La iniciativa del Gobierno para facilitar el acceso a la ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones relevantes se inscribe en una estrategia más amplia orientada a captar capitales externos. En ese esquema, convive con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), vigente desde el año pasado, con el que se busca fortalecer el flujo de fondos hacia sectores productivos clave.El marco operativo fue establecido mediante el Decreto 524/2025, que reglamenta el programa y habilita a ciudadanos extranjeros a solicitar la ciudadanía argentina siempre que acrediten una inversión considerada significativa, de acuerdo con los parámetros que fije el Ministerio de Economía.La tramitación quedará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado creado dentro de la órbita económica nacional. Su función será recibir las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos financieros y articular los controles con los distintos organismos del Estado.En el proceso intervendrán áreas sensibles como Migraciones, Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los fondos y la idoneidad de los solicitantes.El esquema no es novedoso a nivel internacional. Modelos similares funcionan, con distintas modalidades, en más de 80 países, donde la ciudadanía o la residencia permanente se vinculan a inversiones estratégicas. En ese contexto, un grupo de empresas especializadas evaluó el potencial del programa local y estimó que podría canalizar más de 2.500 millones de dólares en inversiones directas durante sus primeras etapas.

Desde el sector privado destacan que este tipo de mecanismos ya fue utilizado con resultados concretos en países como Estados Unidos, Canadá, Portugal y varias economías del Caribe, donde los gobiernos ajustaron los requisitos según sus necesidades de desarrollo y los sectores a potenciar.Un consorcio integrado por firmas con trayectoria internacional en programas de ciudadanía por inversión anunció su intención de participar en la licitación oficial para la implementación del plan. Según sus proyecciones, la iniciativa podría atraer a unas 5.000 familias inversoras y direccionar fondos hacia áreas como infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y proyectos de desarrollo regional.Además del volumen de capital, los impulsores del programa subrayan la importancia del perfil de los inversores, al considerar que el impacto positivo depende no solo del monto invertido, sino también del compromiso de largo plazo con la economía local.Los antecedentes internacionales muestran que, bajo esquemas de control estrictos y reglas claras, estos programas pueden generar un efecto multiplicador en empleo, inversión y crecimiento. El desafío para la Argentina, coinciden los especialistas, será diseñar un sistema transparente, confiable y alineado con los objetivos de desarrollo del país.

Por Dasha Litvinova - Para los asalariados promedio en Rusia, es un gran sueldo. Para los delincuentes que buscan escapar de las duras condiciones y el abuso en prisión, es una oportunidad de libertad. Para los inmigrantes que buscan una vida mejor, es un camino simplificado hacia la ciudadanía.Mientras Rusia intenta reponer sus fuerzas luego de casi cuatro años de guerra —y evitar una movilización nacional impopular— está haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar nuevas tropas para enviar al campo de batalla.Algunos vienen del extranjero para luchar en lo que se ha convertido en una sangrienta guerra de desgaste. Tras firmar un tratado de defensa mutua con Moscú en 2024, Corea del Norte envió miles de soldados para ayudar a Rusia a defender su región de Kursk de una incursión ucraniana.Hombres de países del sur de Asia, como India, Nepal y Bangladesh, se quejan de haber sido engañados para alistarse en el combate por reclutadores que les prometían trabajo. Funcionarios de Kenia, Sudáfrica e Irak afirman que lo mismo les ha sucedido a ciudadanos de sus países.El presidente Vladimir Putin anunció en su conferencia de prensa anual el mes pasado que 700.000 soldados rusos combaten en Ucrania. Dio la misma cifra en 2024 y una ligeramente inferior (617.000) en diciembre de 2023. No está claro si estas cifras son exactas.Las cifras de bajas militares siguen ocultas, pues Moscú ha publicado cifras oficiales limitadas. El Ministerio de Defensa británico afirmó el verano pasado que más de un millón de soldados rusos podrían haber resultado muertos o heridos.El sitio web independiente de noticias ruso Mediazona, junto con la BBC y un equipo de voluntarios, analizó noticias, redes sociales y sitios web gubernamentales y recopiló los nombres de más de 160.000 soldados fallecidos. Más de 550 de ellos eran extranjeros de más de dos docenas de países.A diferencia de Ucrania, donde la ley marcial y la movilización nacional están vigentes desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Putin se ha resistido a ordenar un llamado a filas amplio.Cuando se intentó una movilización limitada de 300.000 hombres más tarde ese año, decenas de miles de personas huyeron al extranjero. El esfuerzo se detuvo tras unas semanas, una vez alcanzado el objetivo, pero un decreto de Putin dejó la puerta abierta para otro llamamiento. También estableció que todos los contratos militares serían prácticamente indefinidos y prohibió a los soldados abandonar el servicio o ser dados de baja, a menos que alcanzaran ciertos límites de edad o estuvieran incapacitados por lesiones.Desde entonces, Moscú ha recurrido en gran medida a lo que describe como alistamiento voluntario.El flujo de reclutas voluntarios que firman contratos militares se ha mantenido alto, superando los 400.000 el año pasado, según declaró Putin en diciembre. No fue posible verificar esta afirmación de forma independiente. Se anunciaron cifras similares en 2024 y 2023.Los activistas afirman que estos contratos suelen estipular una duración fija de servicio, como un año, lo que lleva a algunos potenciales reclutas a creer que el compromiso es temporal. Sin embargo, afirman que los contratos se prorrogan automáticamente por tiempo indefinido.El gobierno ofrece altos salarios y amplios beneficios a los reclutas. Las autoridades regionales ofrecen diversas bonificaciones por alistamiento, que a veces ascienden a decenas de miles de dólares.En la región de Khanty-Mansi, en el centro de Rusia, por ejemplo, un recluta recibiría unos 50.000 dólares en diversas bonificaciones, según el gobierno local. Esto supone más del doble del ingreso anual promedio en la región, donde se informó que los salarios mensuales en los primeros 10 meses de 2025 superaron los 1.600 dólares.A pesar de las afirmaciones del Kremlin de que depende del alistamiento voluntario, los informes de los medios y los grupos de derechos humanos dicen que los reclutas (hombres de entre 18 y 30 años que realizan el servicio militar obligatorio por un período determinado y están exentos de ser enviados a Ucrania) a menudo son obligados por sus superiores a firmar contratos que los envían a la batalla.El reclutamiento también se extiende a los presos y a quienes se encuentran en centros de detención preventiva, una práctica liderada al principio de la guerra por el difunto jefe mercenario Yevgeny Prigozhin y adoptada por el Ministerio de Defensa. Las leyes ahora permiten el reclutamiento tanto de convictos como de sospechosos en causas penales.Se aprobaron leyes que ofrecen la ciudadanía rusa acelerada a los reclutas. Los medios de comunicación y activistas rusos también informan que las redadas en zonas donde los migrantes suelen vivir o trabajar los presionan para que presten el servicio militar, y los nuevos ciudadanos son enviados a las oficinas de alistamiento para determinar si cumplen los requisitos para el servicio militar obligatorio.En noviembre, Putin decretó que el servicio militar era obligatorio para ciertos extranjeros que buscaban la residencia permanente.Según informes, algunos son atraídos a Rusia por redes de tráfico de personas que les prometen empleos y luego los engañan para que firmen contratos militares. En 2023, las autoridades cubanas identificaron y buscaron desmantelar una de estas redes que operaba desde Rusia.El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Narayan Prakash Saud, declaró a The Associated Press en 2024 que su país solicitó a Rusia el retorno de cientos de ciudadanos nepaleses reclutados para combatir en Ucrania, así como la repatriación de los restos de los caídos en la guerra. Desde entonces, Nepal ha prohibido a sus ciudadanos viajar a Rusia o Ucrania para trabajar, alegando iniciativas de reclutamiento.También en 2024, la agencia federal de investigación de la India declaró haber desmantelado una red que atraía a al menos 35 de sus ciudadanos a Rusia con el pretexto de obtener empleo. Los hombres fueron entrenados para el combate y desplegados en Ucrania contra su voluntad, y algunos resultaron gravemente heridos, según la agencia.Cuando Putin recibió al primer ministro indio Narendra Modi para conversaciones en 2024, Nueva Delhi dijo que sus ciudadanos que fueron “engañados” para unirse al ejército ruso serían dados de baja.Las autoridades iraquíes afirman que unos 5.000 de sus ciudadanos se han unido al ejército ruso, junto con un número no especificado que lucha junto a las fuerzas ucranianas. Las autoridades en Bagdad tomaron medidas enérgicas contra estas redes de reclutamiento, y un hombre fue declarado culpable el año pasado de trata de personas y condenado a cadena perpetua.Un número indeterminado de iraquíes han muerto o desaparecido mientras combatían en Ucrania. Algunas familias han denunciado que sus parientes fueron atraídos a Rusia con engaños y obligados a alistarse; en otros casos, los iraquíes se han alistado voluntariamente a cambio de un salario y la ciudadanía rusa.Los extranjeros engañados para luchar son especialmente vulnerables porque no hablan ruso, no tienen experiencia militar y los comandantes militares los consideran “prescindibles, por decirlo sin rodeos”, dijo Anton Gorbatsevich del grupo activista Idite Lesom, o “Piérdete”, que ayuda a los hombres a desertar del ejército.Este mes, una agencia ucraniana para el tratamiento de prisioneros de guerra declaró que más de 18.000 extranjeros habían combatido o están combatiendo en el bando ruso. Casi 3.400 han muerto y cientos de ciudadanos de 40 países se encuentran retenidos en Ucrania como prisioneros de guerra.Si es cierto, eso representa una fracción de los 700.000 soldados que, según Putin, están luchando por Rusia en Ucrania.Recurrir a extranjeros es solo una forma de satisfacer la constante demanda, afirmó Artyom Klyga, jefe del departamento jurídico del Movimiento de Objetores de Conciencia, señalando que los esfuerzos de reclutamiento rusos parecen ser estables. La mayoría de quienes buscan ayuda del grupo, que ayuda a hombres a evitar el servicio militar, son ciudadanos rusos, añadió.Kateryna Stepanenko, investigadora sobre Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijo que el Kremlin se ha vuelto más “creativo” en los últimos dos años a la hora de atraer reclutas, incluidos extranjeros.Pero los esfuerzos de reclutamiento se están volviendo “extremadamente costosos” para Rusia, que enfrenta una desaceleración económica, agregó. (AP)

Según supo Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo va a enviar estas iniciativas al Congreso, algunos se tratarán en extraordinarias y otras iniciativas serán tratadas en el período legislativo 2026. Todas las reformas tienen por objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.En el caso de la Ley de Tierras, el objetivo central es eliminar restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros y destrabar los cambios de actividad en casos de incendios, entre otras cuestiones normativas.Adorni adelantó que en el proyecto “se libera la compra por parte de privados extranjeros” de tierras rurales.También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Esto es “una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción”, aseguró el funcionario al presentar el documento.

El Banco Central anunció una serie de medidas con las que buscará sumar reservas y eliminar pesos de circulación. Las principales son la concreción del préstamo Repo con entidades financieras internacionales por USD 2.000 millones y la emisión de un Bopreal nuevo para destrabar el giro de dividendos de empresas.Ese paquete también incluye otras como la eliminación de las Lefi en reemplazo de una letra del Tesoro y la inclusión de colocación de bonos en pesos que pueden ser suscriptos en moneda extranjera directamente, como sucedió con el Bonte 2030 a fines de mayo. Este tipo de operaciones tendrán un tope de USD 1.000 millones por mes.La ampliación del préstamo Repo entre el BCRA y un grupo de bancos se negociaba en su tramo final en las últimas semanas y, tal como anticipó Infobae, se esperaba una resolución inminente tras definir el monto final y la tasa de interés que tendrá la operación.En el comunicado oficial, el Central señaló que la transición hacia el nuevo régimen cambiario “se implementó de manera ordenada, sin sobresaltos”, y destacó como resultado de ese proceso la “estabilidad del tipo de cambio y las tasas de interés en el mercado monetario”, así como “una trayectoria descendente de la inflación” y “expectativas inflacionarias del sector privado ancladas”.En primer lugar, el equipo económico anticipó un programa de licitación de títulos públicos con suscripción en dólares, a anunciar por la Secretaría de Finanzas. Esta modalidad estará disponible desde junio para colocaciones con plazos mayores a un año, hasta un máximo mensual de USD 1.000 millones. El Bonte fue emitido con un plazo de cinco años dirigido exclusivamente a inversores del exterior.El comunicado también confirmó la “eliminación de los plazos mínimos de permanencia para no residentes que inviertan a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) o en colocaciones primarias del Ministerio de Economía con vencimientos superiores a seis meses”. Esto implica que quienes compren desde el exterior ese tipo de bonos quedarán exentos del mínimo de 6 meses de permanencia antes de desarmar su posición.Por otra parte, el BCRA además convocó a la segunda licitación de su programa de préstamo Repo con bancos internacionales, tras una primera operación anunciada a principio de año USD 1.000 millones. La nueva colocación prevé una emisión adicional de hasta USD 2.000 millones y tiene fecha programada para este miércoles. No fueron informados los bancos involucrados y la tasa de interés que tendrá el acuerdo.En cuanto al control monetario, se anunció una recompra de contratos de puts sobre títulos del Tesoro en poder de bancos, que tendrá lugar este martes. Según el BCRA, esta medida busca “garantizar un mayor control sobre la cantidad de dinero” y “refuerza la previsibilidad en la reducción de la inflación”. En junio pasado el Central había recomprado casi el 80% de esos seguros en manos de los tenedores de títulos.Otra medida ya anticipada con anterioridad y que se había demorado es una nueva licitación de Bopreal el próximo miércoles. Será la cuarta serie de este tipo de títulos del Central denominado en dólares y que estará destinada a empresas con dividendos y utilidades originadas antes de 2025 o comerciales previas al 12 de diciembre de 2023. Se estima que entre USD 7.000 y USD 10.000 millones quedaron atrapados por el cepo en los últimos años y no pudieron ser girados a las casas matrices.También se anuncieron medidas relacionadas a la política monetaria y al manejo de la cantidad de pesos en circulación. Por un lado, el Central adelantó que desde el 19 de julio dejará de ofrecer Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), el instrumento que reemplazó a las Leliq a mitad del año pasado.El stock remanente será canjeado por un portafolio de títulos en pesos de corto plazo (LECAPs), con cotización en el mercado secundario. “Este reordenamiento consolida un marco de control de agregados monetarios más convencional”, explicó el BCRA, y señaló que en adelante “la tasa de interés será determinada endógenamente por el mercado”.Por último, se anunciaron ajustes en la política de encajes. El BCRA indicó que continuará elevando progresivamente el porcentaje de efectivo mínimo para “partidas que generan mayor volatilidad, limitan el desarrollo sostenible y encarecen el crédito al sector privado”. Además, definirá el momento oportuno para unificar el encaje aplicable a cuentas remuneradas “independientemente del tipo de entidad depositante”. Infobae.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que su gestión iniciará una revisión de los planes sociales otorgados por la ANSES a ciudadanos extranjeros que no residan en Salta.La medida, que fue comunicada a través de las redes oficiales del gobierno provincial, se enmarca en una serie de acciones que, según el mandatario, buscan “defender los intereses de los argentinos”, en sintonía a la reforma migratoria anunciada por el gobierno de Javier Milei.“Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”, expresó Sáenz, y señaló que el Gobierno nacional “está trabajando en esa línea” y que su administración está “colaborando con todo lo necesario para que eso sea posible”.El mensaje fue rápidamente respaldado por el presidente Javier Milei, quien lo compartió en sus redes sociales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también manifestó su apoyo a la iniciativa en el marco de la reforma migratoria que impulsa el Ejecutivo nacional. Sáenz celebró esa reforma y afirmó que desde su provincia la vienen reclamando “desde que asumí como gobernador, por ser una provincia con pasos internacionales”.En esa línea, consideró que las medidas impulsadas por el Gobierno representan “un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”.La provincia de Salta limita con Bolivia y Paraguay, y cuenta con pasos fronterizos de alta circulación, como Salvador Mazza y Aguas Blancas, donde se registra un intenso flujo migratorio y comercial. En reiteradas oportunidades, las autoridades provinciales expresaron su preocupación por el uso de servicios sociales por parte de personas que no residen de manera permanente en el país.La medida de Sáenz se suma a una serie de anuncios recientes del Ejecutivo nacional en materia de control migratorio, que incluyen la agilización de procesos de expulsión para personas con antecedentes penales y una revisión de las normativas de residencia.Entre las reformas, se estableció que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos.A su vez, se reforzó el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se endurecieron las sanciones para aquellos que ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.Como parte de las reformas vinculadas a educación superior, el decreto indica que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.Entre los puntos centrales de la reforma, se definió la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que tendrá como objetivo fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a aquellos que realicen inversiones significativas. Esta medida busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico de Argentina. Infobae.

Tal como ocurrió en los últimos meses en varias provincias, la Ciudad de Buenos Aires anunció en las últimas horas que comenzará a cobrarles la atención médica en hospitales públicos a ciudadanos extranjeros que no cuenten con DNI argentino.La medida, que no incluye emergencias -que seguirán siendo gratuitas-, fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir el próximoDesde el gobierno porteño informaron que “este mecanismo busca garantizar la cobertura de los costos de atención y diferenciar los casos programados de las emergencias”.De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires se suma a provincias como Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza, que ya habían tomado medidas similares.“Con este esquema, la Ciudad busca asegurar que los costos de la atención médica a extranjeros sin DNI sean solventados por los propios pacientes o sus países de origen, sin afectar el sistema de salud público local”, se indicó.

Procedimiento para el cobro del servicio médico

Estos serán los diferentes pasos a seguir en los hospitales para efectuar el cobro a extranjeros:Identificación del paciente extranjero: el personal del hospital detecta si el solicitante no tiene DNI argentino y requiere una atención programada (como cirugías, tomografías o internaciones). Luego, se lo deriva a la Dirección Médica para continuar el trámite.Presentación del caso y presupuesto: la Dirección Médica revisa la orden médica y la documentación. Se registran los datos del paciente y se firma un formulario para solicitar el presupuesto, tras lo cual la solicitud es enviada a la Oficina de Gestión de Presupuesto a Extranjeros, que calcula el costo de la prestación.Información al paciente y opciones de pago: la Dirección General de Coordinación de Redes y Financiamiento en Salud informa el costo al solicitante y consulta si puede pagarlo. Si el paciente puede pagar, se autoriza la práctica y se gestiona el cobro a través de FACOEP; si no puede pagar, debe gestionar la cobertura con el consulado de su país de origen.Intervención del consulado: si el consulado acepta cubrir el costo, se confirma la prestación y se emite la factura. Si el consulado rechaza la cobertura, el caso es elevado a la Subsecretaría de Atención Hospitalaria.Evaluación final y resolución: un comité de expertos de hospitales públicos analiza el caso. Si se aprueba la atención, se informa al hospital y se gestiona la emisión de la factura para que el consulado la pague; si se rechaza; se notifica al paciente y se cierra el trámite.FACOEP (Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos) es la entidad que gestiona y administra la facturación y cobranza de las prestaciones de salud brindadas a personas con cobertura médica que son atendidas en hospitales y centros de salud públicos. Desde el Ministerio de Salud destacaron que esto permite que los fondos recuperados se reinviertan en su totalidad en el fortalecimiento del sistema público de salud.“Esos recursos obtenidos se destinan a nueva tecnología, infraestructura y mejoras para los profesionales de la salud”, resaltaron desde la cartera que conduce Fernán Quirós.  Según se indicó, actualmente FACOEP recupera 13.000 millones de pesos por mes, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del sistema de salud público de la CiudadA través de esta nueva medida, se espera que ese número se incremente y favorezca a que se cumplan los requerimientos sanitarios de aquellos ciudadanos argentinos que día a día son atendidos en los hospitales porteños.“La proporción de extranjeros que se atienden en el sistema público es menos del 1%. Es extremadamente pequeña y casi la mitad de ellos son casos de urgencia en guardias, donde estamos obligados a atenderlos porque, de lo contrario, sería abandono de paciente. Además, hay turistas con cobertura médica”, había manifestado Quirós a principios de febrero en una entrevista con Radio Del Plata.  (Infobae)

 “Celebro que el Gobierno nacional pretenda llevar adelante una medida que nosotros la tomamos hace casi 10 meses: cobrar a los extranjeros el servicio de salud. El resultado es que cayó en un 95% la atención a los extranjeros en nuestra provincia”. Así lo señaló el gobernador Gustavo Sáenz al indicar que hubo un ahorro importante que permitirá que la Provincia compre 34 nuevas ambulancias. El anuncio fue efectuado durante el acto de asunción de los nuevos integrantes del gabinete provincial.Las primeras 14 llegarán a fines de este mes y las 20 restantes, están en proceso de licitación. “Todas serán distribuidas en cada rincón de la provincia”, dijo Sáenz.La iniciativa que la Nación ahora impulsa, permitió descomprimir la atención en los hospitales, especialmente en los del norte salteño: “Ahora los salteños pueden disponer de camas y se acabaron los tours sanitarios”, dijo.”Es por ahí por donde hay que recortar los gastos y optimizar los recursos; no por otro lado, no por los lugares más sensibles, no con los más desprotegidos”, consideró.En el hospital San Vicente de Paul de Orán, durante el año 2023 se atendieron 31.561 pacientes extranjeros, mientras que en el transcurso de 2024, desde el mes de febrero que se comenzó a aplicar la ley, se asistieron a 77 pacientes con el correspondiente recupero de costo. Así en 9 meses se ahorró $2.367 millones solo en este hospital que es el que más demanda tenía de extranjeros.En tanto, en el hospital Juan Domingo Perón la reducción de asistencia entre iguales períodos fue del 67%; en el de Salvador Mazza, la merma fue del 85%. Por su parte, en el hospital de Santa Victoria se atendieron 29 pacientes extranjeros.Asimismo, hubo disminuciones en la atención de pacientes extranjeros en todo el sistema público provincial, especialmente en el hospital San Bernardo en Capital.Las 34 nuevas ambulancias se sumarán a las 93 ya entregadas desde el inicio de la gestión.Salta fue la primera provincia que aplicó esta medida desde febrero de este año a partir de la ley Nº 8421, surgida del DNU 129/2024. A partir de allí, la replicaron las provincias de Mendoza, Jujuy y Santa Cruz.El gobernador Sáenz aclaró que en ningún caso el sistema sanitario salteño niega a extranjeros la atención de urgencia o emergencia.“Al ser una cuestión humanitaria, no se la restringe ni niega, independiente de cuál sea la situación migratoria”, expresó. NA.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó: “El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”. “En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó al tiempo que aseguró que representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio.En la misma línea, aseguró que dispondrán del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país”, expresó.Asimismo, sentenció: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”.Por otro lado, el funcionario anunció que incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.“Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, prometió, y agregó: “Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio”. Adorni prometió también que se incorporará una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país. “En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grandes o una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos”, aseveró.“La doctrina garantista ha hecho desastres y los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, concluyó. NA. 

La Argentina recibió más de 1.200.000 turistas extranjeros durante enero y la primera quincena de febrero de 2024, lo cual generó un ingreso de divisas superior a los 900 millones de dólares, según se informó.

El Sistema de Información Turística de la Argentina detalló que el turismo receptivo generó 931 millones de dólares desde el inicio de 2024, lo que implica un 20,7 por ciento más de lo registrado en el mismo período del año pasado.

En el marco de estas primeras estimaciones, la subsecretaria de Turismo del Ministerio del Interior, Yanina Martínez, aseguró:

“Seguimos trabajando para que nuestro país consolide su liderazgo regional como destino internacional y para que el turismo contribuya a ordenar la economía con una actividad sustentable”.

Durante el mes de enero, arribaron al país casi 900 mil turistas, que generaron un ingreso en divisas de 696 millones de dólares.

En tanto, durante la primera quincena de febrero llegaron 336 mil turistas, con un impacto económico de 234 millones de dólares.

Según se informó, los principales mercados emisores fueron Brasil, con más de 237 mil turistas y una participación del 19,3 por ciento sobre el total de llegadas, seguido por Chile, con un número similar.

Además, un 13 por ciento de los arribos correspondió a turistas uruguayos y el 10,5 por ciento fue de visitantes procedentes de Estados Unidos.

La vía aérea fue la de mayor crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, con 104.387 casos, mientras que la terrestre fue la vía de acceso mayoritaria.

El informe destacó el buen desempeño del turismo receptivo en la Argentina comparado con otros países de la región, manteniendo niveles por encima de Chile, Perú y Paraguay desde enero de 2022.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó este viernes “coincidir” con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al afirmar que “los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir con la pena” y “ser expulsados del país con prohibición de reingreso”, y remarcó que el Ejecutivo está “extremando los recaudos para evitar” que ingresen al país aquellos que tengan “antecedentes criminales”.

“Coincido con Jorge Macri. Los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir con la pena y luego ser expulsados del país con prohibición de reingreso”, publicó Francos en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En ese mensaje, el ministro agregó que el Gobierno está “extremando los recaudos para evitar el ingreso a la Argentina de extranjeros con antecedentes criminales”.

La publicación de Francos fue en respuesta a otra que realizó el jueves en esa misma red social Jorge Macri, quien planteó que se deben “expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, al comentar por redes sociales el arresto de tres personas en el barrio porteño de Balvanera.

El mandatario porteño aseguró en esa oportunidad que “anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga”.

Macri agregó que “los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina” y consideró que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

Según el Gobierno porteño, la Policía de la Ciudad detuvo este jueves a la madrugada a tres delincuentes -dos ciudadanos chilenos y uno colombiano- que rompieron el blindex y persiana de un comercio de electrodomésticos y electrónica en Balvanera, y recuperó 14 celulares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 37 ordenó la detención de los tres imputados y el secuestro de los celulares.

Esta medida involucra a nuestra ciudad, dado el puente fronterizo de Salto Grande y el paso constante de ciudadanos uruguayos a Concordia. En el radio céntrico, por ejemplo, se ha observado a varios vehículos con multas en el estacionamiento medido. Entre otras infracciones, falta de seguro o de algún elemento, los visitantes reciben las multas y desde esta iniciativa buscan que quienes no cumplen con las leyes abonen las multas antes de retirarse del país.

La información destaca que, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley que busca que los vehículos con patentes extranjeras que tengan infracciones pendientes no puedan salir del país sin antes solucionarlas. La norma fue consensuada por la ANSV junto a las autoridades provinciales del Consejo Federal de Seguridad Vial.

Es una iniciativa consensuada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte- y los representantes de las provincias que integran el Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV). La propuesta legislativa que busca modificar la Ley Nacional de Tránsito fue presentada por la diputada nacional por Buenos Aires, Micaela Morán.

“Este proyecto de Ley busca equiparar a los conductores extranjeros con los nacionales, en lo que respecta al cumplimiento de las normas de tránsito y al hacerse cargo de las infracciones cometidas. Como sucede en otros países, los conductores que registren multas pendientes no podrán dejar nuestro país sin solucionarlas antes.

En el caso de que quieran irse igual, podrán hacerlo lógicamente, pero el vehículo quedará en el territorio nacional”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

La norma propuesta, que tiene vigencia en Brasil, por ejemplo, tiene como uno de sus objetivos dar respuesta a una problemática que atraviesan las provincias que limitan con otros países de la región, que a diario tienen acceso de vehículos del exterior que cometen infracciones y que salen del país sin tener consecuencias.

Para su cumplimiento, el proyecto propone “reforzar la red interjurisdiccional de información relativa a los antecedentes de tránsito que gestiona el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) y su utilización por parte de los organismos responsables y, en este caso, por parte de las autoridades que actúan en los pasos fronterizos y las agencias de alquiler de vehículos”.

En concreto, la autoridad de aplicación debe retener, dando conocimiento inmediato a la autoridad de juzgamiento, a los vehículos con patentes extranjeras que intenten salir del país y que tengan actas de infracciones notificadas cuyas multas no estén abonadas ni resueltas, hasta tanto sean canceladas o autorizada la salida por la autoridad de juzgamiento interviniente.

En el caso de que el vehículo sea de propiedad de empresas de alquiler, se prevé la obligatoriedad de las mismas de pagar las infracciones cometidas por el conductor que haya contratado el servicio, descontando el monto necesario de la tarjeta de crédito entregada como garantía al momento de celebrar el contrato correspondiente entre las partes. La finalidad es desalentar a los conductores a cometer infracciones al transitar por el territorio nacional en el futuro.

El turismo es uno de los sectores que más sufrió por las medidas sanitarias restrictivas aplicadas en el marco de la pandemia, pero en los últimos meses se ha recuperado de forma notable. Según un informe de �Sturismo internacional⬝ del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), entre enero y noviembre del 2022 llegaron al país 1.496.800 visitantes desde el exterior por vía aérea, lo que dejó como resultado un crecimiento del 975,7% en comparación al 2021.

El año pasado hubo una mejora exponencial en la cantidad de visitantes extranjeros y un incremento del gasto. Cuáles son las expectativas para esta temporada.

A su vez, hubo 2.163.400 argentinos que tomaron un avión para viajar al extranjero en los 11 primeros meses del 2022, lo que se tradujo en un repunte interanual del 297,7%. Por supuesto, los porcentajes de crecimiento son inusualmente altos debido a que en 2021 la actividad fue muy cercana a �Scero⬝ por los coletazos de la pandemia.

El punto negativo, es que tanto en las llegadas como en las salidas aún queda un largo camino por recorrer para recuperar los niveles de actividad turística que existían antes de la irrupción del Covid. En el caso del turismo receptivo, las estadísticas publicadas por Indec muestran que entre enero y noviembre del 2019 ingresaron al país 2.760.800 personas por vía aérea; es decir un 71% más que en 2022.

En lo que respecta al turismo emisivo, las cifras del 2019 indican que en el período analizado viajaron al exterior 3.707.200 argentinos, un 84% más que en la temporada del 2022.

De dónde nos visitan

Todos los años visitan Argentina miles de turistas de todo el mundo, pero hay algunas regiones en particular con mayor participación que otras.

 En este caso, para tener una idea aproximada del origen más común de los visitantes extranjeros, sirve analizar los resultados de los dos aeropuertos internacionales más concurridos del país: Ezeiza y Aeroparque.

De acuerdo al Indec, entre enero y noviembre del año pasado uno de cada cinco turistas extranjeros que visitaron Argentina llegaron provenientes de Europa.

 Sin embargo, los que mayor estadía promedio tuvieron fueron los del �Sresto de América⬝, con 17,4 noches promedio por persona.

Turismo receptivo por destino de llegada

También tuvieron una participación importante en la torta los turistas de Brasil (20,7%) y los de la región Estados Unidos y Canadá, con 17,4%.

A su vez, los destinos preferidos por los argentinos son Europa (25,2%), �Sresto de América⬝ (20,5%), Brasil (20%) y la región de �SEstados Unidos y Canadá⬝ (19,6%). Las estadías más largas se dan en Europa, con 37,4 noches promedio.

Qué pasó en noviembre

En el penúltimo mes del año se mantuvo la misma tendencia que en todo el resto de la temporada. Tanto en turismo emisivo como receptivo se registraron crecimientos interanuales notables, que acortaron las diferencias con la prepandemia.

Lo interesante, en ese caso, es analizar el mercado turístico más allá de los viajes aéreos.

Según el Indec, sumando todas las vías de acceso al país, se contabilizaron 438.000 turistas extranjeros en noviembre. La mayor parte llegó en avión, pero hubo más de 230 mil personas que cruzaron la frontera por otros medios.

Cantidad de turistas, por vías de acceso Indec

Como se puede observar, el segundo medio de transporte más utilizado por los visitantes internacionales fueron los colectivos, y en tercer lugar se ubicaron los barcos.

También en el turismo emisivo (argentinos que viajaron fuera del país) se registró una fuerte participación de medios de transporte no aéreos.

Aunque la gráfica lo deja claro, es importante mencionar que en las estadísticas no están contabilizados los autos particulares, de donde se deduce que las cifras reflejadas no representan a la totalidad del universo turístico.

Otro aspecto interesante de analizar es cómo cambian los porcentajes de participación �Spor país⬝ cuando se suman a la estadísticas los barcos y buses. Solo considerando noviembre, se observa que el 19,6% de los turistas extranjeros que llegaron al país fueron uruguayos, seguidos por chilenos (17,2%) y brasileños (16,4%).

En turismo emisivo, en cambio, el principal destino de los argentinos fue Brasil (17,7%), seguido muy de cerca por Chile (17,2%) y Uruguay (16,2%).

Esta nueva ley de inmigración, votada por el Parlamento en julio y promulgada por el ejecutivo este jueves, prevé un visado temporal, de una duración de 120 días, prorrogable en 60 días, para los extranjeros que buscan un empleo.

También facilitará los trámites de visado para los nómadas digitales, los trabajadores que ejercen su actividad gracias a las posibilidades que ofrece el teletrabajo.

Polémica en el Parlamento

El texto fue aprobado el 21 de julio con los votos del Partido Socialista, que dispone de una mayoría absoluta en el Parlamento, y de la oposición de izquierda.

El Partido Socialdemócrata, formación política de centro-derecha y principal partido de la oposición, se abstuvo, mientras que el partido de extrema derecha Chega no participó en la votación.

�SPortugal necesita inmigrantes para su demografía, su economía y su cultura», explicó Ana Catarina Mendes, ministra de Asuntos Parlamentarios.

Inmigrantes para la recuperación económica

La modificación de la ley de inmigración debería beneficiar en particular al sector del turismo, uno de los más afectados por la escasez de mano de obra en Portugal, igual que en otros países europeos.

El sector, uno de los principales motores de la recuperación económica portuguesa y sumamente golpeado por la crisis sanitaria, necesitaría unos 50.000 asalariados suplementarios, estimó el martes la secretaria de Estado de Turismo, Rita Marques.

Según el último censo de la población portuguesa realizado en 2011, el número de extranjeros residentes en Portugal aumentó 40% durante la última década, a más de 550.000 personas de un total de 10,3 millones de habitantes.

Pero esa cifra no fue suficiente para revertir el declive demográfico durante este período.

El 79,80 % de los extranjeros que residen en el país cree que en Argentina hay más oportunidades laborales y la mayoría se desempeña en las áreas de comercio, administración, salud y tecnología, de acuerdo con un informe de la consultora de Bumeran realizado en base a la encuesta sobre la situación del mercado laboral para las personas extranjeras.

En cuanto al perfil de los encuestados, más del 94 % tiene como lugar de origen un país de Latinoamérica -con Venezuela en primer lugar- y el 58,12 % completó sus estudios universitarios, el 21,05 % no terminó sus estudios universitarios, y el 16,70 % cuenta con secundario completo.

Los sectores en los que trabajan son en primer lugar el área comercial, ventas y negocios con un 14,10 %; administración, contabilidad y finanzas con un 10,26 %; salud, medicina y farmacia con un 8,55 %; tecnología, sistemas y telecomunicaciones con un 7,69 %; y el resto en otros sectores.

El 65,38 % dijo que gana menos de 100 mil pesos por mes; el 27,78 % menos de 200 mil pesos por mes; y el 6,84 % más de 200 mil pesos por mes.

El 57,69 % de las personas encuestadas empleadas trabaja de forma fija con un contrato formal; el 19,23 % sin un contrato formal; el 10,26 % con un contrato temporal y el 5,98 % en modalidad freelance.

El relevamiento reflejó también que el 52,99 % de los encuestados dijo que en la actualidad no trabaja de lo mismo en lo que se desempeñaba en su país de origen; el 34,19 % tiene un empleo similar; y el 12,82 % no trabajaba en su lugar de procedencia.

La mayoría de los extranjeros entrevistados, el 57,28 %, no se sintió discriminado al buscar trabajo o trabajar en Argentina; mientras que el 42,72 % dijo que sí se sintió discriminado debido a distintas cuestiones como salarios menores que un local o por la modalidad de contrato informal.

Al comparar con su lugar de origen, el 40,59 % dijo que en Argentina hay más opciones laborales, el 37,87 % respondió que hay mayor movilidad, y el 27,97 % respondió que los salarios son más altos que en sus países de origen, entre otras respuestas.

A partir de ahora solo se pedirá el test PCR negativo previo con 72 horas de anterioridad al viaje y contar con el esquema completo de vacunación. Por otro lado los menores que vengan acompañados por turistas adultos podrán "eventualmente" vacunarse en el país.

De acuerdo a lo que comunicó el ministro de Turismo, a partir de ahora "no se exigirá el test de antígenos en la entrada al país y se exime a los visitantes del test PCR a los siete días de haber arribado al país".

Las nuevas disposiciones para el ingreso a Argentina correrán a partir del 19 de noviembre. "Estamos haciendo aperturas que no impliquen ningún riesgo y cuidando la cuestión sanitaria", sostuvo en la conferencia Lammens, junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti.

También habrá una eximición en el cumplimiento de la cuarentena para los menores de 18 años que vengan con su familia, sumado a la posibilidad de que se vacunen en Argentina.

En conferencia de prensa junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti, Lammens sostuvo que el turismo "es determinante para la economía nacional" y confirmó que paulatinamente los corredores seguros para el turismo interno se irán ampliando a medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan. Entre esos espacios se encuentran los corredores de Córdoba, Río Negro, Rosario y Misiones.

Hasta el momento, los extranjeros que quisieran ingresar al país debían presentar un test PCR negativo de coronavirus, realizado hasta 72 horas antes del inicio del viaje, una declaración jurada donde se manifieste la ausencia de síntomas y contacto con casos confirmados o sospechosos de COVID-19, y la cuarentena preventiva de siete días, que es el requisito que no regirá más desde este momento.

La semana pasada, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció que extendería las medidas para prevenir los contagios de COVID-19 hasta el próximo 23 de mayo, debido al alto número de contagios y muertes.

Aunque no se añadirán nuevas restricciones, sólo a partir de esa fecha se evaluará si se liberan algunas actividades. Según el Gobierno, el principal objetivo de las medidas es �Sreducir la movilidad⬝ con el fin de contener la expansión del COVID-19, debido a la complejidad de la situación sanitaria del país.

El martes, Uruguay registró 3.128 casos nuevos de COVID-19 una vez procesados y 57 fallecidos, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). De esta forma, ahora el país suma 246.026 casos de contagio desde el comienzo de la pandemia, de los que 27.870 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 498 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI) y 3.578 son los fallecidos.

Según el informe diario presentado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, en este momento el 78,4 % de las 1.016 camas que hay en los mencionados centros se encuentran ocupadas y el 52,1 % de estas son por casos de coronavirus.

Con respecto a la vacunación, 1.444.242 personas han sido inoculadas con la primera dosis de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, y 954.358 con la segunda de Pfizer o Sinovac. Esto supone que el 41,19 % de la población cuenta con la primera dosis y el 27,22 % con la segunda.

Este sábado llegaron a Uruguay 119.340 dosis de Pfizer y arribó también el segundo lote de vacunas que el país recibe a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 50.400 dosis de AstraZeneca, mientras que el secretario de Presidencia del país, Álvaro Delgado, informó que el 28 de mayo llegarán 550.000 dosis de CoronaVac.

Sin apuro, pero sin pausa, el Gobierno de Alberto Fernández estudia cambios en la política migratoria y analiza derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que en 2017 firmó el expresidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen.

La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.

El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto �Sde forma urgente⬝, entre otras medidas �Spara preservar los derechos de las personas migrantes⬝.

Bajo el título �SAgenda Migrante para 2020⬝, el texto pide que se garantice el derecho a migrar, la �Sigualdad de derechos entre nacionales y migrantes⬝, como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.

Fuente: Clarín