Advierten que la medida afecta a medios locales, cableoperadores pequeños y comunidades del interior, representando un retroceso en pluralidad, diversidad cultural y federalismo.

Sostienen que la normativa favorece la concentración mediática y reduce el acceso a contenidos regionales, contrariamente a lo que ocurre en países como Francia, Canadá y Reino Unido, donde el Estado garantiza la presencia de voces locales en los medios.

Mediante un proyecto de resolución que presentó el diputado santafesino, Esteban Paulón, que pertenece al Partido Socialista (PS), junto a su par, Mónica Fein, fundamentó el “enérgico rechazo al dictado de la Resolución 1094/2024, adoptada por el interventor del  Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2024, a través de la cual se elimina la obligación de incluir señales de contenido eminentemente federal, en las grillas de programación de los servicios de televisión por suscripción por vínculo físico y/o radioeléctrico y satelital”. Paulón y Fein manifestaron su “profunda preocupación por los múltiples impactos negativos de esta medida, que afecta particularmente a las emisoras de contenido local y regional, cable operadores locales de menor escala –a quienes se aseguraba la inclusión de dicha programación-, y a los pueblos del interior del país, en lo que representa un retroceso en materia de pluralidad informativa, diversidad cultural y desarrollo sociocultural y federal para la sociedad argentina”.Dentro de los fundamentos, según informó el portal parlamentario.com, los diputados santafesinos que pertenecen al bloque Encuentro Federal,  señalaron que esta medida “refuerza la posición dominante de los grandes grupos que concentran tanto la generación de contenidos como su distribución, con la posibilidad de decidir arbitrariamente qué señales incluir en sus grillas y cuáles excluir”. Por otro lado, afirmó que “perjudica a los operadores locales de pequeña escala”.ResponsableEn el proyecto, Paulón y Fein mencionan a Juan Martín Ozores, interventor del Enacom. Entendieron que “con la nueva desregulación se deja sin efecto una norma que pretendía asegurar que las señales más relevantes en términos formativos, culturales, informativos y locales tengan acceso equitativo a la distribución de contenidos, a través de la imposición de la obligación de garantizar que así sea a los servicios de televisión por suscripción, con independencia de la tecnología que utilicen los titulares de los mismos. Ello impacta en perjuicio de las producciones locales, el desarrollo de las identidades culturales de cada región y el fortalecimiento del federalismo, y atenta contra la pluralidad diversidad informativa”, concluyó en el proyecto de ley. (APFDigital) 

Así señalaron este martes el interventor del organismo, Juan Martín Ozores y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genual, ambos instruidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.En este sentido, Genua afirmó que “la adicción al juego online en niños y adolescentes es un flagelo que se produce al amparo de sitios web que promueven las apuestas ilegales”, al tiempo que agregó: “Tenemos el compromiso de trabajar articuladamente con otros organismos para prevenir el desarrollo de estas plataformas ilegales”.Por su parte, Ozores consideró que cuando llega al ENACOM un oficio judicial que solicita el bloqueo del acceso a los sitios de apuestas ilegales, informan inmediatamente a las empresas proveedoras de Internet para que lo implementen. NA. 

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), eliminó las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable, a través de la Resolución 13/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial.La normativa deja sin efecto una serie de reglamentaciones que establecían topes a las subas de los servicios de telecomunicaciones, entre las que estaban que no podían aplicar incrementos superiores al 10% mensual. Ahora las empresas tendrán vía libre para estipular las actualizaciones en sus valores.La decisión del organismo intervenido a principios de año entrará en vigencia desde su publicación, por lo que el impacto en las tarifas del cable, celulares e internet ya podría verse reflejado desde julio.La medida se ampara en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 302 del 9 de abril de 2024, que derogó el DNU N° 690/2020, junto con el Artículo 15 de la Ley N° 27.078 y modificatorias, e incluyó cambios en sus artículos 48 y 54.A partir de la modificación, el artículo 48 establece que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.Además, el texto oficial recordó que en los considerandos del DNU 302/2024 se expuso que “…los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente”.En esa línea, también mencionaba que “… el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”.La desregulación de las telecomunicaciones se da en medio del impacto que atraviesa el sector por la recesión, lo que se reflejó en un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), donde se revela que las familias argentinas están buscando reducir el impacto de los costos de la conectividad en sus presupuestos.El estudio arrojó que el 67,5% de los hogares argentinos implementaron medidas para reducir los costos de su servicio de internet fijo, en respuesta al complejo contexto económico de los últimos meses. Mientras que el 65,3% de los hogares también ajustaron sus gastos en servicios de TV paga. NA.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso la transferencia de $ 20.000 millones del Fondo Fiduciario del Servicio Universal para financiar obras de conectividad en barrios populares, a través de la Resolución 2089/2023 publicada en el Boletín Oficial, al tiempo que especificó la normativa técnica que deberán cumplir los dispositivos 5G en el país.

El programa del Enacom, creado en junio de 2020 y con el objetivo de desarrollar la infraestructura de internet, se encuentra dirigido a las villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap).

La iniciativa busca propiciar la reducción de la “brecha digital” a través de la implementación de proyectos que permitan la conectividad en dichos barrios, sin que las condiciones socio-económicas constituyan un impedimento.

Asimismo, se propone estimular que los actores de la comunidad se constituyan en licenciatarios de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) –un requisito para la presentación de proyectos al programa- mediante capacitaciones y acompañamiento, además de favorecer los procesos de formación digital en general.

La propuesta prevé el financiamiento de hasta el 100 % de los proyectos elegidos con un monto máximo de $170 millones para barrios populares de hasta 8.000 familias, $340 millones para asentamientos con más de 8.000 familias, y de $600 millones para proyectos que involucren a más de un barrio. El Fondo Fiduciario administrado por el Enacom, se encuentra conformado por aportes equivalentes al 1 % de los ingresos totales de cada licenciatario de servicios de telecomunicaciones y financia, además de este programa, diferentes iniciativas que buscan posibilitar el acceso de calidad y a un “precio razonable” de los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes.

Este año se transfirieron fondos al programa por $ 19.000 millones a través de las resoluciones 565/2023, 932/2023 y 1387/2023.

Según la resolución de este jueves, los compromisos del programa y la “insuficiencia de los fondos oportunamente destinados para asegurar su prosecución” hace necesaria la ampliación del monto en $ 20.000 millones.

De acuerdo con el Renabap, en el país existen 4.561 barrios populares donde viven más de cuatro millones de personas, y 65% de los mismos no cuentan con acceso a Internet.

Tecnología 5G

Por otro lado, a través de la Resolución 2097/2023, el Enacom aprobó la norma técnica para dispositivos 5G para avanzar en el desarrollo y la expansión de la tecnología en el país.

“Esta normativa busca cubrir las distintas tecnologías que emplean los terminales de usuario utilizados en los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) y en el Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI)”, señaló el organismo en un comunicado.

La resolución fija que hasta que haya, al menos, dos laboratorios acreditados para certificar los equipos, se aceptarán informes de ensayos extendidos por laboratorios extranjeros, siempre y cuando se cumpla con los límites de exposición a los campos electromagnéticos fijados en la legislación argentina.

A partir de estas normas técnicas, se especifican las condiciones mínimas necesarias que deben cumplir los equipos 5G, favoreciendo un uso “eficaz y eficiente” del espectro radioeléctrico.

Las frecuencias 5G fueron adjudicadas en octubre último, a través de una subasta que permitió al Tesoro Nacional el ingreso de más de US$ 875 millones por parte de las prestadoras Claro, Telefónica y Telecom.

Producto de las expresiones vertidas el día 06 de abril de 2023, en el programa �S+ VIVIANA⬝ conducido por la periodista Viviana Canosa con la intervención de la periodista Laura Di Marco como entrevistada, correspondiente a la grilla de programación de la señal LN+, en el que se habrían difundido enunciados estigmatizantes y discriminatorios respecto de la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y de su hija, Florencia Kirchner, el organismo pone en conocimiento de la ciudadanía las acciones que tomará conforme a la Ley N° 26.522 (LSCA), que regula la actividad de los servicios de comunicación audiovisual.

A fin de verificar el fiel cumplimiento a la normativa, y conforme a las facultades emergentes del artículo 12 inc. 12 de la Ley N° 26.522, ENACOM ha procedido a iniciar el correspondiente sumario al medio antes citado. Durante esta etapa se llevará adelante un proceso de análisis y evaluación del programa en cuestión, y en caso de concluir que el mismo contraviene la normativa, se procederá a iniciar el cargo pertinente de conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley N° 26.522 (LSCA), para que el responsable de la señal LN+ haga su descargo.

Finalmente, y concluida esta etapa, se analizará si corresponde la aplicación de las sanciones previstas en los artículo 103 y 110 de la Ley N° 26.522 (LSCA).

La LSCA establece dentro de los objetivos de los contenidos de los servicios regulados por ella: �S... La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; ..La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos; ..Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual..⬝

Además, el artículo 70 de la norma dispone que �SLa programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes⬝.

Asimismo, el artículo 71 establece que �SQuienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes ... 25.926, sobre pautas para la difusión de temas vinculados con la salud, 26.485 �Ley de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales... así como de sus normas complementarias y/o modificatorias y de las normas que se dicten para la protección de la salud y de protección ante conductas discriminatorias⬝.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) destinará $1.500 millones para mejorar la conectividad en zonas de controles de frontera y pasos fronterizos, según se dispuso a través de la resolución 1023/2022 publicada en el Boletín Oficial. En una primera etapa, el nuevo programa de inversiones, buscará incrementar la cobertura y mejorar la calidad de acceso en los cruces fronterizos de Paso de Jama�Susque (Jujuy), Trevelin�Futaleufú (Chubut), Icalma Pino Hachado (Neuquén), Monte Aymot (Santa Cruz), Pehuenche�Badas Blancas (Mendoza) y el Paso de San Francisco (Catamarca).

De esta forma, el programa tendrá como objetivo �Sincrementar la cobertura y mejorar la calidad del acceso a internet de banda ancha en aquellas zonas de menor interés para los operadores mayoristas del sector privado⬝ a través de la expansión de la Red Federal de Fibra �ptica (Refefo) a cargo de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), además de �Scerrar anillos de fibra óptica regionales, para garantizar la redundancia de redes⬝

El financiamiento, que totalizará $ 1.500 millones, provendrá del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, administrado por el Enacom.

Dicho Fondo se encuentra conformado por aportes equivalentes al 1% de los ingresos totales de cada licenciatario de servicios de telecomunicaciones, y financia, además de este programa, diferentes iniciativas que buscan posibilitar el acceso de calidad y a un �Sprecio razonable⬝ de los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes.

Entre los beneficios señalados por los considerandos de la resolución, se destaca que la mejora de la conectividad, en el caso concreto de los pasos fronterizos, es una �Sherramienta fundamental para el turismo extranjero⬝ ya que se trata de áreas donde �Sel alcance de datos puede ser escaso⬝.

Asimismo, �Sla conectividad de calidad permitirá tecnificar y alcanzar altos estándares de invulnerabilidad interna⬝ en los sistemas de seguridad de los pasos, y mejorar la administración de la documentación obligatoria del cruce de las personas.

En junio del año pasado, en una iniciativa similar, Arsat, la Jefatura de Gabinete, y el Ministerio del Interior firmaron un convenio marco de cooperación y colaboración para conectar 13 cruces internacionales a la Refefo con una inversión estimada de $ 1.380 millones.

Dichos cruces beneficiados fueron con Bolivia en La Quiaca-Villazón y Salvador Mazza-San José de Pocitos; con Brasil en Bernardo de Irigoyen-Barracão, Paso de los Libres-Uruguaiana y Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu; con Chile en Paso de Jama-Susques, Uspallata-Santiago de Chile, Paso de las Carretas-Santiago de Chile y Ushuaia-Puerto Williams (conexión submarina); con Paraguay en Clorinda-José Falcón y Posadas-Encarnación y con Uruguay en Gualeguaychú-Fray Bentos y Concordia-Salto. Fuente, Télam.

Normalmente, las radios municipales, están hechas para dar informaciones municipales, no para competir en publicidad; mientras los medios de comunicación se debaten para subsistir, está la competencia desleal de la municipal donde los sueldos de todos los empleados lo pagan los ciudadanos. No solo interfiere la comunicación de las aeronaves, sino también la de los medios locales.

Las interferencias generadas por las emisiones ponen en riesgo la seguridad de la vida humana, por lo que infringen los artículos 190 y 194 del Código Penal, los que establecen:

Art 190: �SSerá reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave. Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión⬝.

Art 194: �SEl que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años⬝.

Además, se notificó al encargado que �Slas instalaciones y equipos de telecomunicaciones que funcionen sin la autorización formal correspondiente se consideran clandestinas⬝; por lo que el responsable confirmó que procederá a desactivar la transmisión de la emisora.

Por último, se dejó constancia que la radio en cuestión, �Sno deberá volver a emitir hasta tanto el ENACOM resuelva su legalidad, de conformidad con la legislación vigente⬝.

"Nosotros vamos a rechazar los aumentos", dijo López, quien advirtió que "lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70 % de aumento en un año", incremento al que calificó de "disparate".

"Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio", enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20 %, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32 %, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

"Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar", indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

"En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público" insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, "las empresas están invirtiendo más que en el 2019", cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, "la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía".

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: "subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos".

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que "nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor".

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector "quisieron volver a aumentar de un modo brutal" los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público "le pese a quien le pese".

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que "en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas".

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que "vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda".

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

"Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo específico", indicó.

Recordó que "todo esto vino a partir de la pandemia" y que "el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba".

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en "Chile ya tiene media sanción el servicio público de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada".

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y "algunos países de Europa", agregó el funcionario.

"Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio público nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre", finalizó López.

El objetivo de esta iniciativa es poner en funcionamiento un servicio de localización avanzada de llamadas de emergencia, con el fin de ubicar con rapidez el origen de la llamada de emergencia cursada a través del 911, ya que una de las ventajas de los dispositivos móviles es que permiten su geolocalización. Así, podrán acortarse notablemente los tiempos de respuesta.

Del encuentro, encabezado por el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, participaron el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Marcelo Fuks; la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia Paola La Ruffa; el jefe de Gabinete de ENACOM, Ariel Martínez; el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del Ente, Diego Leiva, y el coordinador de Asuntos Técnicos, Sergio D�"Uva.

Durante la reunión, Ambrosini expresó: �STrabajamos mancomunadamente con todo el equipo del Ministerio de Seguridad, ya que hace meses estaba planteada esta demanda relacionadas con la seguridad. Pudimos firmar el convenio y dar soluciones a un tema sensible para la sociedad como es una emergencia. Estamos muy contentos por hacer realidad lo que empezamos desde hace mucho tiempo junto con el Ministerio de Seguridad⬝.

Por su parte, Frederic aseguró: �SAcabamos de firmar este convenio con ENACOM que es muy importante, pues nos permite, a través del software del 911 federal que nosotros brindamos gratuitamente a todas las provincias, poder tener una nueva herramienta: la geolocalización de la persona que está pidiendo auxilio. Es una respuesta que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, por una serie de demandas planteadas por las jurisdicciones, incluso en el Consejo de Seguridad Interior celebrado en la provincia de Tucumán en febrero de 2020⬝. Y finalizó: �SEstamos muy contentos por este trabajo en conjunto con ENACOM, ya que creemos que nos brinda una herramienta muy útil para la seguridad de todas y todos⬝.

En consecuencia, resulta de vital relevancia que los prestadores de servicios de comunicaciones móviles brinden colaboración con los servicios de atención 911 nacionales y provinciales, a fin de garantizar la factibilidad técnica para la implementación del servicio.

De ese motivo, el convenio determina la prohibición para los prestadores de servicios de comunicaciones móviles de trasladar a las y los usuarios los costos que demande la adecuación de sus redes a los fines de la implementación del sistema que se dispone con esta medida.

En este sentido, las empresas prestadoras de todo el país deberán permitir el libre tráfico de mensajes SMS y de paquetes de datos móviles cuando una persona marque un número de emergencia.

Asimismo, se invita a los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, a implementar en sus respectivos ámbitos los sistemas de localización avanzada de llamadas de emergencias originadas en los servicios de comunicaciones móviles.

Finalmente, cabe destacar el trabajo realizado desde ENACOM por Diego Bassanelli y Verónica Pagola, quienes desde la Coordinación de Asuntos Técnicos que dirige Sergio D�"Uva trabajaron junto con las empresas los aspectos técnicos que hicieron posible la resolución.

ENACOM continúa trabajando mancomunadamente con los distintos organismos del Estado nacional para llevar adelante políticas públicas que beneficien a todas y todos los habitantes del país.

En este sentido, en abril de este año se notificó a las empresas prestadoras que no se habían autorizado incrementos para los meses de mayo y junio de 2021. Por consiguiente, cualquier aumento dispuesto unilateralmente por parte de ellas deberá ser refacturado en julio, con devolución de los importes más el interés punitorio correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios a las y los clientes que no hayan abonado hasta tanto no se efectúe la refacturación.

Por otra parte, y de acuerdo con una decisión tomada en reunión por el Directorio del Ente, los servicios TIC sufrirán un incremento del 3% en el mes de junio de 2021 y un 5% en el mes de julio de 2021. Asimismo, se estipula para el 1 de diciembre de 2021 una nueva revisión, por lo que los precios de los servicios de julio estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2021 inclusive.

En consecuencia, para los servicios de telefonía móvil, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%.

A partir de la revisión de diciembre de 2021, se elaborará una fórmula orientativa que contemplará precio justo, equitativo y razonable, que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas. �anicamente se autorizarán incrementos en los valores de los meses de abril, agosto y diciembre de cada año.

 Llevada adelante de manera virtual para detallar y explicar los pasos a seguir a partir del vencimiento del plazo estipulado para que el Organismo realice su descargo ante la cautelar presentada en el Poder Judicial por la empresa Telecom Argentina S.A., en la cual solicita se declare inconstitucional el DNU 690, la conferencia contó con la presencia del presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini; el vicepresidente, Gustavo López; los directores Gonzalo Quilodrán y Alejandro Gigena; la directora María Florencia Pacheco; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez; el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva; el director nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, Javier Forlenza, y los 27 delegados y delegadas provinciales del Organismo. Asimismo, participaron Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública; y Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Durante la exposición, Claudio Ambrosini sostuvo que �Sla preocupación del Gobierno nacional es garantizar a todos los habitantes, fundamentalmente a los que menos tienen, servicios de calidad. Con la pandemia, el Gobierno puso la lupa sobre la conectividad y su necesidad como servicio público esencial en competencia⬝. �SCuando llegamos al Gobierno quisimos privilegiar a los sectores más necesitados; por ello establecimos, a través del 690, que los servicios TIC debían tener un precio lógico y previsible para llegar a todos los habitantes del país que utilizan gran parte de sus ingresos en afrontar precios en conectividad que no son accesibles para sus bolsillos. Y por ello creamos la Prestación Básica Universal, para poder atender sus necesidades. Estamos en una instancia de cautelar que habilita a los usuarios de una compañía a pagar servicios más caros; queremos que todas las asociaciones conozcan nuestra estrategia, que aporten sus ideas para acompañarnos⬝, describió el funcionario.

A su turno, Gustavo López aseguró que el DNU generó instrumentos para que todos y todas puedan acceder a la conectividad en condiciones de igualdad. �SEs imprescindible el derecho a estar conectados. Todos los Estados dicen que estudiemos y trabajemos desde casa, pero la Sala II dice que lo hagamos siempre y cuando podamos pagarlo. El fallo no habla del ciudadano en ningún punto, por eso están acá las asociaciones. Hay un derecho especial de usuarios y consumidores, y obligaciones especiales de las empresas hacia ellos. En el fallo no hay ninguna mención a esta situación, como si no formaran parte del asunto⬝.

Por su parte, Diego Leiva explicó las cuestiones técnicas del fallo cautelar y los pasos a seguir. En tal sentido, adelantó que el viernes 14 de mayo ENACOM presentará un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, con los argumentos legales para hacer valer la legalidad y vigencia del DNU 690. Entre ellos, que la situación planteada transciende el interés de las partes e interviene sobre el DNU, que tiene carácter de ley, y afecta un servicio necesario para todas y todos los ciudadanos; que el fallo no se fundamenta en las pruebas, sino en un supuesto perjuicio económico basado en los dichos del accionante, para lo cual el Ente presentó los balances de las empresas acreditando que el 690 no implica perjuicio económico para ellas, y principalmente, la afectación de la implementación de la PBU, que es un nuevo derecho consagrado para dar respuesta a los sectores más vulnerables, interfiriendo en la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de fijar las políticas a implementarse.

Luego, los exponentes por parte de las asociaciones explicaron y detallaron cómo se debe continuar respecto a la situación actual, teniendo en cuenta las acciones colectivas para acompañar la decisión de ENACOM y dar respuesta urgente a las necesidades y los derechos vulnerados de los usuarios y usuarias de los servicios TIC.

En relación con ello, representantes de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA) informaron que en enero se iniciaron acciones legales colectivas ante las cuatro prestadoras principales TIC por la aplicación de aumentos superiores a lo autorizado pertinentemente por ENACOM. La medida cautelar vigente, que obliga a Telecom Argentina S.A. a retrotraer los precios a diciembre 2020 y solo aplicar un 5% de aumento, continúa siendo incumplida por la empresa.

Ante esta situación, es importante aclarar que cuando Telecom se presentó ante la Sala II de la

Cámara Contencioso Administrativo Federal, donde obtuvo un fallo favorable dividido, no hizo

mención alguna a la cautelar vigente previamente detallada, incurriendo en lo que, de acuerdo con el artículo 182 del Código Penal, se conoce como fraude procesal, ocultando información fundamental para que el juez competente pueda tomar una decisión con todos los elementos de relevancia jurídica. Posteriormente a las presentaciones, las autoridades de ENACOM respondieron las preguntas de los medios y periodistas participantes. En representación de las asociaciones participaron: Asociación Coordinadora de Usuarios,

Consumidores y Contribuyentes (ACUCC); Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC); Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC); Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes (AUC); Consumidores Libres; Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO); Liga de Consumidores (LIDECO); Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER); Asociación de Defensa del Consumidor (PROTECTORA); Unión Argentina para la Defensa del Consumo (UNADEC); Unión Consumidores de Argentina; Unión de Usuarios y Consumidores; Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO); Consumidores Argentinos; Red Argentina de Consumidores (RAC); Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), y Asociación Argentina de Usuarios de Internet (INTERNAUTA).

A través del diálogo y el trabajo interrelacionado con los actores de la industria y el mercado TIC, ENACOM refuerza su compromiso por la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, más aún en el contexto actual que la pandemia de COVID-19 obliga enfrentar, por lo que hará uso de sus facultades como regulador para resguardar el acatamiento de las normas vigentes y articular las herramientas legales correspondientes frente a los incumplimientos en los que incurran las prestadoras.

Por ese motivo, cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente.

Asimismo, se recuerda que las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes.

�SEl cambio en la política de comunicaciones tuvo dos hitos en el año 2020: el DNU 690 que incorpora el derecho a la conectividad y los cambios en la entrega de los aportes no retornables (ANR) para la construcción de redes⬝, dijo López en diálogo con Télam.

�SEl decreto 690 marca un cambio importante en la política porque incorpora el derecho a la conectividad⬝, señaló el funcionario, quien recordó que estos servicios �Shasta ahora eran un bien de mercado, cuando en la práctica los mismos gobiernos locales, provinciales y nacional le decían al ciudadano que haga el trámite por internet.

�SSon servicios esenciales que sólo regían las reglas del mercado⬝, por eso �Ses importantísima la decisión política de reconocerlos como servicios esenciales y como servicios público⬝, agregó.

Recordó que el mismo decreto establece la prestación básica universal y obligatoria y que �Sen diciembre lo que hicimos fue establecer las condiciones⬝ en que se va a prestar la misma, en referencia a la resolución 1467.

Esa resolución define el universo de personas que pueden solicitar a las empresas -desde el primer día de 2021- pasar los planes actuales a la prestación básica universal que para telefonía móvil parte de un plan de $200 y planes de datos de $150; para internet una conexión fija de 5 megas por $700 pesos y reducciones de hasta 40% en el abono de TV paga según el tamaño del operador.

�SEstablecimos una prestación básica para que nadie quede desconectado⬝, enfatizó López, para aclarar que los beneficiarios deben tener como ingresos un máximo de dos salarios mínimo vital y móvil.

Consultado sobre la implementación de la prestación básica, López dijo que operativamente el �Scircuito puede llevar un par de semanas⬝, pero aclaró que �Squienes están en el universo de beneficiados ya pueden pedir a las empresas esa prestación.

�STodas las empresas, grandes, chicas y cooperativas, están trabajando para poder dar la prestación básica⬝, subrayó.

En ese sentido y consultado por la reunión de referentes del cooperativismo con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó que �Scon las cooperativas y con las pymes mantendremos reuniones durante enero para analizar las asimetrías y ver si en febrero hay que segmentar de una manera diferente⬝.

Un reclamo en el que coinciden cooperativas y pymes es que los precios previstos para la prestación básica, especialmente en internet y televisión paga, no alcanzan a cubrir los costos y en los casos de las más chicas, para dar conexiones de 5 mega necesitan hacer un salto tecnológico en sus redes.

En ese sentido López destacó la resolución 270 del Enacom que modificó el pliego de Bases y Condiciones para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) y que amplió la participación a localidades de 30.000 habitantes (antes era de 10.000); elevó el anticipo del monto del 20 al 30% y el importe por localidad de 10 a 20 millones de pesos, entre otras medidas.

�SEl Enacom implementó nueve nuevas líneas de ANR, lo que permitió que en 10 meses de gestión otorgáramos el doble en ANR que el gobierno anterior en 4 años⬝, subrayó.

Esta decisión �Smarca un cambio cualitativo en la extensión de las redes⬝, junto a las iniciativas para conectar a instituciones públicas (escuelas, centros de salud y seguridad) y asegurar conectividad en barrios populares.

�SEstamos en condiciones de otorgar $20.000 millones de pesos en ANR hasta el año 2023⬝, proyectó.

�SEsta decisión más el decreto 690 son dos cosas que reflejan el cambio de la política en el organismo en el primer año de gestión; antes era un organismo al servicio de las privatizadas⬝, agregó.

Respecto a la relación con las grandes empresas, López aseguró que �Snunca se cortó el diálogo⬝.

El funcionario señaló que para estas compañías �Sel aumento del 5% -que descongela los precios por fuera de la prestación básica- es insuficiente; pero nosotros les decimos que estamos saliendo de una situación inédita en el planeta.

�STodos tenemos que acompañar lo que ha sucedido que tiene que ver con el poder adquisitivo de la sociedad hasta que se puedan recomponer todos los valores empezando por las posibilidades de la gente; sería contradictorio declararlo servicio esencial y que después no lo puedas pagar⬝, concluyó.

Consultado por cual es el problema de la conectividad, en provincias como Entre Ríos, sobre todos en comunicaciones de la Costa del Uruguay, López explicó que �Shay deficiencia en las empresas privadas para brindar un servicio con la suficiente potencia para que un celular, en una zona limítrofe, en lugar de conectarse con Argentina, se conecte con Uruguay, Brasil o Paraguay, dependiendo de la zona en la que se encuentre⬝. 

�SEso se da por la postergación que se fue haciendo en lo que se llama el despliegue de redes⬝, remarcó el abogado. �SEn 2014/2015 se licito el 4G, que tenia que ser expandido entre 2015 y 2020; en el 2016 se suspendió esa obligación y se retomó en 2018, quiere decir que lo que se tenía que terminar este año, se va a terminar dentro de dos años⬝, explicó López.

El vicepresidente del ente regulador expresó que �Slas tres empresas de celular, ya hicieron su despliegue en los grandes centros urbanos, pero en los lugares donde hay menor densidad de población, fueron más lento⬝. �SEsto se soluciona con el cumplimiento de las obras contractuales que tienen las empresas en el transcurso de los próximos 18 meses y ahí está el ENACOM para controlar ese despliegue⬝, mencionó.

Con respecto a la función del 4G y el 5G, el ex interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), explicó que es otra forma de llamarse por teléfono o compartirse datos con mayor capacidad⬝. �SHoy, todos los celulares que se venden en Argentina son 4G, o sea, pueden transmitir datos, ver una película o partido de futbol siempre y cuando haya conectividad⬝, explicó. �SEn muchos lugares de argentina no llegó el 4G y nosotros ya estamos discutiendo el 5G⬝, enfatizó.

Con respecto a la provincia de Entre Ríos, López adelantó que �Sel ultimo directorio aprobó lo que estaba frenado hace tiempo, que es una frecuencia radioeléctrica para que ENERSA (Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima) la pueda utilizar. �SEso va a dar conectividad a gran parte de la ruralidad en la provincia⬝, confirmó.

Por otro lado, el ex ministro-secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, describió que �Slanzamos cuatro nuevos planes, sumado al que ya estaba para localidad hasta 30 mil habitantes; estamos dando subsidios que se llaman adelanto no reembolsable, subsidios para conectividad, ya sea por fibra óptica o radio enlace; para barrios populares en las grandes ciudades; para educación, salud y seguridad; para corredores viales y zonas de difícil acceso como, por ejemplo, el delta o la zona selvática⬝. �SEsos planes están en ejecución⬝, confirmó.

Con respecto a las inversiones del ente, López destacó que �Sal día de hoy, en lo que va de nuestra gestión, llevamos otorgados 800 millones de pesos que, seguramente, para fin de año, vamos a estar superando los 1000 millones⬝. �SLa inversión de la ENACOM, en cuatro años va a rondar los 20 mil millones de pesos; eso significa conectividad para gran parte del país, pensamos que podemos duplicar la capacidad existente⬝, detalló el funcionario.

�SPara nosotros, el acceso a estas herramientas, es un derecho humano básico; lo que el Presidente hizo cuando lo declaro servicio público, además de declararlo servicio público; nosotros, desde la ENACOM, estamos poniendo los fondos necesarios para que ese servicio llegue a la gente⬝, mencionó López. �SVamos a obligar, como corresponde según los contratos, a las empresas también a hacer las inversiones que tienen que hacer porque la señal, en muchos lugares, se engancha como larga distancia⬝, sentenció.

El ex subsecretario General de la Presidencia de la Nación hizo hincapié en que �Shoy, estudiar, trabajar, el mundo productivo necesita la conectividad; no es solo para ver una película, que todo el mundo tiene derecho a hacerlo y es un disfrute y es un consumo cultural; el hombre de campo, las industrias necesitan conectividad; las empresas; el comercio de la esquina necesita conectividad para poder vender con las tarjetas⬝, enfatizó. �SHay muchas localidades del Litoral que tienen mala conectividad⬝, resaltó López.

Consultado por la fibra óptica, el vicepresidente del ENACOM expresó que �Sno todo es fibra óptica, hay otros lugares que, económicamente, conviene hacer radio enlace⬝. �SPara nosotros es un compromiso, es un progreso social, económico, tiene que ver con estar conectados, que los chicos y los universitarios puedan estudiar⬝, agregó. �SHemos logrado que, en pandemia, todo esto sea gratuito y tiene que quedar así; esto quiere decir que las paginas universitarias o las paginas educativas primarias o secundarias, de los ministerios públicos, no van a consumir datos, eso es llevar a la practica el derecho humano básico de la comunicación⬝, extendió el letrado argentino.

Por último, López se refirió a los problemas radiofónicos con los espectros y expresó que �Seste mismo problema teníamos cuando era interventor del COMFER, son los mismos problemas⬝. �SEl estado está en falta en ese sentido; estamos presentando un nuevo plan de normalización, provincia por provincia, para ir solucionando estos problemas⬝, finalizó.

Muga será, quien se hará cargo del ente que tiene sus oficinas en calle Illia 193 y 195 (Paraná) y que supo ocupar Juan Diego Etchevehere.

Muga milita con Hugo Retamar en el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid). De hecho ocupó lugares en la conducción del gremio. Actualmente es secretario de Turismo de esa entidad.

En la actividad se desempeña como camarógrafo en el canal 2 de Victoria y estudió, en Paraná, Ciencias Políticas.

Forja forma parte del Frente de Todos y acompañó al frente Creer que llevó a la reelección a Gustavo Bordet.

Cabe recordar que el cargo quedó vacante a mediados del mandato, cuando Mauricio Macri decretó que no podía haber familiares en el gobierno.

El cargo de Juan Diego era incompatible con el de Luis Miguel, entonces ministro de Agroindustria. Terminó dando un paso al costado el primero.