A las 8:55 de ese viernes de 1995, alrededor de 20 mil proyectiles salieron despedidos, Río Tercero quedó reducida a escombros y se convirtió en un escenario de destrucción total y desolación.Decenas de viviendas y autos terminaron en ruinas, mientras que toda el área urbana quedó llena de esquirlas y municiones de guerra.Los lugares más afectados por la explosión fueron los barrios linderos a la fábrica: Cerino, Libertador, Las Violetas y Escuela, entre otros.La población era de 44 mil habitantes y al menos 6 mil fueron evacuadas o autoevacuadas, al tiempo que el 10% emigró de la ciudad por temor a nuevas explosiones. Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela, las siete víctimas fatales del estallido eran ajenas a la fábrica, al igual que todos los heridos.El presidente Carlos Saúl Menem viajó ese día a la ciudad, brindó una conferencia de prensa y afirmó que la catástrofe se generó como onsecuencia de un accidente.Cuando los periodistas le consultaron si la posible causa era un atentado, el ex jefe de Estado contestó: “Le estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra”.El 23 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba dictaminó condenas de entre 10 y 13 años por el delito de “estrago doloso seguido de muerte” para cuatro imputados por la voladura de la fábrica.El ex director de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega; Carlos Franke, quien también integraba la Dirección del organismo; y el ex director de la fábrica de Río Tercero Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión.  Según determinó la Justicia, se trató de un atentado para encubrir la venta por contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, y no de un accidente como se creyó en un principio.El ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, quien gobernaba durante su segundo mandato, fue sentenciado a siete años de prisión, aunque nunca fue a la cárcel porque tenía fueros en el Congreso ya que era senador.Aquellos que apuntaban contra la responsabilidad del riojano aseguran que, como mandatario, no pudo desconocer la maniobra por la cual se quiso ocultar el faltante de material bélico en la repartición militar.Cuando Menem falleció el 14 de febrero de 2021 en el Sanatorio de los Arcos, donde estaba internado por una infección urinaria, la ciudad de Río Tercero no adhirió al duelo nacional decretado por el entonces mandatario Alberto Fernández.“El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a Menem”, recordó la ciudad, gobernada por el radical de Juntos por el Cambio Marcos Ferrer.  Y agregó: “Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995”.Además, alrededor de 10 mil personas presentaron demandas por daños psíquicos, morales y perjuicios contra el Estado argentino, que estableció un fondo de 80 millones de dólares para atender las indemnizaciones, con un tope por persona de 50 mil dólares. NA 

La Cooperativa Sancor anunció el cierre de su fábrica de quesos blandos situada en la localidad santafesina de San Guillermo, y responsabilizó de la situación a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), a la que acusó de estar “paralizando la actividad productiva y comercial” desde hace 40 días.

Mediante un comunicado difundido este martes, Sancor denunció que el gremio utiliza como “excusa” la “regularización de cuestiones salariales” para llevar a cabo sus acciones, pero que en realidad las motiva “la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión”.

“De manera sistemática, durante todo el proceso de aprobación del Fideicomiso, el sindicato ejerció presión desmedida sobre Sancor, para forzar decisiones y acciones”, añade el texto.

Además, denuncia que “lo que el sindicato no puede explicar es por qué avalaba el plan de los empresarios interesados, que dejaba de lado a cerca de 1.000 empleados del total de la plantilla laboral de Sancor”.

Para la firma, “el plan del sindicato atenta contra la libertad de la cooperativa y también de los mismos empleados que manifiestan su voluntad de trabajar”.

En ese sentido, menciona que la empresa “se vio forzada a desechar 100 mil litros de leche, de derivar materia prima hacia otros destinos industriales, de desabastecer el mercado y, como hecho reciente destacado, de cerrar definitivamente la actividad en la planta ubicada en San Guillermo, Santa Fe, por las medidas de fuerza implementadas por Atilra”.

En tanto, la versión del gremio es opuesta, ya que en un reciente comunicado Atilra denunció que Sancor está “cerca de la quiebra” debido a que “la deuda con los acreedores llega a 379.400.000 dólares”, y sostuvo que “la culpa ha sido de la administración, no de los trabajadores como quieren hacer creer”.

“Sin respuesta para dar a sus acreedores, y con el Consejo de Administración fracturado, los directivos de Sancor preparan su retirada con variado fuego cruzado entre sus integrantes, donde se achacan errores de conducción y responsabilidades no asumidas”, indica el texto.

El gremio advirtió que “los trabajadores avanzan con el armado de las denuncias penales por evasión fiscal y las demandas laborales por deudas reconocidas por las propias autoridades de Sancor ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Para Atilra, “las cifras adeudadas por Sancor son realmente escalofriantes”, entre las que enumera deudas financieras por 168.700.000 dólares, deudas impositivas por 139.100.000 dólares, deudas provenientes del trabajo por 50.100.000 dólares (incluye salarios, aguinaldos, retiros voluntarios y deuda con Atilra, entre otros), deudas comerciales por 21.500.000 dólares y la “deuda previsional por evasión fiscal: sujeto a investigación”.

Las partes ya han tenido tres audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo sin lograr puntos de acuerdo y después de la última, llevada a cabo a mediados de este mes, el gremio denunció que los directivos de la cooperativa llevaron a la audiencia un “plan de incumplimiento” que planteaba terminar de pagar los sueldos de octubre en enero próximo.

En la misiva, la empresa hace referencia a la Comunicación 7532 del Banco Central, oficializada el 27 de junio y afirma que por esa normativa la posibilidad de realizar pagos al exterior �Sse ha visto fuertemente impactada, incluso para realizar pagos correspondientes a importaciones que ya han sido recibidas en la planta productiva, y con fecha de pago vencida.

�SNuestra área financiera se encuentra en contacto con varios organismos, públicos y privados (Banco Santander, Banco Central y funcionarios de Gobierno) intentando destrabar operaciones de pagos al exterior, ya que durante los últimos 10 días todas las presentaciones fueron rechazadas por el Banco Central, impidiendo que podamos girar los dólares necesarios a nuestra red de proveedores para cumplir con nuestras obligaciones. Estamos al aguardo de una respuesta formal sobre cuándo se normalizará esta situación, pero no queríamos dejar de informarles sobre las restricciones que estamos atravesando⬝, dice la carta.

Desde el Banco Central aseguraron que van a recibir a autoridades de la empresa para interiorizarse de la situación. �SLa empresa no hizo ninguna presentación ante el BCRA sobre su situación⬝, aseguraron.

La carta de Agrale continúa: �SEn este marco, y ante la falta de respuestas oficiales, no estamos en condiciones de programar correctamente los próximos meses. Dicha incertidumbre, sumada a la falta de componentes que veníamos sufriendo, y esta medida no ha hecho más que acentuar, nos ha obligado a llevar a 0 (cero) nuestra programación hasta fin de año hasta tanto recibamos mayor claridad sobre cómo debemos actuar, qué es lo que podemos realmente proyectar, en este nuevo contexto⬝.

 Agrale enfatizó también que tienen toda la intención de �Sretomar la producción lo antes posible⬝, pero dependen de �Slos tiempos de las autoridades y luego de la red de suministros para volver a poner la cadena en acción⬝.

En el último párrafo de la comunicación a sus proveedores, Agrale sostiene que en esta �Sdura decisión⬝ que les toca tomar, entienden que �Ssolo hay perjudicados. �SY desde ya mantendremos el canal de comunicación con nuestra red de proveedores para atravesar este triste y difícil período de la mejor manera posible⬝, manifestó la compañía.

Agrale Argentina es una empresa binacional subsidiaria de Agrale de Brasil, que fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales. Entre ellos, se destacan camiones livianos y medianos; buses y minibuses urbanos e interurbanos, utilitarios diseñados especialmente para trabajos extra pesados ya sean de uso civil, comercial, seguridad o militar y también una amplia gama de tractores.

La empresa pertenece al Grupo Francisco Stédile, que agrupa a las subsidiarias Agrale Argentina, Agrale Montadora, Agrale Comercial y Lintec Motores, y engloba a las empresas Agritech Lavrale, Fundituba y Fazenda Três Rios.