El Gobierno Nacional aplicará nuevos precios para la demanda de energía eléctrica de cara al verano 2026, según se informó hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 488/2025 y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.Mediante la Secretaría de Energía se fijaron los nuevos precios para la demanda de energía, el período comenzará el 1° diciembre próximo y finalizará el 30 de abril de 2026.La Resolución, con firma de la secretaria energética María Tettamanti, establece que, durante ese período, se aplicarán los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Se indica además que se deberán utilizar, junto con el Precio Estabilizado del Transporte (PET), “para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios” de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran.La medida también comprende al Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF) como “destinada a abastecer a sus usuarios de energía eléctrica, o los de otros prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o concesión del Agente Distribuidor” la aplicación del POTREF y el PEE mercado eléctrico de la provincia del sur.

Lo mismo ocurre con el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, a los que se les establecen nuevos precios dependiendo la alta tensión y distribución de la energía de cada distribuidora.Para este caso, se realiza el cálculo de la sumatoria entre los precios de alta tensión y la distribución. El número final es el precio de megavatio por hora hora (MWh) que cada distribuidora pagará.

Las diferencias en el costo de la electricidad residencial se profundizaron en noviembre de 2025 y muestran un mapa energético fragmentado. Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet), un hogar promedio puede pagar hasta seis veces más de acuerdo a la provincia en la que vive, aun considerando el mismo consumo promedio mensual de 265 kWh. Las variaciones surgen de la combinación entre los precios estacionales fijados por la Secretaría de Energía y los distintos valores del componente de distribución (VAD) autorizados en cada jurisdicción.

El informe señala que la Resolución 434/25 unificó los precios mayoristas de la energía eléctrica a partir del 1° de noviembre, pero “el ritmo de los incrementos tarifarios correspondientes al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) es diferente entre provincias”. Esa divergencia es la que explica el salto entre las facturas finales de cada distrito, incluso cuando la energía mayorista y los impuestos se rigen por parámetros comunes.

Brecha de costos entre provinciasLa comparación de facturas finales —incluyendo impuestos y sin descuentos— exhibe una dispersión inédita. Para un consumo mensual de 265 kWh, el monto más bajo del país es inferior a $20.000, mientras que las jurisdicciones más caras superan ampliamente los $120.000. La relación entre ambos extremos alcanza una diferencia cercana a seis veces.En concreto, un usuario de ingresos bajos de Neuquén paga actualmente una factura media de $85.271, mientras que un usuario de Santa Cruz abona $12.209. En ese ejemplo, la diferencia es de 6,6 veces. En el caso de los usuarios de nivel medio la brecha es de cinco veces, mientras que en los de ingresos altos la distancia es más corta, de 3 veces.El documento advierte que la dispersión es multicausal. “Conviven empresas públicas, privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales”, remarcan desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios. Además, los cuadros tarifarios responden a estructuras de costos distintas, a la frecuencia con que se actualiza cada componente y al impacto de las cargas impositivas locales.La composición de la factura también varía según el nivel de ingresos del usuario. En promedio país, un hogar N1 —clasificado como de altos ingresos— abona $69.935 mensuales por la electricidad, mientras que un usuario N2, considerado de bajos ingresos, paga $43.598 y uno N3, de ingresos medios, $50.758. En términos relativos, la factura de un usuario N1 “es 1,6 y 1,4 veces superior respecto de la de un hogar N2 y N3, respectivamente”.

Cómo se distribuye el costo de cada facturaEl análisis del IIEP detalla la estructura típica de una factura según el segmento. En el caso de los usuarios N1, la energía representa el 33%, el VAD el 41% y los impuestos el 27%. En los hogares de ingresos bajos (N2), la participación del VAD crece hasta el 55% y la energía baja al 18%, mientras que los impuestos permanecen en torno al 27%. Para los usuarios de ingresos medios (N3), la factura se compone por 31% de energía, 42% de VAD y 28% de impuestos. La carga impositiva también cambia entre provincias. Algunas jurisdicciones aplican tributos adicionales —como tasas municipales o fondos específicos— que elevan el valor final, mientras que otras sostienen esquemas fiscales más acotados.

Subsidios y cobertura de costosPese a las subas en los precios desde 2024, persiste una brecha entre el costo real de la energía y el precio que pagan los hogares. El informe destaca que, en promedio nacional, la cobertura de costos para la categoría residencial es del 58%: los usuarios aportan esa proporción vía tarifas, mientras que el Estado financia el 42% restante.Incluso los hogares N1 mantienen un nivel de subsidio, según la página 9 del documento. Para este segmento, la tarifa eléctrica permite cubrir el 89% del costo reconocido por la Secretaría de Energía, por lo que el Estado continúa absorbiendo la diferencia. En el caso de los usuarios N2 y N3, la cobertura es más reducida: 30% y 44%, respectivamente.En los hogares N1, el 41% de la factura corresponde al Valor Agregado de Distribución (Europa Press)El esquema de bonificaciones aplicado en 2025 —establecido por la Resolución 36/2025— introdujo “una escala de bonificaciones decrecientes para cada mes hasta finales de 2025”, lo que implica un sendero gradual de reducción en la asistencia estatal, especialmente sobre los segmentos medios y bajos.

Qué factores explican las diferenciasEl informe identifica varios elementos que generan la dispersión tarifaria:Actualizaciones del VAD: cada provincia define la frecuencia y magnitud de los ajustes según la estructura de costos de su distribuidora.Características de la red: densidad poblacional, extensión territorial y condiciones climáticas inciden en los costos de operación.Modelo de gestión: empresas públicas, privadas y cooperativas presentan costos y esquemas regulatorios diferentes.Impuestos y tasas locales: algunos distritos aplican cargos adicionales que elevan la factura final.Anomalías regulatorias: el documento menciona “factores exógenos que alteran artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”.El IIEP advierte que las comparaciones deben interpretarse con cautela. “Una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación… pero debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada jurisdicción”, concluye el estudio.

En diálogo con “Lo que queda del día”, Zapata explicó que las facturas de distribución eléctrica, tanto de Enersa como de cooperativas, incluyen dos conceptos principales relacionados con tasas municipales: el alumbrado público y la contribución municipal. “El alumbrado público es una tasa determinada por la autonomía de cada municipio, que delega en las distribuidoras el rol de agentes de percepción. Aunque se relaciona con el servicio eléctrico, su naturaleza es diferente”, señaló.Respecto a la contribución municipal, indicó que está establecida en el contrato de concesión de las distribuidoras como un tributo por el uso del espacio público. “Lo que pide el contrato de concesión es que se discrimine la tasa que las distribuidoras deben tributar a los municipios por el uso del espacio público. Entonces, o está determinada dentro de la factura como está, o está separada dentro del VAD (Valor Agregado de Distribución)”, detalló.Aunque se puede presentar discriminada en las facturas, “a nuestro entender, forma parte del costo del servicio eléctrico”, añadió.Zapata se refirió a la resolución 267 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que instruye a las distribuidoras a no cobrar conceptos no relacionados directamente con el servicio contratado por los usuarios. “Desde la provincia defendemos nuestra autonomía y la de los municipios para fijar estas tasas. Las distribuidoras han iniciado medidas cautelares mientras se aclaran los alcances de esta normativa, ya que las tasas de alumbrado público y contribución municipal forman parte de los costos operativos”, indicó.Remarcó que “no estamos dispuestos a permitir que se afecte la autonomía que tiene nuestra provincia. Esto no es solo un respaldo político, sino también una defensa de los derechos que competen a la provincia”.Detalló que “cada una de las distribuidoras está contestando lo mismo a Defensa del Consumidor: que las provincias tenemos el manejo de la distribución eléctrica y los municipios tienen su autonomía para fijar las tasas. Lo que dice la resolución es que no se pueden cobrar conceptos que no tengan relación con el servicio que el usuario contrata. Las distribuidoras entienden que está relacionado, al menos en la contribución municipal, porque forma parte del costo, y lo demás es el servicio que todo usuario frentista tiene a ese alumbrado público que de alguna manera se tiene que cobrar”, explicó.Añadió que “lo que están haciendo las distribuidoras es presentar los descargos pertinentes y medidas cautelares. Y lo que haremos desde la provincia es defender nuestra autonomía y nuestra independencia respecto de los derechos que tiene en la distribución de energía eléctrica”.Sobre las acciones legales emprendidas, Zapata confirmó que “las distribuidoras están haciendo presentaciones a Fiscalía, que tiene esta postura que compartimos quienes defendemos los intereses de la provincia. No es solo un respaldo político, sino también de los derechos que le competen a la provincia”.“Seguiremos trabajando para garantizar la autonomía de Entre Ríos en materia de regulación energética y defensa de los intereses de nuestros municipios. Nuestra posición es que no estamos dispuestos a que haya injerencia respecto de la autonomía que tiene nuestra provincia, y le pasa a todas las provincias lo mismo”, remarcó.Subrayó que, al ser una resolución una norma de menor rango, requiere claridad en su aplicación.Destacó además que la cartera a su cargo no hizo llegar su postura a la Secretaría de Industria de la Nación porque la provincia no está involucrada en la disputa. “La Secretaría de Energía no es parte de ninguna forma. Aquí son la Secretaría de Comercio y Defensa del Consumidor los que están planteando este tema, no es la Secretaría de Energía de la Nación ni nuestra Secretaría de Energía de la provincia”.Aclaró que, aunque “la afectada en este caso no es la provincia, nosotros nos sentimos afectados en cuanto a la intervención de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio de la Nación en un ámbito que es de jurisdicción provincial”. 

La decisión se dio a conocer este martes mediante la Resolución 743/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), determinando “dejar sin efecto la convocatoria a audiencia pública para el día 5 de noviembre de 2024”, que había sido anunciada a principios de mes.Al explicar la cancelación, el texto oficial señaló que “teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la Audiencia Pública hasta la fecha que oportunamente se determine”.La instancia participativa buscaba “poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica”.Las empresas transportistas en cuestión son Transcomahue, Transnea, Transnoa, Transba, Transpa, Epen, Distrocuyo y Transener y las tarifas a fijar eran las correspondientes a partir del 1 de enero de 2025, en el marco del Proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que dispuso el ENRE en abril pasado.De esta manera, está estipulado que la convocatoria se lleve a cabo “con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las referidas concesionarias en dicho quinquenio”.  El valor del transporte de la energía eléctrica, que representa el 1,5% del precio final, es uno de los cuatro componentes que integran el costo total de la factura de luz.A comienzos de octubre, el ENRE había autorizado nuevos valores en las tarifas por la actualización en los costos del transporte y la distribución al disponer que “la tarifa a usuario final deberá ser incrementada en un 2,7%, debiéndose entonces reflejar de ese modo las actualizaciones de los precios PEST y las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado”.Con ese ajuste, la tarifa media de la distribuidora Edenor se ubica en el orden de los $106,337 por kWh, mientras que la tarifa media de Edesur pasa a ubicarse en el orden de los $101,820 por kWh. NA. 

⬢ La segmentación tarifaria realizada por la Secretaría de Energía de la Nación.

⬢ Que la misma implica la eliminación parcial o total de subsidios según el nivel que dicha Secretaría ha asignado de acuerdo al formulario de declaración jurada (RASE) completado por cada usuario. Dicho organismo determinó que quien no completó el formulario referido, automáticamente fue incorporado al nivel 1 (tarifa plana)

En este sentido, la Cooperativa Eléctrica recuerda que dicho formulario nacional se encuentra vigente, pudiendo todo usuario corregir el suyo en forma parcial o total; y aquellos que no se han inscripto por diferentes razones, aún pueden hacerlo en esta dirección digital:

https://www.argentina.gob.ar/subsidios

⬢ Se recuerda, además, que se debe considerar también la incidencia del cuadro tarifario provincial vigente que establece valores definidos por el gobierno de Entre Ríos a través del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía)

⬢ La Cooperativa Eléctrica de Concordia no es formadora de precios. Es decir que no define ninguno de los valores que se reflejan en la factura (costo de energía, vad, impuestos y tasas municipales).

No escapa a esta distribuidora la situación socioeconómica actual, la incidencia de los índices inflacionarios y atrasos salariales con relación a los mismos, los aumentos de la canasta familiar, combustibles y otros servicios.

A nuestro, asociados invitamos a recorrer nuestra página digital institucional, en donde podrán encontrar respuestas a muchos interrogantes que cotidianamente se plantean a la opinión pública.

 https://www.coopelec.com.ar

La cooperativa reitera que, como siempre, se encuentra a disposición para cualquier tipo de consulta o aclaración que el asociado o usuario desee manifestar.