Por Tomás Martino - El Juzgado Federal de Campana habilitó la feria judicial de verano para avanzar en el cumplimiento de la sentencia que ordenó la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad, pese a que el Gobierno nacional apeló el fallo y busca revertirlo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.La habilitación fue adoptada este viernes por el juez federal Adrián González Charvay, designado como autoridad durante el primer tramo del receso judicial. El magistrado consideró que la demora podría frustrar derechos o producir un “daño irreparable” sobre las personas alcanzadas por el amparo colectivo contra el Estado nacional.En una resolución dictada en el expediente “J, O.G. (en representación de sus hijos) y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud de la Nación (...)”, el juez entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para permitir la actividad judicial durante enero y dispuso que la medida quedara circunscripta al cumplimiento de la sentencia definitiva ya dictada en la causa.El magistrado ponderó que el transcurso del tiempo podría afectar derechos fundamentales del colectivo integrado por personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios en todo el país.El fallo, en rigor, se produce en el marco de un litigio de alto impacto social vinculado con la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad y estableció medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario para sostener el sistema de prestaciones. La norma fue sancionada por el Congreso en julio de este año, pero posteriormente resultó vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei por razones de sostenibilidad fiscal.Frente a ese veto, ambas cámaras del Congreso insistieron con la sanción original. La Cámara de Diputados lo hizo el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, en ambos casos con el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, esa insistencia obligaba al Poder Ejecutivo a promulgar y aplicar la ley sin condiciones.Tras ese trámite parlamentario, el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, firmado por Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Iván Lugones. El artículo 1 del decreto promulgó la ley en cuestión, mientras que el artículo 2 dispuso comunicarla al Congreso “con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución” de la norma.En los considerandos de ese texto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley no había previsto fuentes específicas de financiamiento y que, en virtud del artículo 5 de la Ley 24.629 y del régimen de administración financiera, su ejecución debía quedar supeditada a la incorporación de partidas presupuestarias específicas en el presupuesto nacional.Esa medida fue cuestionada judicialmente. A mediados de diciembre, el titular del Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva y declaró inválido el artículo 2 del decreto, al analizar que el Gobierno nacional había utilizado esa cláusula para suspender en los hechos la ejecución de una ley sancionada por insistencia parlamentaria.En su pronunciamiento, el juez indicó que la conducta del Ejecutivo violó el artículo 83 de la Constitución Nacional y el principio de supremacía constitucional, al subordinar una ley formal del Congreso a normas de jerarquía inferior. También señaló que la propia Ley 27.793 facultó al Jefe de Gabinete a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para asegurar su financiamiento.Semanas después, antes de que la Cámara de Diputados rechazara el capítulo del proyecto de Presupuesto 2026 que preveía la derogación de la emergencia en discapacidad, el Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla apeló la sentencia de González Charvay. La apelación fue concedida con “efecto devolutivo”, por lo que el fallo quedó en condiciones de ser cumplido mientras no sea revocado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Para defender su postura ante el reclamo judicial, el Gobierno explicó que la aplicación de la ley implicaba un impacto fiscal que no era compatible con el equilibrio de las cuentas públicas y que el artículo 2 del decreto no suspendió la norma, sino que la eventual imposibilidad de ejecución deriva de la legislación presupuestaria vigente.Esos argumentos fueron rechazados por el juez de primera instancia tras subrayar en la sentencia que el Congreso, en efecto, había habilitado al jefe de Gabinete a reasignar partidas y que el Ejecutivo había realizado múltiples modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023.Según los datos recabados durante la tramitación de ese expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles aumentaron solo un 42,6%, lo que generó una pérdida real superior al 50%, con cierres de instituciones, interrupción de tratamientos y dificultades para sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.Así las cosas, con el fallo vigente y la apelación en trámite, el juez resolvió habilitar la feria judicial para darle continuidad a la fase de ejecución.

El Estado Nacional concretó la firma de contratos para la transferencia de acciones y concesión de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados en la región del Comahue. Este paso, previsto en el cronograma oficial, marca el inicio de la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias y sitúa el proceso de privatización en su fase final.El proceso licitatorio arrojó un resultado económico que garantiza ingresos por USD 706.885.298,49 para el Estado Nacional, cifra que surge de las ofertas presentadas por las ocho empresas participantes y refleja una valorización relevante de activos estratégicos del sistema energético.Durante la firma participaron la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a representantes de las empresas adjudicatarias, quienes rubricaron los contratos correspondientes a cada concesión.“El procedimiento se desarrolló bajo un marco de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica, factores que permitieron una amplia participación empresaria y confirmaron el interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”, dijeron las autoridades en un comunicado.A partir de la formalización de los contratos, los nuevos concesionarios deberán cumplir con compromisos de inversión, mantenimiento y modernización, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico.Desde la privatizaciones, en los ‘90, Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila fueron operadas por AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente.Fue el proceso más largo y tuvo una surte de “segunda vuelta” con nuevas presentaciones de ofertas. Finalmente, se la quedó Edison Inversiones (que desempató con BML).El grupo Edison está integrado por los hermanos Neuss, Inverlat Investments –dueños de Havanna, KFC, Wendy’s y la empresa eléctrica de Río Negro, entre otras inversiones– y de Rubén Chernajovsky y Luis Galli, fundador y presidente de Grupo Newsan. Pagaron 64 millones. La división energética de la firma ya había adquirido este año la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPPSA en Mendoza. También fue para Edison por USD 162 millones. La filial argentina de la estadounidense AES, era la concesionaria anterior, presentó una oferta de USD 130 millones y no logró renovar su gestión.“La inversión no solo contempla el pago de USD 226 millones al Estado nacional en concepto de precio, sino también un compromiso adicional de inversión por USD 200 millones, destinado a garantizar el óptimo mantenimiento, modernización y operación de los activos adjudicados”, remarcaron desde la compañía.“Estamos muy entusiasmados con estos proyectos. Las adjudicaciones de Alicurá y Cerros Colorados reafirmaron nuestra confianza en el potencial energético del país y nuestro compromiso con un modelo de gestión profesional, moderno y orientado al desarrollo regional. Vamos a trabajar para potenciar estos activos emblemáticos y seguir fortaleciendo la matriz eléctrica argentina”, agregaron.El Chocón-Arroyito, ubicado sobre el río Limay, en la región del Comahue en Neuquén, tiene una capacidad instalada de 1.418 MW. La propuesta presentada por MSU Green Energy para este complejo contempla una inversión inicial de USD 235,7 millones y un compromiso de renovación de infraestructura en los próximos años de USD 230 millones.“Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar. Es un hito en la estrategia de crecimiento del Grupo MSU y nos posiciona entre los principales generadores de energía renovable del país. Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, afirmó Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU.“La incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país”, expresó Uribelarrea.Central Puerto es una empresa de capitales locales que es el mayor productor de energía eléctrica a nivel nacional.Entre sus principales accionistas están la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany, uno de los accionistas de Grupo Financiero Galicia, y Guillermo Reca. Infobae.

La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.En ese marco, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes.En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Pero en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.El fallo del magistrado consideró que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria. NA.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció avances tras una sesión de negociación de cuatro horas con funcionarios de Ucrania  en Florida, enfocada en delinear las condiciones para poner fin al conflicto con Rusia.“Tuvimos otra sesión muy productiva, pero aún queda trabajo por hacer”, declaró Rubio ante la prensa al finalizar el encuentro. El diálogo, realizado en Hallandale Beach, se centró en revisar una propuesta base de 28 puntos y en ofrecer garantías de seguridad y prosperidad a Ucrania luego de un eventual alto el fuego.El jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov, resaltó ante Rubio la importancia del respaldo estadounidense y agradeció el apoyo concreto de Washington.“Estados Unidos nos escucha, nos apoya y está trabajando junto a nosotros”, dijo Umerov. Los demás miembros del equipo ucraniano incluyeron al jefe de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, y al asesor presidencial Oleksandr Bevz.Esta ronda ocurre tras la dimisión de Andrii Yermak, anterior jefe negociador y principal asesor de Volodimir Zelensky, quien renunció después de que su vivienda fue registrada en la investigación por desvío de fondos en el sector energético.Rubio enfatizó que las discusiones no buscan solo detener la violencia, sino asegurar que Ucrania salga del conflicto con independencia y capacidad de desarrollo sostenido.“No se trata solo de poner fin a la guerra, sino de condiciones que permitan que Ucrania sea soberana, segura y prospere realmente”, subrayó.El plan discutido inicialmente preveía que Kiev ceda el control total del Donbas oriental a Rusia, así como límites al tamaño de las fuerzas armadas ucranianas y la exclusión de Ucrania de la OTAN.Rubio insistió que los negociadores estaban revisando estos puntos polémicos y buscando un equilibrio entre las demandas rusas y las garantías de seguridad y reconstrucción exigidas por Ucrania.Además del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, la delegación estadounidense se prepara para reuniones clave que tendrán lugar esta semana en Moscú.Rubio adelantó que pretendían trabajar los próximos días para solidificar los detalles con la delegación de Vladimir Putin, quien recibirá a Witkoff y posiblemente a Kushner antes de partir hacia India el jueves.En ese contexto, el presidente Zelensky se pronunció en sus redes sociales destacando “la disposición positiva” de la delegación estadounidense y el enfoque “constructivo” demostrado en las últimas rondas.“En los próximos días, es factible concretar los pasos para llegar a un fin digno del conflicto”, afirmó Zelensky en su mensaje nocturno del sábado.Umerov señaló también que el foco sigue siendo la resiliencia y el futuro de Ucrania, más allá del cese de hostilidades.No obstante, la violencia se mantiene en el campo de batalla. Durante la madrugada del domingo, ataques con drones y misiles rusos mataron al menos a tres personas en Kiev, mientras un dron impactó un edificio residencial en Vyshhorod, al norte de la capital, dejando un muerto y casi veinte heridos.Este mismo fin de semana, Ucrania reclamó un ataque exitoso contra un terminal petrolero ruso en Novorossiysk, lo que generó una advertencia diplomática de Kazajistán exigiendo que se detengan futuros ataques a instalaciones estratégicas.Zelensky recalcó en su mensaje diario que Rusia lanza “cientos de drones y misiles cada semana contra la población civil”, por lo que reclamó más defensas antiaéreas y la continuidad del esfuerzo diplomático.La próxima etapa de estas negociaciones incluirá contactos directos con Moscú y la revisión de cualquier nuevo borrador propuesto, en busca de un equilibrio viable entre las concesiones territoriales exigidas por Rusia y las garantías internacionales de seguridad y soberanía reclamadas por Ucrania. (Con información de AFP y The Associated Press)

El presidente de Venezuela,  Nicolás Maduro, firmó el decreto por medio que declara el estado de conmoción externa en todo el territorio nacional, informó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.Maduro suscribió frente al Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación el “decreto de conmoción  externa”, informó Rodríguez durante un encuentro del Consejo  Nacional por la Soberanía y la Paz con el cuerpo diplomático acreditado en el país.Explicó que la Constitución de Venezuela contempla cuatro estados  de excepción, uno de ellos es de emergencia económica, otro es el de estado de alarma, de conmoción interna y conmoción externa.“El decreto de estado de conmoción exterior busca proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia, los intereses vitales, estratégicos, de nuestra República”, ante cualquier violación o agresión, expresó.La vicepresidenta indicó que ante cualquier ataque externo “se activaría de manera inmediata este decreto de excepción de conmoción externa”, que le daría al presidente de Venezuela facultades para movilizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y garantizar los servicios.Dejó claro que la Carta Magna venezolana establece que no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, apoye, facilite o que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela y sería juzgado con las leyes de la nación.Insistió en que el decreto es muy claro y se podrán activar todos los  planes económicos en aras de garantizar la vida nacional y el  Funcionamiento pleno de los Poderes Públicos.La reunión especial del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien precisó que el encuentro tuvo como objetivo la confluencia, el consenso y la unión nacional.Por otra parte, Maduro, destacó el respaldo expresado a Venezuela durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde diversos países y bloques regionales manifestaron preocupación por las maniobras militares estadounidenses en el mar Caribe y ratificaron su apoyo a la paz y la soberanía del país suramericano.En un mensaje televisado, el mandatario señaló que “corona con éxito toda la actividad de nuestra delegación en Nueva York” la solidaridad expresada por el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), además de otras grandes potencias emergentes.Maduro subrayó la posición de los primeros ministros del Caribe, quienes, en sus palabras, levantaron su voz en apoyo a Venezuela, “porque el Caribe quiere paz”. Añadió que este acompañamiento confirma la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la búsqueda de soluciones diplomáticas ante conflictos y tensiones regionales.El jefe de Estado indicó que el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó sorpresa ante lo que calificó como una “escalada inaudita” de hostilidades de Washington contra Caracas, acumuladas durante varias semanas.Asimismo, valoró que la sesión de alto nivel evidenció un escenario internacional marcado por el avance del mundo multipolar y el rechazo a la imposición de políticas hegemónicas. “Se está consolidando una nueva era, la era de un mundo multipolar que no acepta mandato de ningún país que se trate de imponer como potencia”, expresó.Maduro reiteró que Venezuela mantendrá su compromiso con la defensa de la paz regional y con el respeto al derecho internacional.Esta declaración ocurre mientras permanecen, en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, ocho buques militares equipados con más de mil misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear, bajo el argumento de operaciones antidrogas.Caracas rechaza esa versión y advierte que el verdadero propósito es forzar un cambio de Gobierno en Venezuela, de acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Xinhua. NA.

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron este domingo al Estado de Palestina. Este cambio radical en la política exterior de estas grandes potencias generó la indignación de Israel. En un contexto marcado por la recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás en 2023, varios países aliados de Israel han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino.El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso. La decisión se tomó un día antes de la cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, en donde se abordará la solución de los dos Estados. En este encuentro, una decena de países confirmarían el reconocimiento formal del Estado palestino.Histórico aliado de Israel, el Reino Unido dio el paso en un quiebre de décadas de política exterior. El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que el reconocimiento del Estado de Palestina buscó “revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados”. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó que este anuncio “constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional”.El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró en X que su país “reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”. Australia se unió a la medida y el primer ministro, Anthony Albanese, declaró que su país “reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”.Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió “luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda” dirigida a su país y contra “los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo”.En respuesta al anuncio de estas grandes potencias, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirmó que este reconocimiento “requiere medidas inmediatas” y detalló en primer lugar “la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria”, un término que designa a Cisjordania. Ben Gvir también pidió “el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina”.El viceprimer ministro británico, David Lammy, quien representará a Reino Unido en la Asamblea General de la ONU, denunció la expansión de la colonización en los territorios palestinos. “Debemos mantener viva la perspectiva de una solución de dos Estados, actualmente en peligro, no solo por el conflicto en Gaza, sino también por la violencia y la expansión de la colonización”, declaró.Finalmente, la cancillería de Portugal confirmó el viernes que el país “reconocerá al Estado de Palestina”. NA.

Esta zona, un corredor al este de Jerusalén entre la ciudad y el asentamiento de Ma’ale Adumim, es considerada especialmente delicada porque construir en el lugar separaría Jerusalén Oriental del norte de Cisjordania, lo cual socavaría la contigüidad de un futuro Estado palestino.Propuesto por primera vez en los noventa, el plan E1 ha estado congelado durante mucho tiempo debido a la oposición dentro y fuera de Israel. Netanyahu lo impulsó en el 2012 y lo revivió antes de la elección de 2020.El acuerdo fue firmado hoy jueves durante la visita de Netanyahu a Ma’ale Adumim, el mayor asentamiento israelí de Cisjordania.  “Nunca habrá un Estado palestino. Este lugar es nuestro”, dijo durante la ceremonia.El acuerdo, firmado por el Gobierno de Netanyahu y la municipalidad de Ma’ale Adumim, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales en el asentamiento y en la adyacente área E1.El proyecto incluye un compromiso del Gobierno de cerca de 3.000 millones de séqueles (cerca de 900 millones de dólares) para infraestructura con el fin de apoyar alrededor de 7.600 unidades habitacionales, cerca de 3.400 de ellas en E1, informó el Ministerio de Construcción y Vivienda.Los ataques aéreos y disparos israelíes han dejado más de 64.000 muertos en Gaza, según informes de las autoridades de salud locales, gran parte del enclave ha quedado en ruinas y se ha generado una hambruna.Más de 720.000 colonos judíos viven actualmente en Cisjordania y Jerusalén Oriental, capturados por Israel durante la Guerra de Medio Oriente de 1967, junto con 3.3 millones de palestinos.Los asentamientos son considerados ilegales de conformidad con el derecho internacional, incluyendo un fallo de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia que declaró ilegal la ocupación de Israel. Esto es considerado por los palestinos y gran parte de la comunidad internacional como un importante obstáculo para la paz. Infobae.

En América Latina —y particularmente en Argentina— se han replicado en el entorno digital las mismas lógicas burocráticas del siglo pasado. Formularios que piden cargar datos y documentos que el propio Estado ya posee, páginas web que colapsan en momentos de alta demanda, interfaces confusas y redundantes, pasos mal explicados o directamente innecesarios. La digitalización, en estos casos, no resuelve el problema: lo traslada al mundo virtual.Un ejemplo claro es el trámite para obtener el Certificado de Antecedentes Penales en Argentina. Aunque se puede realizar online, el solicitante debe volver a ingresar datos como DNI, CUIL o domicilio —información que ya está en poder del Estado—. Esto evidencia la falta de interoperabilidad entre organismos y un enfoque más centrado en cumplir con el procedimiento que en ofrecer una buena experiencia al ciudadano.Según el Banco Interamericano de Desarrollo, apenas el 40% de los procesos digitalizados en la región están realmente orientados a simplificar la experiencia del usuario. La mayoría se limita a “informatizar lo que ya estaba”, sin repensar la necesidad, los pasos ni el sentido del trámite. Así, en lugar de reducir la carga administrativa, se refuerza la percepción de ineficiencia estatal y aumenta la desconfianza ciudadana.

Lecciones regionalesAlgunos países han comprendido que digitalizar no es suficiente: hay que rediseñar.Uruguay cuenta con un Laboratorio de Gobierno Digital que aplica metodologías centradas en el usuario para simplificar procesos antes de llevarlos al plano digital. Hoy, el 75% de sus trámites pueden realizarse en línea, con niveles de satisfacción superiores al 80%.Chile, con su programa ChileAtiende, integró más de 200 servicios en una sola ventanilla, física y digital. También avanzó en eliminar requisitos innecesarios y simplificar el lenguaje administrativo.Colombia centralizó sus servicios en el portal gov.co, aplicando estándares de experiencia de usuario y accesibilidad, especialmente para personas mayores o con discapacidad.Estas experiencias demuestran que el verdadero salto de calidad no se logra con más tecnología, sino con procesos pensados desde cero, con foco en el vecino.

El riesgo de la exclusión digitalLa digitalización no es sinónimo de inclusión. Para adultos mayores, jubilados o personas con baja alfabetización digital, puede ser una nueva barrera. Cargar datos repetidos, manejar múltiples contraseñas o navegar plataformas poco intuitivas genera frustración y, muchas veces, exclusión administrativa.En Concordia, más allá del problema de la doble tramitación —digital y presencial— se han dado algunos avances concretos con impacto real. En julio de 2021, se firmó un convenio con la Secretaría de Innovación Pública para implementar una plataforma de Gestión Documental Digital (GDD), que busca acelerar la administración de expedientes, garantizar su trazabilidad, reducir el uso del papel y ahorrar costos administrativos e infraestructurales; todo esto mediante la firma digital y la despapelización de los procesos.Por otro lado, el Concejo Deliberante aprobó en 2017 una ordenanza para digitalizar todo su archivo normativo y administrativo —desde expedientes a actas y ordenanzas—, estableciendo el uso de expediente digital, firma digital y notificación electrónica desde septiembre de 2018, con preservación de los documentos originales en formato físico.Estas iniciativas representan avances concretos hacia un Estado más moderno y eficiente, aunque aún falta que se traduzcan en beneficios perceptibles para el vecino común.

Luces y sombras en la ArgentinaEn el país existen herramientas como Mi Argentina o TAD (Trámites a Distancia). Sin embargo, su efectividad depende del organismo emisor. Una encuesta de la UCA (2024) indica que solo el 47% de los usuarios considera que el Estado digital facilita los trámites, mientras que el 28% cree que son incluso más complejos que antes.Algunas provincias —como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba— han comenzado a aplicar el principio de once only: el Estado no debe pedir dos veces la misma información. Esto exige interoperabilidad de datos, acuerdos normativos y voluntad política para superar resistencias institucionales.

Tecnología, sí; pero con criterioLa inteligencia artificial puede optimizar tareas repetitivas o de clasificación documental, pero no debe reemplazar el contacto humano. La administración pública requiere sensibilidad y capacidad de interpretar casos particulares. La tecnología es una herramienta: la clave está en combinarla con funcionarios capacitados y procesos bien diseñados.

El verdadero cambio es culturalModernizar el Estado no es solo comprar software: es cambiar la forma de pensar la gestión. Implica capacitar equipos, actualizar marcos normativos y asumir que el rol del Estado es servir, no complicar. Hoy, solo el 12% del personal estatal argentino tiene formación digital específica y el 70% de los procesos críticos se gestionan de manera manual o mixta.Con un presupuesto nacional que destina apenas el 0,18% a modernización, la transformación real dependerá más de la visión, la coordinación y el compromiso político que de la inversión en tecnología.

Un Estado al servicio de la genteLa ciudadanía ya no tolera trámites interminables ni requisitos absurdos. En un mundo donde se puede abrir una cuenta bancaria en tres minutos desde un celular, esperar semanas para un turno o presentar tres veces el mismo certificado resulta inaceptable.Un trámite bien diseñado ahorra tiempo y recursos, pero sobre todo construye confianza. La transformación digital debe ser un medio para lograr un Estado más cercano, accesible y eficiente. No se trata de reemplazar la ventanilla por un clic: se trata de rediseñar el Estado para que funcione de verdad, para la gente y con la gente.Repensar el Estado más allá de la digitalización es un desafío que no depende únicamente de presupuestos millonarios o de la última tecnología disponible. Muchas veces, la verdadera transformación proviene de ideas innovadoras, voluntad política y equipos comprometidos que trabajen con una visión clara de servicio al ciudadano.La clave está en combinar tecnología con rediseño institucional y un cambio cultural profundo en la gestión pública. De esta manera, la administración dejará de ser vista como un obstáculo para convertirse en un socio activo en la vida cotidiana de las personas, un Estado que funcione de verdad, para la gente y con la gente.

El Gobierno anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público que se celebra el 27 de junio de cada año, según confirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni.En la habitual conferencia de prensa, el funcionario reveló que el presidente Javier Milei trabaja en el decreto que saldrá publicado en el Boletín Oficial durante las próximas horas, y argumentó que el Estado “no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio que el sector”.“El Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, aseveró. Asimismo, remarcó que la jornada es abonada “con el sueldo de cada uno de los contribuyentes”, por lo que la administración tomó la tajante definición.“Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se fuerza para llevar un plato de comida a su familia y que, de manera directa o indirecta, es responsable del presente y del futuro del país”, planteó. Por último, remarcó que la medida va en consonancia con la concepción del Estado que la administración libertaria, que consiste en “allanar el camino de libertad a los argentinos” sin “entorpecerlo”. “La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado”, concluyó el vocero presidencial. NA.

En el contexto Jornada Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de drogas, fijada por la ONU para el 26 de junio, la Iglesia en la Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y el consumo de drogas, a los que considera "una herida profunda en el corazón de tantos jóvenes, muchos de ellos en situaciones de pobreza extrema".El mensaje para la fecha se titula "Si el Estado se corre, entra el narcotráfico" y está firmado por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que integran monseñor Marcelo Colombo, presidente; el cardinal Ángel Rossi SJ, vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro, secretario general. "Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado de esos ámbitos abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de 'Estado paralelo', donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida", alerta. "La prevención y la educación son pilares irremplazables en esta lucha, concretados en espacios de contención, escucha y formación. Por eso es urgente y necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, reconozcan y sostengan el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo", pide. En la Jornada Mundial de la ONU contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de drogas, la Iglesia en la Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y el consumo de drogas, una herida profunda en el corazón de tantos jóvenes, muchos de ellos en situaciones de extrema pobreza. Dios nos ha regalado la vida como un don, con una dignidad que nada ni nadie tiene que arrebatar. La droga mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos de tantos chicos y chicas que quedan atrapados en el circuito del consumo. Esta realidad nos duele y nos interpela: ¡No podemos naturalizarla! En los barrios más vulnerables la Iglesia está presente. Desde hace años, comunidades eclesiales de todo el país (parroquias, capillas, Hogares de Cristo, Centros Barriales, Cáritas, Fazendas de la Esperanza y otras obras donde se comparte el trabajo con organizaciones de la sociedad civil), acompañan de manera silenciosa, cercana y constante a quienes han caído en la adicción y buscan una salida. Con un compromiso nacido de su fe en Jesucristo, lo hacen con la certeza de que nadie está perdido para siempre.  Pero vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado de esos ámbitos abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de "Estado paralelo", donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida.

La prevención y la educación son pilares irremplazables en esta lucha, concretados en espacios de contención, escucha y formación. Por eso es urgente y necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, reconozcan y sostengan el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo. Sin una presencia constante del Estado y el compromiso de toda la sociedad en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, estaremos siempre corriendo detrás del problema. No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento.Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte. Allí donde hay una comunidad que acoge y contiene, hay posibilidad de renacer. La recuperación no es un camino solitario: se sostiene en vínculos, en el abrazo de una red fraterna, en la pertenencia. Por eso es fundamental cuidar y fortalecer estas comunidades que salvan vidas todos los días. Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Y si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad. A quienes tienen responsabilidades de gobierno, les pedimos: ¡Escuchen el clamor de los que luchan por salir del consumo! ¡Vean el dolor de familias y comunidades que están destrozadas por este flagelo! Finalmente, queremos reiterar nuestra gratitud a todos los que trabajan cada día, con fe y esperanza, por rescatar a hermanos y hermanas del consumo de drogas. No están solos. En sus gestos cotidianos de amor y servicio se encarna el Evangelio. Y especialmente, queremos decirles a quienes están atravesados por este drama de la drogadependencia, que como Iglesia no nos resignamos a perderlos. Porque creemos en Cristo, confiamos en la fuerza transformadora del amor, del encuentro y de la comunidad. No se desanimen. Pidan ayuda. No dejen de llamar a la puerta de todos cuantos queremos ayudarlos. (AICA)

Con el levantamiento del cepo cambiario ya en marcha y tras el reciente desembolso del FMI, el presidente Javier Milei confirmó que su gobierno continuará profundizando el programa de ajuste y desregulación del Estado. En una entrevista radial, el mandatario aseguró que se avecina “el mayor shock regulatorio de la historia argentina” y ratificó la vigencia de la llamada “motosierra” en cada ministerio.Milei remarcó que su administración ya ha avanzado en más reformas que las implementadas “en los últimos cien años”, y explicó que cada cartera recibió la instrucción de revisar su marco legal: “Se le pidió a cada ministro que identifique qué normas efectivamente se utilizan. El resto va a la motosierra”, señaló.Según detalló, el Estado argentino está atravesado por una estructura normativa excesiva: más de 42.000 leyes, 700.000 decretos y 220.000 circulares. La idea, indicó, es depurar ese entramado para liberar al sector privado de trabas burocráticas y redundancias legales.

Reconocimiento al papa Francisco antes del viaje a RomaEn otro tramo de sus declaraciones, Milei se refirió al fallecimiento del papa Francisco y confirmó su viaje a Roma para asistir al funeral. “Es un evento de enorme relevancia. Le guste a quien le guste, el Papa ha sido el argentino más importante de la historia”, afirmó.El presidente destacó la figura del pontífice tanto desde lo espiritual como desde su influencia política y global: “Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, sabemos la estatura que tenía como líder”, expresó.Finalmente, señaló que su presencia en el Vaticano será en representación de todos los argentinos, en especial aquellos de fe católica: “Espero estar a la altura de un momento tan trascendente”.

El pasado sábado 21 de noviembre se llevó a cabo un control de estado en la provincia. Debido a la pandemia por Covid-19, las pruebas fueron realizadas en las ciudades de Paraná, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. De esa manera, los atletas compitieron en sus ciudades de residencia o viajaron a la más cercana, previniendo así la formación de grandes grupos de personas. 

En total participaron 42 atletas, 23 mujeres y 19 varones, desde la categoría u16 a Mayores. Entre ellos, se destaca el desempeño de Nazareno Sasia, quien estableció un nuevo récord nacional u20 de lanzamiento de disco con el implemento de 1.75 kg. Su marca fue de 59.24 metros, superando así los 56.60m que había logrado dos semanas antes en un torneo de la misma naturaleza. En cuanto a la prueba de lanzamiento de bala, logró una marca de 20.45 metros con el implemento de 6kg. Así, se posicionó a solo un centímetro de su plusmarca nacional.

Otro de los deportistas destacados fue el juvenil Sebastián Tomassi, quien en la prueba lanzamiento de martillo llegó a los 56.91 metros. Asimismo, en la categoría u20 sobresalió Ana Luz Sarli, que logró una marca de 11.95m en bala y 43.50 en disco. Por otro lado, Caterina Massera tuvo una gran actuación con 49.65 en martillo.

El control de estado se realizó para evaluar el rendimiento que hoy tienen los atletas de la provincia. La FADER tiene como principal objetivo el Campeonato Nacional de Mayores que se realizará el mes que viene en Rosario.

Ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación por tercera vez el proyecto de Ley �SLohana Berkins⬝ de Inclusión Laboral Formal para Personas Trans y Travestis, autoría de la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Estévez, con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.

�SEsta tercera presentación del proyecto de Ley Lohana Berkins se fundamenta en la situación de emergencia social que aún atraviesa la población trans y travesti en la Argentina⬝ señalaron en un comunicado al respecto.

Los principales puntos del proyecto de Ley Lohana Berkins son: una reserva el 1,5% de los puestos del sector público nacional a las personas trans y travestis que reúnan las condiciones de idoneidad; un sistema de becas de capacitación para quienes no reúnan las condiciones de idoneidad con el compromiso de contratación inmediata y efectiva una vez finalizada la formación; incentivos impositivos a las empresas privadas que contraten personas trans y travestis; un programa de sensibilización sobre discriminación por identidad y/o expresión de género destinado a la administración pública y las empresas privadas e Incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo la prohibición de discriminar por motivo de identidad y/o expresión de género.

�SEste es un contexto político totalmente distinto donde el Estado está siendo protagonista en los debates sociales y las políticas públicas vinculadas a las agendas de las mujeres y las disidencias. Estamos acompañando una vez más una reivindicación histórica del movimiento trans y travesti para dar respuesta a la situación de emergencia social que atraviesa esta población⬝ afirmó la autora de la ley. La legisladora fue acompañada en la firma de la norma por las diputadas Mónica Macha, Lucila Masin, Cristina Álvarez Rodriguez, Cecilia Moreau, Gabriela Cerrutti y Jimena López.

DATOS EN TORNO A LA POBLACI�N TRANS

*El 91% no tiene un trabajo registrado

*El 82% atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal a la discriminación por identidad y/o expresión de género

*El 45% ejerce o ejerció el trabajo sexual y/o está o estuvo en situación de prostitución. La cifra asciende a 85% entre las mujeres y feminidades trans y travestis

*El 64% de las personas trans y travestis no tiene cobertura de salud.

⬢ El 58% ha sufrido violencia por parte de las fuerzas policiales.

*36 años es la expectativa de vida promedio.