La presentación realizada por Burlando y Javier Ignacio Baños recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46. Urribarri solicitó ser incluido como querellante por encontrarse “particularmente ofendido por los delitos denunciados” e indicó que los mismos “configuran una situación de extrema gravedad institucional que atraviesa de forma transversal a toda la institución del Poder Judicial Provincial y su Ministerio Público Fiscal”.Y destacó que “se encuentran comprometidos el derecho a la no autoincriminación, a la libertad del denunciante, el principio republicano de gobierno, el debido proceso legal constitucional y la interpretación del principio de inocencia”.En una primera investigación conocida públicamente como “megajuicio por corrupción” se condenó a Urribarri en abril de 2022. Siendo embajador argentino en Israel y Chipre, Urribarri recibió una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023 y este año obtuvo otro conforme con la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).Pero la nueva denuncia presentada por Burlando señala supuestas coacciones de la exfiscal en otra investigación, aquella que también tiene como imputado al empresario paraguayo Cardona Herreros y varios funcionarios políticos y exfuncionarios de la gestión urribarrista por presuntas coimas, a partir de contrataciones del Estado. Esa causa está frenada por la actividad de las defensas. En febrero comenzó la remisión a juicio pero quedó suspendida por las recusaciones contra jueces.

En paralelo, la condena a 8 años derivada del “megajuicio” está en condiciones de comenzar a cumplirse, lo cual motivó otra serie de recusaciones, denuncias y acusaciones públicas. “Los magistrados, parecen haber olvidado la vigencia de leyes básicas como la 5140 -de contrataciones de publicidad- ; 11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; 24059, y otro sin número de preceptos como las que ordenan el proceso, o las leyes que establecían las funciones de la Contaduría General, o las leyes 19550 o los propios arts. 209 al 213 de la Constitución Provincial”, asegura Burlando en sus presentaciones, argumentos que ya fueron usados durante la sustanciación del juicio y dirimidos por diferentes tribunales.Al tiempo que retoman argumentos defensivos expuestos en el juicio, las defensas exponen supuestas relaciones de parentesco o “amistad” y “enemistad” entre jueces y fiscales como explicación a una “persecución penal” contra el exgobernador.“La denuncia es increíble. Urribarri y Burlando, su abogado, están muy preocupados porque está muy cerca de confirmarse la sentencia que lo llevaría a purgar cárcel”, dijo el periodista y director de ANÁLISIS, Daniel Enz, uno de los acusados por Urribarri. “Me acusan de una persecución. Hace 34 años que hacemos periodismo en ANÁLISIS, hemos hecho muchas denuncias que terminaron en condena. En total fueron más de 500 denuncias periodísticas sobre temas diferentes y en más de 10% de los casos se abrieron causas penales. Siempre hicimos solo periodismo. Nada más”, negó Enz.Burlando presentó una denuncia en Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli desestimó el planteo y lo remitió a Paraná, pero la jueza María Servini solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Entre Ríos la remisión de los expedientes para analizarlos. Y decidirá dónde continuará la causa.“Lo va a determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es quien lo tiene que resolver. Es muy bueno que haya un juez con ganas de investigar lo que acaba de denunciar Urribarri, pero sin lugar a duda la última palabra la va a tener la Corte. Para cualquier observador imparcial que analice los hechos con una mediana objetividad esto es escandaloso, no es un debido proceso legal constitucional”, apoyó Baños, quien forma parte del equipo defensor liderado por Burlando. 

El escrito, recayó en el fiscal federal Guillermo Marijuan. Además de calificar como “operadores judiciales” a quienes intervinieron en las causas contra Urribarri y que estos expedientes son “causas armadas”, los abogados solicitaron información de telefonía celular de jueces, de fiscales y hasta de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, como así también del director de Analisis, Daniel Enz, para demostrar, supuestamente, el entramado entre tales protagonistas para derivar en denuncias contra el exmandatario condenado. Insiste allí con la “inocencia” de Urribarri, reclama que siga en libertad ante el pedido de prisión preventiva y señala que el condenado se encuentra deprimido por toda esta situación. Además, Urribarri declaró ante el fiscal donde radicó la denuncia. Tal como ya lo desarrollaron, la estrategia de la nueva defensa del exembajador argentino en Israel, con una fuerte impronta mediática, apunta no a las pruebas contundentes que derivaron en la condena a ocho años de prisión, sino a cuestionar el funcionamiento del sistema judicial entrerriano.Burlando sostiene que “existe una seria amenaza a la libertad personal” de Urribarri “que no puede ser neutralizada en el mismo fuero de donde provienen los acusados”. Por ello, recurre a los Tribunales de Capital Federal con sede en Comodoro Py, no exentos de críticas por su oscurantismo y turbidez.En reiteradas oportunidades, en la denuncia se menciona que existe una “operatoria” que consistiría en causas judiciales que comienzan a partir de publicaciones de la revista ANÁLISIS, “previamente digitadas” por su director Daniel Enz, el procurador Jorge García y la exprocuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y que luego las investigaciones son instruidas por los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.Pero ni Burlando ni Urribarri presentan prueba alguna de esta presunta “operatoria”; sólo se remiten a decir que “habría evidencia” de que esto habría ocurrido.Además de las acusaciones, aparece con suma gravedad el ofrecimiento de prueba de Burlando: “Solicito el listado de llamadas entrantes y salientes” de los vocales del Superior Tribunal de Justicia Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher “desde el 25 de agosto de 2023 en adelante”, así como la geolocalización de ambas líneas, informes de Migraciones sobre ingresos y egresos del país por parte de Giorgio.Además, pide que “se remitan informes de llamadas entrantes y salientes de todos los magistrados mencionados y especialmente: “los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, del periodista Daniel Enz, de la juez (SIC) Marcela Badano, Marcela Davite, Evangelina Bruzzo, Gisela Schumacher, Miguel Giorgio, el procurador general de la provincia Jorge García, la intendenta Rosario Romero, Cecilia Goyeneche, de los jueces de primera instancia y sucesivas instancias que hayan intervenido en actuaciones contra el peticionante”.Luego especifica: “Especialmente se requiere que se informe respecto de todas las líneas telefónicas que posean a sus nombres o hayan sido asignadas oficialmente y se remitan los listados de llamadas entrantes/salientes y geolocalización de sus dispositivos, en particular en los periodos de tiempo comprendidos entre abril de 2022 y en las etapas de comienzo y fin de las investigaciones cuyas irregularidades se denuncian”.“Asimismo -agrega la denuncia- en las etapas de deliberación de las resoluciones, especialmente entre el 10 de marzo y el 31 de marzo de 2023 y el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2023”.

Urribarri, en “una profunda depresión” El 19 de abril pasado, Sergio Urribarri se presentó en la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 9 de Capital Federal. En su relato, reiteró lo manifestado por sus defensores en el escrito de la denuncia presentada, contra los jueces, fiscales y el director de ANÁLISIS, quien según el exgobernador era “un decisivo influyente en los pensamientos” de quienes luego investigaban en la Justicia las denuncias periodísticas. Refirió las cuestiones de relaciones personales, de parentezco y pareja entre funcionarios judiciales así como las cuestiones de competencia de fiscales que intervinieron en la causa que terminó en su condena, por lo cual todo lo actuado, las pruebas reunidas, no podrían ser ciertas.“Todo lo expuesto me ha generado inestabiidad psicológica y emocional, ya que estos ocho años y medio de proceso con tensiones diarias me han doblegado y me han llevado a una profunda depresión”. 

El abogado Javier Baños comenzó la lectura de un comunicado relacionado con Urribarri, destacando su trayectoria y señalando preocupaciones sobre inconsistencias en los fallos judiciales. Baños mencionó irregularidades en la concentración de poder en ciertos funcionarios y denunció la falta de imparcialidad en el proceso judicial.Baños detalló diversas irregularidades en el proceso judicial y anunció la presentación de denuncias y la solicitud de intervención de la Corte Suprema. Burlando, por su parte, expresó sorpresa por las acciones legales en contra de los acusados y anunció que se presentarán denuncias adicionales. Subrayó la importancia de buscar un juez imparcial y denunció la concentración de poder en ciertos fiscales. 

“Entendemos que ha llegado un punto en el que las instituciones no podemos seguir soportando vejaciones inútiles, ni ningún otro acto de violencia adicional a los ya demostrados”, reclamó la Asociación al Colegio. Fue el corolario de una misiva de 19 páginas, acompañada de material fílmico con elementos de respaldo a los planteos.Este tipo de actos son “impropios del recto ejercicio de la abogacía, toda vez que el fortalecimiento de la misma, en general, y de la administración de justicia, en particular, es un objetivo común”. Esta meta es algo que se debe “profundizar con el constante diálogo y práctica cotidiana”, puntualiza. La razón de la comunicación es el accionar de dos abogados: Fernando Burlando, quien se sumó recientemente a la defensa de Sergio Urribarri, y Guillermo Reggiardo, cuyo pupilo es Daniel Rossi.La nota es, en rigor, una reiteración a un planteo en el mismo sentido realizado por la Asociación de la Magistratura.La queja por Burlando se centra en sus dichos sobre el accionar de la Justicia provincial en las causas contra su defendido. El letrado calificó a los Tribunales entrerrianos que actuaron como “pelotones de fusilamiento”. Y catalogó a las investigaciones de “armadas” de manera “ilegal”.Estas expresiones “solo tienen la finalidad de socavar la confianza y credibilidad en estos últimos, a la vez que generar zozobra en sus miembros”, evaluó la Asociación en el escrito.“La custodia de la independencia judicial compromete a todas las instituciones de la Provincia. (El Colegio) no puede estar ajeno a aquello”, reclamó el organismo del funcionariado judicial. A la vez, reclamó que el Colegio debe tener presentes “los límites éticos del ejercicio de la profesión de abogado, los derechos y obligaciones y el respeto que debe tenerse por las decisiones judiciales, más allá de su disenso con las mismas y de los remedios que se interpongan ante ellas”. El reclamo con respecto a Reggiardo se centra en la reiterada apelación al mecanismo de denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Fiscales y jueces que intervienen en causas contra Rossi. También le endilgan haber hecho declaraciones en medios que afectan a operadores judiciales.El letrado ha pedido la intervención del organismo que juzga al funcionariado judicial para que investigue a: el juez de Garantías Walter Carballo y el fiscal Álvaro Piérola.Además, la queja apuntó a los términos en los cuales recusó al juez Eduardo Ruhl en las causas que involucran al intendente de Santa Elena y a su esposa, la senadora Patricia Díaz.Reggiardo, asimismo, denunció la existencia de una “mesa judicial” en Paraná que tendría como fin actuar en forma paralela para moldear la interna del peronismo. En esta componenda, involucró a jueces, fiscales y autoridades públicas. Esto también está detallado en la nota de la Asociación.La entidad que agrupa a jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales acotó que Reggiardo ha hecho planteos ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal Ignacio Aramberry. Y realizó, según consignó, declaraciones agraviantes contra la fiscal Flavia Villanueva y su esposo el juez Alejandro Calleja. También alegó agresiones denunciadas por otro fiscal, Ivan Yedro, pero que el Tribunal de Disciplina del Colegio de la Abogacía desestimó.“Aunque no compartamos dicha resolución, ni el alto estándar que el Tribunal de Disciplina fijó para discernir entre vehemencia y violencia, o manifiesta falta de respeto, no podemos tomar ese hecho de manera aislada, sino como un verdadero patrón de conducta del abogado Reggiardo”, cuestionó la Asociación.Luego, remarcó: “Se trata de hechos ocasionales producto de la pasión o vehemencia del ministerio ejercido en una u otra causa, sino -como mencionamos- de un patrón de conducta absoluta y manifiestamente irrespetuoso, que degrada permanentemente la función judicial y a quienes la ejercen”. 

‘‘Ignoro si hay obligación de ir como testigo en una causa judicial si soy citada, en cuyo caso no declararía nada, ya que no es un asunto de mi interés”, explicó a este medio a través de un mensaje de texto Patricia Dachary.La mujer es exesposa del vocal Giorgio y figura en el escrito de recusación presentado por la defensa de Urribarri en una lista de testigos que se completa con el propio Burlando, dos abogados de su equipo y con el actual esposo de Dachary, Mariano Tedeschi, quien también se comunicó con este medio.“No tengo ningún tipo de contacto ni conozco al doctor Burlando ni soy parte de su equipo de trabajo en el cual me invocan como posible testigo”, explicó Tedeschi también vía mensaje de texto.“Repito: jamás he tenido ningún contacto con él y ninguno de su equipo de trabajo”, acotó.

 En este caso vimos las atrocidades que se han cometido con Sergio Urribarri y con muchos de los acusados. Donde realmente lo que no aparece es el respeto a la ley. Donde sí aparecen cuestiones de carácter reactivo. Donde directamente están a salvo situaciones que hablan de quienes resolvieron toda esta situación de una manera directamente ilegal", amplió el abogado. En declaraciones a RadioPlaza Burlando aseveró: "La idea es siempre primero poner blanco sobre negro. Y en ese sentido, lo que seguramente vamos a hacer para poder llegar a una justicia sana y limpia es denunciar los hechos que nosotros consideramos delictivos. Lo que sí observamos es que hay un atropello a todos los derechos que le corresponden a cualquier juicio. No solamente a la provincia, sino a la Nación. Observamos que hay reconocimientos expresos en sentencias de cuestiones que tienen que ver tal vez con hechos administrativos. Que la propia Justicia, atribuyéndose prácticamente el poder, de un poder que es precisamente legislativo, sanciona a Urribarri y a otra gente más. Entonces, lo que vemos es una situación de incumplimiento a los derechos del funcionario público, de abuso de poder. Más allá de las transgresiones a los derechos constitucionales de varios de los acusados, también vemos presente el prevaricato. Bueno, la coacción. Son todas situaciones que nosotros venimos a denunciar. El objetivo no solamente es llegar a nuestra Corte Nacional, sino también a la justicia internacional, para que se emitan fallos que hablen de las actividades que han sido víctimas de Urribarri". (I:Análisis)