En el marco de la pesquisa —que comenzó el miércoles 21 de enero tras el descubrimiento de los equipos— se incorporó al expediente la entrevista realizada al ex secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, cuando en 2019 presentó una denuncia por un presunto intento de extorsión.El exfuncionario, actualmente con prisión domiciliaria en Paraguay acusado de contrabando, había recibido en ese momento un correo electrónico con imágenes obtenidas a partir del hackeo de las cámaras que él mismo había ordenado instalar en los principales despachos de la Casa Gris.Aunque aquella causa fue archivada, la declaración de Kueider en la investigación penal preparatoria resultó determinante para esclarecer el origen de los dispositivos encontrados la semana pasada.“En la entrevista, Kueider brinda detalles sobre los equipos que mandó colocar y explica que retiró el router y el DVR”, precisaron desde Tribunales. En concreto, se trata de tres aparatos de grabación de audio y video ocultos dentro de sensores de movimiento.Durante la investigación también se tomaron testimonios a técnicos que inspeccionaron la instalación, al personal que descubrió los dispositivos y a distintos funcionarios. “En una de esas declaraciones se indicó que las cámaras son las mismas a las que hizo referencia Kueider en su denuncia”, agregaron.Respecto de un cable cuyo recorrido generaba dudas, las revisiones permitieron determinar que estaba destinado a alimentar un router que ya no se encuentra en el lugar y que habría estado ubicado sobre una repisa en un pasillo.Aún restan algunas entrevistas, entre ellas la del coordinador de Gabinete provincial, José Luis Patiño, quien ocupa actualmente la oficina donde se halló el rack con el cableado de una de las cámaras.Más allá del avance judicial, el episodio también podría derivar en repercusiones políticas. Días atrás, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, solicitó públicamente al exgobernador y actual senador nacional Gustavo Bordet que aclarara si había ordenado la instalación de los equipos.“Creo que tanto el exsecretario general como el exgobernador deberían explicar si obviaron, olvidaron o intencionalmente no informaron que dejaban cámaras ocultas en la Gobernación”, sostuvo Colello en una entrevista con Clarín.Para el funcionario, que los dispositivos correspondan a la administración anterior “es doblemente grave”, ya que —según planteó— si las autoridades de entonces conocían su existencia, debieron haberlo comunicado.En la misma línea, un integrante del gabinete provincial advirtió que, si las cámaras estaban instaladas desde la gestión pasada y no se informó durante la transición, “se trataría de un hecho muy grave”. Y añadió: “Si efectivamente eran las que instaló Kueider, hay que recordar que él mismo fue hackeado y filmado con esas cámaras”. También señaló que, de no haber estado al tanto el exgobernador, la situación resultaría igualmente preocupante.Mientras tanto, en la Casa Gris aseguran que continúan siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación judicial.(I:Análisis) 

La junta militar que actualmente gobierna Burkina Faso ha presentado un proyecto de ley para reintroducir la pena de muerte en el país, focalizada en delitos como la alta traición, el terrorismo y el espionaje.El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo de Ministros y constituye uno de los principales cambios jurídicos impulsados por el Gobierno de transición, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré.El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, indicó que la iniciativa forma parte de una reforma global del sistema judicial, con el objetivo de atender “profundas aspiraciones del pueblo” de Burkina Faso, de acuerdo con los canales oficiales del Ejecutivo.La propuesta plantea modificar el Código Penal actual, que desde 2018 excluía la pena capital entre sus sanciones.Sin embargo, la entrada en vigor dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa de Transición, que reemplazó a la Asamblea Nacional después del golpe de Estado de 2022. Según un informe de Human Rights Watch, la última ejecución en el país ocurrió en 1988.La abolición oficial de la pena de muerte en Burkina Faso se estableció en mayo de 2018, cuando la Asamblea Nacional, bajo el mandato del expresidente Roch Marc Christian Kaboré, decidió eliminar esta sanción máxima.Human Rights Watch destacó que aquel avance respondió a recomendaciones internacionales que impulsan la moratoria global sobre la pena capital.El nuevo proyecto de ley responde a un escenario de persistente inseguridad. Representantes del sistema judicial y miembros de la sociedad civil, consultados por medios locales, sostuvieron que el principal argumento para la restauración radica en el incremento de delitos vinculados al terrorismo.Desde 2016, las fuerzas armadas de Burkina Faso han enfrentado a grupos islamistas relacionados con Al Qaeda y el Estado Islámico en el Gran Sahara.Durante este periodo, la ONG Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) registró más de 26.000 muertes, con especial aumento tras la instauración del régimen militar en septiembre de 2022, etapa en la que hubo aproximadamente 15.500 víctimas fatales.La iniciativa de restablecer la pena capital se inscribe en un proceso de endurecimiento legislativo. En septiembre de este año, la Asamblea Legislativa de Transición aprobó de manera unánime una ley que castiga prácticas homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, en consonancia con medidas recientes adoptadas por otros países africanos. Actualmente, cerca de 30 países del continente mantienen la homosexualidad como delito.Desde la perspectiva de organizaciones de derechos humanos, la medida de la pena de muerte representa un retroceso en la protección de garantías fundamentales.Con este debate, Burkina Faso enfrenta una compleja encrucijada legal y política y se suma a otros países que han endurecido las penas en contextos de conflicto interno armado. (Con información de Europa Press)

El Gobierno desmintió rotundamente las versiones que afirmaban que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había aprobado un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta a espionaje interno sobre ciudadanos que buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios del Gabinete o que generaran “pérdida de confianza” en el plan económico que lleva adelante el Poder Ejecutivo.A su vez, a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, desde la Casa Rosada destacaron que “es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”.En ese sentido, el texto aclara que el presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, al señalar que éste había sido “destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas de sus recursos”.Respecto a las versiones que circularon en medios sobre el Plan de Inteligencia Nacional, el Gobierno aclaró que se trata de un “documento secreto” cuyo objetivo es establecer “los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina”. Aseguraron además que solamente tienen acceso a esta información el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso.Según informó este domingo el diario La Nación, el documento, secreto y de 170 páginas, habilita a recabar información sobre quienes, según su criterio, puedan “erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.El plan, desarrollado por la cúpula de SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, podría ampliar el alcance de los objetivos de inteligencia hacia periodistas, economistas, académicos y cualquier actor que cuestione las decisiones del Ejecutivo. Ambito.

Un gendarme argentino fue detenido en Venezuela luego de que viajara a ese país para visitar a su pareja y su hija, quienes tienen nacionalidad venezolana. Según confirmaron a Infobae, lo acusan de ejercer tareas de espionaje. “Es una locura”, respondieron automáticamente desde el gobierno de Javier Milei, desterrando de plano esta posibilidad.El gendarme, identificado como Agustín Nahuel Gallo y oriundo de la provincia argentina de Catamarca, había sido designado a una misión en Colombia y decidió viajar al país que está bajo el régimen de Nicolás Maduro para visitar a su familia. El hecho habría sido informado el pasado martes por lo que las autoridades argentinas trabajan para resolver el caso.En el entorno de María Corina Machado, la principal referente opositora venezolana, dejaron trascender que las viviendas que están instaladas en los alrededores de la Embajada de Argentina fueron ocupadas por el régimen y creen que habrían sido expropiadas.La ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina se profundizó con las acusaciones de fraude electoral en las últimas presidenciales. Desde agosto, la Embajada de Argentina en Venezuela permanece bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos. Además, allí residen seis dirigentes del equipo de la líder opositora Corina Machado que están recibiendo asilo porque pesa sobre ellos una polémica orden de detención. Las personas que están refugiadas son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda.La Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron en la OEA una declaración conjunta para exigir “la concesión inmediata” de los salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos.La declaración, que fue presentada por el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, contó con el apoyo de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.Florentín expuso el texto de la resolución después de la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, quien pidió a la organización que llevara a cabo una actuación “con firmeza y determinación”.“Los países antes mencionados declaran su voluntad de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo leyendo el comunicado, “que proceda de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones de los seis ciudadanos venezolanos que gozan de asilo diplomático hacia un territorio seguro”.Asimismo, reafirmaron su compromiso con “la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas” y el “derecho de asilo diplomático establecido en tratados interamericanos y a la protección internacional que éste confiere”.El pasado 4 de diciembre, Estados Unidos exigió a Maduro que entregue salvoconductos a los seis antichavistas asilados, una petición que también hizo la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, en reiteradas ocasiones sin todavía conocerse la respuesta del Gobierno.Los salvoconductos están contemplados en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 -constantemente citada por Argentina para solicitar estos permisos-, firmada y ratificada por el país austral y Venezuela. Infobae.

La Policía Federal (PF) de Brasil informó que durante el Gobierno de Jair Bolsonaro la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) espió ilegalmente a miles de personas, entre ellas jueces, políticos y periodistas, y cursó órdenes de búsqueda y de prisión preventiva contra los presuntos autores del espionaje. En base a una orden del Tribunal Supremo, dos miembros de la Abin acusados de haber participado en la trama fueron detenidos con prisión preventiva mientras que se emitieron otras 25 órdenes de búsqueda, informó la agencia de noticias Europa Press.

El expresidente Bolsonaro no es objeto de investigación, aclaró la Policía Federal.

A través de un programa informático se podía rastrear los movimientos de hasta 10.000 personas por año con solo digitalizar su número de teléfono.

La denominada Operación Última Milla investiga el uso ilegal de un sistema de seguimiento de personas a través de sus teléfonos móviles durante los tres años (2019-2022) en los que el diputado bolsonarista Alexandre Ramagem encabezó la agencia de inteligencia.

Este programa informático -llamado FirstMile y comprado por algo más de 1 millón de euros durante el Gobierno de Michel Temer- permitía sin protocolo oficial rastrear los movimientos de hasta 10.000 usuarios por año con solo digitalizar su número de teléfono.

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, concedió a la Policía Nacional su aprobación para que use el software Pegasus, cuestionado por ser utilizado para espiar teléfonos celulares de presidentes, periodistas y activistas, como herramienta para atajar la ola de violencia criminal en las comunidades árabes del país, que ya dejó 190 muertos desde enero.

Baharav-Miara emitió la orden para investigar específicamente los homicidios de cinco miembros de una familia árabe en la víspera.

Las muertes, ocurridas en la ciudad beduina de Basmat Tabun, en el norte de Israel, parecen estar vinculadas a un episodio de enfrentamientos entre bandas criminales en Haifa, informó la agencia de noticias Europa Press.

La fiscal actuó a petición del comisionado de Policía israelí, Yaakov Shabtai, quien, durante su visita a Basmat Tabun, describió el ataque contra la familia como “uno de los incidentes más aberrantes” desde el repunte de la ola de violencia de los primeros nueve meses del año, que duplica en número de fallecidos al mismo periodo de 2022.

Organizaciones árabes como Iniciativas de Abraham, especializada en el seguimiento de esta violencia, acusaron en numerosas ocasiones al Gobierno israelí y a su ultraderechista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de ignorar convenientemente esta crisis para debilitar a esta comunidad minoritaria e impulsar un proyecto de “judaización” en el norte del país, mientras que la Policía israelí pidió más medios para combatir el crimen organizado.

La aprobación del uso de Pegasus tiene lugar en medio de una investigación oficial del escándalo desatado en 2022 en relación con el empleo de este software por parte de las fuerzas de seguridad para acceder a los teléfonos móviles de los ciudadanos sin orden judicial de por medio.

En 2022, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que Lama Kahin, responsable de monitorear las zonas de conflictos armados de la ONG, fue espiada con Pegasus, desarrollado por la compañía Israelí NSO Group.

En aquel momento, el equipo de seguridad de información de la organización internacional defensora de los derechos humanos estableció, tras realizar un análisis forense en los dispositivos, que el iPhone actual y el antiguo de Fakih “habían sido infectados por Pegasus”.

La investigación, cuyos resultados fueron verificados por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional (AI), reveló que la directora de la oficina en Beirut de HRW sufrió al menos cinco de tales ataques entre abril y agosto de 2021.

Se trata previsiblemente de los ataques de ‘cero clic’ que no requieren que el usuario abra un enlace malicioso. HRW destaca que, hoy en día, es casi imposible protegerse de las intrusiones de este tipo.

Lesa es el director de Informática del Gobierno de Entre Ríos. Él y Palá integran el Grupo Octógono (muy relacionado al urribarrismo y liderado por Facundo Cabrera, quien fue uno de los operadores informáticos de Sergio Urribarri). También están nombrados en la causa de los contratos truchos legislativos y fuero citados a declarar porque habrían recibido dinero en forma ilegal. Los nombres de ambos -junto a otros integrantes del grupo Octógono- aparecen mencionados en la página 499 del extenso informe de remisión a juicio de la causa, en la que se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. Lesa, de 45 años, está domiciliado en calle Urquiza 1613 y está ligado a la Administración Pública entrerriana desde 2012, en el segundo mandato de Sergio Urribarri. Tiene a su nombre en Nic.ar (organismo que administra las web en el país) a la página del PJ entrerriano y otras periodísticas, vinculadas a la actividad política. Palá tiene 44 años, vive en calle Perú 281 y el domicilio fiscal está en Santa Fe 322, donde se encuentra el Grupo Octógono. Ingresó como empleado del Estado entrerriano cuando comenzó el primer gobierno de Urribarri y desde 2021 es el responsable informático del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. También estuvo en el Poder Judicial de Entre Ríos entre 2019 y 2021, siempre con el negocio informático.

Palá se mostró como allegado directo al urribarrismo y, de hecho, aparecía ligado al exministro de Gobierno, Mauro Urribarri, hijo del exgobernador. La llegada del exdiputado provincial del peronismo, Diego Lara, a la conducción del Tribunal de Cuentas, en 2020, hizo que Palá se transformara al año siguiente en el responsable de informática del organismo de control. A ese lugar lo llevó Juan Russo, quien se ocupaba de la Comunicación en el Tribunal de Cuentas cuando el urribarrista Guillermo Smaldone era su presidente. El hijo del exvocal del Superior Tribunal de Justicia, el ya jubilado Juan Smaldone, renunció al cargo en junio de 2016.

El procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini fue confirmado por la Sala II de ese tribunal de alzada integrado por Martín Irurzun y Eduardo Farah. Roberto Boico no firmó por estar de licencia, informaron fuentes judiciales. Arroyo Salgado es la viuda de Nisman.

Se trata de una parte de la denuncia que formularon la candidata presidencial Patricia Bullrich y la ex diputada Paula Alonso en el 2015 que afirmaba que la AFI conducida por Oscar Parilli se había más de un centenar de políticos, jueces y periodistas con una OB (orden de observación) que significa pinchadura de teléfonos y seguimientos. La lista entregada por Bullrich y Alonso incluye a los miembros de la Corte Suprema y sus conjueces. Hay jueces y fiscales federales, referentes políticos de casi todas las fuerzas opositoras desde Mauricio Macri y muchos legisladores del PRO hasta varios dirigentes del Partido Obrero, más Lilita Carrió, Sergio Massa y Felipe Solá. Y empresarios como José De Mendiguren o Sebastián Sánchez Sarmiento, de Ausol, además de muchos directivos del Grupo Clarín y sus empresas.

Además, figuran decenas de periodistas de medios independientes, incluidos cinco de Clarín: Eduardo Van der Kooy, Daniel Santoro, Ismael Bermúdez, Miguel y Nicolás Wiñazki. También figuran varios ex funcionarios de inteligencia, como Miguel Angel Toma. Pero Stiuso se presentó como querellante y entregó datos como los ingresos ilegales de la AFI a la base de datos de Migraciones sin orden judiciales para buscarlo.

Luego de años de investigación, la Cámara Federal confirmó estos procesamientos y ordenó a Ercolini profundizar la investigación. En su fallo, al que accedió Clarín, el tribunal recordó que en principio “la fiscalía (al pedir la indagatoria de Pablo Palá y Alexis Lesa) y el juez (al disponer el acto, escuchar sus descargos y luego procesarlos), posaron especialmente la atención en determinadas consultas de movimientos migratorios que fueron materializadas desde un usuario de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia”

“Las consultas se refirieron a Antonio Stiuso y a Sandra Arroyo Salgado. Las identidades en cuestión –como se ve- no son inocuas; responden a la lógica de la trama que se viene describiendo. También lo hace la sede en que se produjo el origen de la averiguación. Y el cuadro se completa con las fechas en que ello sucedió”, agregó. Los movimientos migratorios de la jueza federal “fueron consultados con el usuario de la Secretaría de Inteligencia el 27 de enero de 2015, a las 02:33:00 hs. Los de Stiuso, en treinta y ocho oportunidades desde el 18 de enero de 2015 a las 16:14:10 y 16:14:17 hs., hasta el 30 de enero de dicho mes, a las 13:04:27 hs”, precisaron.

En todos los casos, “se activó una dirección de IP asociada al domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos. Ambos –se averiguó- tenían a la época contratos con dependencias públicas de la Provincia mencionada y especialidad en informática”, añadió.

Al presentarse a la audiencia como querellante, Stiuso alegó que “lo que aquí se demostró y a PALA y LESA se les imputa, son maniobras que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman”.

Y agregó que “…las búsquedas en la base de datos de Migraciones respecto de mi persona comienzan el mismo día 18 de enero de 2015 a las 16;14;19 hs. y 16:14:17 hs., es decir cuando “aún no se sabía” lo que había ocurrido en el interior del departamento del Fiscal Nisman en Puerto Madero”.

Al parecer,”algunos no sabíamos lo que había ocurrido en el interior de ese departamento, pero a la luz de las búsquedas que desde la SI/AFI se efectuaron en la tarde del 18 de enero de 2015, otros sí lo sabían. Recordemos, porque creo que es importante advertir, que la madre del Fiscal Nisman ingresa a la vivienda en Puerto Madero, bien entrada la noche (se alude a las 22.30 hs.)… Esta información…necesariamente debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalía a cargo de la investigación de la muerte del Fiscal Nisman” (ver mejora de fundamentos, el destacado es del original)”.

Con todo, el análisis conjunto de los elementos indiciarios y unívocos desarrollados la cámara federal concluyó:

- La reunión de información a que se ciñó la decisión del juez, “fue realizada con la intervención de agencias de inteligencia estatales y en infracción a la ley que regula su actuación”.

- Hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante.

- Las implicancias, derivaciones y alcances de lo anterior deben seguir siendo profundizadas –además de procederse con arreglo a lo peticionado por la querella, anoticiando a los encargados de la investigación por homicidio mencionada-, pero ya a esta altura, lo expuesto fortalece la hipótesis –planteada entre otros por los testigos que revestían como agentes de inteligencia, cuya identidad (dado el curso tomando desde ahora por la investigación) deberá ser reservada en la anterior instancia- de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados.

- El rol de Palá y Lesa sólo puede ser entendido en términos de aportes relevantes propios de la participación criminal necesaria (art. 45, CP), en operaciones de inteligencia ilegales penadas por ley (art. 43 ter, ley 25520).

Peripecias de un grupo Octógono

Alexis Lesa y Facundo Cabrera son los creadores de Grupo Octógono, una empresa de desarrollos informáticos con sede en Paraná así denominada por tener sus oficinas en el edificio homónimo, frente a Casa de Gobierno sobre calle Santa Fe. En Grupo Octógono, Cabrera siempre fue la cara visible y el encargado de las ventas y los contactos con el Estado provincial y los municipios, que se cuentan entre los principales clientes de la firma. En ese esquema, Lesa siempre fue la otra pata: el experto en informática. La empresa y sus fundadores se hicieron conocidos en el ambiente periodístico por dos aspectos: por ser desarrolladores de algunos de los sitios web de noticias de la región y luego por ser Cabrera jefe de prensa de la Cámara de Diputados de la provincia durante la Presidencia de Sergio Urribarri.

En ese período (2015-2019) Cabrera manejó el abultado presupuesto destinado a pauta publicitaria del cuerpo legislativo. Claro que su objetivo nunca fue difundir la actividad de la cámara y sus miembros, sino intentar blindar a Urribarri de las denuncias por corrupción que por esos años empezaron a desarrollarse.

Al término de la gestión de Urribarri como presidente del cuerpo, por los servicios prestados Cabrera obtuvo un cargo jerárquico en planta permanente en la Cámara de Diputados y Lesa fue designado Director de Informática de la provincia.

Cabrera mantiene el vínculo con el exgobernador y sigue brindándole servicios de comunicación vinculados a su situación judicial. Lo hace desde una lujosa oficina ubicada en un departamento en la esquina de Buenos Aires y Garay, en cuyo quincho el ex gobernador suele reunirse y comer asado con periodistas, políticos y con sus abogados, en los que Cabrera oficia de anfitrión.(I: Analisis-Clarin)

China ha estado operando una unidad de espionaje en Cuba durante años y la actualizó en 2019, dijo un funcionario estadounidense.

“Esto está bien documentado en el registro de inteligencia”, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado, el pasado miércoles a un grupo de periodistas.

Medios estadounidenses informaron recientemente que China planeaba establecer una base espía en la isla frente a las costas estadounidenses.

El funcionario estadounidense dijo que el Gobierno del presidente Joe Biden recibió información apenas asumió en enero de 2021 de esfuerzos de la República Popular China (RPC), el nombre oficial de China, de potenciar sus actividades de espionaje.

“Se nos informó sobre una serie de esfuerzos sensibles de la RPC en todo el mundo para expandir su logística en el extranjero, su base y su infraestructura de recolección globalmente”, dijo, informó la agencia de noticias AFP.

“Este esfuerzo incluyó la presencia de instalaciones de recolección de información inteligencia de la RPC en Cuba”, agregó.

Asimismo, el funcionario especificó que “la RPC llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recolección de información de inteligencia en Cuba en 2019”.

El Gobierno cubano, que ya había desmentido los informes periodísticos sobre los planes chinos de instalar una base china de espionaje en su territorio, rechazó los dichos de este funcionario de que la base ya existe.

“Continúa la especulación calumniosa, evidentemente promovida por ciertos medios de prensa para causar daño y alarma sin observar patrones mínimos de comunicación y sin aportar dato o evidencia para respaldar lo que difunden”, dijo en Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío.

El viernes pasado, China advirtió a Estados Unidos sobre no “interferir en los asuntos internos de Cuba”, en respuesta a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el proyecto de una base.

Al ser cuestionado por la base en una conferencia de prensa regular, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que “desconocía la situación” antes de criticar la política estadounidense sobre Cuba.

“Como todos sabemos, difundir rumores y calumnias es una táctica habitual de Estados Unidos, e interferir gratuitamente en los asuntos internos de otros países es su patente”, dijo Wang.

El mismo viernes, Fernández de Cossío subrayó que Cuba “rechaza toda presencia militar foránea” en esta región, “incluida las numerosas bases y efectivos militares de los Estados Unidos”.

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética mantuvo durante décadas en la isla la base de espionaje electrónico de Lourdes, cerca de La Habana, la cual fue cerrada en 2001 por el presidente ruso Vladimir Putin.

La publicación de estas informaciones tiene lugar en un contexto tenso en las relaciones entre China y Estados Unidos en varios ámbitos: el comercio bilateral, la rivalidad en el sector tecnológico y la posición de Washington sobre Hong Kong y Taiwán.

El conflicto entre EEUU y China

Los acontecimientos se producen cuando el líder chino Xi Jinping impulsa una rápida expansión de la presencia de seguridad del país en todo el mundo, a imitación de Estados Unidos.

Una base en Cuba, situada a 150 kilómetros del extremo sur de Florida, supondría el desafío más directo hasta la fecha al territorio continental de Estados Unidos.

En enero y febrero de 2023, un globo chino presuntamente destinado a recopilar datos meteorológicos, que Washington calificó de espía, sobrevoló el territorio estadounidense antes de que un caza lo derribara, provocando un enfriamiento en las relaciones entre China y Estados Unidos.

Ese incidente derivó en la suspensión de un viaje a Beijing que tenía programado el secretario de Estado, Antony Blinken.

Bloomberg News informó la semana pasada que Blinken prevé viajar a China en las próximas semanas para conversar con funcionarios de alto rango, incluido posiblemente el presidente Xi.

 China afirmó este viernes que �Snunca⬝ pidió ni pedirá a las empresas locales que entreguen datos recabados en el extranjero, en momentos en que aumentan los llamados para prohibir TikTok en Estados Unidos por problemas de seguridad nacional y luego de que varios países occidentales vetaron el uso de la app en celulares usados por funcionarios.

La famosa plataforma de videos cortos, propiedad del grupo chino ByteDance, está acusada de recabar datos en todo el mundo y entregarlos a las autoridades chinas, algo que es desmentido por la firma.

Su director ejecutivo, Shou Zi Chew, se sometió este jueves a un intenso interrogatorio de congresistas estadounidenses republicanos y demócratas que temen que Beijing pueda utilizar TikTok para espiar y recopilar datos y que impulsan una prohibición total de la plataforma en el país.

El gigante asiático rechazó este viernes estas acusaciones e insistió en que �Sda mucha importancia a la protección de datos privados⬝, informó la agencia de noticias AFP.

El Gobierno �Snunca pidió ni pedirá a las empresas ni a los individuos recabar o entregar datos procedentes de países extranjeros, de manera que viole la ley local⬝, declaró en conferencia de prensa Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La portavoz agregó que Washington presupone la culpabilidad de TikTok �Sa pesar de que no ha ofrecido prueba alguna⬝ de que la aplicación amenace la seguridad nacional de los Estados Unidos, según reprodujo el portal de noticias Yicai.

De acuerdo con el diario chino Global Times, Mao también denunció como �Spersecución y xenofobia⬝ un posible veto a TikTok en Estados Unidos.

La Casa Blanca, la Comisión Europea, Canadá, el Reino Unido y otras organizaciones prohibieron recientemente a sus funcionarios el uso de TikTok en los dispositivos oficiales, algo a lo que se sumó Francia.

El gobierno francés prohibió la instalación y el uso de aplicaciones �Sde ocio⬝, como la red social TikTok o la plataforma estadounidense Netflix en los teléfonos oficiales de 2,5 millones de agentes de la función pública del Estado.

Fuentes cercanas al ministro de Función Pública, Stanislas Guerini, precisaron que estas aplicaciones presentan �Sriesgos en materia de ciberseguridad y protección de datos de los agentes públicos y de la Administración⬝.

TikTok es propiedad del grupo chino ByteDance, que posee una aplicación parecida pero distinta para China.

Este jueves, el jefe de ByteDance admitió en el Congreso que algunos datos personales de estadounidenses todavía están sujetos a la ley china, pero insistió en que esto cambiará pronto.

Chew prometió que de aquí a fin de año, todas estas informaciones, vinculadas a los 150 millones de usuarios estadounidenses, serán gestionadas únicamente por servidores del grupo tejano Oracle, situados en Estados Unidos.

En diciembre, la empresa reconoció que varios empleados habían utilizado datos para espiar a periodistas. Pero el grupo niega firmemente cualquier control o acceso del gobierno chino a estas informaciones.