El actor e influencer Santiago Motolo, conocido por sus participaciones en las series El Marginal, El Jardín de Bronce y en O11CE, es investigado por un fiscal porteño luego de que se viralizara un video suyo disparando al aire en el barrio 31.La causa la investiga la Fiscalía N°11 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que abrió el expediente de oficio por el delito de abuso de armas.“Se están realizando tareas investigativas”, detallaron a Infobae fuentes del caso sobre la incipiente causa.En las imágenes que encabezan esta nota se ve a un hombre de gorra con un arma, parado junto a Motola, que estaba de recorrida por el barrio 31 junto a un equipo, filmando escenas del barrio y cómo se vive en ese lugar.El sospechoso armado, como si le estuviera enseñando a disparar, toma la pistola con su mano y con la del actor que lo acompaña y hacen tres tiros al aire.Todo habría sucedido a fines de febrero, al menos esa es la fecha de publicación que hizo en un video de YouTube que lleva el nombre: “Estuvimos en el barrio más peligroso”.Allí, se lo ve junto a niños en una cancha de fútbol, en un video que hizo junto a un equipo. Después, se observa cómo camina las calles del barrio 31 y charla con los vecinos sobre la violencia en el lugar.En la recorrida muestra los distintos lugares de la villa, como si estuviera en un paseo nocturno. Señala una barbería, una casa de comidas y le avisan de un gazebo en donde venden ropa original. “Qué buena pilcha”, lanza.En un momento, cuando están frente a un lugar que hace pollo a la parrilla en el que debaten si se quedan a comer, la cámara lo pierde a Motola y se queda con los otros jóvenes que fueron con él.Una de las chicas le dice a su colega: “No me gusta esto”. “Nooo, a mí tampoco”, le responde el joven y se asusta al escuchar las detonaciones. Tres, como las que disparó Motola con el vecino de gorra de la 31. Y agrega: “La concha de tu madre, están tirando tiros”.Luego, Motola se les suma y agrega: “Tiraron tres tiros, boludo”. Y se van del barrio en busca del coche de aplicación que los fue a buscar. (Infobae)

Los episodios, ocurridos entre el 10 y el 14 de febrero de 2026 y que no habrían sido consignados en los partes policiales, involucran a Héctor Oscar Ferreyra (68) y a su hijo, Héctor Mauricio Ferreyra (45).

El hecho más grave se registró el 12 de febrero, alrededor de las 19:30, en el taller ubicado en calle Balcarce al 750. De acuerdo con las presentaciones realizadas en la Comisaría Segunda, el mayor de los Ferreyra se presentó en el lugar con la presunta intención de cambiar los candados del establecimiento.En ese contexto, y por circunstancias que se investigan, un hombre que lo acompañaba habría atacado con un arma blanca a Héctor Mauricio Ferreyra, provocándole una herida abdominal.

El herido fue trasladado de urgencia por el servicio 107 al Hospital Masvernat, donde permaneció internado durante 24 horas.Asimismo, Sandra Marina Sorrentino —pareja del lesionado— y sus cuñadas, Vanesa y Yohanna Ferreyra, denunciaron haber sido agredidas por María Ayala, actual pareja de Héctor Oscar Ferreyra, y por allegados a esta.

Intervención judicialDías antes del ataque, el 10 de febrero, el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes N° 1 de Concordia ya había dispuesto medidas preventivas en el marco de una causa por violencia familiar.Tras los nuevos incidentes, el juez subrogante, Dr. Rodolfo Guillermo Jáuregui, resolvió mantener la prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos por parte de Héctor Oscar Ferreyra hacia Sandra Sorrentino y Mauricio Ferreyra por un plazo de 180 días.

Además, se dispuso la prohibición de ingreso del hombre a la vivienda familiar situada en calle Balcarce 756, donde reside su hijo; la obligación de ambos —padre e hijo— de asistir al Centro de Fortalecimiento Social para recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico; y la derivación de los denunciantes a la Dirección de Seguridad Municipal para la entrega de dispositivos de alerta o botón antipánico.

Actuación de la FiscalíaPor la gravedad de los hechos, tomó intervención la Fiscalía de Género, a la que se remitieron testimonios ante la posible comisión de los delitos de amenazas y lesiones.

Familiares del joven herido manifestaron ante las autoridades su preocupación por eventuales represalias y aseguraron que sienten temor incluso al regresar a su propio domicilio. Con información de El Entre Ríos. 

El fiscal coordinador en Feria, Leandro Dato, argumentó que “corresponde se rechace la solicitud de habilitación de feria planteada por los doctores José Velásquez e Ignacio Díaz. Se hace reserva del caso federal ante el improbable caso que se haga lugar al mismo, ya que de esa manera se violentarían esenciales garantías- debido proceso, juez natural – en los términos de la ley 48 y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Dato sostuvo –exageradamente- que “de habilitarse la feria se daría el absurdo y abriría la instancia a que todas la prisiones preventivas dictadas pudieran rediscutirse este mes de enero por el sólo hecho o falaz argumento que una persona se encuentra privada de la libertad, todo lo cual no resiste el menor análisis lógico, y sólo una arbitrariedad manifiesta –no exenta de gravísimas consecuencias –podría admitir tal pretensión”.Así, Dato contestó la vista conferida en virtud del planteo realizado por los defensores de Báez, solicitando la habilitación de feria para resolver el recurso de impugnación interpuesto, que se encuentra a despacho para resolver.

Dato entendió que “surge de la presentación reiteración de argumentos, que adelanto no pueden prosperar, basándose en normativa y antecedentes que no resultan aplicables en nada a este caso”. Así, cuestionó que “la defensa de Báez, plantea en principio reiterados argumentos sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, la admisión del recurso extraordinario y se apoya en lo resuelto en estos mismos autos por decisión de Presidencia de habilitar la feria en atención a estar encarcelado”.

Añadió que “como dijera al momento de dictaminar ante la presentación de las defensas de Urribarri y Aguilera – Prisión Preventiva dictada por la Cámara de Casación e interposición de Impugnación Extraordinaria en trámite- no resulta encuadrable la normativa indicada, la situación de Báez es idéntica por tanto una vez más entiendo no debe hacerse lugar. Tampoco es cierto que la feria debería habilitarse por ser el STJ de Feria el órgano revisor de Casación”.

Para el fiscal, “esta interpretación en realidad sólo busca intentar excluir o apartar al tribunal constituido originaria y naturalmente de la decisión que tiene que adoptar en el marco del trámite del recurso de impugnación extraordinaria que se encuentra tramitando y cuya resolución deberá darse luego de terminada la Feria de Enero.‘‘Para ser claros, pretender sacar a los jueces intervinientes que se encuentran abocados a resolver el recurso de impugnación extraordinario contraría los principios del debido proceso materializado en el del ‘Juez Natural’ consagrados normativamente”.

Para el ex gobernador Sergio Urribarri solicitó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto para los ex ministros Pedro Baez y Hugo Marsó requirió 10 y 5 años y inhabilitación para ejercer cargos públicos.

También se requirió prisión para Juan Pablo Aguilera: 10 años e inhabilitación a perpetuidad. El pedido de penas para los demás imputados va desde los 2 años y seis meses a los 4 años.

El último tramo del alegato de cierre de la acusación en el que se presenta como uno de los juicios sobre corrupción más importantes de la provincia estuvo a cargo de dos agentes fiscales interinos. Gonzalo Badano hizo un repaso de las cinco investigaciones que desembocaron en el proceso, detalló responsabilidades, expuso agravantes y solicitó las condenas. Previamente, Juan Francisco Ramírez Montrull completó la acusación en la causa del parador de Mar del Plata.

 Al lado de ambos, y en completo silencio durante la audiencia, estuvo la única fiscal titular: Patricia Yedro.

Badano indicó que por las distintas causas que se ventilaron en el juicio, el MPF solicitaría al Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Elvio Garzón y Mónica Castagno, las siguientes penas:

1. Sergio Urribarri: como autor de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, pena de 12 años e inhabilitación absoluta perpetua. Además

$ 180 mil de multa más accesorias legales y costas. 

2. Pedro Baez (ex ministro de Comunicación): como autor de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, pena de 10 años e inhabilitación absoluta perpetua. Además multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

3. Hugo Marsó (ex ministro de Turismo): como autor de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, 5 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

4. Juan Pablo Aguilera: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, pena de 10 años e inhabilitación absoluta perpetua. Multa de $ 180 mil, accesorias legales y costas.

5. Gustavo Tamay: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 4 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $ 90 mil, más accesorias legales y costas.

6. Emiliano Giacopuzzi: como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, 4 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $ 90 mil accesorias y costas.

7. Maximiliano Sena: como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles, 2 años 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

8. Luciana Almada: como partícipe secundario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

9. Alejandro Almada: como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles, 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

10. Corina Cargnel: como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, pena de 8 años e inhabilitación absoluta perpetua. Multa de $ 180 mil, accesorias legales y costas.

11. Gerardo Caruso: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 5 años de prisión efectiva y multa de $ 90 mil, accesorias y costas.

12. Germán Buffa: como partícipe necesario de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.

13. Gustavo Tortul: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 3 años de cumplimiento condicional, accesorias legales y costas.

En el proceso, se juzgaron las conductas de estos ex funcionarios y particulares en las investigaciones conocidas como de las imprentas (por la posible utilización de empresas para cartelizar publicidad en vía pública, firmas que para Fiscalía serían en realidad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera) y las de utilización de publicidad y actos de gobierno para fines particulares entre los que estaría desviar fondos hacia la campaña llevada adelante por el ex gobernador para promocionar su figura a fin de competir por la presidencia. Estas son: la de la solicitada contra los fondos buitres; la del pautado con Global Means, del empresario Germán Buffa; la de los spots de la Cumbre del Mercosur y la del parador en playa La Perla de Mar del Plata.

⬢ Causa Parador

A primera hora, Ramírez Montrull completó lo que Yedro y Badano habían hecho en las jornadas anteriores al realizar ante el Tribunal la interpretación que sostiene la acusación de las pruebas y testimonios recogidos en la causa del parador montado en Playa La Perla en enero de 2015.

El agente fiscal interino basó su exposición en las convicciones que la Fiscalía tiene sobre lo ocurrido, completando vacíos probatorios con interpretaciones y especulaciones.

La más notoria de fue la que realizó sobre las comunicaciones telefónicos entre los distintos imputados antes y durante la realización del evento. El informe telefónico de que está incorporado a la investigación detalla los cruces de llamadas y mensajes entre ellos, pero no su contenido.

Pese a esta limitación, consignó por caso que el armado del parador no comenzó cuando se inició el expediente administrativo sino en un llamado que realizó Urribarri al empresario Gerardo Caruso el 14 de octubre de 2014. Ramírez Montrull sólo tenía el dato del contacto, pero no existen en el expedientes grabaciones ni transcripciones de lo que conversaron ambos.

Otro ejemplo de esto fue cuando hizo mención a llamados entre Marsó y el hombre de negocios ocurridos en días previos al llamado de la licitación. �SClaramente estos llamados fueron para establecer las condiciones del pliego, para definirlo a medida de «El Juego en que Andamos»⬝, expresó Ramírez Montrull montado sólo sobre los datos de que hubo comunicación entre ambos en esas fechas y sin aportar otros elementos que permitan echar luz sobre el contenido de las conversaciones.

Lo mismo ocurrió con el resto de los imputados. Incluso sumó como elemento para sostener la existencia de un vínculo espurio de connivencia entre Urribarri y Caruso un llamado entre el hijo del ex gobernador, Franco, y el empresario. El agente fiscal hizo esta afirmación estribando sólo en el hecho de que existió un contacto telefónico entre Franco Urribarri (que no fue imputado, ni siquiera testigo en la causa) y Caruso.

Por otro lado, el MPF reiteró el criterio asumido en los alegatos sobre los spots del Mercosur: la sola identidad visual entre las imágenes de Urribarri utilizadas en la publicidad oficial y la propaganda de su campaña de posicionamiento para aspirar a la presidencia es prueba de que se desviaron recursos oficiales para atender intereses particulares del ex mandatario.

Sobre esta base, Fiscalía entendió que primero se pergeñó �Sla operación⬝ y luego �Sse armó el expediente administrativo (del parador) para ocultar el desvío del dinero con el objetivo de promocionar la figura de Urribarri⬝, razonó Ramírez Montrull.

Indicó luego que existió una doble disposición de elementos en el parador. Uno oficial para el trámite administrativo, con imagen de las palmeras del Parque Nacional de Colón en la gigantografía, y otro clandestino, que manejaban los proveedores privados, donde la imagen dominante era el rostro del ex gobernador.

Ramírez Montrull minimizó el hecho de que la foto de Urribarri no estuvo expuesta durante el tiempo que duró el parador, afirmando: �SLo delictual es haber cambiado una imagen por otra⬝. Cabe señalar que, finalmente, el escalador inflable que debía llevar una gigantografía no tuvo ninguna. Solo se podía observar el fondo blanco de la lona de confección.

También consideró arbitrario y discrecional cambiar la imagen de las palmeras en el escalador inflable por las palmeras reales que se instalaron en el predio, dado que se modificó �Slo que establecía el pliego de licitación⬝.

Por otro lado, marcó la simultaneidad de encargos de elementos de merchandising de Turismo Entre Ríos y de la campaña de Urribarri realizados por la empresa TEP, en particular por su contadora interna Corina Cargnel. Ramírez Montrull consignó que ambos materiales se distribuyeron en el parador. Corresponde marcar que durante las audiencias ningún testigo acreditó que se haya utilizado el parador para distribuir material de campaña política, ni para promocionar la figura del ex mandatario.

Apuntó también a que el supuesto préstamo entre Juan Pablo Aguilera y Gerardo Caruso existiera. Aguilera dijo que le facilitó al empresario dinero del Partido Justicialista para atender gastos. Y que luego Caruso se lo devolvió parte en efectivo y parte en pagos a proveedores del PJ que habían realizado material de campaña de Urribarri.

Consignó que, en rigor, se trató de un esquema de devolución de dinero, de retorno del dinero pagado por el Estado por el parador para ser utilizado en la campaña de Urribarri, mediante un esquema de sobreprecios y sobrepagos ficticios a empresas que brindaron servicios a �SEl juego en que andamos⬝.

El agente fiscal estribó para sostener esta hipótesis en el informe del contador Héctor Enrique  sobre un archivo de Excel donde se habría pegado el texto de un mail enviado por Caruso y que contiene movimientos de fondos entre empresas y particulares, muchos de ellos no vinculados a la causa ni como imputados ni testigos.

Además, Ramírez Montrull acusó a estas personas, físicas y jurídicas, de haber incurrido en delitos (incluso federales) distintos a los de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por el que se está llevando adelante el juicio.

�SEl parador era un acto simulado⬝, concluyó.

�SEstamos ejerciendo nuestro rol. No es una cuestión personal. Tenemos la obligación de mantener la acusación por lo que dice la Constitución y las leyes. La objetividad de la acusación se sostiene en el cuerpo probatorio⬝, afirmó el agente fiscal.

�SNo hubo errores de tramitación. Son delitos. Las irregularidades administrativas son indicio de delito. Y tienen su correlato de beneficio. Se confunden intereses personales con la función pública. Es un modus operandi. No es casual, es intencional. Hay manejo de la cosa pública como si fuese privada. Para ello se anula, se aniquilina normativa que tiene como finalidad la transparencia en la administración pública. No es todo un gran malentendido. Esta irregularidad es corrupción⬝, concluyó.

La fiscal Patricia Yedro realizó el alegato de cierre en la causa �Simprentas⬝, en la cual está involucrado Sergio Urribarri. En el legajo se investigó la titularidad de las empresas Tep y Next, que concentraron casi la totalidad de la publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 en Entre Ríos.

Fue en el marco de la primera jornada de argumentos de cierre en los Tribunales de Paraná, donde se lleva adelante el juicio contra el exgobernador, acusado de delitos de corrupción. Yedro expuso desde las 9.40 hasta la media tarde. 

La letrada repasó la extensa prueba documental, los testimonios producidos en el debate y las declaraciones de imputados; reivindicó la labor de Fiscalía, rechazó las acusaciones de persecución política que se escucharon de parte de defensores e imputados y describió cómo fue el rol de la contadora Corina Cargnel al servicio de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.

La fiscal dijo que en Paraná �Sera un secreto a voces⬝ la titularidad de las empresas Tep y Next. Además, consignó Análisis, retomó los testimonios de algunos empleados estatales y volvió a acusar �Sreticencia⬝ y hasta �Sfalsedad⬝ en las declaraciones. Aseguró que las empresas que funcionan bajo el nombre comercial de Formato Urbano -Tep y Next- efectivamente son de Aguilera y agregó que la evidencia que lo prueba es �Sabundante⬝.

�STep y Next crecieron y se desarrollaron a partir de un ingreso constante de dinero del Estado⬝, apuntó Yedro. En ese marco, habló de �Scaos administrativo⬝ en el desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación, a cargo por aquel entonces de Pedro Báez, y advirtió que actualmente se continúa con el mismo mecanismo.

También se mostró firme al momento de referirse a los roles que desarrollaron el exgobernador y el exministro Báez. �SDijimos al inicio del debate que en el período investigado, la excepción se transformó en regla, se ordinarizó la vía de contratación directa. Esta no es la única forma de contratar, pero se transformó en regla porque permitía direccionar las contrataciones, eludiendo controles.

Una forma que garantizaba a Urribarri y Báez la posibilidad de dar publicidad a quiénes ellos querían. Dispusieron de millonarias sumas aplicadas en contrataciones directas de publicidad, contrataciones que no eran urgentes⬝, acusó. �SVamos a sostener las imputaciones. Tantas descalificaciones que recibimos, menciones de tinte personal y agresivo, algo que nunca presenciamos, aquella falta de objetividad que tanto se achacó a la Fiscalía, todos esos son argumentos que enarbolaron quienes no tenían otro recurso al que acudir para objetar las imputaciones⬝, había indicado Yedro antes de comenzar. Y apuntó: �SSiempre estuvimos comprometidos y desarrollamos nuestra labor con objetividad, comprometidos con descubrimiento de la verdad⬝.

La acusación fiscal en los cinco legajos de investigación llevados a juicio en estas audiencias se apalanca en la supuesta comisión de dos delitos: peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para sostener estos cargos, Fiscalía puso la lupa en una serie de presuntos ejes comunes en todos los casos:

- El mecanismo de contratación utilizado, la vía directa.

- El proceso administrativo usado antes, durante y después de la contratación de publicidad.

- El favoritismo a un grupo de empresas (TEP; Next � Formato Urbano; Bustamante y Montañana).

- La injerencia de Urribarri; Báez y Juan Pablo Aguilera (cuñado del exmandatario) en pro de esas firmas. Incluso el Ministerio Público Fiscal postula que Aguilera es el dueño real de TEP y Next y que quienes figuran como propietarios (Emiliano Giacopuzzi; Luciana y Alejandro Almada y Maximiliano Sena) son en realidad prestanombres.

Estos fueron los puntos principales de la batería de preguntas que los fiscales lanzaron sobre Maricel Brusco, actual Secretaria de Comunicación y Mariela Teruel, quien hoy por hoy se desempeña como subsecretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Ambas vienen desempeñándose en el área de comunicación (que fue Dirección, luego Ministerio y ahora secretaría) desde 1999 a la fecha, con distintos grados y áreas de responsabilidad.

Con mayor extensión Teruel (declaró casi cuatro horas) y más precisión Brusco fueron explicando y detallando los porqué administrativos y funcionales de los hechos sobre los cuales el Ministerio Público Fiscal sustenta su acusación.

· Opciones

Con respecto a la contratación directa por vía de excepción, Teruel y Brusco fueron contestes en señalar que es el mecanismo que se utiliza en el Gobierno de Entre Ríos al menos desde 1999, año en que ambas se incorporaron a la administración pública provincial.

Esto implica que fue el método al que echaron mano las administraciones del radical Sergio Alberto Montiel (1999-2003) y los justicialistas Jorge Busti (2003 � 2007); Sergio Urribarri (2007 � 2015) y Gustavo Bordet (2015 a la fecha).

Más allá de la transversalidad política en el uso de la contratación directa por vía de excepción, hay una razón práctica y un entorno general que fundan esta decisión, según explicaron.

Citando la ley provincial 5.140, que establece este camino para que el Estado contrate publicidad Brusco sentenció: �SSe determinó la imposibilidad de otro mecanismo (distinto) que el de contratación directa por vía de excepción para medios de comunicación, con lo cual coincidimos⬝.

Más adelante comentó las razones de hacer una licitación pública para contratar espacios en medios de comunicación. �SResulta muy dificultoso hablar de licitaciones en medios de comunicación. Si se define una campaña integral de comunicación, incluirá la mayoría de los canales de la provincia porque cada medio de comunicación es un valor en sí mismo. No  tienen la misma audiencia ni la misma impronta ¿Qué tienen en común? Que son canales de TV ¿Cuál sería el criterio, el parámetro por el cual yo puedo licitar entre un canal u otro? ¿El que cobra más barato? ¿El que tiene más audiencia? O los auspicios de programas periodísticos, por ejemplo⬝, graficó.

Teruel, por su parte, fue consultada varias veces sobre este tópico. En una de las intervenciones, narró que, llegado el caso, una licitación sólo podría ser sobre un plan de medios, un esquema de trabajo que incluye las características de cómo tiene que darse la publicación oficial. Pero que para eso, desde el armado, el sistema llevaría a que se esté direccionando hacia tal o cual medio la publicidad. Y hasta señaló que dejaría fuera de escena a los medios provinciales y locales, dándole preponderancia a las agencias que pueden contratar en diversos espacios, encareciendo de paso el costo para el Estado entre un 25 y un 30 por ciento, dado que esa es la comisión de estilo de estas empresas.

También señaló el factor tiempo. No se puede saber qué ocurrirá en los próximos seis meses, tiempo mínimo que demanda una licitación. Y graficó: �SNo se puede licitar para el programa de (Marcelo) Tinelli porque en seis meses puede no estar más al aire⬝. En el mismo sentido remarcó que la prolongación de los pagos y de la contratación pública puede hacer que un espacio ofrecido en la licitación no esté más disponible al momento de la adjudicación.

Tanto Teruel como Brusco recordaron los esfuerzos hechos en conjunto con el ex Secretario General de la Gobernación y actual Senador nacional, Edgardo Kueider, para armar un esquema de licitaciones, algo que resultó infructuoso.

Teruel también comentó que el Estado no contrata con medios que no estén inscriptos en el registro de Comunicación. Este sistema se empezó a implementar en 2009, dándosele un plazo que no recordó a las empresas para que se ajusten a esta disposición. Esto era de particular interés para la Fiscalía, dado que la acusación contra Báez en el legajo �SGlobal Means⬝ se sustenta en la supuesta incongruencia de fechas entre la contratación y la registración de la empresa.

Asimismo, marcó que si el medio emite la publicidad y no cumple con las condiciones que el Estado impuso en la contratación, la Administración Pública no paga.

· Un largo camino

Desde la sanción de la 5.140, remarcó Brusco, se fueron dando mejoras en los sistemas de control y de rendición de la publicidad oficial. Y Teruel fue detallando cómo el sistema que hasta 2013 funcionaba sólo con el criterio de quien ocupaba la Dirección de Información Pública saltó (tras pasar a ser Ministerio) a un esquema que incluía la justificación de la contratación, la emisión de un dictamen legal y otro contable, incorporando el apuntalamiento de las formas de certificar las emisiones.

La actual titular del área administrativa y legal de Comunicación fue consultada sobre el rol de Gustavo Tamay, a quien se acusa de mal desempeño en la verificación de los carteles en ruta, debido a que en varios casos se presentaron en expedientes fotos iguales para constatar contrataciones diferentes.

Sobre ese punto, Teruel comentó que existía confianza en que si Tamay iba a verificar, efectivamente lo hacía. �S�0l viajaba mucho⬝, recordó, trayendo a colación que también en varias oportunidades el exfuncionario acusado avisó que había carteles rotos y que las empresas debían reemplazarlos.

�S¿Cómo corroboran que el cartel esté en la ubicación?⬝, insistió la Fiscalía. �SCon la certificación de Tamay⬝, recalcó la testigo, informando al Tribunal que hubo siempre �Sdesprolijidades⬝ en las presentaciones de certificaciones, en particular en vía pública. �SEs habitual que los medios manden con  las certificaciones. Y que se los hable para subsanarlos⬝, dijo.

Cuando le mostraron los expedientes de Montañana y Bustamante que justificaban las publicaciones con fotos similares, Teruel apuntó que hubo deslealtad por parte de las empresas. Y puso de relieve que entre una y otra había más de cuatro meses de diferencia, lo que hacía imposible que la persona que visaba los expedientes pudiera darse cuenta de la similitud dado que por año se tramitan unas 12 mil órdenes de publicidad.

�SNo somos peritos en Comunicación ni podemos retener qué fotos trajo cada uno en meses anteriores⬝, se quejó mientras miraba las fojas con las imágenes.

Luego, subrayó que aún al día de hoy �Sno tenemos normativa de cómo tiene que ser la certificación. El medio la manda. En radio y TV no podemos controlar las salidas, se confía en los medios; en redes sociales y medios digitales tenemos gente verificando y en vía pública contamos con la carpeta digital⬝, una recopilación de imágenes por campaña de todos los carteles contratados en las calles y rutas de la provincia según detalló.

· Zona gris

Con respecto al supuesto favoritismo en la contratación de publicidad para con las empresas de publicidad en vía pública TEP; Next; Bustamante y Montañana, y el supuesto rol de Aguilera en las dos primeras, Teruel destacó que a todas las empresas de vía pública que estaban inscriptas �Sse les daba publicidad⬝ oficial por igual.

Fiscalía indagó entonces sobre si sabía quiénes eran los propietarios de las firmas. �SNo recuerdo quienes eran los referentes de estas empresas. No sé quienes son los dueños de medios. Tendríamos una persona de contacto para hacerle llegar el material y orden. No puedo asegurar quienes son⬝, aseveró.

Por otro lado, tanto Teruel como Brusco negaron haber recibido por parte de Aguilera interés en alguna orden, pago o contratación de publicidad.

Otro punto sobre el cual avanzó la Fiscalía fueron los llamados que recibió Teruel de dos teléfonos ligados a la empresa Nelly Enterteiment, propiedad de Jorge �SCorcho⬝ Rodríguez. La firma fue contratada para difundir spots sobre las políticas provinciales durante la Cumbre del Mercosur que se concretó en Paraná en 2014.

La funcionaria juró por sus hijas que no había hablado nunca con Rodríguez ni tampoco con otro integrante de Nelly, pese a que los registros de las empresas telefónicas marcaban llamados entre el número de Teruel y los de ambos.

Sí reconoció que pudo haber sido consultada por la empresa sobre cómo registrarse como medio en la provincia para poder hacer el trámite de cobro de la contratación. Tras la intervención de Fiscalía, el abogado defensor de Báez, José Velázquez mostró al Tribunal que el número atribuido �SCorcho⬝ era de una flota de empresa y que coincidía con el que tenía registrado como contacto Nelly Entertaiment.

· Recuerdos

Entre el testimonio de Teruel y el de Brusco, fue llamado a declarar el exlegislador justicialista Hugo Berthet.

El primer objetivo de la convocatoria de quien fuera diputado y luego senador provincial fue conocer si los empleados que, como testigos, indicaron que habían trabajado a medio tiempo en las imprentas TEP y Next y también como contratados suyos en la Legislatura habían dicho la verdad. Berthet lo ratificó. Dijo que eran gente de General Campos, donde vivió muchos años, y que los conocía de allí. Pero se desligó de cómo se dio el papeleo en Administración y de cómo les pagaban sus contratos.

El segundo motivo estuvo ligado a la exposición que dio en 2016 ante Fiscalía. En esa oportunidad dijo que en 2010 Aguilera, decepcionado de la política por la falta de oportunidades de crecimiento personal, le había comentado que quería poner una imprenta con su señora. Ante el Tribunal dijo que se acordaba de eso, pero que no sabía si lo había concretado o no. Y que un tiempo después el cuñado de Urribarri había logrado llegar a ser secretario de bloque en el Senado, dando a entender que la frustración que lo iba a alejar de lo público y lo llevaba a un emprendimiento particular ya no existía.