La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 43 toneladas de granos valuadas en $ 4,5 millones durante un operativo llevado a cabo en la localidad de El Barrial, en San Luis, se informó oficialmente.

Agentes del organismo detectaron 25 toneladas de maíz entero y otras 18 de expeller de soja, que no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente para su comercialización.

Los granos se encontraban almacenados en silos para su posterior utilización como alimento de animales porcinos, detalló la AFIP en un comunicado.

El organismo, además, remarcó que las acciones de la DGI especializadas en actividades agropecuarias apuntan a desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva, y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.

A través del cruzamiento de las operaciones de comercio exterior se detectan inconsistencias y otro tipo de irregularidades.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este martes que detectó inconsistencias por $109.084 millones en cuentas de argentinos en el exterior, por rentas obtenidas por esos contribuyentes que difieren respecto a lo presentado en sus declaraciones juradas.

El organismo conducido por Carlos Castagneto incrementó en junio un 30 % los cruces de información con administraciones tributarias del exterior, producto de los acuerdos de intercambio de información fiscal suscriptos.

Adicionalmente, AFIP se encuentra realizando acciones para identificar a los verdaderos integrantes de las sociedades y fideicomisos, con el fin de llegar a los reales beneficiarios de las ganancias provenientes de esas entidades y evitar maniobras de evasión, según informó un comunicado oficial.

Adicionalmente, AFIP se encuentra realizando acciones para identificar a los verdaderos integrantes de las sociedades y fideicomisos, con el fin de llegar a los reales beneficiarios de las ganancias provenientes de esas entidades

Asimismo, el organismo recaudatorio realiza controles para asegurar el cumplimiento de los diferentes regímenes informativos a los que se encuentran obligadas las empresas que operan grandes volúmenes en el exterior con paraísos fiscales y grupos económicos vinculados.

En tanto, a través del cruzamiento de las operaciones de comercio exterior con las declaraciones juradas y datos financieros, se pretende detectar inconsistencias y ajustes en el impuesto a las ganancias con origen en precios de transferencia.

“El objetivo es impedir y/o disolver las maniobras utilizadas por las grandes organizaciones empresarias y sujetos para evadir impuestos, como así también identificar operaciones que constituyen focos de riesgo que hagan competencia fiscal abusiva a nivel mundial”, concluyó el comunicado.

 Las tareas de control y fiscalización se concentraron en los montos declarados por 20 contribuyentes que diferían de los precios informados por la Secretaría de Agricultura.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este lunes que tiene bajo análisis �Suna serie de maniobras sospechosas llevadas adelante por 20 firmas exportadoras⬝ que habrían subfacturado ventas al exterior de soja y sus derivados, trigo y maíz.

La subdeclaración de esas ventas, que fueron presuntamente realizadas por medio de triangulaciones, �Shabrían permitido reducir en más de $ 44.000 millones la base imponible sobre la cual se estima el monto evadido en el pago de impuestos⬝, indicó el organismo en un comunicado.

Las transacciones que evalúa la AFIP corresponden a envíos fuera del país de mercadería como habas de soja, harina de soja, aceite de soja, maíz y trigo.

Las tareas de control y fiscalización se concentraron en los montos declarados por 20 contribuyentes que diferían de los precios informados por la Secretaría de Agricultura, indicó el ente dirigido por Carlos Castagneto.

�SEstas inconsistencias en conjunto con las triangulaciones detectadas llevaron al personal del organismo a iniciar acciones preventivas para evitar la evasión de impuestos y maniobras que se traduzcan en competencia desleal para los exportadores que cumplen con la normativa⬝, precisó.

Como parte del proceso administrativo iniciado por las áreas de la AFIP especializadas en fiscalidad internacional, se realizó un requerimiento de información respecto de estas operaciones sospechosas que los contribuyentes investigados deberán responder en 10 días hábiles.

�SLos cruces de información permiten presumir que por medio de esta operatoria se redujo la base imponible en $ 44.206 millones, monto correspondiente al ajuste potencial que podría aplicar el organismo para estimar los impuestos evadidos con la maniobra⬝, finalizó la AFIP.

Las fiscalizaciones se concentraron en 20 productores locales de gin y cerveza y tenían como objetivo verificar el cumplimiento en el pago de los impuestos internos. Las áreas especializadas del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron una presunta evasión por 43 millones de pesos, que la AFIP podrá recuperar a partir de estos procedimientos.

A lo largo de los últimos años, se registró un importante crecimiento en la elaboración y comercialización de cervezas artesanales. Esto se vio reflejado en la aparición de 42 establecimientos diferentes de la zona de Mar del Plata que producen 15 millones de litros anuales, equivalentes al 40% de la producción de todo el país. Se estima que en la ciudad balnearia y sus alrededores existen 140 bares habilitados para el expendio y comercialización de 50 variedades distintas de cerveza artesanal. Las ventas declaradas en 2021 ascendieron a $1.000 millones, que permitieron recaudar $40 millones en impuestos internos.

Por otro lado, la producción de gin también mostró un significativo incremento, aunque de menor cuantía que la cerveza. De la mano de los nuevos estilos de consumo, la AFIP identificó a 17 marcas marplatenses fabricantes de esa bebida blanca utilizada en cócteles, que elaboran 400.000 litros anuales. Las ventas declaradas por estas firmas sumaron $46 millones, que generaron ingresos fiscales por $3 millones. Cabe recordar que la tasa de impuestos internos para la venta de gin es del 26% en tanto que la cerveza artesanal es 8%.

Los agentes de la DGI llevaron adelante tareas de fiscalización y control en 20 establecimientos dedicados a la elaboración de gin y cerveza artesanal tras detectar irregularidades como la falta de inscripción en el régimen general. Los inspectores constataron que las firmas no cumplían con el pago de los impuestos internos correspondientes.

Como resultado de estos operativos, la AFIP recuperará $43 millones en impuestos que no fueron pagados. De esta manera, el organismo busca desarticular este tipo de maniobras que perjudican a los contribuyentes que cumplen con la normativa y generan condiciones de competencia desleal.

El organismo continuará a lo largo del verano 2023 con las tareas de fiscalización y control sobre este rubro, uno de los más beneficiados en el actual proceso de recuperación económica.

Los puertos del complejo agroexportador más importante de América del Sur, enclavados en el Gran Rosario y por los que cada año sale el 80 % de los envíos al exterior de granos y subproductos, son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria que un informe estima en alrededor de US$10.000 millones en la última década, que contrasta con la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de estupefacientes.

Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná, en el Gran Rosario, se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial.

La semana pasada, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó en un depósito fiscal de Rosario 502 toneladas de soja que iban a ser exportadas a Paraguay sin documentación respaldatoria, mientras que un juez resolvió el decomiso de 8.100 toneladas de maíz almacenadas en un depósito de Campana, con destino a Uruguay.

El sábado, en un operativo realizado en el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, un trabajo conjunto de personal de Aduanas y de la Dirección General Impositiva (DGI) logró evitar una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz partido, cuyo origen no pudo ser justificado ni por la firma exportadora ni por el productor.

"La evasión de granos en la Argentina es multimillonaria. Argentina debe controlar su frontera y su comercio de granos, pesar y medir", dijo a Télam Pedro Peretti, exdirector de Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo.

En el mismo sentido, el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade, del espacio Soberanía Popular, un periodista que investigó este tipo de operatorias, afirmó que "se sabe muy poco de lo que pasa en las terminales privadas" ya que la actividad del sector se basa en "declaraciones juradas de las propias empresas". En los diez primeros meses del año las empresas liquidaron 28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) informó que en los diez primeros meses del año las empresas liquidaron 28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.

Un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) estimó que "cerca de 20 % de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país".

Para ello, comparó los registros de exportaciones "de productos del capítulo 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur", con el valor declarado por las aduanas de destino.

"Para la última década, la sumatoria del valor anualizado (2011-2020) según los datos del Indec es de U$S 39.434 millones, mientras que, al observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos productos argentinos, el valor total declarado asciende a U$S 49.220 millones, lo que implica una diferencia de U$S 9.780 millones", sostiene el informe del IADE.

El mismo trabajo retoma un estudio realizado en 2017 por el Instituto Wider, dedicado a investigaciones sobre economía del desarrollo en Naciones Unidas (ONU), sobre la evasión y la elusión corporativa, en el que la Argentina figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de empresas transnacionales.

"Cerca de 20 % de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país", sintetiza el informe del IADE.

Peretti, en diálogo con Télam, sostuvo que "el comercio ilegal de granos abarca una serie de figuras, pero que son todas concomitantes en cuanto a que no se paga al fisco lo que le corresponde, y tendientes a mejorar los balances de las grandes compañías exportadoras".

"Por eso es tan importante medir y pesar todo lo que entra y todo lo que sale", remarcó Peretti, quien propone la creación de una Agencia de Pesos y Medidas, a las que considera como "cuestiones centrales para una política fiscal".

Las 16 principales compañías del sector explicaron el año pasado, de acuerdo al ranking elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el envío del 89,7 % de los productos agroalimentarios argentinos al exterior.

En 2016, el inspector del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Norberto Bardey, advirtió que una publicación del organismo informaba que una parte de las 212.488 toneladas de soja importadas de Paraguay en el primer cuatrimestre del año habían ingresado por el puerto que la cerealera Louis Dreyfus tiene en la localidad de General Lagos, distante 22 kilómetros al sur de Rosario.

"El puerto estaba inactivo desde hacía cinco años por un incendio", denunció en esa oportunidad Bardey, quien notificó del hecho a sus superiores.

Tras la denuncia, en vez de abrirse una investigación el funcionario fue trasladado a un destino de "castigo", relató el propio inspector del Senasa al equipo de investigación de Radio Nacional (Nacional Doc), que edita regularmente un podcast para el ciclo "Conocer Nacional".

El año pasado ingresaron a los puertos del Gran Rosario 2.632 buques oceánicos, la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años.

Además del tema granos, el diputado Del Frade advirtió que los acuerdos internacionales y regionales de libre navegación para buques de bandera extranjera impiden que en la Argentina se controle "la carga de un barco en movimiento", lo que explica "los cargamentos grandes de cocaína" que en los últimos años "se han detectado en Europa".

Según el Centro de Patrones de Cabotaje, el 90 % de la producción exportable se embarca en flota paraguaya y solo el 2 % por la marina mercante argentina.

El anuario estadístico 2020 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) informó que el año pasado se inició sólo una causa por contrabando de estupefacientes en la Justicia Federal de Rosario sobre un total de 1.833 expedientes iniciados en todo el territorio provincial de Santa Fe por distintos delitos vinculados al narcotráfico (contrabando, tenencia, comercialización, financiamiento de actividades ilícitas, etcétera).

En 2019 se formaron 6 causas por contrabando de estupefacientes pero, según un operador judicial consultado por Télam, "son causas menores que no involucran a la actividad de los puertos", sino el envío de narcóticos por correo desde otros países.

Un fiscal federal que pidió reserva de su identidad afirmó que el del contrabando y la evasión impositiva "es un tema que no está abordado en esta jurisdicción, no hay una definición de política criminal efectiva y es una vergüenza, porque están los puertos más importantes del país".

Del Frade, por su parte, aseguró que las sospechas sobre un tráfico sistemático de drogas a través del río Paraná con destino a Europa comenzó a fines de los años '90.

"El dato más preocupante apareció en 1998, cuando la DEA (Drug Enforcement Administration, agencia antidrogas de EEUU) hace el primer informe sobre narcotráfico en la Argentina desde la Argentina y afirma que la mayor cantidad de cocaína ingresaba a través de los puertos privatizados del Paraná, entre ellos el de Rosario, el de San Lorenzo y el norte de la provincia de Buenos Aires", detalló el diputado, que escribió el libro "Ciudad blanca, crónica negra�Historia del narcotráfico en Santa Fe", en el que aborda el tema.

Para el legislador, el contrabando "es una matriz que la democracia recicla" y en la que "se suma cualquier tipo de cosas: cereal, marihuana, armas. Esta es una matriz que tiene más de 40 años".

Voceros judiciales dijeron a Télam que han sido pocas las causas por ese delito en los últimos años, y recordaron la llamada "Narco Arroz", que en 2015 descubrió 40 litros de cocaína líquida impregnada en granos en un depósito fiscal de Rosario y con destino al Exterior.

Del Frade planteó que "lo que es fundamental es tener el control, administración y planificación del comercio exterior argentino, a través del Paraná".

"Eso es lo que nos falta, hacer un ejercicio de descolonización mental, porque los propietarios de los puertos somos nosotros, no los inquilinos (concesionarios). No puede ser que Cargill y las demás nos pongan las reglas de juego", concluyó el legislador. Telam.

Ante su retiro momentáneo a modo de prevención ante la amenaza del COVID-19 y tras la muerte de su hermana Goldy, Mirtha dejó el programa en manos de su nieta Juana Viale, quien la reemplazó en el ciclo durante este año. Sin embargo, este sábado por la noche, la conductora regresó a las cámaras con un programa especial acompañada también por su hija, Marcela Tinayre y su bisnieta, Ámbar.

La presentación de las generaciones puso nuevamente a la familia mediática en el foco, que ahora involucra otra causa: la acusación de una deuda de cinco millones de pesos por evasión de aportes al sindicato de choferes.

No se forzó ninguna puerta, se tocó el timbre. Buscaban documentación que pudiera demostrar o no la existencia de este delito que se le imputa.

Lo cierto es que el reclamo se conoció en julio de este año cuando un portal gremial publicó una carta documento que se le envió a la diva donde se la notificaba del pago pendiente de un porcentaje del salario de Marcelo Campos, conductor de la familia Legrand, por un monto adeudado de poco más de 400 mil pesos. Suma que luego fue exigida a Story Lab, productora de Nacho Viale, pero en esa ocasión con una cifra cercana a los 4,8 millones de pesos. Mediante un comunicado, el productor negó la existencia de la deuda.

�SEs muy desagradable, es como invadir una casa, siento que no corresponde⬝, se quejó Legrand.

Por otro lado, relacionó su caso con una situación que involucró a Susana Giménez recientemente. �SEn su caso, el sindicato con su chofer, quien casualmente también se llama Marcelo, le mandó una carta documento reclamándole 3,6 millones por aportes patronales⬝, precisó. �SCreo que a Susana le hicieron lo mismo⬝.