emilia Orozco, precisó Parlamentario.La actividad reunió además a representantes de instituciones agroindustriales y especialistas en el marco de una agenda de trabajo impulsada por el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), con el objetivo de acercar información técnica al Congreso y promover un debate sustentado en evidencia científica.Durante la jornada se analizó la situación regulatoria que enfrenta la aplicación de fitosanitarios en la Argentina, caracterizada por la coexistencia de normas provinciales, ordenanzas municipales y fallos judiciales que establecen criterios diferentes según cada jurisdicción. Los participantes coincidieron en que esa dispersión genera incertidumbre para productores y aplicadores, dificulta la incorporación de nuevas tecnologías y multiplica los conflictos judiciales.Representantes de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) expusieron los principales puntos de un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios. La iniciativa contempla la definición de zonas sensibles y de amortiguamiento con criterios técnico-científicos, la capacitación y profesionalización de los aplicadores, la delimitación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control mediante nuevas tecnologías.Asimismo, se presentó una simulación sobre el impacto que podrían tener determinadas medidas cautelares sobre la superficie productiva, afectando actividades como la ganadería, la lechería y cultivos como maíz, trigo y papa. Según se señaló, en algunas zonas las restricciones podrían comprometer hasta el 40% del área productiva.Desde el sector legislativo se planteó la necesidad de responder a las demandas sociales vinculadas al cuidado del ambiente y la salud, fortaleciendo la trazabilidad, la capacitación de los operadores y la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias. Como conclusión, los participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una ley nacional de presupuestos mínimos que aporte reglas homogéneas y reduzca el grado de judicialización que hoy registra la actividad. (APFDigital)