Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresó este sábado al Senado. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones.El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.Derogación total: El proyecto consta de un articulado directo que establece la derogación de la Ley N° 27.642 en su totalidad, la cual entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Esto incluye la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.Críticas al sistema “binario” y confusión al consumidor: El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional. Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión en el comprador.Falta de incentivos para la industria: La Casa Rosada argumenta que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs: El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados. Esta situación afecta especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.Rigidez normativa: Se cuestiona que numerosos aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).Garantía de la información tradicional: El Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará plenamente vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.

El pasado diciembre, el gobierno nacional impulsó cambios en la Ley Nº 27.64 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como “Ley de Etiquetado Frontal”. Estas modificaciones, publicadas mediante la disposición 11362/2024 en el Boletín Oficial, introdujeron un nuevo criterio para los sellos de advertencia en los envases de alimentos.El principal ajuste establece que los rótulos negros solo advertirán sobre ingredientes añadidos durante la producción, como azúcares, grasas y sodio, excluyendo los nutrientes naturales propios de los alimentos.Este cambio se reflejará en góndolas entre fines de febrero y principios de abril de 2025, tras un período de adecuación por parte de las empresas.

Alimentos que perderán sellos

Entre los productos que ya no llevarán ciertos sellos de advertencia, destacan:Quesos: Mantendrán únicamente el sello por exceso de sodio.Yogures: Dejarán de advertir sobre sodio y podrán destacar nutrientes adicionados como calcio.Mermeladas: No indicarán exceso de azúcares, considerando el azúcar inherente a la fruta.Aceitunas: Sólo conservarán el sello de sodio, al considerarse naturales las grasas del alimento.Jugos de frutas: Perderán el sello si el azúcar añadido es para conservación.Jamón: Si no contiene grasa añadida, solo advertirán el exceso de sodio.Barritas de frutos secos: Sin aceites o grasas añadidas, dejarán de portar sellos.

Críticas a las modificaciones

La Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021, buscaba brindar mayor transparencia a los consumidores, regular el marketing de productos no saludables y proteger la salud en entornos escolares. Sin embargo, expertos como Leila Guarnieri, nutricionista de FIC Argentina, consideran que estas modificaciones representan un retroceso.“Se están flexibilizando las estrategias de marketing y reduciendo la información que reciben los consumidores”, señaló Guarnieri a RealPolitik. Según la especialista, los cambios carecen de respaldo científico y no fueron debatidos por expertos, lo que desvirtúa el objetivo inicial de la ley: proteger la salud y los derechos de los consumidores.Impacto en el mercadoLas modificaciones han sido interpretadas como una prioridad hacia las ventas y estrategias de marketing de las empresas, por encima del bienestar de los argentinos. El debate continúa en torno a cómo estas medidas afectarán las políticas alimentarias en el país. 

A casi dos años de la sanción de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable -conocida como de Etiquetado Frontal- hay un avance del 63,3% de los aspectos normativos necesarios para su implementación (sellos, regulación de publicidad, etc.), aunque sólo siete provincias adhirieron, lo que impacta fundamentalmente en la falta de reglamentación de los entornos escolares y en las compras públicas de cada jurisdicción.

Los datos surgen del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina (etiquetadoenargentina.org), una herramienta desarrollada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar presentado en la jornada inaugural del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, que se realiza entre este miércoles y jueves en la Ciudad de Buenos Aires. 

El congreso está focalizado en debatir los avances y desafíos de la ley de Etiquetado Frontal. Del encuentro participan referentes del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social de la Nación, organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la ley en Argentina, representantes de comedores comunitarios y de organizaciones socioambientales, referentes de organismos internacionales como Unicef y de países con ley de etiquetado frontal como Chile, México, Perú, Colombia y Uruguay.

“Este índice que creamos -que se expresan en el mapa- contiene tanto las competencias a nivel nacional como las provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en el aspecto normativo; el avance general de las normativas para que pueda implementarse la ley conocida como de Etiquetado Frontal es del 63,3%”, detalló a Télam la nutricionista Florencia Guma, co-fundadora de Sanar.

Por su parte, la abogada María Laura Fons, del área de Salud de Fundeps, explicó que “Nación ya tiene la mayor cantidad de las normas complementarias (reglamentación, regulación de la publicidad, etc.) publicadas”.

“Lo principal que le falta a Nación es la creación de un registro nacional de infractores, el resto está casi todo regulado”, sostuvo.

Y especificó que “lo que atañe a las competencias de las provincias tienen que ver sobre todo con dos aspectos de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas”.

En este contexto, sólo siete provincias se adhirieron a la ley, de las cuales, cuatro (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) simplemente adhirieron y tres (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) mostraron algún avance, sobre todo en los mecanismos de implementación pero no respecto a componentes principales de la ley.

Esto quiere decir que de las siete que avanzaron, ninguna dictó normas complementarias que garanticen escuelas libres de sellos ni normas que detallen cómo, desde las compras públicas, se garantizará una mejora de la calidad alimentaria.

En cuanto al componente de publicidad, promoción y patrocinio, la vía pública y los puntos de venta (dos ejes en donde las provincias cobran mayor relevancia) tampoco se han pronunciado.

“Esto no quiere decir que en las provincias no se implementa nada de la ley, porque hayan adherido o no, es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales que son más del 60% de las normas necesarias para cumplirla”, sostuvo Fons.

Dicho de otro modo, en la provincia que no adhirió, igual los productos tienen los sellos octogonales y también se puede denunciar una publicidad que no cumple con los requisitos de la ley en los canales habilitados por el Ministerio de Salud nacional.

Sin embargo, en esos dos aspectos críticos (entornos saludables y compras públicas) la falta de regulación local hace peligrar la implementación de la ley.

“Entornos escolares saludables es muy amplio y abarca el ingreso de productos con sellos ya sea en kioscos, cantinas y comedores escolares; y esto se vincula con compras públicas, que tiene una política más flexible respecto de lo que se puede comprar”, señaló la abogada de Fundeps.

Y señaló que “en ese sentido, son muchos los actores provinciales que intervienen, por ejemplo, deberían tomar el tema los ministerios de educación de las provincias, que muchas veces tienen otras preocupaciones y prioridades, y otros organismos que no tienen como prioridad la salud pública”.

A modo de conclusión, Guma señaló que “todavía no hace dos años de la sanción de la ley; se avanzó un montón pero falta, y para que no pase con esta normativa lo que sucede con otras necesitamos de la ciudadanía reclamando que se cumpla porque son nuestros derechos y tiene que llegar a donde vivimos”.

Por su parte, Fons recordó que “entornos escolares saludables y compras públicas son las dos patas más sociales de la ley porque en general estamos hablando de niñeces y de personas que comen en comedores”.

“Son dos aspectos fundamentales para que la ley no quede sólo en el etiquetado frontal que, si bien es fundamental, necesita de las otras patas para que el cambio sea integral y no sea sólo un derecho de quien puede ir a comprar y elegir lo que tiene menos sellos en el supermercado”, advirtió.

La Ley 27.642 de Promoción de Alimentación Saludable -conocida como de Etiquetado Frontal- se sancionó el 26 de octubre de 2021 y el 23 de marzo de 2022 se publicó el decreto reglamentario 151/2022.

Uno de los ejes centrales de la ley es la colocación de sellos a los productos que tengan exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías.

La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Paola Rubattino (PJ) y estable la adhesión de la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 27.642 (Etiquetado Frontal) respecto de todos los alimentos que sean elaborados y/o comercializados en el territorio provincial.

La norma nacional fue aprobada el 12 de noviembre de 2021 y otorga herramientas al consumidor al consumidor respecto de la información necesaria sobre la composición nutricional de un alimento y en su caso, las consecuencias que ello podría eventualmente tener sobre su salud.

Se busca prevenir el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio, lo cual se asocia a las enfermedades no transmisibles que más afectan a la población: el sobrepeso u obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, y las enfermedades vasculares, cardíacas, cerebrales y renales.

�SSi bien la norma nacional establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia de la presente ley y sus normas reglamentarias, la misma no es clara, por lo que entendemos que -ante la confusión de si es necesaria o no una norma de adhesión- por el principio de Organización

Federal consideramos que sí, máxime cuando pueden existir productos como los mencionados por la referida normativa, que eventualmente pueden ser fabricados y comercializados en nuestra provincia⬝, señaló la diputada Rubattino en los fundamentos del proyecto.