En un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae y ahora está a estudio del juez del caso, el fiscal Pedro Simón sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino.La fiscalía acusó a ambos dirigentes futbolísticos por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. También imputó a sus familiares y otros allegados. En total reclamó detener a 24 acusados y sólo dejó fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.Según la acusación, muchos de los acusados habrían actuado como testaferros “asumiendo la titularidad de bienes” que serían de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.El fiscal acusó por a todos por “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino” en el marco de “una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026”.El dictamen da cuenta de que la AFA “transfirió un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS”, las empresas investigadas, todas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su núcleo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, continuó el dictamen.“Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, “ emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”. Pidió medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.

El tesorero, presunto jefeAl tesorero de la AFA lo consideró “jefe” de la asociación ilícita. En cuanto a Tapia advirtió que “en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”.La fiscalía remarcó que Toviggino es el tesorero de la AFA, “fue y es, actualmente, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y de la Asociación Mutual Acceda Ya de la Provincia de Santiago del Estero”. “Se vincula directamente con Claudio Fabián Tapia, quien es el presidente de la AFA y con María Florencia Sartirana, ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino”, recordó.Entre ellos y otros imputados se formó una asociación ilícita que “montó una estructura societaria” con emisión de facturas por servicios no prestados a la AFA.Las sociedades emitían facturas entre ellas para dificultar el rastreo del dinero y “habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar fondos, simular operaciones y disimular su origen ilícito”.En ese marco, acusó al tesorero de adquirir “bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo” y así “disimular la procedencia real”. Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.El fiscal aludió a la presunta “existencia de una organización estable y coordinada orientada a la captación y disposición de fondos de origen ilícito”.En el dictamen aparecen sociedades como Malte que, según el fiscal, integran una red. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía y a partir de allí se abrió una investigación preliminar.Entre las medidas de prueba reclamó allanamientos y peritajes. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Peligro de fugaEl fiscal reclamó que todos sean detenidos para ser indagados ante riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseen una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. “Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento”, aseguró.El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado. Infobae.

El Gobierno nacional informó que 2025 concluyó con superávit fiscal, tanto en el resultado primario como en el financiero. De acuerdo con los datos oficiales, el saldo primario alcanzó los $11.769.219 millones, equivalentes a 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el superávit financiero ascendió a $1.453.819 millones, cerca de 0,2% del PIB. El anuncio se realizó el viernes y destacó la continuidad de resultados positivos por segundo año consecutivo.El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que este desempeño marca la primera vez desde 2008 que la Argentina obtiene dos años sucesivos de superávit financiero base caja. También subrayó que, desde el inicio de la serie histórica en 1993, no se había logrado este resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional. Caputo expresó a través de redes sociales que “el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026”.Durante diciembre de 2025, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones, en línea con la estacionalidad del gasto primario en ese mes. El saldo anual, no obstante, resultó positivo tanto en el resultado primario como en el financiero.El informe oficial precisó que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales. Esta caída en el gasto se llevó adelante, según el ministro, protegiendo los programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables. En ese sentido, el gasto social en Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Este incremento permitió que la cobertura de la canasta básica alimentaria pasara del 55% en diciembre de 2023 a un 92% en diciembre de 2025.El comunicado remarcó que el superávit fiscal se consiguió tras una reducción de impuestos que sumó más de 2,5% del PIB desde 2024. Entre las medidas adoptadas se incluyó la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación en numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.Durante diciembre de 2025, el Gobierno aplicó una nueva rebaja de derechos de exportación: dos puntos porcentuales para los complejos de soja, trigo y cebada, y un punto porcentual para los complejos de maíz, sorgo y girasol. Estas acciones formaron parte de la estrategia para fortalecer el sector privado, según el mensaje difundido por Caputo.El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitieron continuar devolviendo recursos al sector privado mediante la reducción impositiva. Según lo comunicado, desde 2024 la reducción de impuestos ya acumuló más de 2,5% del PIB. El ministro sostuvo que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.El balance financiero positivo y las modificaciones en la estructura impositiva se produjeron en simultáneo con el cumplimiento de los pagos de deuda del Sector Público Nacional. De acuerdo con Caputo, el Gobierno consiguió estos resultados “cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública”, lo que representó un hecho inédito desde el inicio de la serie en 1993.La gestión de las cuentas públicas en 2025 se caracterizó por una baja significativa del gasto, acompañada por una reorientación del gasto social hacia programas directos. El aumento del gasto en AUH y Tarjeta Alimentar, según los datos oficiales, contribuyó a mejorar la cobertura de la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables.El Presupuesto 2026, según lo expresado por el ministro, cristaliza el ancla fiscal como eje del programa económico nacional. El Gobierno planteó que el orden fiscal y el crecimiento económico permitirán continuar con la política de reducción de impuestos en beneficio del sector privado. Infobae.

“Esto se logró habiendo bajado impuestos por el equivalente a 2 puntos del PBI en 2024”, subrayó el ministro de Economía, Luis Caputo.Según informó el Palacio de Hacienda, el mes pasado el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $845.949 millones (aproximadamente 0,1% del PIB) y un superávit financiero de $572.341 millones.De esta forma, acumuló en el primer cuatrimestre un superávit primario de aproximadamente 0,6% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB. Asimismo, se registraron pagos de intereses netos de tenencias intra sector público por $273.608 millones.El parte oficial destacó que “la consolidación del equilibrio fiscal ha permitido la implementación de distintas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario en los últimos meses”.En esa línea enumeró:* La expiración del Impuesto PAIS en diciembre de 2024 (0,4% del PIB en el primer cuatrimestre de 2024).* La baja transitoria de derechos de exportación para exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025* La derogación a partir del mes pasado de la suspensión de los certificados de exclusión, lo que incidió negativamente en la recaudación de las percepciones aduaneras en IVA y Ganancias.Por otro lado, el parte oficial recalcó que “en abril las jubilaciones y pensiones y la Asignación Universal por Hijo crecieron 78,5% y 126,4%, interanual, respectivamente.“El orden en las cuentas públicas permitió reducir impuestos explícitos por el equivalente a 2% del PIB en 2024, además de contribuir decisivamente al proceso de desinflación. En este contexto, el crecimiento del nivel de actividad permitirá continuar con el sendero de baja de impuestos”, afirmó el Ministerio de Economía.

 Nuevas voces se levantaron en Perú para exigir la renuncia de la fiscal general, Patricia Benavides, señalada por supuestas irregularidades que van desde mentir con sus títulos universitarios hasta encubrir a poderosos personajes de la política, la justicia o la delincuencia.

La parlamentaria de centro Susel Paredes, que investiga la forma en que Benavides obtuvo sus títulos de magíster y doctora en derecho, planteó la renuncia como salida para la fiscal, quien se niega a mostrar las tesis que confirman sus logros académicos.

Pero la titular del Ministerio Público, que lo atribuye todo a revanchas por su papel protagónico en las acciones contra el destituido presidente Pedro Castillo, no solo insistió en que sus logros académicos son válidos, sino que dejó entrever que no hay posibilidades de que dimita.

�SA través de mi persona se pretende deslegitimar a la institución que hoy represento y eso no lo voy a permitir (⬦). No dejaré que se me use de chivo expiatorio por aquellos que quieren un Ministerio Público sometido a sus intereses y caprichos personales⬝, dijo Benavides en un discurso.

Benavides, de 54 años, está bajo escrutinio público desde que asumió el cargo el año pasado y, en una de sus primeras medidas, relevó a una fiscal que investigaba a su hermana Emma, jueza acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de dinero.

Investigaciones periodísticas también hallaron indicios de relaciones de Benavides con �SLos Cuellos Blancos⬝, poderosa banda formada por jueces, fiscales y abogados litigantes para negociar con fallos y dictámenes.

El inusual protagonismo de la Fiscalía contra Castillo, a quien se le abrieron investigaciones que no se habían permitido para presidentes en ejercicio, generó que varios sectores acusaran a su titular de maniobras para ganar favores de la derecha y protegerse de posibles procesos en contra.

�SLa (actual) fiscal general no tiene autoridad moral para acusar a nadie⬝, lamentó el politólogo Alonso Cárdenas.

Una de varias de esas polémicas tiene que ver con la maestría y el doctorado que Benavides supuestamente cursó en la universidad Alas Peruanas, que ahora está cerrada por las autoridades por mala calidad académica y cuyos dueños están inmersos en un muy sonado caso de lavado de activos que podría vincularse con el narcotráfico.

Según los datos biográficos, la ahora fiscal hizo sus estudios, que engrosaron su currículum para llegar al cargo, en un tiempo muy corto. Tan corto, que para analistas como Rosa María Palacios es sospechoso. Además, ninguno de los que supuestamente fue su compañero la recuerda de estudiante.

Paredes, quien ha hecho una investigación minuciosa, buscó revisar las tesis, pero la universidad no se las entregó porque dice que se perdieron. La fiscal afirma que ella sí las tiene, pero no las divulgará porque sus adversarios, a los que acusa de buscar popularidad, �Ssolo quieren hacer escarnio⬝.

�SHago fiscalización, no circo. De un funcionario no se espera silencio, sino descargos. Buscar la verdad no es hacer escarnio⬝, comentó Paredes, quien desde antes de entrar en política era popular como actriz de televisión y activista LGTBI, por lo que ha respondido con ironías al argumento de que quiere hacerse famosa.

Lo de las tesis, empero, es solo una de las irregularidades que se atribuyen a Benavides, pues sus críticos sostienen que hay otras incluso peores, como la supuesta inacción de la Fiscalía para investigar las cerca de 50 muertes ocurridas en las recientes protestas populares luego de la destitución de Castillo.

Según documentó esta semana la revista Hildebrandt en sus Trece, el fiscal del caso, Marco Huamán, no ha hecho un solo interrogatorio, con el �Sinverosímil⬝ argumento de que no se ha logrado identificar a los policías y militares que estuvieron en la represión.

�SHechos y documentos comprometen al Ministerio Público en un pacto por la impunidad⬝, afirmó el semanario en un reportaje de investigación. Los principales señalamientos en la represión apuntan contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, contra quienes se abrieron investigaciones que están, sin embargo, en punto muerto.

Los cuestionamientos a la fiscal general empezaron desde que asumió el cargo y testigos se ratificaron en que la jueza Emma Benavides negociaba fallos con mafiosos. El caso lo tenía una fiscal con muy buena reputación, Betsabé Revilla, pero se la sacó y todo quedó en nada.

La entonces flamante jefa de la Fiscalía también desmanteló de inmediato al equipo que investigaba las ramificaciones de �SLos Cuellos Blancos⬝, de uno de cuyos miembros principales, Antonio Camayo, se ha documentado que tenía de tiempo atrás contacto frecuente con ella.

El clamor por la renuncia de la jefa del Ministerio Público se reactivó en marzo, cuando fue condecorada por el alcalde de Lima, el conservador Rafael López Aliaga, pese a que la ley prohíbe que miembros de la Fiscalía reciban favores de quienes, como el burgomaestre, son objeto de investigaciones, en su caso por supuesto lavado de activos.

La ola de sospechas continuó en las semanas recientes, cuando Benavides, tras la extradición desde Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo, se acercó a éste para ofrecerle supuestamente un acuerdo de cooperación.

Entre las muchas personas que señalaron que Benavides no tiene competencia directa con Toledo estuvieron el fiscal del caso, José Domingo Pérez, y el coordinador de fiscalías anticorrupción, Rafael Vela, a quienes se les abrió en respuesta un proceso disciplinario interno.

En el Congreso, entretanto, los partidos de derecha radical que controlan al ente y que apoyan a Boluarte han cerrado filas en favor de Benavides, de quien dicen que es víctima de �Scaviares⬝, como llaman despectivamente a sectores de centro y centroizquierda.

En ese marco, el Congreso inició acciones por supuestas irregularidades contra una de las más prestigiosas integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, lo que, según la oposición, apunta a deshacerse de quien es una reconocida objetora de Benavides.

Su presencia no pasó desapercibida en LujÁn. A pesar del barbijo y su aspecto diferente, rápidamente fue reconocido por las autoridades electorales y también por los vecinos que se acercaban a votar en la mesa 58 de la Escuela Normal: sentado, detrás de la urna, se encontraba Carlos Carrascosa.

Es que en estas Elecciones Legislativas, el hombre de 76 años cumple funciones como fiscal de Juntos por el Cambio.

Su nombre cobró fama al ser el principal acusado del resonante crimen de María Marta García Belsunce, quien era su esposa, en el Carmel Country Club de Pilar.

Tras ser condenado en primera instancia, Carrascosa obtuvo prisión domiciliaria en 2015 tras el pago de una fianza por un millón de pesos. En ese momento, se instaló en una casa ubicada en Ituzaingó al 500, donde vive un abogado y amigo de él.

Sin embargo, el 20 de diciembre de 2016 fue finalmente absuelto por la Cámara de Casación Penal bonaerense ordenando su inmediata liberación.

Recientemente su nombre volvió a ser noticia con la llegada a Netflix de la serie documental Carmel ¿quién mató a María Marta?.

La Fiesta de la Boga es un clásico del verano. En esta oportunidad, y por primera vez en casi tres décadas, una mujer asumirá el rol de Fiscal General de la competencia.

La tarea implica responsabilidad y esfuerzo.

La pesca es con devolución y la fiscalización se realiza en el momento que la pieza sale del agua, pero no hay margen de error ante la atenta mirada de los competidores.

Edy Vallarino es una mujer respetada y conocida por el ambiente de la pesca y la comisión organizadora confía plenamente en su labor. �SLa mayoría de los pescadores me conocen y saben que soy muy honesta, trato de favorecer a los pescadores y siempre actúo con imparcialidad⬝, señaló la fiscal en la conferencia de prensa donde se presentó el evento.

�SSe ve que estamos tomando más protagonismo⬝, afirmó Edy, en referencia a que la comisión también tiene a una mujer como Secretaria por primera vez. �SNos están reconociendo por el trabajo arduo que hacemos, tanto como fiscales, colaborando en distintos aspectos del evento o como parte de la organización de la fiesta. Es muy positivo que las mujeres podamos asumir papeles importantes, porque nos merecemos poder desempeñarlos⬝, reivindicó y celebró la experimentada fiscal.

Pique, deportes y espectáculos

La Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga se realizará del 7 al 9 de febrero en el paraje de la Tortuga Alegre, con el auspicio de la Municipalidad de Concordia. El viernes 7 habrá un encuentro de camaradería a modo de recibimiento a los pescadores y se presentarán oficialmente las postulantes al reinado.

El sábado 8 se pescará con mojarrero y en kayak, mientras el programa municipal Modo Verano desplegará diferentes propuestas en la playa. En la misma jornada se correrá el Maratón de la Boga y por la noche se elegirá a la Reina Nacional de la Fiesta. El domingo 9, fecha principal del encuentro, se realizará la competencia de pesca de la boga y la posterior celebración y premiación.