El gobernador Gustavo Bordet solicitó ser tenido por parte querellante en la causa que averigua el posible delito de maniobras de inteligencia ilegal contra políticos y funcionarios públicos, magistrados del Poder Judicial, periodistas y empresarios, entre otros.

En el texto remitido este lunes al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, el mandatario entrerriano expresó: “Que habiendo tomado conocimiento de que me encontraría involucrado como víctima de las presuntas maniobras de inteligencia ilegal que se investigan en las presentes actuaciones, concurro ante Vuestra Señoría a fin de solicitar ser tenido como particular damnificado”.

La actuación se circunscribe de acuerdo con lo prescripto en los artículos 82, 83 y sucesivos del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y artículo 5 incisos h, i y concordantes de la Ley 27.372, y el artículo 131 del CPPN, y procede “contra aquellas personas que resultaren autores o de cualquier modo hubieren tomado intervención en las acciones investigadas, permitiéndoseme para ello tomar vista de las actuaciones”.

En la misma misiva, el gobernador expresó: “Asimismo, hago expresas reservas de derecho de ampliar el rol de querellante con relación a posibles coautores, instigadores y encubridores según prevén los artículos 45, 46 y 277 del Código Penal de la Nación, cuya responsabilidad en los hechos que motivan la presente querella pueda surgir de la instrucción”.

Bordet estaría en la lista de decenas de personas con trayectoria pública en las actividades partidaria, sindical, judicial, mediática y empresarial espiados ilegalmente, según lo dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Durante la jornada, Pollicita pidió ampliar la indagatoria del ex policía detenido Ariel Zanchetta, quien se presenta como periodista y está acusado por supuestas maniobras de espionaje sobre jueces, políticos, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre los que se encuentra el gobernador Gustavo Bordet.

Según surge de un dictamen de más de 150 páginas, las evidencias relevadas demuestran que el nombrado “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas, obtuvo y reunió información personal de miles de personas –entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales– la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia", se informó oficialmente.

La responsabilidad penal de Zanchetta –y de otras personas aún sin determinar– en la realización de actividades de espionaje ilegal se ajustan a los términos del artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional.

El reemplazo de Stornelli fue decidido por el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, que resolvió designar "al titular de la Fiscalía Federal N°5 o a quien eventualmente subrogue en ella", según consta en la resolución a la que accedió Télam de fuentes con acceso al expediente.

El fiscal Picardi interviene, entre otras grandes causas, en la que se investigan supuestas irregularidades en el soterramiento del Tren Sarmiento y en la que intenta descifrar el verdadero rol de la denominada "mesa judicial" de Cambiemos.

En la causa de espionaje ilegal, en la que finalmente no intervendrá Stornelli, están procesados los exjefes de la AFI del Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y una treintena de exespías, como así también exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal, como su extitular Emiliano Blanco.

La mayor parte de la investigación estuvo primero en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y, luego de su apartamiento, de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que intervinieron mientras el expediente se mantuvo en aquella jurisdicción.

En este expediente, que pasó a los tribunales de Comodoro Py luego de un fallo de Casación motivado por planteos de varios imputados exfuncionarios de Cambiemos, se investigan maniobras de espionaje político ilegal, como así también inteligencia ilícita desplegada sobre dirigentes sociales, periodistas, referentes territoriales y sindicalistas.

El cambio de fiscal se produjo luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptara la semana pasada la excusación de Stornelli.

El magistrado consideró "atendible" el planteo que había hecho el propio Stornelli cuando sostuvo que algunos elementos de esta causa, como el producido del supuesto espionaje a personas privadas de la libertad, forman parte también de otra que lo tienen como querellante.

Cuando presentó su excusación, Stornelli solo sostuvo que le correspondía inhibirse de intervenir en el denominado "Legajo 9" de la causa de espionaje, que incluye las maniobras realizadas en el Penal de Ezeiza, pero su decisión tuvo efectos sobre todo el expediente.

Stornelli sostuvo que en ese legajo se ventilan "cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas oportunamente dispuestas sobre abonados del Complejo Penitenciario de Ezeiza" y que parte del producido de esas escuchas fue utilizado en una causa en la que él interviene como querellante.

Se trata de las conversaciones telefónicas de exfuncionarios kirchneristas detenidos en Ezeiza que el propio Stornelli y la exdiputada Elisa Carrió dijeron haber recibido de forma anónima y utilizaron para denunciar un supuesto complot para apartar al fiscal de la denominada "causa de los cuadernos".