El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, aseguró que ningún medicamento tiene que ser retirado del mercado ni incrementarse su precio a partir de los cambios en el régimen de propiedad intelectual impulsados por el Gobierno.El funcionario buscó llevar tranquilidad frente a las críticas generadas por la modificación normativa y explicó que la medida no afecta a los medicamentos actualmente disponibles. “Es un incentivo de acá para adelante, para nuevas drogas que se traigan y lleguen más rápido”, sostuvo.Cacace detalló que la reforma implicó la derogación de una resolución vigente desde 2012 que, según indicó, imponía restricciones adicionales para la aprobación de patentes farmacéuticas. “En la práctica, hacía que no se otorgaran prácticamente patentes o tenían una altísima tasa de rechazo”, explicó por Splendid AM 990.En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema respeta los estándares internacionales y mantiene la duración de las patentes en 20 años. “Reconoce que si alguien desarrolla una droga o una tecnología, eso tiene que ser reconocido”, afirmó.Para despejar dudas sobre el impacto en el mercado, el funcionario explicó que el Gobierno realizó un cruce entre las solicitudes de patentes y los medicamentos aprobados. “Todos esos productos pueden seguir siendo comercializados sin cambios, sin exclusión ni retribución alguna”, detalló.Además, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, negó que la medida tenga efectos sobre los costos del sistema de salud. “Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía: esto no va a generar aumentos de precios ni impacto en las cuotas”, insistió.El eje de la reforma, según explicó, es revertir la falta de incentivos a la inversión en el sector. “Esto desalentó la llegada de nuevas terapias y la inversión de laboratorios extranjeros”, En esa línea, destacó que ya hubo señales concretas tras el cambio regulatorio. “Se anunció la creación de un centro global de investigaciones de Pfizer en la Argentina”, afirmó, y anticipó la llegada de más proyectos vinculados a la investigación clínica.El funcionario también vinculó la reforma con la estrategia de apertura económica. “Integrarse al mundo implica respetar las reglas de propiedad intelectual”, señaló, y recordó que la Argentina busca alinearse con sus socios comerciales.

Por otra parte, Cacace subrayó la necesidad de avanzar en reformas similares en el sector agropecuario, particularmente en el mercado de semillas. “No reconocer la renta de la innovación genera subinversión y pérdida de productividad”, advirtió.Finalmente, enmarcó estas medidas dentro de una agenda más amplia de desregulación. “Ya llevamos alrededor de 15.000 normas modificadas o derogadas”, precisó, aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer. “Falta mucho para lograr una plena integración a los mercados desarrollados”, concluyó. 

La modificación, oficializada a través de la Resolución Conjunta 1/2026, simplifica el proceso de registro de patentes y alinea el sistema argentino con estándares internacionales. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evaluará cada solicitud sin los requisitos previos que regían desde 2012.El Gobierno sostiene que el nuevo esquema busca fomentar la innovación, facilitar la llegada de nuevos tratamientos y brindar mayor previsibilidad al sector. Además, permite a laboratorios extranjeros ingresar productos con protección de propiedad intelectual, evitando la copia de fórmulas.No obstante, la medida genera posiciones encontradas. Mientras algunos consideran que puede mejorar el acceso a medicamentos innovadores, desde el sector industrial local advierten que podría impactar en los precios y en la producción nacional.También se estableció que los medicamentos ya comercializados mantendrán su situación actual, sin afectar su continuidad en el mercado.

Según el gremio, desde hace 12 años las droguerías “se niegan a reconocer y negociar un convenio colectivo con el representante del personal jerárquico farmacéutico y bioquímico”, que es ese sindicato.La asociación sindical damnificada promovió querella ante el juez competente, y este sancionó a la cámara empresaria por práctica antisindical, imponiéndole “una sanción conminatoria de $10.000.000 millones y someterse a la negociación colectiva de acuerdo con las piezas adjuntadas que no fueron objeto de cuestionamiento por la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de imponer una multa de $20.000 por cada día de demora”, indicó el fallo.El gremio denunció que ADEM es la única cámara empresarial que le resta firmar convenio colectivo de trabajo con el SAFYB, ya que las demás sí lo hicieron: la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMYSRA) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAFYB) y la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF).Recientemente, SAFYB cerró su paritaria 2024, llevando el salario básico de sus afiliados farmacéuticos y bioquímicos a $1.650.000, más adicionales de convenio. NA. 

La media sanción de Diputados no genera empleoLa quita de multas a los empleadores con trabajadores en negro, el alargamiento del periodo de prueba para ingresantes y la figura del trabajador “colaborador” no son una reforma sino un estímulo al fraude laboral, por eso habrá reclamos.No obstante, el SAFYB aclaro que no va al paro y que seguirá reuniéndose con legisladores para conseguir una auténtica modernización del trabajo, sin descuidar a su colectivo.En esa línea, acaba de suscribir la paritaria del segundo trimestre 2024, con una importante suba de salario para sus afilados.El aumento impacta exclusivamente en los trabajadores incluidos en los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, quienes recibirán un piso salarial de $1.275.000 en abril, $1.400.000 en mayo y $1.550.000 en junio 2024.Peretta es conocido en el mundo sindical por su discurso distinto al tradicional y lidera la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE) que articula pymes con sindicatos chicos (flacos) para bajar el desempleo.

Recientemente, logró frenar el capítulo Farmacéutico del Decreto 70/23 de Milei, reestableciendo la obligación de la presencia, la atención personal y la dependencia exclusiva del farmacéutico con la farmacia, droguería, laboratorio o herboristería en que trabaja, durante todo el horario de atención, y la obligación del empleador de reemplazarlo por otro profesional en caso de ausencia, confirmando que “Sin farmacéutico, no hay medicamento.” 

El incremento trimestral cercano al 100% se reparte en 19% para enero, 43% para febrero y 29% para marzo, de acuerdo al acta firmada el 3 de enero que precisa que la rúbrica se produjo "rectificando los valores preacordados en 2023 para enero y febrero 2024, que debieron ser ajustados debido a los índices inflacionarios".

Con la actualización paritaria, el salario inicial para los profesionales de las farmacias y los laboratorios, pasó a tener un piso salarial de 750 mil pesos mensuales, al que se le debe incorporar 10% por presentismo, 12% por capacitación, 20% por gestión del establecimiento y refrigerio a cargo del empleador. Al mismo tiempo, el gremio informó que recurrió a la justicia contra el DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei debido a que "reduce la fuente laboral del farmacéutico porque devalúa su papel, autorizando la venta de medicamentos fuera de la farmacia y la dirección técnica farmacéutica en varios lugares simultáneos, lo que termina asegurando ausencia en todos lados". Asimismo, consideran que "el DNU baja el precio a la labor farmacéutica y el salario del profesional, que fue gran protagonista en la pandemia" y advirtieron que "al dejar la farmacia sin director farmacéutico presente, se fomenta la automedicación y adicción a medicamentos, el uso irracional de fármacos y el tráfico de drogas, que generan problemas de salud y muertes, porque en ausencia del farmacéutico el propietario de la farmacia vende sin control por cuestiones de rentabilidad". El secretario general del sindicato, Marcelo Peretta, remarcó que "el farmacéutico se encarga del origen, la conservación e información sobre medicamentos, y es clave en la vacunación, el control de presión arterial, el seguimiento del uso racional de medicamentos y, en esta época del año, en la producción, provisión e información de productos contra el dengue, por lo que debe estar siempre presente en su lugar de trabajo". Además, sostuvo que "no hay diferencia entre medicamentos de 'venta libre' y 'recetados' porque ambos se elaboran igual, por el mismo laboratorio, con idénticos controles, y a pesar de que la dosis de los venta libre es menor, la cantidad de unidades por envase hace que al tomar, por ejemplo, dos comprimidos de venta libre, se alcance igual o mayor dosis (y riesgo) que los recetados, por eso es indispensable que, como dice la publicidad de los medicamentos de venta libre: 'ante cualquier duda el paciente consulte a su médico o a su farmacéutico". El profesional farmacéutico aseguró que "el DNU no bajará el precio de los medicamentos sino que fomenta el monopolio porque su autor ignora (o quiere beneficiar a los productores) que la farmacia no fija el precio de los remedios: el precio de los fármacos lo fija el laboratorio productor".

Desde el sindicato catalogaron de "preocupante que el DNU desregule los puntos de venta de medicamentos y devalúe el papel farmacéutico, pero no fomente competencia entre los laboratorios productores de medicamentos (son 300 desde el año 1990) e inclusive les "limpie" la competencia cerrando los laboratorios públicos".

La Ley precisa que el Ministerio de Salud de la Provincia, como Autoridad de Aplicación, deberá controlar, habilitar y fiscalizar la calidad de los productos fabricados para su comercialización en Entre Ríos y podrá requerir a tales efectos la intervención de los colegios profesionales u otras instituciones con competencias en la materia. ““Esta ley establece un marco legal que favorecerá a todos los que utilizan algún producto médico”, expresó el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).

Al respecto, el Colegio de Farmacéuticos solicitó al gobernador de la provincia que ejerza su facultad de veto sobre esta ley y advirtió que "acarrearía muchos más problemas que soluciones".

Desde la Institución consideran que el proyecto de ley “ignora” el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es el organismo encargado de fiscalizar y controlar la fabricación de productos médicos en todo el país, con el aval de organizaciones internacionales como el MERCOSUR y la OMS.

Asimismo, sostuvo que la aplicación de esta Ley convertiría a Entre Ríos en una "isla sanitaria", con productos médicos locales que no podrían ser comercializados ni utilizados fuera de la provincia, lo que afectaría la seguridad y la competitividad del sector. Por último, afirmó que su posición se basa en el interés de defender la salud pública y el ejercicio profesional de los farmacéuticos, y que está dispuesto a dialogar con las autoridades para buscar soluciones consensuadas.

La Ley

La Ley precisa que el Ministerio de Salud de la Provincia, como Autoridad de Aplicación, deberá controlar, habilitar y fiscalizar la calidad de los productos fabricados para su comercialización en Entre Ríos y podrá requerir a tales efectos la intervención de los colegios profesionales u otras instituciones con competencias en la materia. El control de calidad se deberá hacer sobre todos los productos médicos que se fabriquen dentro de la provincia o fuera de ella y que ingresen a territorio entrerriano para su utilización en seres humanos. Los establecimientos, por su parte, deberán contar con un responsable técnico, el que debe ser profesional de nivel universitario, capacitado en las tecnologías que componen el producto médico.

A su vez, toda actividad de fabricación, producción y comercialización de productos médicos que no respete las prescripciones legales o ponga en riesgo la salud de la población y toda alteración o falsedad de la información presentada, dará lugar a la aplicación de las sanciones, sin perjuicio de las penas establecidas en el caso que la conducta configure delito.

Las sanciones podrán ser apercibimiento, multas, suspensión de la habilitación del establecimiento, por un término de hasta cinco años; clausura temporaria o definitiva del establecimiento; suspensión e inhabilitación del responsable técnico y demás profesionales responsables, por un lapso de hasta cinco años.

Irigoiti señaló que ahora los precios se ajustan de acuerdo con la inflación, aunque aclaró que los aumentos varían: algunos medicamentos han experimentado incrementos significativos por encima de la inflación, mientras que otros se han mantenido estables o han subido en menor medida.

Estos aumentos sitúan a los medicamentos como uno de los rubros que más se han encarecido durante el primer cuatrimestre del año, con un promedio de incremento del 16 %, muy por encima de la tasa de inflación.

En relación con la situación en Entre Ríos, también se ha observado un fuerte incremento en los precios de los medicamentos. Irigoiti afirmó que una vez finalizado el acuerdo de precios, los aumentos se han ajustado al ritmo de la inflación. En promedio, los precios de los medicamentos han aumentado alrededor del 9 %, aunque nuevamente se destaca la disparidad entre los diferentes productos, con algunos experimentando incrementos significativos por encima de la inflación, mientras que otros se han mantenido estables o han tenido incrementos menores.

En cuanto a la disponibilidad de los medicamentos, Irigoiti aclaró que actualmente la escasez no constituye un problema importante, ya que, si un producto no está disponible en una droguería, se puede conseguir en otra.

En cuanto al consumo de medicamentos genéricos en comparación con los de marca, Irigoiti señaló que, si hay una opción más económica, siempre se ofrece a los clientes. Sin embargo, destacó que existen medicamentos que no tienen una versión genérica disponible.

En función de continuar trabajando de forma articulada para la futura implementación de la receta electrónica en la provincia, autoridades del Ministerio de Salud recibieron a referentes del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer).

En la reunión se analizó en profundidad la normativa que a nivel nacional y provincial ha sido dictada recientemente como reglamentación a la Ley 27.553, ratificando lo allí indicado en cuanto a que los organismos de salud pública �Sson los responsables de la fiscalización de los sistemas de recetas electrónicas o digitales y de los sistemas de plataformas de teleasistencia en salud⬝, y que deben �Sgarantizar la custodia de las bases de datos de asistencia profesional virtual, prescripción, dispensación y archivo⬝.

A partir de ello y a los efectos de avanzar en la posibilidad de permitir el registro de profesionales y plataformas que pretendan implementar tal modernización, es que se dispuso la creación de una comisión de estudio conformada por el Ministerio de Salud, el Iosper y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, que deberá analizar y proponer acciones concretas para que las plataformas de recetas digitales o electrónicas puedan operar dentro de la legalidad y con la expresa autorización de la autoridad de aplicación.

En esta línea, se destacó que resulta de fundamental importancia asegurar la integralidad y pertenencia del instrumento electrónico o digital al médico prescriptor, no sólo en su autoría sino también en la competencia del mismo, a los efectos de evitar fraudes e ilícitos, los que son fáciles de concretar si no existe un correcto y eficiente control de la autoridad sanitaria.

Tras el encuentro, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, precisó: �SSe convocó esta reunión en el marco de cumplimentar con lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.977, por la cual nuestra provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.553 de Teleasistencia y Recetas Electrónicas o Digitales, y en la cual se establece al Ministerio de Salud de la provincia como autoridad de aplicación⬝.

Bachetti agregó: �SEs un tema que tenemos en agenda, por el cual ya hemos mantenido otras audiencias con el Cofaer y venimos trabajando en conjunto hace ya un par de meses, pero lo distintivo de este encuentro fue que se sentaron las bases para conformar la comisión para elaborar la reglamentación de la ley⬝.

Por su parte, el presidente del Cofaer, Emilio Irigoiti, valoró: �SEl balance es muy positivo, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, que nos ha invitado a trabajar sobre la receta electrónica. Creo que es una apertura interesante, estamos tratando de llevar adelante esto que es nuevo y tan complejo, que creemos que puede ayudar mucho a todo el sistema sanitario, y me parece que vamos a ir por buen camino para llevarlo a cabo⬝.

�SSe está conformando la comisión, estamos muy contentos porque nos parece muy importante que nos dejen participar; y de aquí en más es cuestión de trabajar, por lo cual estaremos desarrollando reuniones cada semana hasta que lleguemos a buen puerto con esto⬝, concluyó Irigoiti.

Presencias

Por la cartera de Salud participaron, además, la directora de Prestaciones, Karina Muñoz; el jefe del Departamento Integral del Medicamento, Jorge Brignoli; y la directora de Planificación del Primer Nivel de Atención, María Eva Famín.

En tanto que de parte del Cofaer también asistieron su tesorero y el asesor legal de la entidad, Roberto Aranguren y Roberto Lerena respectivamente.

Acerca de las normas analizadas

En el caso de la Ley Nacional Nº 27.553 de Recetas Electrónicas o Digitales, la norma tiene por objeto permitir que la prescripción y dispensa de medicamentos, y toda otra indicación, puedan ser elaboradas y firmadas a través de firmas electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, además de las recetas en papel con firma manuscrita que continúan en plena vigencia.

En este marco, mediante la resolución 305/2023, la cartera sanitaria nacional definió el inicio del proceso de inscripción que deberán realizar las plataformas y sistemas de receta electrónica o digital y de teleasistencia, que se realizará hasta el 31 de diciembre de 2023, en articulación con el registro que se defina en cada jurisdicción conforme lo determine su regulación.

Asimismo, se estableció que a partir de marzo de 2024 se dará inicio al proceso de aprobación de las plataformas que se hayan inscripto.

Por su parte, la Ley Provincial Nº 10.977 determina que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia, y es quien tiene que arbitrar los mecanismos necesarios para la implementación de la teleasistencia y las recetas electrónicas o digitales en todo el territorio provincial.