Por Gonzalo Ruiz Tovar desde Lima - Con estados de emergencia (sitio) y patrullaje militar arrancó en Perú un proceso de lucha contra la inseguridad, que, pese a ser un clamor popular, genera dudas por posibles riesgos para los derechos humanos.

“Se siente más tranquilidad, aunque no suficiente; toca colaborar porque los policías o los militares te pueden pedir documentos en cualquier momento”, dijo a Télam Stephany Dionisio, comunicadora de 32 años que ha pensado irse del distrito limeño San Juan de Lurigancho por la delincuencia.

Desde el jueves pasado, en los dos mayores distritos entre los 43 de Lima, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se observa a militares en posiciones de vigilancia antes reservadas a la Policía.

Esos dos distritos y la provincia de Sullana, en el departamento norteño Piura, fueron declarados en emergencia por la inseguridad, medida anunciada el lunes por la presidenta Dina Boluarte desde Nueva York.

La emergencia, que incluye medidas que aún no se conocen en la totalidad, significa que durante al menos dos meses habrá restricciones en las libertades en esos tres lugares y que los militares dejarán los cuarteles para patrullar.

La decisión fue bien recibida por buena parte de la población. Incluso, la mayoría de alcaldes distritales del norte de Lima piden que la medida se extienda, entre otras cosas porque temen que delincuentes de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres emigren hacia sus zonas.

“Que se declare cada distrito de Lima norte en estado de emergencia para poder incorporar en la estrategia de la seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas y poder restringir algunos derechos”, dijo el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo.

Pero esa aceptación estuvo acompañada por alertas ante un eventual menoscabo de los derechos humanos y por críticas al gobierno por supuestamente echar mano a una medida efectista ante la falta de estrategias.

“Hay una razón (de alerta) que atañe a la vigencia misma de la democracia y el estado de derecho: se trata del riesgo que la figura del estado de emergencia supone para los derechos humanos –la vida, la integridad física, las libertades– de la población”, reaccionó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica.

“Este es un riesgo permanente frente al cual toda precaución y toda vigilancia son necesarias; pero hay que decir además que, en el Perú de hoy, cuando el Estado parece haber perdido la autocontención en el uso de la fuerza, como lo mostraron trágicamente las (77) muertes causadas durante las protestas de inicios de este año, la alarma es todavía más justificada”, agregó el Instituto en un comunicado.

En cuanto a la carencia de estrategia, el exministro del Interior y general retirado de la Policía Remigio Hernani comentó: “No existe ningún plan contra la inseguridad. ¿Qué saben la señora Boluarte o sus asesores de seguridad? No conocen y cuando se les da un punto de vista no les interesa”.

“El Plan Boluarte fue una criollada (viveza) del premier ante la pregunta de un periodista”, agregó otro exministro y general retirado, Cluber Aliaga, en referencia a conceptos generales que el primer ministro, Alberto Otárola, presentó como una estrategia global.

La criminalidad aumentó notablemente en Perú en los últimos años. En solo un delito, la extorsión, la cantidad de casos creció 50% este año en relación con 2022. Los robos en distintos niveles no dan tregua y los casos de sicariato, antes aislados, se registran ahora en promedio al menos uno cada dos días.

El vaso se desbordó la semana pasada en San Juan de Lurigancho, cuando 10 personas resultaron heridas en un ataque con granadas a una discoteca en la que se iba a presentar una orquesta que se negaba a pagar extorsiones.

San Juan de Lurigancho, el mayor distrito de Perú con más de 1,2 millones de habitantes, es uno de los más afectados. Igual sucede con San Martín de Porres, con unos 800.000 pobladores, y con Sullana, calurosa provincia con cerca de 300.000, cerca de la frontera con Ecuador.

Expertos coinciden en que el incremento de la delincuencia tiene mucho que ver la inmigración, concretamente la venezolana, que incluye al Tren de Aragua, poderosa banda cuya actividad se extiende por varios países.

Además operan en Perú, según la Policía, las bandas venezolanas Copa 905, Malditos del Cono, Dinastía Alayón, Gallegos e Hijos de Dios, la colombiana Bravos del Gota a Gota y la ecuatoriana Tiguerones, que muchas veces se trenzan en guerras entre sí o con las agrupaciones locales, en las que el Tren, por su tamaño, suele llevar ventaja.

Según el exministro del Interior Fernando Rospigliosi, unos 100.000 extranjeros están en actividades delictivas en Perú. En el país hay 1,3 millones de venezolanos, lo que para analistas demuestra que la mayoría están limpios y deben ser protegidos de eventuales políticas discriminatorias.

“Tienen que entender que los buenos somos más; la gente siempre nos mira mal, pero no todos somos malandros, es insoportable”, dijo a Télam la venezolana Yuleska, vendedora ambulante de golosinas en el centro de Lima.

El gobierno le pidió al Congreso facultades extraordinarias para legislar por tres meses en la materia y las obtuvo el viernes. Pero eso también genera temores por la posibilidad de que en la especificación de esas medidas se aproveche la coyuntura para introducir medidas de represión.

Eso saltó a la vista cuando un dictamen del Congreso aprobó aumentar castigos en el Código Penal para protestas que deriven en violencia, e incluso para los periodistas que informen sobre ellas, sin que se pongan matices entre movilización política y delincuencia.

También al amparo del tema avanza en el parlamento un proyecto de la ultraderechista Patricia Chirinos que impulsa la autorización del uso de la fuerza letal por parte de los ciudadanos, lo que para expertos aumenta riesgos para los derechos humanos.

Aquellos a los que no convence la emergencia se preguntan qué pasará cuando termine. Para ellos, el gobierno da pasos ciegos ante la que se ha convertido en la mayor preocupación ciudadana y solo estaría pensando en medidas temporales con intención de generar alguna adhesión popular.

El gobierno de Perú informó este jueves que resolvió levantar el estado de emergencia (sitio) que regía en el departamento de Lima desde hacía casi dos meses y que fuera dispuesto a raíz de la ola de protestas antigubernamentales que sacude al país.

Mientras tanto, el Congreso unicameral se aprestaba a interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero, acerca de la represión de las protestas, que dejaron más de 60 muertos, según datos oficiales.

�SEntendemos que han pasado las condiciones y las consideraciones que nos llevaron a declarar⬝ el estado de emergencia, dijo el jefe del gabinete, Alberto Otárola, en declaraciones a la prensa en el Palacio de Gobierno.

El estado de sitio en esa región, que incluye la capital homónima, fue decretado el 15 de enero y prorrogado por un mes el 14 de febrero, de modo que iba a estar vigente hasta la semana próxima.

Otárola informó que la decisión de levantarlo se tomó este jueves por la tarde en una reunión del Consejo de Ministros (gabinete) y agregó que es �Simportante para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos⬝, según la agencia de noticias Andina y la radio limeña RPP.

Asimismo, el estado de emergencia sigue vigente en otros departamentos regionales, entre ellos siete del centro-sur del país.

Perú vive una ola de protestas cotidianas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

La intensidad de las manifestaciones se redujo considerablemente en el último mes, a tal punto que este miércoles se mantenían solo 18 bloqueos de rutas en ocho de las 195 provincias en que se dividen los 24 departamentos regionales del país, después de que llegara a haber más de 90 hace un mes, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, en el contexto de las protestas murieron 55 personas (48 civiles, un policía y seis militares) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas, y al menos 1.301 resultaron heridas (incluidos 329 policías y seis militares), según el último balance de la Defensoría, publicado este miércoles.

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en los departamentos Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos.

Por ese motivo, la presidenta Dina Boluarte compareció el martes ante la Fiscalía de la Nación, en una causa en la que también están implicados Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los ex jefe del gabinete Pedro Angulo y ministro del Interior Víctor Rojas.

Al respecto, Otárola aseguró que los integrantes del gabinete están dispuestos a comparecer ante el parlamento para explicar las medidas con que el Ejecutivo enfrentó las protestas.

�SEl gobierno quiere ratificar la voluntad de acudir al Congreso las veces que sea necesario para dar cuenta a la representación nacional sobre los actos, gestiones y decisiones que tomamos como Ejecutivo⬝, dijo.