El Poder Ejecutivo comenzó a delinear los puntos centrales de la reforma del Código Penal y dos posibles modificaciones encendieron el debate: la revisión del agravante por femicidio y la indefinición respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Durante una conferencia en Casa Rosada, la ministra de Seguridad anticipó que el equipo técnico trabaja en los últimos ajustes del proyecto que será enviado al Senado una vez que asuma su banca. Entre las alternativas bajo análisis figura la eliminación del agravante por femicidio, incorporado en 2012 para penalizar con mayor severidad los homicidios motivados por violencia de género.La sola posibilidad de suprimir esa figura ya despertó reacciones críticas de organizaciones feministas y de derechos humanos.Fuentes oficiales señalaron que “no hay nada resuelto” y que los artículos definitivos se terminarán de definir en las próximas horas, aunque admiten que todos los escenarios están abiertos.

Otro capítulo en revisión es el tratamiento de los delitos de corrupción. El Gobierno aún no define si esas conductas conservarán un régimen de imprescriptibilidad o si quedarán sujetas a las reglas generales del Código.El debate interno se concentra en compatibilizar un castigo más severo para los funcionarios corruptos sin vulnerar principios constitucionales vinculados al debido proceso y los límites temporales de la acción penal.Mientras el borrador continúa en discusión técnica, en el Ejecutivo aseguran que la versión final surgirá del intercambio con expertos jurídicos y del consenso político que se logre en el Congreso.

La medida se resolvió durante una audiencia realizada en los Tribunales de Concordia, donde la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por considerar que existen riesgos procesales y que Laurta podría entorpecer la investigación si recuperaba la libertad.

De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia entrerriana, Laurta permanecerá bajo custodia hasta tanto avance la causa por el homicidio.

El operativo de traslado se realizó desde la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde permanecía detenido desde su captura el pasado domingo. Laurta fue conducido en un móvil del Servicio Penitenciario hasta la sede de la Jefatura Departamental de Concordia, escoltado por un amplio dispositivo de seguridad que incluyó efectivos de la Policía de Entre Ríos, agentes del Grupo Especial y vehículos de apoyo.La llegada del acusado generó una fuerte presencia mediática. Numerosos medios locales y nacionales aguardaban en el lugar para registrar el momento. A pesar del hermetismo de las autoridades, Laurta alcanzó a dirigir breves palabras a la prensa antes de ingresar al edificio policial.Fuentes judiciales confirmaron que Laurta se negó a prestar declaración indagatoria, amparado en su derecho constitucional, mientras avanza la recolección de pruebas en las causas abiertas tanto en Córdoba como en Entre Ríos. El Ministerio Público Fiscal lo investiga por triple homicidio agravado por el vínculo, violencia de género y alevosía, además de privación ilegítima de la libertad de su hijo menor, quien fue rescatado durante el operativo de detención en Gualeguaychú.Tras la audiencia, el imputado fue trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Concordia, donde quedó alojado de manera preventiva por razones de seguridad, ante el riesgo de agresiones dentro del sistema penitenciario y la fuerte repercusión pública del caso.Mientras tanto, la fiscalía local continúa con las pericias sobre los restos hallados en un descampado del departamento Concordia, que podrían corresponder a Martín Palacio, el chofer desaparecido. Los resultados del cotejo de ADN se conocerán en los próximos días y serán determinantes para ampliar la imputación.

El arribo del imputado a Concordia se produjo en horas de la mañana, escoltado por un importante dispositivo policial para evitar incidentes y garantizar la custodia durante su traslado desde Gualeguaychú. Desde la Jefatura Departamental confirmaron que el convoy llegó con medidas extraordinarias de seguridad y que el traslado se realizó bajo estricto control judicial.

Al salir de la Jefatura de Gualeguaychú, Laurta formuló una breve declaración: “todo fue por justicia”. En Concordia, la Fiscalía local tiene previsto indagar a Laurta por el presunto homicidio de Martín Palacio, el remisero que lo trasladaría desde Concordia hacia Córdoba. El hallazgo de un cadáver en una zona rural del departamento Concordia puso en la mira a los investigadores: la Policía trabaja para determinar si el cuerpo encontrado corresponde a Palacio y si existe vinculación directa con el recorrido que realizó Laurta.

Fuentes judiciales indicaron que se secuestraron teléfonos, documentación y otros elementos en la habitación donde fue detenido Laurta, entre ellos pertenencias que podrían pertenecer al remisero. La causa está en plena etapa de recolección de pruebas —pericias forenses, cotejo de ADN y análisis de comunicaciones— para confirmar la identidad del cuerpo y la posible vinculación de Laurta con el homicidio del chofer, además de los cargos por el doble femicidio en Córdoba.

El hallazgo se produjo en un camino vecinal, en las inmediaciones de Estación Yeruá. Según informaron fuentes policiales y judiciales, el cuerpo se encontraba desmembrado y oculto en bolsas, sin ropa, y en avanzado estado de descomposición. Por la gravedad del cuadro, fue trasladado al morgue judicial de Concordia para su examen forense.De acuerdo con los investigadores, tatuajes visibles en el torso permitieron establecer una coincidencia casi total con los de Palacio. Si bien aún se aguarda la confirmación oficial mediante estudios de ADN, las autoridades estiman en un 99 % la probabilidad de que se trate del remisero desaparecido.

Palacio había sido visto por última vez el martes 8 de octubre, cuando partió desde Córdoba hacia Entre Ríos a bordo de un Toyota Corolla blanco con techo negro, vehículo que posteriormente apareció incendiado en la zona de San Francisco del Chañar.

La aparición del cuerpo abre una nueva línea de investigación en torno al derrotero de Laurta, quien fue detenido el domingo pasado en Gualeguaychú tras un operativo que permitió rescatar a su hijo de cinco años, a quien mantenía secuestrado desde Córdoba.Mientras tanto, la fiscalía interjurisdiccional que interviene en el caso trabaja para reconstruir el recorrido realizado por Laurta y su vínculo con Palacio, cuyo destino permanecía envuelto en misterio hasta el hallazgo en el departamento Concordia.

Fuentes judiciales indicaron que los resultados de ADN y autopsia serán determinantes para confirmar oficialmente la identidad del cuerpo y precisar la causa de muerte, aunque todo apunta a que el remisero fue víctima de un crimen vinculado a la huida del acusado.

El operativo y el rescate del menor

La detención se concretó en la entrada del Hotel Berlín, en pleno centro de Gualeguaychú. Laurta fue sorprendido por efectivos policiales mientras desayunaba y, según confirmaron fuentes oficiales, no ofreció resistencia. En el momento de su aprehensión, sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital local, tras lo cual quedó alojado en una dependencia policial.El niño, identificado como Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, fue encontrado en buen estado de salud y quedó bajo resguardo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).Durante una conferencia de prensa brindada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, el ministro Néstor Roncaglia, junto al jefe de Policía, Claudio González, y el jefe departamental de Gualeguaychú, Luis Alberto Báez, ofrecieron detalles del procedimiento.Roncaglia destacó que la detención fue posible gracias a la coordinación y el intercambio de información con el Ministerio de Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros: “inmediatamente tras recibir la información este mediodía nos pusimos a trabajar con el jefe de Policía, los jefes departamentales y el personal de Gualeguaychú”, señaló el ministro.Según explicó, el hombre fue capturado mientras intentaba organizar su cruce ilegal hacia Uruguay junto al menor.

Conexión con un chofer desaparecido en Concordia

Martín Sebastián Palacios, chofer desaparecido

Durante la conferencia, las autoridades también confirmaron que el caso de Rodríguez Laurta se vincula con la desaparición de un conductor de aplicación en la provincia de Entre Ríos. El chofer, Martín Sebastián Palacios, había sido contactado por Laurta a través de una app de viajes para trasladarlo desde Concordia hasta Córdoba en un Toyota Corolla blanco.Tras perder contacto con su familia, los allegados de Palacios denunciaron su desaparición. Días después, el vehículo fue hallado incendiado en Córdoba, lo que reforzó las sospechas sobre la implicancia del prófugo.El Ministerio de Seguridad entrerriano precisó que este dato fue clave para establecer el recorrido de Laurta y coordinar su búsqueda interprovincial.“El intercambio constante de información entre las fuerzas de Córdoba y Entre Ríos fue determinante para localizar al sospechoso”, señaló el parte oficial.

El doble femicidio que conmocionó a Córdoba

Los crímenes que originaron la persecución ocurrieron en el barrio Villa Rivera Indarte de Córdoba. En la madrugada del sábado, vecinos alertaron por disparos en una vivienda de calle San Pedro de Toyos al 7200. Al llegar, la policía encontró los cuerpos sin vida de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.Laurta, expareja de Giardina, fue identificado como principal sospechoso. Luego de los asesinatos, huyó junto a su hijo, lo que motivó la activación inmediata de la Alerta Sofía en todo el país.

Una investigación que sigue abierta

Con la detención de Laurta y el rescate del niño, la investigación avanza ahora en varias líneas: el vínculo con la desaparición del chofer Palacios, las circunstancias del doble femicidio y los intentos de fuga del detenido.El ministro Roncaglia subrayó que el operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre las policías provinciales, la Justicia y las áreas de inteligencia criminal, destacando el profesionalismo del personal que intervino.Laurta será trasladado en las próximas horas a Córdoba, donde quedará a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que instruye la causa por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de sustracción y traslado ilegal de un menor.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra el colectivo feminista y ratificó que, durante su gestión, los femicidios “bajaron un 14%”.En declaraciones televisivas, manifestó que no tiene comunicación con la organización Ni Una Menos e, implícitamente, se refirió al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y le sugirió que “en vez de decir que las cifras son mentiras”, deberían reconocer el trabajo de su cartera.“Nosotros hemos logrado, sin Ministerio la Mujer, sin presupuesto y sin campañas que no que le servían más que a la burocracia que había ahí adentro, la cifra más alta (sic). En vez de decir ‘qué bien que la Argentina bajó el 14% los homicidios vinculares y los homicidios por violencia de género’ dicen que eso es mentira. Y no es mentira, están los números”, sostuvo la funcionaria.Estas expresiones fueron realizadas en respuesta a los dichos de la Ministra de Mujeres bonaerense, Estala Díaz, quien señaló que la gestión del presidente Javier Milei, “abandona y desprotege” a las mujeres, incluso cuando se encuentran “en situaciones de riesgo y de peligro de vida” y desmintió a la ministra de Seguridad Nacional sobre la baja en los números de los femicidios.“La atención sobre violencia por razones de género está a cargo de cada una de las provincias y si hay reducción de las cifras es porque las provincias siguen presentes, asistiendo y dando respuestas, en las peores condiciones que les genera el Gobierno Nacional”, sostuvo ayer Díaz, durante el acto del #3J por los 10 años de la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos.Por otra parte, Bullrich destacó que, en este momento, Argentina tiene la tasa más baja de homicidios en América Latina y que del 100%, “el 80 son hombres, el 20 son mujeres” y dentro de ese 20% “también hay niños y personas grandes” porque pertenecen a casos de violencia intrafamiliar.“Por supuesto, que esto es en colaboración con las policías provinciales, con el esfuerzo de la Policía Federal y el que hace el Ministerio de Seguridad Nacional. Además, estamos presentando una ley sobre homicidios vinculares; estamos trabajando sobre el tema y estamos teniendo resultados”, concluyó la ministra.

Tras el anuncio del Gobierno nacional de que trabaja en un proyecto al que denominó “igualdad ante la ley” y que intentará impulsar en el Congreso a partir del 1° de marzo próximo, con el que buscará derogar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”. Entre ellos, los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante penal, la oposición ya planteó su rechazo.Según informó el portal parlamentario.com, el senador radical Martín Lousteau, planteó “¿cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura del femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género”.Así, informó: “En 2024, hubo 267 femicidios, uno cada 30 horas, y al menos 267 niños quedaron huérfanos. Más de la mitad ocurrieron en contextos de violencia doméstica. Tipificarse como un delito específico no es un privilegio, es reconocer que esta violencia existe, visibilizar y abordar con medidas concretas para prevenir y sancionar. Vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país”.“¡La respuesta es NO! Digamos no a la agenda anti derechos del gobierno”, expresó de forma contundente el radical Fernando Carbajal. “No estoy de acuerdo con eliminar el femicidio, los DNI no binarios y los cupos trans. Esperemos que el proyecto que impulsa el Gobierno sobre “la igualdad ante la ley” pase por el Congreso para que podamos debatirlo”, se sumó el senador Pablo Blanco.El radical agregó: “Esperemos que vaya al Congreso porque este Gobierno nos tiene acostumbrado a una serie de anuncios que después no llegan. Analizaremos lo que se plantea, pero en principio no estoy de acuerdo”.La diputada de la CC Mónica Frade lanzó: “‘Batalla cultura’” le dicen...los ‘zurdos’ no votaremos volver atrás con legítimas conquistas… y que vengan a buscarnos. Estamos en el Congreso”.“No se pueden tolerar este tipo de expresiones y amenazas contra las mujeres. En Argentina una mujer es asesinada cada 36 horas por violencia machista. Desconocen las problemáticas de nuestro país y de sus habitantes”, expresó la senadora de UP Nora del Valle Giménez.Daniel Lipovetzky (exdiputado nacional) informó: “¡Los únicos países de América Latina que no incluyen en su legislación la figura del femicidio son Cuba y Haití! Haití  uno de los países más pobres y desiguales del mundo y Cuba, un país donde no se respetan las libertades individuales y la libertad de expresión.  Desigualdad, pobreza, autoritarismo, violencia, intolerancia: ¡este es el modelo del gobierno mileista! ¡No hay baja de inflación que pueda justificar que los argentinos aceptemos esto! ¡Está en nosotros, luchar para impedirlo!”.

La cifra total contempla 11 femicidios vinculados, 1 transfemicidio, 5 suicidios feminicidas y 7 femicidios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

En cuanto a las características de las víctimas, se detectaron 21 víctimas menores de 18 años, incluyendo 8 menores de 12 años. La franja etaria más afectada es de 31 a 50 años.

En el 85% de los casos, existía una relación preexistente entre la víctima y el victimario, mayormente de pareja, expareja o sexo afectiva. Solo el 6,5% de los femicidios fueron cometidos por desconocidos. Los métodos más comunes utilizados para cometer los femicidios fueron apuñalamiento, uso de armas de fuego y estrangulamiento. También se registró una cantidad significativa de casos de mujeres golpeadas y quemadas, y dos casos en los que la muerte fue provocada por violación.

El hogar de la víctima o la vivienda compartida con el femicida son los lugares más frecuentes donde se cometen estos crímenes. Además 91 niños y niñas quedaron huérfanos a causa de los femicidios.

La provincia con la tasa de femicidios más alta en relación a su población es Chubut, seguida por Santiago del Estero y Chaco.

Las estadísticas del OFDPN evidencian la necesidad urgente de políticas públicas efectivas, medidas de prevención, educación y concientización, y un sistema que responda adecuadamente a las víctimas.

En Entre Ríos, durante 2023 se registraron 5 causas judiciales como femicidios directos. De las víctimas, dos integran el grupo etario de 35 a 44 años; uno al de 18 a 24 años; otro al de 25 a 34 y otro al de 45 a 59 años de edad.Las víctimas directas de femicidio en nuestra provincia tenían en promedio 37,4 años de edad al momento del hecho.Al menos 2 víctimas directas presentaban condiciones de interseccionalidad: una era migrante interprovincial y otra se encontraba en situación de prostitución.Además, se informó que al menos 1 de las víctimas directas, había estado desaparecida o extraviada antes de haber sido hallado su cuerpo.

Respecto de los 5 vínculos entre las víctimas directas de femicidio y los sujetos activos, en un caso eran cónyuges y convivían, en otro eran ex cónyuges sin convivencia, en 1 eran ex pareja sin convivencia y en otro tenían otro tipo de relación sexo-afectiva y tampoco convivían.Además, en un caso la víctima y el sujeto activo tenían otro tipo de vínculo: eran compañeros de trabajo y, de elementos obrantes en la causa judicial, surge que el sujeto activo estaba obsesionado con la víctima.De los casos de femicidio directo, la totalidad de las víctimas conocían a los sujetos activos.Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA): https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/mapafemicidioaaaa.html?idAnio=2023

Registro de la OMEn el año 2015 se resolvió mediante Acuerdo General Nº16/15 del 09-06-15, Punto 3º) del STJER designar a la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (O.M) para llevar a cabo la recopilación y posterior remisión de todos aquellos datos vinculados a causas de femicidios y transfemicidios tramitadas en la provincia de Entre Ríos hayan sido o no caratuladas como tales.Por lo que, el organismo es el responsable de informar anualmente todos los datos solicitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a aquellas muertes violentas de mujeres cis y mujeres trans/travestis acaecidas en la provincia.El Registro comprende todas las causas por femicidio de mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas) ocurridos cada año perpetrados por varones por razones asociadas con su género, hayan sido o no tipificadas como femicidio.Concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas, entre ellas un componente social que pone el eje en el hecho de que todas las expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construcciones de poder que ordenan las relaciones sociales entre hombres y mujeres. El procedimiento a seguir por la OM es el siguiente: se recaba toda la información de muertes de mujeres cis, mujeres trans/travestis, acaecidas en la Provincia de Entre Ríos cada año, luego se entablan comunicaciones periódicas con las Unidades Fiscales de cada jurisdicción donde ocurrió el hecho, extrayendo de ese modo todos los datos relevantes a los fines del Registro. Una vez obtenida la información de las Unidades Fiscales, y siguiendo el protocolo para saber si fue femicidio, muerte violenta o muerte natural, se pone en estudio en la OM para finalmente completar las planillas que serán remitidas a la CSJN para la confección final del Registro Nacional. 

Se registraron 322 femicidios que incluyen 30 femicidios vinculados, 6 personas trans, 10 suicidios feminicidas y 28 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado. 

Con un promedio de 1 femicidio cada 27 horas, el aumento en las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género es alarmante, superando incluso las cifras de 2020, año marcado por la pandemia. 

Casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida; y en un 74% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario.

Además se registraron 191 niñas y niños que se quedaron sin sus madres porque fueron víctimas de femicidio, algunas de estas víctimas colaterales fueron testigos presenciales de los hechos.

El 19% de las víctimas realizó al menos una denuncia por violencia de género previamente al femicidio y, si bien en un 44% no se realizó denuncia, algunas de las familias de las víctimas reportaron que existía violencia de género previa al femicidio.  También, muchas de las familias reclaman que las mujeres fueron ignoradas en múltiples ocasiones al intentar denunciar a sus agresores.

El uso de armas de fuego fue, por una amplia diferencia, el método más utilizado para cometer los femicidios, dato directamente relacionado con los crímenes por sicariato. En segundo lugar, las víctimas fueron asesinadas a puñaladas. 22 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas.

En cuanto a la distribución geográfica: el mapeo del relevamiento indica que Córdoba encabeza la lista de provincias con más femicidios, en proporción con su población, seguida por Corrientes, Santa Fe, Salta y Neuquén.

El monitoreo se enmarca dentro de las acciones que desarrolla el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos del Senado de Entre Ríos. Se trata de una sistematización que toma como base de datos las publicaciones que realizan los medios de comunicación en relación a los casos de femicidios, datos que a su vez se cruzan con otros reportes de organizaciones que trabajan en la temática.

El registro se basa en cifras absolutas y se añaden referencias que dan cuenta de la edad, el lugar, el vínculo y otros condicionantes, como por ejemplo femicidios en contexto de narcotráfico, para un análisis integral.

La provincia que más casos registra es Buenos Aires con 67 femicidios, seguida por Santa Fe con 19, Córdoba y Salta con 13 casos cada provincia, Chaco con 12 femicidios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán con 8, Mendoza con 7 y Neuquén y Entre Ríos con 6 cada jurisdicción.

En Entre Ríos las víctimas fatales por violencia de género fueron: María de los Ángeles Dayer de 43 años, Ana Laura Splendore de 45, Valeria Leoncino de 25, Natalia Benítez de 41, Mónica Truzskot 40 y Luisina Leoncino de 24.

Entre otros datos, se explica que las cifras demuestran que la mayoría de las víctimas son sometidas en el ámbito de la familiaridad, lo que constituye el principal factor de riesgo, por tratarse de la pareja, ex pareja o algún conocido. La mayoría de los femicidios se producen en el ámbito doméstico, dejando secuelas en todo el grupo de familiares, amistades y vínculos de proximidad, así como en toda la sociedad.

La inseguridad que nos acompaña día tras día como nuestra sombra, ya pasa a un segundo plano. Vivimos con el miedo, el miedo a los asaltos, a perder nuestra vida, que nos arrebaten nuestros teléfonos celulares, nuestras pertenencias. Muchas mujeres tienen miedo al tomar el transporte público, y demasiadas sufren de los embates de la violencia doméstica. Para muchos padres es impensable que sus niños jueguen en los parques cuando oscurece, pero estamos a la buena de Dios y cuando algo de esto nos ocurre nos alegramos de poder contarlo, y no haber perdido la vida. Estamos inmersos en una sociedad que sobrevive a la crueldad y solo esperando a ser atacados, no estamos respaldados por nadie y a este caos, le sumamos el tener que seguir contando las víctimas por feminicidio.

PERO; ¡¡QUÉ ES ESTO!!... Formamos parte de una sociedad enferma. Llegar al extremo de habituarnos a comentar asesinatos de mujeres, como acontecimientos normales de convivencia ES EXTREMADAMENTE GRAVE. Tomemos conciencia, no hay futuro para generaciones venideras, si no cambiamos.

El homicidio es la forma más grave de violencia y el femicidio significa el homicidio de una mujer sólo por el hecho de serlo. El crimen y la violencia no solo es un lastre fiscal que quita recursos para otras necesidades sociales como la educación y la salud; socava el estado de derecho.

Sabemos que las causas del crimen y la violencia son complejas, pero debemos indagar sobre ellas con el propósito de revertirlas.

Como primera medida debemos reconocer que en la última década nuestras ciudades crecieron rápidamente, y esto ocurrió de manera desorganizada, sin que el Estado pudiera garantizar de manera homogénea todos los servicios necesarios a los ciudadanos.

En segundo lugar, las instituciones públicas –incluyendo la policía y el sistema de justicia– no se adaptaron a las nuevas realidades, lo que significa más impunidad y corrupción.

En tercer lugar, tenemos una enorme población de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Para muchos de estos jóvenes, la rentabilidad de las actividades criminales es mayor que los beneficios de una actividad legal. Y encima de estas vulnerabilidades, tenemos la presencia del crimen organizado y el tráfico de drogas. Claramente formamos parte de un entorno violento desde hace muchas décadas, y sin duda que la presencia del narcotráfico encrudece la violencia.

Se estima que un 30 por ciento de los homicidios se deben al crimen organizado. Además, para empeorar las cosas, lo que debería ser una solución se torna en una causa de mayor crimen y violencia que es el hacinamiento en nuestros sistemas penitenciarios. Sabemos que las pandillas se fortalecen en las cárceles desbordadas, porque ayudan a poner orden en ellas, lo que le da poder que luego pueden proyectar en las calles. No solamente las cárceles no logran rehabilitar y reinsertar individuos en la sociedad, sino crean grupos más fuertes y criminales más profesionalizados.

También hay que tener en cuenta que para sostener los programas de seguridad ciudadana debe haber más y mejor información certera y evaluaciones rigurosas. La realidad actual del “feminicidio” o “femicidio” provoca conmoción. Su CLAMOR por la vida de las mujeres debe ser escuchado; de su escucha depende la posible erradicación. Ese clamor por justicia nos interpela a todos. Necesitamos un compromiso serio por parte de nosotros como sociedad, para lograr un mundo de paz en donde las mujeres que sufren agresiones de cualquier tipo no sigan siendo víctimas de la indiferencia y en donde sus derechos sean respetados plenamente. Plantear el feminicidio como clamor implica reconocer la desesperación y la exigencia de una ciudadanía devastada que pide justicia, gritándolo de las formas indecibles de degradación y violación del cuerpo e integridad de la mujer, desapariciones, asesinatos, cuerpos mutilados, quemados y torturados, etc. En su básica acepción de asesinatos de mujeres por ser mujeres, el feminicidio representa la punta del iceberg, por ser la manifestación extrema de un continuum de violencias que enfrentan las mujeres cotidianamente en el mundo de sus relaciones familiares y sociales en nuestro tiempo.

Debemos tener en cuenta que es muy importante adicionarles a los feminicidios, no solo el quitarle el derecho a la vida de una mujer sino también comprender que, en torno a este delito, hay más factores dignos de atención por parte del Estado y de la sociedad. Uno de ellos es el que se refiere a la familia de las mujeres víctimas, específicamente a sus hijos, que quedan en situación de orfandad una vez sus madres son asesinadas, así como en un grado de vulnerabilidad exponencialmente alto en términos psicológicos. Los niños huérfanos por feminicidios son las víctimas invisibles de la violencia, normalmente, nos enfocamos en las cifras, de las que ya no están, pero pocas veces se mencionan las víctimas invisibles, los hijos, las hijas, y los familiares de la víctima. Detrás de cada femi(ni)cidio, hay familias enteras impactadas por la violencia extrema contra la mujer, especialmente niños. Ni la justicia ni el Estado muchas veces no han cumplido con su deber de reparación a las víctimas, sus familiares y su entorno.

Las familias, sumergidas en el dolor de la pérdida, somos re victimizadas una y otra vez por el sistema de justicia, los funcionarios públicos, los medios de comunicación y las redes sociales, que, por ganarse un clic, retuit, like, por tener la primicia o por hablar desde el completo desconocimiento y sin enfoque de género, suponen hechos o dan causales de por qué la victima llegó a provocar que la maten. Por años, se ha llevado una lucha para dejar de culpar a las víctimas, pero parece muy difícil dejar de hacerlo. Hoy, el discurso en las redes sociales o en los medios de comunicación responsabiliza a las víctimas por lo que hicieron o dejaron de hacer. Es imperante que la sociedad, en los casos de femicidio, se enfoque en el agresor. Nadie es merecedor de que la maten, y mucho menos que la descuarticen, o mutilen su cuerpo.

Algunas personas, no conforme con eso, utilizan palabras de los familiares cercanos de las víctimas, que seguramente siguen en estado de shock, para dar su punto de vista de la situación.

Esto es ofensivo e indignante para las familias de las víctimas que clamamos por justicia, contención y apoyo.

Olga Isabel Núñez

El observatorio de las violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven” dio a conocer que en el 2023 hubo 175 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de julio. La cifra se establece a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.

En Entre Ríos hubo seis asesinatos por violencia machista, según los datos a los que esta Agencia tuvo acceso, y se ubica octava en el top 10 de las provincias con mayor cantidad de casos por cada 100 mil mujeres. Entre ellas se encuentran: Salta (2,04 %), Neuquén (1,9%), Chaco (1,53 %), La Rioja (1,52 %), Misiones (1,07%), Corrientes (0,98%), Santiago del Estero (0,93 %), Entre Ríos (0,82 %), Santa Fe (0,82 %) y Tucumán (0,8 %).

“Desde ‘Ahora que sí nos ven’ alertamos que la violencia machista no frena. Nuestra vida corre peligro todos los días cuando ocurre un femicidio cada 29 horas en nuestro país. Las cifras dan cuenta del peligro al que cada día estamos expuestas las mujeres y disidencias en manos de varones que parecieran recrudecer su violencia aún más cuando intentamos alejarnos o pedir ayuda”, estableció la asociación.

Los datos de este año

En lo que va de 2023, el país fue sacudido por una escalofriante realidad: los femicidios continúan cobrando la vida de mujeres y personas de géneros diversos, poniendo en evidencia una problemática social que persiste y requiere una atención urgente. A continuación, se presentan los datos destacados registrados durante este año: -1 femicidio cada 29 horas.

-206 intentos de femicidio y 28 intentos de femicidios vinculados.

-4 Transfemicidios/travesticidios.

-59% de los femicidios fueron cometidos por parejas y ex parejas.

-57% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.

-9 femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad.

-38 víctimas habían realizado denuncias y 25 tenían medidas de protección.

-133 niños y niñas perdieron a sus madres por violencia machista.

• En el 76% de los casos el femicida es conocido

En el 76% de los casos, el femicida pertenecía al círculo íntimo de la víctima, es decir, eran hombres conocidos por ellas, con quienes habían mantenido un vínculo de confianza en algún momento. Además, el 59% de los asesinatos ocurrieron a manos de la pareja o ex pareja de la víctima. “Esto deja en evidencia la necesidad de transformar los vínculos sexo- afectivos que históricamente se basaron en la asimetría de poder. Es urgente que se implemente la Educación Sexual Integral, para que niños y adolescentes construyan relaciones más igualitarias, pero también es necesario que desde la industria cultural se representen imaginarios del sexo y el amor donde la base sea el respeto, el consentimiento y la libertad”, explican desde el observatorio, publicó Ámbito.

La Casa del Encuentro, el Observatorio Lucía Pérez, MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana y Ahora que sí nos ven (AQSNV) elaboraron durante julio un recuento de los crímenes con estadísticas propias, con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género ante la demora que conlleva el cálculo de las cifras oficiales anuales, las cuales son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en base a los expedientes judiciales.

Los cuatro observatorios basan sus registros a partir de �Sexhaustivos monitoreos⬝ de los medios de comunicación, aunque suelen diferir entre sí debido a los distintos criterios que utilizan a la hora de recopilar la información.

Por ejemplo, el Observatorio Lucía Pérez, contabilizó 31 femicidios durante el mes pasado, lo que significa que se cometieron 187 crímenes motivados por género en lo que va del 2022, según sus registros.

En tanto, la organización civil MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana y La Casa del Encuentro registraron 25 femicidios en los últimos 31 días, mientras que AQSNV afirmó que hubo al menos 20 asesinatos de mujeres.

Informe de La Casa del Encuentro

De acuerdo al informe elaborado por La Casa del Encuentro sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2022, se registraron 174 crímenes motivados por el género durante el año, entre ellos tres trans-travesticidios.

Según la organización, los distritos con mayor índice de femicidios son: la provincia de Buenos Aires (51 casos), Santa Fe (36), Córdoba (14), Santiago del Estero (8), Salta (8) y Chaco (8).

Dicho relevamiento afirma que el 60%, es decir, 104 casos de los femicidios tuvo lugar en el domicilio de la víctima, a la vez que en el 54% de los asesinatos (94) el autor del crimen fue la pareja o expareja de la mujer fallecida.

Si se tiene en cuenta la modalidad de hecho, 53 mujeres fueron baleadas, 35 fueron apuñaladas y 28 golpeadas, mientras que en nueve ocasiones se pudo advertir indicios de abuso sexual sobre la víctima.

El informe de La Casa del Encuentro también señala que, como consecuencia directa de los femicidios, 191 hijos e hijas se quedaron sin su madre, de los cuales el 67 por ciento son menores de edad (128 niños/as).

Además, 12 de las víctimas eran migrantes, 8 estaban embarazadas y otras 4 estaban en presunción de prostitución o trata.

Con respecto a los femicidas, el informe reveló que 10 formaban parte de una fuerza de seguridad, mientras que 23 de los autores se suicidaron luego de cometer el hecho.

A su vez, en 37 oportunidades las víctimas habían realizado una denuncia contra su agresor, de los cuales 6 hombres tenían dictada una medida cautelar de prevención.

Trans-travesticidios

En cuanto a los trans-travesticidios, durante los primeros 151 días del año La Casa del Encuentro registró tres casos: el último fue el de Fernanda López, una mujer travesti que murió el 30 de marzo tras ser apuñalada en la localidad entrerriana de Concordia.

Otro de los asesinatos fue el de Aldana Lorens, una mujer trans de 35 años que falleció luego de estar internada durante diez días en un hospital de la ciudad de Santa Fe tras recibir un golpe en la cabeza, por el que los investigadores señalan a uno de sus hermanos como el responsable.

Mientras que el otro caso ocurrió el 14 de enero en Béccar, donde una mujer trans de 46 años de apellido Giacobbi fue hallada en su domicilio asesinada de dos puñaladas.

�SSabemos que para erradicar la violencia de género es imprescindible un cambio cultural. Las mujeres, las niñas, los niños, las compañeras trans continúan ingresando en esta triste estadística cuyas cifras no descienden independientemente del color partidario de quienes nos gobiernan. La dolorosa realidad que muestran los números sostenidos en el tiempo, conforman una problemática estructural que excede los vaivenes de la política y la economía de nuestro país⬝, señalaron desde La Casa del Encuentro en un comunicado, en el cual instaron a �Sla necesidad de aplicar cambios urgentes, drásticos, federales e interdisciplinarios⬝.

Por último, desde la organización manifestaron: �SEl patriarcado sobrevive año tras año a través de sus expresiones más crueles: los femicidios, la trata, los abusos sexuales⬝.

�SPor esto, continuamos exigiendo una mayor protección y acompañamiento a quienes denuncian y un seguimiento efectivo de las medidas cautelares dictadas⬝, concluyeron.

Se informó que en Entre Ríos, en el período comprendido entre los años 2016 y 2022 se iniciaron 71.293 denuncias y 11.023 redenuncias por reincidencias.

De esos totales, el 42,5 % corresponden a violencia familiar; el 38 % a violencia contra la mujer y el 19,5 % a delitos vinculados a ellas.

Femicidios

En el Registro, los expedientes de femicidio / homicidio por cuestiones de género representan el 0,32 % del total de expedientes penales cargados en el período 2016 a 2022.

Así, suman 44 los expedientes penales referidos a esas causas, y 52 el número de víctimas letales de la violencia de género.Entre los años 2016 y 2022, 54 hijos/as quedaron huérfanos/as a causa de los femicidios.

Desde 2018 a la fecha, los expedientes por causas de violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas, aumentaron paulatinamente.

El REJUCAV sistematiza la información que cada uno de los organismos de los poderes judiciales de la provincia ingresa sobre casos de violencia familiar y contra la mujer, como también de los delitos que se producen con esa clase de violencia.

El Registro funciona en el ámbito de la Oficina de Violencia de Género del Centro Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia �SDra. Carmen María Argibay⬝.

Leyes

En Entre Ríos se encuentran vigentes las leyes de Violencia Familiar (ley 9198, adhesión a la ley nacional 24417) y de Violencia contra la mujer por razones de género (ley 10068, nacional 26485).

En abril de 2020, la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) habilitó un formulario online para realizar denuncias sobre casos de violencia familiar y/o contra la mujer.

Para utilizarlo deben dirigirse a la página del Poder Judicial, www.jusentrerios.gov.ar a través del enlace https://forms.gle/hyxURJBceDqeSjGt9.

El formulario nuclea la misma información que la planilla de denuncia policial y judicial que se encuentra implementada en toda la provincia, y no la sustituye, sino que es un medio más para que las víctimas de violencia, en cualquiera de sus formas, puedan realizar denuncias, en este caso, de manera virtual.

Un total de 24 femicidios, entre ellos tres vinculados y dos transfemicidios, se registraron durante el primer mes del año en la Argentina, lo que promedia un crimen cada 31 horas y lo que provocó que 29 niños, niñas y adolescentes se quedaran sin su madre, según un informe de la organización feminista MuMalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, que confecciona todos los meses estadísticas de asesinatos relacionados a violencia de género.

Si bien las cifras oficiales del 2022 son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia y recién serán divulgadas a comienzos del año siguiente, distintas organizaciones de la sociedad civil -en este caso MuMalá- elaboran sus propias estadísticas actualizadas mes por mes, las cuales realizan con criterios propios y, por ese motivo, difieren en la cantidad de víctimas, como por ejemplo, el Observatorio Lucía Pérez, que contabilizó 36 femicidios y transfemicidios durante el mes de enero.

De acuerdo al informe elaborado por MuMalá sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de enero último, el 55 % de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de la víctima, mientras que el 35% de los femicidas eran familiares o conocidos.

Por otro lado, teniendo en cuenta la modalidad del hecho, la organización señala que el 70% de las mujeres murió a causa de una herida con arma blanca, en tanto que el 20 % fueron asfixiadas o asesinadas a golpes y el 10% restante fue consecuencia de un disparo de un arma de fuego.

En cuanto al lugar físico del femicidio, el 65% de los casos ocurrieron en la vivienda de la víctima, mientras que el 25% de los asesinatos fue en descampados o en la vía pública.

El informe de MuMaLá también destaca que, como consecuencia directa de los femicidios, 29 niñas, niños y adolescentes perdieron a su madre y que la edad promedio de las víctimas fue de 36 años.

Otro dato que agrega el relevamiento es que el 20 % de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor previamente y que, de ese porcentaje, el 75 % tenía orden de restricción perimetral y el 25% botón antipánico.

Según MuMaLá, en lo referido a los victimarios, en el 100% de los casos están identificados, aunque el 10% permanece prófugo, en tanto que el 20 % de los femicidas se suicidó tras cometer el hecho.

A su vez, el 10% tenían antecedentes por violencia de género, mientras que el 5% pertenecía a una fuerza de seguridad.

En el 15% de los casos, el femicida asesinó a una tercera persona, ya sea porque quedó en el medio del hecho violento -femicidio vinculado por interposición- o para ocasionar un daño irreparable y culpa a estas mujeres -femicidio vinculado-.

Los distritos con mayor índice de casos fueron Córdoba (6 casos), la provincia de Buenos Aires (5 casos) y Santa Fe (4 casos).

En cuanto a los transfemicidios, durante los primeros 30 días del año MuMalá registró dos casos: uno fue el de Aldana Lorens, una mujer trans de 35 años que falleció luego de estar internada durante diez días en un hospital de la ciudad de Santa Fe tras recibir un golpe en la cabeza, por el que los investigadores señalan a uno de sus hermanos como el responsable.

Mientras que el otro caso ocurrió el 14 de enero en Béccar, donde una mujer trans de 46 años de apellido Giacobbi fue hallada en su domicilio asesinada de dos heridas de arma blanca.

Por su parte, MuMalá registró tres suicidios feminicidas durante el mes de enero, los cuales son definidos por la organización como �Saquellos suicidios como posible efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer e identidades feminizadas, o contexto de violencia de género⬝.

Por último, la organización pidió �Sla declaración de la Emergencia #NiUnaMenos⬝ y exigió al Estado Nacional �Smayor compromiso, presupuesto acorde y eficiencia en la intervención de las instituciones en el abordaje de las violencias machistas⬝.

El mecanismo de relevamiento de MuMalá se realiza �Sa partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forense⬝.

En los primeros cinco meses del año, 115 mujeres fueron asesinadas en el país, y también se registraron seis transfemicidios y ocho femicidios vinculados de varones, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Además, en el informe mensual que se dio a conocer hoy, se indicó que Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (37), seguida por Córdoba (11) y Santiago del Estero y Tucumán con nueve.

Como consecuencia de los crímenes, 120 hijas e hijos se quedaron sin madre, de los cuales 67% son menores de edad.

En el informe se señaló además que el 58% de los femicidas eran parejas o ex parejas de las víctimas; que 14 víctimas habían realizado al menos una denuncia antes; que 10 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención y que 13 eran agentes o ex agentes de fuerza de seguridad.

También se indicó que siete víctimas tenían indicio de abuso sexual, que cinco estaban embarazadas, y que 14 femicidas se suicidaron.

El detalle del informe muestra que la vivienda de la víctima es el sitio más inseguro para las mujeres y que la principal causa de muerte se debe a disparos de arma de fuego, seguida por los golpes.

"Cada informe nos duele porque el altísimo índice de violencia sexista en nuestro país no desciende y demuestra que las medidas implementadas, son insuficientes", indicaron en el comunicado con el que se dieron a conocer las nuevas cifras.

Y agregaron: ¿Dónde está Tehuel? Nos preguntamos cada día desde el 11 de marzo cuando Tehuel De la Torre, joven trans de 21 años, desapareció camino a una entrevista laboral en Alejandro Korn.

Como casi todas las personas trans, Tehuel era discriminado social y laboralmente. Su desaparición ocupó los medios de comunicación solo los primeros días y es por eso que queremos visibilizarlo en este comunicado, porque su vida vale tanto como la de todas las personas".

En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y el Observatorio, solicitaron una vez más "la urgente necesidad de que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones".

El pasado 20 de marzo, y al cumplirse un año del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus, el Observatorio había informado que hasta ese momento se habían registrado 279 femicidios, ocho transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones. (Diario 26)

Un total de 103 hijas e hijos quedaron sin madre, 63% son menores de edad; un número que se pierde entre las estadísticas pero que es necesario visibilizar particularmente.

Cada informe duele porque el altísimo índice de violencia sexista en nuestro país no desciende y demuestra que las medidas implementadas, son insuficientes.

Los medios de comunicación relevados muestran también un aumento de los transfemicidios lo cual evidencia la vulnerabilidad de un colectivo que es objeto de múltiples violencias incluida la institucional y la que ejerce la misma sociedad que las expulsa del sistema.

Según la institución realizadora del informe, "es imprescindible que el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público (decreto 721/2020), que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero, se haga efectivo en todo el territorio nacional".

Por otra parte, en noviembre del 2020, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del sistema URGE (Sistema �anico de Registro de Denuncias de Violencia de Género) mediante la resolución 408/2020.

El mismo tiene entre sus objetivos la unificación de la totalidad de las denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales, y reunir en un solo sistema toda la información relevante de esas denuncias para lograr la inmediata vinculación del denunciado con denuncias previas (ver Art 1 inc. A y B del anexo 1 de la resolución 408/2020).

Desde las organizaciones feministas reclaman que se informe si ha entrado en vigor el sistema y se informe el funcionamiento del mismo.

El femicida de Analia Maldonado, Samuel Llanos tenía 21 denuncias de violencia por relaciones anteriores radicadas en distintos lugares.

Quizás, si hubieran estado unificadas, Analia seguiría con vida y él pagando por su violencia.

Desde diciembre de 2019 hasta marzo último 863 niñas, niños y adolescentes accedieron a su derecho a una reparación estatal por la situación de orfandad provocada por el femicidio de sus madres en la Argentina, según datos oficiales a los que tuvo acceso Télam, un trámite que no requiere turnos en el contexto de pandemia por coronavirus.

Se trata de quienes están protegidos por la Ley 27.452 de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad sin límite de edad (Rennya), cuyas madres o personas que estaban a cargo de sus cuidados fueron víctimas de femicidios u homicidios derivados de violencia de género o intrafamiliar.

La norma también se conoce como Ley Brisa, nombre de una de las hijas de Daiana Barrionuevo, asesinada a los 24 años en 2014 por su expareja, Iván Adalberto Rodríguez, condenado a prisión perpetua por el femicidio.

Desde 2018 está vigente la legislación y se comenzó a aplicar en febrero de 2019.

De acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), a diciembre de 2019, 350 niñas, niños, adolescentes y jóvenes eran titulares del derecho a la reparación.

Para marzo de este año se generaron un total de 513 nuevas altas, alcanzando un total de 863 titulares de derecho en ese período.

El informe oficial explicó además que 72 personas ya no cobran por haber cumplido los 21 años o haber fallecido.

La Rennya establece el derecho a percibir una reparación económica y a acceder a atención integral a través de una asignación equivalente a un haber jubilatorio mínimo -es decir de $20.571 por mes a marzo 2021- y cobertura de salud pública hasta los 21 años, y en caso de tener una discapacidad, es vitalicia.

La reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el régimen de Asignaciones Familiares y con otras prestaciones sociales.