Un establecimiento rural ubicado en el departamento Concordia fue escenario de un caso de explotación laboral que involucró a cinco trabajadores provenientes de la provincia de Misiones. Los hombres habían sido convocados mediante ofertas de empleo vinculadas a tareas forestales, pero al llegar al lugar se encontraron con condiciones de vida y trabajo muy diferentes a las prometidas.Los hechos se registraron en septiembre de 2022, cuando los trabajadores fueron trasladados hasta un campo de la zona de Puerto Yeruá para desempeñarse en la actividad maderera. Según se pudo establecer durante la investigación, una vez en el predio quedaron sometidos a jornadas laborales extensas, sin registración formal y con escasos recursos para su subsistencia.La situación salió a la luz luego de una denuncia realizada a la Línea 145, destinada a reportar casos vinculados a trata de personas. A partir de esa comunicación se realizó una inspección en el lugar que permitió constatar las condiciones en las que se encontraban los trabajadores.Durante el procedimiento se verificó que los peones vivían en casillas precarias construidas con materiales improvisados, con piso de tierra y sin acceso a servicios básicos. Tampoco contaban con energía eléctrica, agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas, y debían enfrentar las condiciones climáticas sin protección adecuada.Los informes elaborados durante la fiscalización también señalaron la falta de registración laboral, la ausencia de medidas de seguridad y deficiencias en materia de higiene y habitabilidad. Incluso se registró que uno de los trabajadores sufrió lesiones sin recibir atención médica adecuada.De acuerdo con lo que se reconstruyó durante el debate oral, las víctimas habían aceptado viajar hasta Entre Ríos motivadas por promesas laborales que luego no se cumplieron. La investigación también puso de relieve la situación de vulnerabilidad económica y social en la que se encontraban, circunstancia que habría sido aprovechada para someterlos a condiciones de trabajo consideradas gravemente indignas.Tras la investigación y el posterior juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó al propietario del campo, Yamil Ale Abdala, a ocho años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. En tanto, el capataz Sandro De La Cruz Vázquez fue considerado partícipe secundario del mismo delito y recibió tres años de prisión de cumplimiento condicional.La sentencia también dispuso una reparación económica para cuatro de las víctimas, que deberá abonarse una vez que el fallo quede firme. El monto total supera los 11 millones de pesos y fue distribuido en diferentes sumas según cada caso, con responsabilidad mayoritaria del propietario del establecimiento.El tribunal sostuvo que el caso no podía interpretarse como una simple infracción laboral, ya que las condiciones detectadas configuraban un proceso de explotación que atentaba contra la dignidad de las personas, en línea con lo que la legislación actual identifica como una forma de “esclavitud moderna”. 

Cuatro trabajadores no habían percibido salario alguno en función de las “deudas” que habían contraído con el empleador para llegar hasta allí y pidieron ser rescatados. Además 71 de los 72 trabajadores mostraban algún tipo de irregularidad en la registración o existencia de la misma.La fiscalización surgió a raíz de una denuncia del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)  y a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, se detectó el trabajo ilegal en la finca sanjuanina dedicada al cultivo de olivo. El procedimiento también contó con la participación de miembros de la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores (UATRE). Durante la fiscalización presencial, el personal especializado de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social constató que cuatro trabajadores no habían percibido salario alguno en función de las “deudas” que habían contraído con el empleador para llegar hasta allí. En ese sentido, estos empleados manifestaron su deseo de abandonar el predio y solicitaron ayuda para ser rescatados del lugar.De los testimonios reunidos, surgieron indicios de trata de personas con fines de explotación laboral, como promesa incumplida de remuneración de acuerdo la jornada de trabajo efectivamente realizada, captación y traslado de los trabajadores desde las otras provincias, extensas jornadas de trabajo, y endeudamiento por parte de los empleados con los dueños de la finca, entre otras irregularidades severas comprobadas durante el operativo.A partir de estos resultados, la AFIP presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de San Juan. El Juzgado Federal N° 2 de esa provincia tomó intervención posteriormente y dispuso de manera inmediata un allanamiento en el predio junto al personal de la AFIP, del Programa Nacional de Rescate, y de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia.El operativo se da en el marco de la lucha contra la explotación laboral en el sector rural y es el resultado de un trabajo conjunto entre las distintas autoridades gubernamentales para garantizar el respeto de los derechos laborales de todos los trabajadores.La AFIP posee la línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar indicios de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares y el email tratalaboral@afip.gob.ar La denuncia puede ser anónima. NA. 

En condiciones complicadas se encontraron a dos trabajadores adultos y un adolescente realizando diversas tareas. Los funcionarios de Renatre de Concordia y Concepción del Uruguay respondieron a una solicitud de operativo en un establecimiento forestal en el Paraje Durzanal del departamento Concordia. Este lugar estaba aislado y de difícil acceso, requiriendo un arduo viaje de 40 kilómetros por caminos de tierra y una caminata de más de 3 kilómetros.

Allí, descubrieron a tres trabajadores, dos adultos y un menor de 16 años, todos provenientes de Misiones. Habían sido abandonados por su empleador, propietario de aserraderos en Concordia. Se constató que los trabajadores vivían en condiciones infrahumanas: habitaban una carpa improvisada con silobolsas, camas de tablas en medio del barro causado por las lluvias recientes. El empleador había desaparecido hace más de una semana, y los trabajadores estaban aislados, habiendo perdido todo contacto. No tenían alimentos y se veían obligados a beber agua de un arroyo, ya que no tenían acceso a agua potable. No disponían de electricidad, y solo podían cargar sus teléfonos móviles utilizando la batería de una máquina. Ante esta grave situación, las víctimas fueron rescatadas y trasladadas al escuadrón de Gendarmería de Concordia en vehículos de Gendarmería y Renatre. En las próximas horas, regresarán a su ciudad natal, Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, donde Renatre ha puesto a disposición el fondo de desempleo y el apoyo necesario para su traslado. La delegación de UATRE también intervendrá en el caso para asegurar que se les pague la totalidad de lo adeudado a estos trabajadores, quienes no habían recibido sus salarios.

El trabajo conjunto entre Renatre y UATRE continuará en la zona del Departamento Concordia, donde la actividad forestal está muy activa. Se realizarán inspecciones y se actuará rápidamente en caso de denuncias similares.

Destacan a la Fiscalía, al Juzgado Federal de Concordia y a la Gendarmería Nacional por su rápida respuesta y colaboración en este rescate. El trabajo en equipo y la pronta acción fueron cruciales para rescatar a estos trabajadores.

Una finca recibió una orden de allanamiento y 17 personas víctimas de explotación laboral fueron rescatadas, según informó Gendarmería Nacional.

El procedimiento se lanzó a partir de una denuncia telefónica e intervino el Juzgado Federal N°2 de Córdoba a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

Todo ocurrió en Cruz del Eje. Efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Córdoba llevaron adelante las pesquisas. Tras los resultados, la autoridad judicial orientó el registro del domicilio.

Entre los 17 ciudadanos que trabajaban en el lugar, había nueve menores de edad.

El allanamiento se realizó el miércoles gracias al accionar de un cuerpo especial de Gendarmería Nacional y la asistencia de integrantes de la Subsecretaría de Trata de Personas de Córdoba y se constató la presencia de varias personas en estado vulnerable, con indicios de explotación laboral.

Los damnificados fueron derivados al Polo de la Mujer en la ciudad de Córdoba para que reciban contención y asistencia.

En tanto, Gendarmería Nacional informó que se labraron las actuaciones pertinentes aunque el encargado de la finca quedó en libertad supeditado a la causa. (Cadena 3)