El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dispuso este martes un cuarto intermedio hasta el jueves 5 para resolver cómo continuará la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

La decisión deberá dirimir entre el pedido de los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano de elevar el expediente a juicio oral y público y la solicitud de las defensas de realizar nuevas pericias oficiales. Los estudios requeridos buscan contrastar los informes informáticos y contables que constituyen el sustento central de la acusación, reunida durante casi ocho años de investigación.Urribarri, señalado por la Fiscalía como presunto autor, es defendido por Miguel Cullen. Cardona Herreros, acusado como supuesto partícipe necesario, cuenta con la representación de Ignacio Díaz y José Velázquez.

Los fiscales rechazaron la realización de las pericias por considerar que el planteo fue presentado fuera de término y que no incorpora elementos nuevos al objeto de la investigación. Además, ratificaron la validez de los informes, la idoneidad de los profesionales del Ministerio Público Fiscal que los elaboraron y la legalidad de las medidas adoptadas. También sostuvieron que las defensas fueron notificadas y no formularon objeciones oportunamente.

Los abogados defensores, en cambio, argumentaron que en instancias anteriores se les había indicado que no era el momento procesal para efectuar esos pedidos. Explicaron que recién al conocer la solicitud de elevación a juicio pudieron advertir las diferencias que, según sostienen, existen entre los montos de los informes contables y los consignados en el hecho atribuido.

Cullen reclamó una pericia contable independiente, con intervención de expertos oficiales y de parte, para precisar qué incremento patrimonial se considera injustificado.Según su planteo, la acusación incorpora recursos que podrían corresponder a la actividad económica autónoma de los hijos mayores del exmandatario.

Como parte de ese argumento, el defensor afirmó que Urribarri y su esposa, Ana Lía Aguilera, vendieron en 2012 los derechos federativos de su hijo Bruno, exfutbolista profesional, por 1.200.000 dólares. Presentó esa operación como un ingreso que debe contemplarse al analizar el patrimonio familiar.

El jueves, Budasoff dará a conocer si admite las medidas solicitadas por las defensas o dispone que la acusación avance a la instancia de juicio.

El juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa contra el presidente de la AFA, denunciado por un supuesto incremento patrimonial del 1000% entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.El expediente comenzó en la Justicia porteña, pero posteriormente se produjo una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, integrada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Qué información buscará la Justicia sobre las cuentas, bienes y movimientos de Chiqui TapiaCon las medidas autorizadas, la Justicia también buscará información sobre los inmuebles, cuentas, participaciones societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves que Tapia tenga o haya tenido durante el período investigado.Además, se solicitarán datos sobre sus movimientos migratorios, historial laboral y remuneraciones, así como eventuales reportes de operaciones sospechosas y los cargos y pagos que recibió de la CONMEBOL.La Fiscalía busca reunir toda esa documentación para elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita contrastar la evolución de los bienes y movimientos de Tapia con los ingresos que declaró durante los años bajo análisis. El objetivo es determinar si existe correspondencia entre ambos y si hay elementos que justifiquen nuevas medidas en la causa. (Fuente: TN)