Durante la jornada, los abogados cuestionaron aspectos del proceso, plantearon supuestas vulneraciones de garantías y solicitaron exclusiones de pruebas, además de pedir el cierre de la causa. Sin embargo, el magistrado rechazó esos argumentos y sostuvo que no se verificaron irregularidades que afecten el derecho de defensa.

Entre los puntos rechazados se encuentran los pedidos de extinción de la acción penal, la supuesta inconstitucionalidad del proceso, la alegada demora en los plazos y la existencia de doble juzgamiento. También fueron descartadas objeciones vinculadas a peritajes informáticos y a la recolección de evidencias.

Solo quedaron pendientes de resolución dos planteos, que serán abordados en la próxima audiencia, donde además las defensas podrán responder a lo resuelto por el juez.Este jueves continuará la audiencia con el tratamiento de los puntos pendientes y la posibilidad de que las partes formulen nuevas consideraciones. Luego de esta etapa, el magistrado deberá resolver si la causa es elevada a juicio oral.

La instancia actual es previa al juicio y define si la investigación avanza a esa fase, en un expediente que incluye pedidos de condena por presunto incremento patrimonial no justificado.

La causa, iniciada en 2012 tras una denuncia periodística, apunta a un presunto incremento patrimonial injustificado entre 2000 y 2016, período en el que Allende fue legislador provincial y figura central del gremio UPCN.Según confirmaron fuentes judiciales, las audiencias tendrán lugar en el Salón Nº 3 de los Tribunales de Paraná, bajo la supervisión del juez de Garantías N° 8, Pablo Zoff, quien tramita la causa desde el Juzgado de Transición N° 2. Intervienen como fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat.La primera en declarar será Diana María Cristina Traverso, exesposa de Allende, citada a las 9. Luego será el turno de sus hijos Victoria y Julio Alejandro Allende —este último con un cargo en planta permanente de la Cámara de Senadores, asignado por su padre— y, por último, declarará Adriana Guadalupe Satler, actual pareja del dirigente y empleada en la Cámara de Diputados. El propio Allende deberá comparecer el próximo viernes 16 de mayo.El Ministerio Público Fiscal sostiene que Allende aumentó su patrimonio de forma “desproporcionada” utilizando a familiares como testaferros para ocultar bienes y movimientos de dinero. “Actuaron como personas interpuestas”, detallaron los fiscales en su imputación, señalando maniobras destinadas a disimular el verdadero alcance de los bienes del exlegislador.Vale recordar que en 2021 se intentó cerrar la causa con un juicio abreviado en el que Allende admitía haber desviado fondos públicos para su beneficio personal. Sin embargo, ese acuerdo fue rechazado por el juez Elvio Garzón, lo que obligó a reactivar el expediente.Ahora, el caso entra en una etapa clave: por primera vez, toda la familia deberá dar explicaciones formales ante la Justicia.

Según el cronograma fijado, el martes 18 de marzo a las 8.30 deberá comparecer Allende en el Salón de Audiencias Nº 3 en los Tribunales de Paraná. Para ese mismo día, a las 10.30, está citada su hija Victoria Allende.Al día siguiente, miércoles 19 de marzo, será el turno de la esposa de Allende, Adriana Guadalupe Satler. La mujer, que fue ubicada por su marido en la planta de la Cámara de Diputados, tendrá que presentarse a las 8.30.Para el mismo miércoles, a las 10.30, está citado el otro hijo del dirigente sindical: Julio Alejandro Allende, también ubicado por su padre en la planta permanente de la Cámara de Senadores.Por último, el jueves 20 de marzo a las 9, deberá comparecer para ser indagada la primera esposa de Allende, Diana María Cristina Traverso.Las citaciones llevan la firma del juez de Garantías Nº 8, Pablo Zoff, que está a cargo del Juzgado de Transición Nº2, donde tramitan los legajos contra Allende y familia. Se corresponden con la determinación del objeto procesal, luego del análisis de medidas de prueba e informes periciales presentados, que debe ser puesta en conocimiento de los acusados quienes, a su vez, tendrán la posibilidad de declarar o abstenerse de hacerlo y podrán optar por responder o no las preguntas de los fiscales intervinientes, Gonzalo Badano y Sofía Patat.A José Ángel Allende se le imputa haber incrementado “de manera desproporcionada” su patrimonio entre 2000 y 2016, período en el cual se desempeñó como diputado provincial. Y que para lograrlo, se valió de sus hijos Julio Alejandro y Victoria Allende, su primera esposa Diana María Cristina Traverso y su segunda esposa Adriana Guadalupe Satler “quienes actuaron en calidad de personas interpuestas para disimular su patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”, describieron los fiscales en un escrito al que tuvo acceso este medio.Cabe recordar que la investigación penal respecto del patrimonio de Allende comenzó en 2012 a partir de una denuncia periodística de la revista ANÁLISIS.Entre otras inversiones adjudicadas a Allende en ese período se destacan vehículos de alta gama, aportes a distintas sociedades anónimas, pasajes aéreos, gastos de viajes a México, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, Panamá y otros destinos.También la compra de caballos pura sangre, casas y departamentos premium y otros bienes suntuarios como embarcaciones, autos de colección y reformas y equipamiento de distintos inmuebles. A los hijos de Allende, su esposa y su ex esposa se los imputa por “haber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial” del gremialista y ex legislador.    “A sabiendas de que su capacidad económica era insuficiente para justificar inversiones y compras en relación a sus fuentes de ingreso, actuaron en calidad de personas interpuestas para disimular el real patrimonio”, se indicó en el escrito, en el que se detallaron una serie de inversiones a nombre de ellos: sociedades, lanchas, autos, departamentos y camionetas, entre otras.A la vez, se imputa a Allende por haberse interesado de forma directa en el otorgamiento de subsidios por parte de la Cámara de Diputados cuando era su presidente, a la Fundación Esperanza, en la que primero fue titular él mismo y luego su esposa con su hija en el rol de tesorera. La calificación legal de este delito es la de negociaciones incompatibles con la función pública. (Análisis)

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, tomó posesión del inmueble y solicitó su inscripción a nombre de la Provincia de Entre Ríos. Yedro cuestionó esta decisión argumentando que el inmueble no pertenecía a ninguno de los dos condenados, sino a una sociedad que no había sido condenada ni llamada a juicio. Por lo tanto, presentó una acción reivindicatoria en sede civil.

La Justicia Civil respaldó la posición del Gobierno de Entre Ríos en primera instancia, y aunque Yedro apeló la decisión, la Cámara Civil y Comercial de Concepción del Uruguay confirmó la posición del estado entrerriano. El argumento principal fue que el decomiso había sido ordenado por la sentencia penal y había sido confirmado en todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como resultado de esta sentencia, el inmueble fue destinado a la colonia productiva Guardamonte mediante una ley de la Legislatura Entrerriana, y esta nueva sentencia válida dicha acción por parte del Poder Judicial.

El juicio oral contra Osvaldo Raúl Bejarán finalizó este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal, integrado por los jueces Valeria Pedrana, Hebe Marcogliese y Héctor Núñez Cartelle, encontró culpable al acusado.

El fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Gonzalo Fernández Bussy, le había atribuido, en su calidad de funcionario público, haber incrementado injustificadamente su patrimonio.

A partir del año 2001 el imputado comenzó a �Scumplir funciones como jefe de la División Leyes Especiales, a partir de ese momento y en el lapso de dos años comenzó el aumento infundado de sus bienes registrables⬝, informó Fiscalía.

En 2003, Bejarán adquirió una licencia de taxi en conjunto con un rodado Fiat Siena y en el mismo año compró un Chevrolet Corsa cero kilómetro. Así también, en 2004, sumó una finca y otro vehículo marca Renault, todos bienes conseguidos con un único ingresó como personal policial.

El imputado pasó por distintas jerarquías policiales desde el año 1978 hasta el año 2008 cuando se retiró como comisario general de la URX Iriondo.

El comisario mayor retirado fue procesado por enriquecimiento ilícito en 2016 por la jueza Alejandra Rodenas, hoy vicegobernadora de Santa Fe, quien por entonces consideró una pericia contable que estimó que el patrimonio del acusado no concidía con sus ingresos.