La información fue aportada desde el Ministerio de Desarrollo Económico y surge de un estudio realizado por la Secretaría de Industria. Cabe señalar que la implementación del RINI del gobierno entrerriano aporta a la generación de condiciones seguras para 1.700 nuevos empleos privados genuinos en la provincia.Al poner en contexto el impacto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que esto forma parte de una política pública, en la cual "el gobernador Rogelio Frigerio dijo claramente que el RINI está relacionado en forma directa a esta nueva forma de trabajo en donde el Estado pone foco en generar condiciones para que haya desarrollo, inversión y empleo privado".En tanto, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, afirmó que "los empresarios entendieron los beneficios del RINI y eligieron invertir en la provincia. Cada proyecto genera nuevos puestos de trabajo privado y esa es nuestra prioridad y el desafío por el cual trabajamos a diario".En cuanto a la distribución por rubros, los proyectos de inversión incluyen transporte, industria, salud, turismo, economía circular, neutralidad de huella de carbono, fibra óptica; y cría de aves y cerdos. Territorialmente, el departamento Paraná concentra el 37,9 por ciento de las inversiones propuestas; y le siguen Gualeguaychú, con el 18,8 por ciento; Gualeguay (11,9 por ciento); Federación (11,5 por ciento); Diamante (10,3 por ciento); Colón (7,7 por ciento); y el resto en La Paz.En el sector privado ponen en valor el rol de la herramienta provincial. Desde Gualeguay, el director de la empresa Internet Services, Patricio Seoane, subrayó en su momento, que "la aprobación del RINI fue, sin dudas, un empujón fuerte, dado que íbamos a empezar en un sector de la ciudad y gracias a los beneficios fiscales decidimos extendernos a toda la localidad". 

Entre Ríos atraviesa un deterioro marcado de su entramado económico: desde fines de 2023 cerraron 854 empresas, lo que representa una caída del 5,5%, un porcentaje que supera el promedio nacional y que refleja con claridad el impacto de la actual coyuntura sobre la provincia.El dato no es aislado. Sectores clave de la economía entrerriana comenzaron a mostrar señales de debilitamiento, con dificultades en la industria avícola, la cadena citrícola y la actividad vinculada a la construcción. A esto se suman cierres y retracciones de pymes en ciudades como Paraná, Concordia y Gualeguaychú, donde comercios y pequeñas industrias vienen reduciendo actividad o directamente bajando persianas ante la caída del consumo y el aumento de costos.

Según indicadores del propio INDEC, la actividad industrial y la construcción registraron retrocesos sostenidos durante los últimos meses, con impacto directo en provincias con fuerte dependencia de estos sectores, como Entre Ríos. La menor inversión pública y la paralización de obras también afectaron de manera directa al empleo local.A nivel nacional, el panorama es igualmente preocupante. Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 206.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, con caída en 22 de las 24 jurisdicciones del país. En paralelo, desaparecieron más de 24.000 empresas, lo que implica una contracción del 4,7% del total.

Sin embargo, en términos relativos, Entre Ríos muestra un deterioro más profundo. La pérdida de empresas no responde a un proceso de modernización ni a una reconversión productiva, sino a un contexto de retracción económica generalizada.

El informe advierte que 21 de los 25 sectores relevados están en caída, incluyendo áreas estratégicas como la industria, la construcción y los servicios. En la provincia, esto se traduce en menos actividad, menor generación de empleo y una creciente incertidumbre en el sector privado.Uno de los factores determinantes es la fuerte reducción de la inversión pública nacional. Gran parte del superávit fiscal se explica por el freno a la obra pública, un ajuste que repercute directamente en economías provinciales como la entrerriana, donde la obra estatal tiene un peso significativo en la generación de empleo.

A este escenario se suma una inflación que sigue erosionando el poder adquisitivo, el aumento de tarifas y una caída sostenida del consumo interno, elementos que terminan configurando un cuadro complejo para la producción y el trabajo.

El resultado es visible: menos empresas, menos empleo y una economía provincial que empieza a sentir con mayor intensidad el impacto del contexto nacional.

El Gobierno implementó medidas para facilitar la importación temporal de insumos destinados a la producción de bienes que serán exportados. La nueva disposición permite que un mayor número de empresas compre en el exterior sin abonar derechos de importación ni impuestos relacionados. Además, los beneficios alcanzan a los proveedores de empresas exportadoras, lo que busca mejorar la competitividad de toda la cadena productiva.A través del Decreto 252/2026, el Ejecutivo reformó el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) con el objetivo de simplificarlo, modernizarlo y ampliar su alcance. La iniciativa busca facilitar el acceso al régimen aduanero y fomentar la incorporación de valor agregado local a los insumos importados. Asimismo, la medida extiende su aplicación a todos los sectores de la cadena productiva, cuando anteriormente se limitaba a la industria automotriz.“Este régimen permite a las empresas importar temporalmente insumos, partes o componentes del exterior sin pagar derechos de importación ni impuestos asociados, con el fin de utilizarlos en la fabricación de bienes que luego se exportarán o se venderán al mercado interno. En este último caso, el pago de dichos impuestos se realizará una vez concluida la fabricación, permitiendo a las empresas disponer de más capital de trabajo para invertir”, indicaron fuentes oficiales. “La medida también redundará en beneficios para proveedores de empresas exportadoras que abastezcan con insumos importados la fabricación de productos que luego se exporten transformados en otro bien”, precisaron.A su vez, se eliminó la exigencia de contar con una garantía global única, habilitando el uso de cualquiera de las opciones previstas en el menú de garantías del Código Aduanero. Esta obligación constituía una carga financiera significativa que operaba como una barrera de acceso para los operadores. Además, se eliminó la exigencia previa de la firma de actas-convenios con cámaras sectoriales para el acceso al régimen, un requisito que en la práctica ha sido un obstáculo al ingreso“Se apunta a dar mayor competitividad exportadora a la industria, al eliminar tributos que encarecen el producto final exportado sumado a que el plazo de un año para efectivizar los pagos de aquellos que se venden al mercado interno también representan una mejora en el giro habitual del negocio y de su capital de trabajo”, señalaron desde el Ejecutivo.“El marco normativo del RAF, que databa de dos décadas atrás, presentaba obstáculos significativos que limitaban su eficacia para fomentar la producción y las exportaciones”, agregaron.Vale mencionar que, pese a la apertura comercial, un tipo de cambio bajo y medidas desregulatorias, las importaciones se desaceleraron. Durante los primeros meses de 2025, registraron incrementos interanuales cercanos al 40%. Sin embargo, a partir del segundo semestre, el ritmo de crecimiento se redujo considerablemente y diciembre cerró con una suba de solo 3,5 por ciento.En los dos primeros meses de 2026, ese incremento se revirtió y las importaciones acumularon una baja del 11,9%, según datos del Indec sobre la balanza comercial. La demanda interna se redujo significativamente desde la segunda mitad de 2025 y la tendencia se mantiene. La menor actividad en las fábricas limita la necesidad de insumos importados, la inversión permanece detenida y eso impacta en la compra de bienes de capital.Además, las importaciones de combustible disminuyeron y la de bienes de consumo también cae, debido al exceso de stock en el mercado. Los importadores acumularon inventarios superiores a lo previsto y las ventas no alcanzaron las expectativas. De acuerdo con el Indec, entre enero y febrero las importaciones totalizaron USD 10.231 millones, una baja del 11,9% respecto al mismo período de 2025, cuando sumaron USD 11.617 millones.

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán amenazó este lunes con atacar empresas estadounidenses en Oriente Medio y solicitó a sus empleados evacuar las instalaciones de inmediato. En un mensaje publicado en su sitio web oficial Sepah News, la organización declaró: “Se ruega a los empleados de las empresas estadounidenses (...) que abandonen estas zonas inmediatamente. Estas áreas pronto serán atacadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución islámica”. La advertencia no detalla cuáles empresas serán atacadas, pero la agencia Tasnim difundió la semana pasada en Telegram una lista de posibles objetivos. Entre las compañías mencionadas figuran Amazon, Google, Microsoft y Nvidia, con oficinas en países del Golfo. En su comunicado, los Guardianes de la Revolución instaron a los empleados de firmas estadounidenses a abandonar las regiones señaladas lo antes posible, advirtiendo sobre inminentes acciones militares. El texto fue publicado en un contexto de crecientes tensiones en la región y de operaciones militares estadounidenses contra infraestructura iraní.

Los objetivos estadounidensesEl Ejército de Estados Unidos informó este lunes que sus operaciones se centran en la industria militar de Irán, con el objetivo de debilitar su capacidad productiva. Según declaraciones del comandante del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), almirante Brad Cooper, se han destruido más de cien medios navales en recientes ataques, que, según anticipó, continuarán en los próximos días. “Una cosa es defenderse atacando lanzadores e interceptando misiles y drones, pero otra distinta es eliminar el aparato de fabricación más amplio que hay detrás de ellos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy”, señaló Cooper al detallar el avance de la ofensiva estadounidense en territorio iraní.El almirante presentó ejemplos de ataques aéreos contra presuntos centros de producción de armamento en Irán y afirmó: “Estamos desmantelando la base industrial de defensa de Irán, lo que evitará amenazas al resto del mundo en el futuro”.Las ofensivas han incluido, de acuerdo con el responsable del CENTCOM, ataques dirigidos a depósitos militares, así como a fábricas de drones navales, torpedos ligeros y pesados en instalaciones ligadas al mando de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.Este fin de semana, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que más de 65 embarcaciones de la marina iraní han sido destruidas y aproximadamente 6.000 objetivos en territorio iraní han sido atacados por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el inicio de la operación ‘Furia épica’. Subrayó que la misión continuará hasta que se cumplan todos los objetivos del presidente Donald Trump.Leavitt sostuvo que la ofensiva ha reducido en 90% la capacidad de Irán para lanzar misiles y en 95% su capacidad con drones. Afirmó que la marina del régimen iraní ha sido aniquilada y que la amenaza de misiles balísticos está casi eliminada, resaltando que estos resultados se han alcanzado en apenas dos semanas.

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el número de empresas que cerraron escaló y quedó en la atensala de las 22.000, según los datos que publicó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 490.419, según supo la Agencia Noticias Argentinas.En la práctica, eso significó una disminución de 21.938 empresas, es decir, 30 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial. En noviembre último, el cierre fue de 892 empleadores, y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la “motosierra” que afectó en especial a la construcción. Luego hubo una desaceleración de la caída: a diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

Los sectores más afectadosEn base a los datos de la SRT, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló cuáles fueron los sectores que afrontaron las mayores pérdidas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, con Transporte y Almacenamiento a la cabeza.

Transporte y Almacenamiento: 5.239 menos.Comercio mayorista y minorista: 4.593 menos.Servicios inmobiliarios: 3.101 menos.Industria manufacturera: 2.436 menos.Servicios profesionales, científicos y técnicos: 2.315 menos.En términos relativos, el sector más afectado también fue el de Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 13,3% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-12,3%), Servicios Inmobiliarios (-10,5%) y Construcción (-8%).

Variación por tamañoEn los primeros 24 meses de la gestión libertaria, las empresas de hasta 500 trabajadores fueron las más afectadas: representaron el 99,63% del total de los casos (21.856 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores explicaron sólo el 0,37% (82 casos). En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores/as se redujo un 4,54%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyeron un 4,28% en el mismo período. Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto. Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

Más de 290 mil puestos de trabajo menosTomando el mismo período, el número de trabajadores que se perdieron escala hasta los 290.600, lo que implicó una reducción del 2,77%: pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.566.573 en noviembre de 2025.El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 130.149 trabajadores entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Industria manufacturera: 72.955 menos.Construcción: 71.573 menos.Servicios profesionales, científicos y técnicos: 14.774 menos.Actividades administrativas y servicios de apoyo: 13.392 menos.En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 15% en la cantidad de trabajadores registrados. Le siguieron Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-7,7%) y Servicios inmobiliarios (-7,3%) en el mismo período.

El caso de los empleos en casas particularesEntre noviembre del 2023 y noviembre del año anterior, la pérdida fue de 26.792 personas menos: pasó de 629.660 a 602.868, equivalente a 36 puestos de trabajo por día.“Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos y que el trabajo precario aumenta (pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso)”, indicó el CEPA.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reveló que se espera el ingreso de unos USD 3.600 millones por deuda emitidas por empresas que pasarán a engrosar las reservas de la autoridad monetaria.Esas operaciones permitieron robustecer las reservas del BCRA en el arranque del año. Al hablar ante inversores en Londres, Werning dijo también que mermó la compra de dólares de ahorristas.Y dijo que tras la aceleración de precios en diciembre, que llevó el IPC al 2,8%, en enero la inflación habría comenzado a ceder, aunque evitó proyectar un índice mensual.Werning, que habló en un evento organizado por el banco BBVA, es el funcionario del Central encargado de este tipo de reuniones con inversores, principalmente en el exterior. En la capital inglesa, presentó su exposición bajo el título “La normalización financiera post electoral allana el camino para reformas, remonetización y compras de reservas”.Werning dijo que el resultado de las legislativas en octubre fue una divisoria de aguas para la demanda de dólares entre los ahorristas. “Después de las elecciones, la demanda de dólares privada colapsó y la cobertura cambiaria empezó a desarmarse rápidamente”, destacó.Según aseguró Werning, en promedio la demanda de dólares billete desde abril hasta las elecciones fue de US$ 2.500 millones mensuales. En noviembre y diciembre ese número cayó -aunque hubo algún repunte de compras sobre fin de año- y el promedio se redujo a US$ 600 millones por mes. Destacó, además, que la mayor parte de las compras que hace la gente en el mercado cambiario quedan depositados en el mercado local. Werning precisó que las empresas argentinas consiguieron desde octubre US$ 6.400 millones en el mercado de deuda internacional. “La emisión corporativa en dólares aceleró después de las elecciones, pero la oferta real de divisas de las empresas que venden (en el mercado local) esa financiación en dólares se demoró, lo que debería impulsar la oferta de divisas en el futuro”, señaló el funcionario.En cuanto a la inflación, sostuvo que buena parte de la aceleración de precios estuvo explicada por dos rubros puntuales: tarifas y carne, que identificó como altamente estacionales. También dijo que la inflación “subyacente”, al quitar esa distorsión, sería de un índice cercano al 2% por mes. NA.

os datos surgen de la sexta edición del relevamiento que realiza Mercer, Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA).Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el informe consultó a 518 empresas de distintos sectores entre el 17 y el 25 de noviembre, de las cuales 66% son subsidiarias y el 34% restante casas matrices. De las compañías encuestadas, un 24% emplea a menos de 100 personas mientras un 20% emplea a más de 5.000 empleados. El informe cuenta con empresas de distintos tamaños. Consumo Masivo, High Tech, Ciencias de la Vida, Energía y Servicios encabezan el rango de sectores más representados con 15%, 13%, 10%, 10% y 9%, respectivamente.Según el TISA, las empresas relevadas planean otorgar un incremento del 20% en el año entrante. Ese número iría en sintonía con la inflación esperada para el 2026, que se ubica en 19,6% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y del 23,9% según la consultora LatinFocus.Se indica que casi la mitad de las encuestadas (47%) ya definieron su esquema presupuestario para el año próximo. En sentido opuesto, un cuarto de las empresas (26%) todavía no comenzaron con la planificación.En la misma línea, únicamente un 3% tiene planeado solamente el período del primer semestre (enero-junio) del 2026.Con respecto al 2025, el punto medio para el incremento salarial se ubica en 30%: el 57% tiene en cuenta más de una variable para definir los aumentos (referencias de mercado, inflación proyectada y desempeño de los colaboradores), el 16% se basa en encuestas de mercado y un 15% lo hace de acuerdo a la inflación.

Cada cuánto marcan los aumentosEl informe de Mercer detalla que un tercio (34%) de las empresas evalúa terminar el año con cuatro aumentos aplicados. Con respecto al 2026, la mayoría (36%) estima aplicar dos aumentos y un 29% cuatro o más.También se observa una mayor previsibilidad con respecto al 2023 y 2024, en donde la inflación anual alcanzó el 211% y 118%, respectivamente.Las proyecciones para el año entrante prevén mayor estabilización e incrementos salariales situados en línea con la inflación esperada.A su vez, las industrias de Medios y Entretenimiento, Biotecnología, Dispositivos y Equipos Médicos, Bancos, Farmacéutica y High Tech aparecen como las de mayores aumentos para el 2025 (32% anual). Las fintech quedaron por debajo, con estimaciones de 26% en cuanto a incrementos salariales. “El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a adoptar una postura prudente, con incrementos que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento” señaló Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay.

 En un inmenso predio industrial donde la construcción de un metro cuadrado de galpón cuesta entre 400 y 600 dólares, las pérdidas por el fuego desatado durante la noche del viernes en Ezeiza se cuentan de a millones de dólares.Por eso, este mismo domingo, mientras todavía humea el Polígono Industrial Spegazzini, algunas compañías de seguros ya enviaron a sus inspectores para registrar los daños ocasionados por el incendio que arrasó, en mayor o menor medida, con las 21 empresas instaladas a la vera de la autopista.“Los daños son inestimables. Se va a saber cuándo terminen de hacer todos los trabajos, las pericias y las inspecciones”, explicó a Infobae uno de los propietarios de uno de los galpones, Mariano Belvisi, quien este mismo domingo recibió al inspector de la compañía de seguros que contrata para su empresa de residuos industriales.A su planta y a la de otros tres emprendedores del Polígono esta mañana los visitaron de las empresas aseguradoras. En el caso de Belvisi, el fuego se detuvo a metros de su predio. Quedó a nada de hacer cenizas su capital. Pero eso no quiere decir que se haya salvado. Nadie se salvó.La onda expansiva fue de tal magnitud que en los 21 casos sufrieron daños severos. A Belvisi, por ejemplo, le voló todas las ventanas y le sacó de lugar un portón que, cuando lo instalaron, lo tuvo que hacer una grúa por el peso que tiene. “No tiene explicación física lo que ocurrió”, comentó el empresario.Lo que están haciendo las aseguradoras es registrar los daños y hacerse cargo del costo de las reparaciones y los elementos de reemplazo. Cada caso, no obstante, tiene sus particularidades. Por eso, cada empresa empezó a contactar este domingo a sus brokers.“Acá vinieron, hicieron una inspección ocular y me dijeron qué tenía que arreglar. Para los daños edilicios, uno elige con qué empresa le gustaría hacer el trabajo y la compañía de seguros se conecta con ellos y encarga el laburo”, explicó.Belvisi tiene 6.000 metros cuadrados de predio, son dos galpones; pero otros tienen hasta tres hectáreas (30 mil metros cuadrados). “Pago bastante de seguro y (por eso) tenemos una relación diferente de quien paga el seguro del auto. Es mucho dinero”, comentó.Las pérdidas no solo fueron en los galpones y sus estructuras. El fuego se llevó puesto todo: máquinas muy caras, unidades enteras de producción, camiones. “Todas sufrieron algún daño, incluso las que están en el otro polo industrial, ubicado a 1.000 metros de esto, porque salieron volando muchas cosas prendidas fuego por la explosión y caían del otro lado”, detalló el empresario.“Vi crecer este predio hermoso y ahora parece una zona de guerra. Fue bravo ver cómo quedó todo. Es terrible. Pero ya empezamos de nuevo. Estamos dispuestos a lucharla”, dijo Belvisi.En tanto,  arrancarán los trabajos para intentar determinar el origen del incendio desatado el viernes cerca de las 21. No es una demora sino que los peritos de la Justicia no podían trabajar con el área tomada por las llamas y el humo.Si bien quedan algunas zonas con algo de fuego controlado, ya se puede comenzar a investigar en el lugar. El expediente judicial está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la órbita del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.El foco inicial se localizó en un depósito de la empresa Logischem, donde una explosión desencadenó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente a otras compañías del área, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. Infobae.

Por Mariano Zalazar - El empleo formal privado continúa mostrando señales de debilidad. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en el primer semestre de 2025 cerraron 3.647 empresas con al menos un trabajador registrado, lo que representa una caída del 0,7% respecto de diciembre de 2024.El relevamiento —que incluye únicamente a empresas formales y excluye las unipersonales e informales— refleja que al cierre de junio había 496.035 firmas registradas, frente a las 499.682 contabilizadas a fines del año pasado.El sector más golpeado fue el de transporte y almacenamiento, que perdió 1.396 firmas en el período analizado, equivalente a una baja del 3,8%. Se trata de una de las ramas más sensibles a los costos de combustibles y peajes, y que en los últimos meses enfrentó una fuerte caída en la demanda de servicios logísticos.En segundo lugar aparece la industria manufacturera, que registró 657 cierres (-1,4%). También se observaron retrocesos significativos en servicios inmobiliarios (-1.116 firmas, -4,0%), comercio (-546, -0,4%) y servicios de alojamiento y comida (-423, -1,7%).La construcción, uno de los motores históricos de la economía, también evidenció un retroceso: entre diciembre y junio cerraron 218 empresas del rubro, lo que implica una caída del 1,1% en el número de empleadores registrados.En menor medida, se verificaron bajas en servicios profesionales, científicos y técnicos (-343), agricultura, ganadería, caza y pesca (-545), información y comunicaciones (-12), intermediación financiera y seguros (-5) y suministro de agua y gestión de residuos (-11).A pesar del contexto general de retracción, algunos sectores mostraron un leve crecimiento en el número de empresas formales. El mayor aumento se observó en servicios de asociaciones y servicios personales, que sumaron 1.146 firmas, un alza del 2,8%.También se destacaron los incrementos en actividades administrativas (+238 empresas, +2,0%), salud humana y servicios sociales (+145, +0,8%), enseñanza (+52, +0,6%), servicios artísticos, culturales y deportivos (+61, +0,8%), y administración pública (+17, +0,6%).En cambio, sectores como el suministro de electricidad, gas y aire acondicionado prácticamente no tuvieron cambios, con apenas dos empresas más que en diciembre.

Dónde se concentró la caídaLa comparación entre diciembre de 2024 y junio de 2025 muestra que la retracción en la cantidad de empresas formales se replicó en la mayoría de las jurisdicciones, aunque con distinta intensidad.La provincia de Buenos Aires continúa concentrando el mayor número de empleadores registrados, con 164.187 firmas, pero perdió 1.368 respecto del cierre del año anterior. En segundo lugar se ubica la Ciudad de Buenos Aires, con 120.277 empresas, que también registró una caída de 718 unidades. Entre ambas jurisdicciones concentran más del 57% del total nacional.En el interior del país, las bajas más pronunciadas se observaron en Córdoba, que pasó de 50.096 a 49.934 empresas (-162); Santa Fe, de 49.375 a 48.912 (-463); Mendoza, de 21.094 a 20.785 (-309); y Entre Ríos, de 16.836 a 15.733 (-1.103).También hubo retrocesos en Misiones, que perdió 764 firmas; Chaco, con 495 menos; Salta, con 335 menos; y San Luis, con 26 menos.Por el contrario, algunas provincias lograron mantener o incluso ampliar su cantidad de empresas formales. Formosa pasó de 3.272 a 3.233 (+39); Catamarca se mantuvo casi estable con 20 empresas más; y Neuquén registró un leve crecimiento, con 214 firmas adicionales.Asimismo, Tucumán incrementó su número de empleadores de 10.468 a 10.488 (+20), mientras que La Rioja subió de 2.464 a 2.616 (+152).En total, 17 de las 24 jurisdicciones mostraron un saldo negativo en la cantidad de empresas formales entre diciembre y junio, en línea con la tendencia general a nivel país. Infobae.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, debe el 45% de la factura de gas correspondiente a junio (equivalente a $150.000 millones), sumado a la factura de julio que vence hoy ($360.000 millones).Si se traslada al tipo de cambio mayorista, ubicado hoy en $1.430, la deuda del Gobierno con las empresas de gas asciende a los US$350 millones.A través de la CEPH (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) y la CADE (Cámara Argentina de Energía), encargadas de nuclear a las principales productoras del país, se enviaron cartas a María Tettamanti y Carlos Guberman, secretarios de Energía y de Hacienda, respectivamente, en las que advertían que las deudas “ponen en riesgo los planes de inversión”.Guberman, el secretario de Hacienda, es el encargado de autorizar los pagos hacia las productoras de gas.En paralelo, distintas compañías ya habían presentado un reclamo conjunto en agosto. Entre esas empresas se encuentran YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy, Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía.“La reiteración de estas faltas impacta severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones de nuestros asociados”, manifestaron las productoras, argumentando que el retraso de los pagos “ponen en riesgo los planes de inversión”.No solo el atraso de pagos, sino que las empresas también centran el enojo en el no reconocimiento, por parte del Tesoro nacional, de los intereses por mora ni las penalidades derivadas de los incumplimientos de las cláusulas “tomar o pagar” previstas en los contratos.Desde que inició el año hasta agosto, los subsidios al sector energético sumaron US$2.331 millones, siendo una caída con respecto a los US$4.823 millones acumulados durante el 2024. NA.

El anuncio se realizó en Mendoza y apunta a recortar gastos logísticos y acortar la duración de los trámites, beneficiando a los exportadores que operan en todo el territorio nacional.Durante un acto en la Casa de Gobierno provincial, el titular ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, comunicó la novedad junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La presentación también contó con la presencia del responsable de la Aduana, Andrés Velis, el ministro del Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne.La puesta en marcha de esta modalidad representa, según palabras de Pazo, “parte del proceso de modernización, simplificación y mejora de la competitividad” llevado adelante desde la administración nacional. Pazo reconoció además la disposición de Mendoza para oficiar de banco de pruebas en el desarrollo de la experiencia piloto y subrayó la cooperación constante entre el gobierno provincial y el nacional desde la génesis de esta iniciativa.Cornejo valoró que la elección de Mendoza para el lanzamiento de la experiencia no corresponde a una decisión arbitraria sino que da cuenta de trabajo conjunto con la administración nacional. El mandatario mendocino vinculó el proyecto al propósito de sostener la tendencia de crecimiento genuino. El nuevo esquema establece una implementación por etapas, a partir de pruebas piloto en un grupo inicial de 12 plantas distribuidas en seis provincias: Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Chubut. El eje de la transformación técnica reside en la adopción de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para el control remoto de despachos, lo que reemplaza la supervisión física habitual por parte del personal aduanero.La puesta en marcha de esta modalidad representa, según palabras de Pazo, “parte del proceso de modernización, simplificación y mejora de la competitividad”La Dirección General de Aduanas definirá los lineamientos de fiscalización, reglas de admisión al régimen, condiciones de mantenimiento y el calendario para la aplicación del instrumento. Toda esta información se encuentra disponible a través del micrositio oficial de ARCA dedicado a la Exportación Monitoreada.El mecanismo introducido funciona exclusivamente para los exportadores inscritos bajo el régimen EXPL, que, además, deban tener una antigüedad mínima de dos años registrados como importadores o exportadores en ARCA. El acceso al sistema exige el cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos necesarios para el funcionamiento del CCTV.Dentro del esquema, la fiscalización se digitaliza y centraliza. Para el sector privado, la adaptación tecnológica presenta ventajas operativas: recorta desplazamientos, simplifica procedimientos y agiliza flujos de despacho, en tanto que el Estado consigue optimizar recursos humanos y reforzar la trazabilidad de la operatoria exportadora.El Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) cumple la función de permitir el seguimiento, en tiempo real y a distancia, de la carga destinada al exterior desde las propias instalaciones del exportador. En la práctica, esto habilita a que los controles aduaneros realicen tareas de fiscalización sin presencia in situ, utilizando tecnología que centraliza imágenes y datos en una plataforma segura, de acceso restringido y regida por parámetros de confidencialidad.Desde el punto de vista logístico, las empresas que operan bajo el régimen EXPL acceden al monitoreo remoto siempre que demuestren estabilidad operativa y cuenten con la infraestructura requerida para sostener el sistema tecnológico demandado. El proceso demanda la adecuación a estándares de seguridad y mantenimiento, que serán verificados por la Aduana cada vez que realicen inspecciones virtuales.La puesta en marcha de la Exportación Monitoreada se inscribe dentro de los lineamientos de modernización, digitalización y facilitación comercial aceptados internacionalmente, siguiendo la tendencia de las principales administraciones aduaneras del mundo.El ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Coordinación Productiva, participa de la articulación de políticas públicas destinadas a fomentar la producción y el comercio exterior, enfocado principalmente en bienes que tengan como destino mercados foráneos. Infobae.

En los 19 meses que lleva el Gobierno de Javier Milei, la cantidad de empleadores registrados y trabajadores asegurados en el sistema de riesgos del trabajo descendió fuertemente, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Se da en un contexto donde la recuperación de la actividad económica del segundo semestre de 2024, tras la recesión de los primeros 6 meses de ese año signada por el ajuste monetario, permanece interrumpida.Según informó la SRT, en noviembre de 2023, mes de referencia previo al asumir el nuevo gobierno, el sistema contabilizaba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores.Para junio de 2025, el registro descendió a 496.035 unidades productivas y 9.621.034 empleados cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo. Este retroceso se vincula directamente con la merma de la actividad económica registrada durante la nueva gestión.El balance neto arroja la desaparición de 15.302 empleadores, considerados por la SRT como “unidades productivas” que agrupan a empresas, entidades y organismos públicos o privados que ocupan a una o más personas y producen bienes o servicios. La pérdida de empleadores se traduce, además, en una reducción de 219.256 puestos laborales registrados bajo cobertura de riesgos del trabajo durante el mismo período.Al desglosar la información, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo define que el concepto “unidades productivas” se refiere a entidades, empresas u organismos que reúnen a uno o más trabajadores y participan en la generación de bienes y servicios.“Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 72% de la pérdida de empleo se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores”, destacó un informe del CEPA.En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores fue menor, explicando el 28% del total.“En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 3,54%, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 1,32%”, precisaron.Por sectores, el centro de estudios destacó que el más afectado fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 89.794 trabajadores entre noviembre de 2023 y junio pasado. Le sigue el sector de Construcción, que perdió 81.463 puestos en el mismo período.También, registraron caídas significativas los sectores de Servicios de transporte y almacenamiento, con 53.101 empleos menos, e Industria manufacturera, con una pérdida de 43.063 puestos de trabajo.“En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 17,1% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2025?, detalló el CEPA.Respecto a la parte empleadora, el sector de Transporte y Almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 4.159 empleadores. Le siguió Servicios inmobiliarias, Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, Servicios profesionales, científicos y técnicos y construcción.Como marco más general que explica la situación, la actividad económica permanece estancada desde fines de 2024 y los analistas no ven señales de recuperación en el corto plazo, en medio de tasas de interés reales positivas, incertidumbre política por los comicios de octubre y volatilidad cambiaria.El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec retrocedió 0,7% en junio respecto de mayo, mientras que la industria cayó 2,3% mensual en julio y la construcción, 1,8 por ciento.Los indicadores adelantados ratifican esta tendencia. En julio, la molienda de soja disminuyó 6,4% y la recaudación de IVA 1,4%. En agosto, los patentamientos de autos bajaron 2,8%, la producción automotriz 6,1% y los despachos de cemento 5,6%. Por su parte, según Adimra, la metalurgia, sector clave por ser proveedor de otras industrias, sufrió en agosto una variación interanual negativa de 6,1% y una disminución de 2,3% respecto al mes previo. Infobae.

Halliburton (una de las grandes empresas de servicios petroleros), Ledesma, Kimberly Clark (con sus marcas Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud), La Gráfica Morvillo, los canales Somos de Flow (Telecom), Aquarium Mar del Plata, Toyota -a automotriz japonesa los niega-, Orbis, Molinos Río de la Plata, Forestadora Tapibecuá, Lácteos Verónica, Nestlé, Lumilagro y Ternium (siderúrgica del grupo Techint). La lista apabulla y continúa.Lo que reflejan los medios se plasma en la estadística pública. Hasta abril había 6.255.000 empleados registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En diciembre eran 6.284.000. Unas 29.000 personas quedaron afuera. No por la motosierra del presidente Javier Milei sobre el Estado. Son echados de empresas privadas nacionales y extranjeras. Un 0,5% menos de trabajo que a fines de 2024. Y estos números no reflejan lo que pasó de mayo a julio, meses en que se ralentizó el rebote económico respecto del pozo del año pasado. En cambio, el listado del CEPA sí refleja los rajes de estos últimos tiempos.

“Es por el estancamiento de la actividad”, explica Letcher la caída del empleo privado formal. En su lista también aparece, aunque menos de 100 despidos, suspensiones o desvinculaciones, otras empresas de renombre, como Pirelli, General Motors, Cerámica Alberdi, Santander, las textiles TN&Platex y Coteminas, la pesquera Conarpesa, la litiera Exar, Prosegur, Azul Natural Beef, Arca Continental (embotelladora de Coca-Cola), Marengo (fabricante de los camarelos No Hay Plata, en alusión a la frase con la que Milei inauguró su presidencia), la agrícola Red Surcos, Raízen (la refinadora de petróleo de Shell), la bodega Fecovita, Laboratorios Bagó, la constructora Astra Evangelista, Tenaris (la otra acerera de Techint), los fabricantes de Puma y Topper o la metalúrgica privatizada Impsa.Según la información que publicó elDiarioAr, la lista no llega a agosto. Este mes ya hubo noticias de despidos, suspensiones y desvinculaciones en Petroquímica Río Tercero, Algodonera Avellaneda, Mauro Sergio Textilana, Coca-Cola Andina (embotelladora) y Radio Con Vos.

El economista jefe de la consultora Empiria, Nicolás Gadano, observa que “es heterogénea la recuperación de la actividad económica, que ya tiene el nivel previo a la llegada de Milei (al poder) y al ajuste”. “Hay sectores muy intensivos en empleo como la construcción y sectores industriales que están niveles bastante por debajo de noviembre de 2023 y han expulsado personal. Y a los sectores que les va bien, como la extracción de petróleo y gas, emplean menos”, se refiere a lo que sucede en Vaca Muerta, Neuquén, que compensa los despidos del mismo rubro en provincias donde YPF dejó de producir, como Chubut y Santa Cruz. Claro que también en Vaca Muerta se denuncian ajustes. “Hay una pérdida neta de empleo que por ahora no se ve cómo se revertirá”, advierte Gadano, que colabora en la Fundación Pensar, del PRO.

Pese a las diferencias políticas, el jefe de macroeconomía del Banco Provincia de Buenos Aires, Matías Rajnerman, coincide con el análisis. Agrega que el comercio, generador de mucha mano de obra, cayó al inicio del gobierno de Milei, pero ahora empezó a levantar, y que el agro crece, pero es intensivo en capital (maquinaria), no en empleo. “Cuando uno separa entre sectores ganadores y perdedores, se entiende por qué la economía ya opera 3,5% por encima de los niveles de 2023, pero se perdieron 15.000 puestos de trabajo en el camino, que difícilmente se recuperen en el corto plazo”, ratifica Rajnerman. El número de 15.000 surge del hecho de que las reducciones de personal formal privado, doméstico y público –vía motosierra– se compensan en parte con el mayor número de autónomos y monotributistas –esto incluye choferes de Uber y Didi o repartidores de Rappi y PedidosYa–. Además, crece el trabajo informal, sin derechos, tanto asalariado como cuentapropista.“La política de apertura comercial en un semestre donde el tipo de cambio se apreció, o sea, no julio, también explica que haya empezado a recuperarse el comercio, pero la industria haya profundizado su caída”, continúa Rajnerman. “El primero vende cada vez más productos producidos afuera, por lo que cierto rebote de la demanda interna no se trasladaba a la oferta local”, completa el economista del Banco Provincia.

Melisa Sala, economista de la consultora LCG, atribuye la caída del empleo privado formal en 2025 a “una demanda local bastante deprimida y a los efectos de un dólar atrasado que hace más evidente la falta de competitividad de algunas empresas tanto para exportar como para competir con importaciones alentadas por la mayor apertura comercial”. Es llovido sobre mojado porque Sala recuerda que el trabajo privado ya “venía bastante estancado desde hace una década”.

“Caída del consumo masivo, apertura importadora y también un estrangunlamiento del financiamiento por tema suba de tasas”, apunta tajante las razones del bajón la directora del Banco Ciudad de Buenos Aires por la oposición, Delfina Rossi. En cambio, el consultor Hernán Hirsch, más optimista, lo relaciona con “un cambio de modelo de económico, que implica una nueva asignación de recursos con otros sectores más dinámicos, lo cual lleva necesariamente a niveles de desempleo más alto transitoriamente”. “Se agrega la necesidad de mayor productividad micro”, suma Hirsch.

Debido a la escalada alcista del dólar durante esta semana, las compañías de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene y tocador enviaron las listas con remarcaciones y aumentos de entre 3% y 9% en sus precios.Durante esta semana, el dólar registró una suba de 6% y un incremento de más de 13% en el mes de julio, que lo llevó a marcar niveles récord.Esto hizo que el Banco Central (BCRA) saliera a secar la plaza de pesos mediante una suba de los encajes que las entidades deben tener.Desde mañana, las empresas alimenticias aplicarán aumentos que se ubicarán entre 3% y 9% para alimentos, bebidas, artículos de limpieza entre otros productos.La Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), que representa a la mayoría de los sectores de la industria de alimentos y bebidas del país, envió la lista de precios a los supermercados y comercios, en donde los aumentos están plasmados en todos los rubros.Arcor incrementará entre 3% y 5%, mientras que Mondelez subirá sus precios en toda su gama entre 7% y 9%. Por su parte, la multinacional Unilever aumentará 8%.Softys, la empresa que fabrica papeles Élite, pañales Babysec y protectores diarios Ladysoft, indicó un aumento en su lista de precios del 7%. Mastellone, de la marca La Serenísima, fue una de las que aplicó menor aumento (4%) al igual que Danone (3,5%), otra empresa de alimentos, lácteos y bebidas.En el caso de las aceiteras, entre las que aumentarán 5% se encuentra Aceitera General Deheza y Cañuelas. SC Johnson, por su parte, modificará sus valores y los subirá un 7%.Además, en los comercios barriales habrá subas de hasta 8% en cigarrillos, y también se esperan aumentos en harinas, galletitas y panificados.Frente a esta situación, se espera que se inicie una negociación para tratar de que los ajustes “estén más cerca del 5% que del 10%”, dijo una fuente del sector supermercadista a la Agencia Noticias Argentinas.NA pudo confirmar, además, que una compañía alimenticia de primera línea acercó a los supermercados una lista de precios con subas que van del 4% al 8%.

Luego de presentar ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que el tribunal suspenda la entrega del 51% de las acciones en manos estatales de YPF, Argentina se comprometió a entregar información a los beneficiario del fallo vinculada a la privatización de empresas estatales.Así lo informó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. “Este acuerdo y otros, forman parte del proceso de discovery de activos del estado que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia. El 29 de Julio habrá una reunión con la Jueza Preska para destrabar ciertos temas pendientes sobre este discovery”, comunicó.El conocedor del caso explicó que Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca que el Estado le otorgue todo tipo de información acerca de las compañías que el Ejecutivo busca privatizar, tanto aquellas sobre las que hay “rumores” como las que ya están en camino de pasar a manos privadas. Argentina quiere dar detalles únicamente sobre estas últimas. Por eso, en los últimos días se publicaron varios decretos que hacen avanzar los procesos. Es el caso de Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.“Se está discutiendo porque los beneficiarios quieren todo lo vinculado a las privatizaciones: comunicaciones privadas, no privadas, públicas, no públicas. Whatsapps entre los funcionarios, mensajes, discusiones internas, valuaciones todo eso es parte del discovery para conocer la información sobre los activos argentinos pueden ser embargados”, precisó Maril.Los beneficiarios se harían de las divisas en caso de que alguna empresa estatal sea vendida a alguna firma. Para ello, piden esos detalles.En paralelo, Argentina busca que la suspensión se mantenga de manera definitiva y sin condiciones, sin ofrecer garantías de ningún tipo. Aspira a que se extienda hasta que la misma corte —conformada por otros tres jueces que aún no se pronunciaron— resuelva la “cuestión de fondo”: si la Argentina incurrió en una expropiación indebida de la empresa en 2012 y debe pagar una indemnización que, según el fallo de primera instancia firmado por la jueza Loretta Preska en 2023, ya supera los USD 17.500 millones.En el medio, el gobierno de EE.UU presentó un amicus curiae para apoyar el pedido del país, e incluyó fuertes críticas al fondo Burford.Entre los argumentos de Argentina, se encuentra que el fallo interpretó mal la ley del Estado de Nueva York y que no respeta lo que se conoce como comity, o principio de cortesía internacional; que se viola la inmunidad soberana del país; y que las acciones de la empresa no están depositadas en Estados unidos.Además, consideraron que los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de “disipación” de los activos.Tampoco demostraron que la República no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende. “El Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”, indicaron desde la Procuración del Tesoro, la cual lleva adelante el caso.En tanto, el próximo 5 de agosto, detalló Maril, la Corte de Apelaciones decidirá si acepta, suspende o rechaza la apelación de la ONG RA4ARG de anular el fallo y si recomienda al Departamento de Justicia iniciar una investigación sobre la manera en la cual fueron adquiridas las acciones de YPF entre el 2008 y 2011.Está decisión ocurrirá el día después que Argentina y los beneficiarios del fallo, presenten sus escritos sobre el tema corrupción.Sucede que dicha ONG sostiene que existieron maniobras corruptas en la adquisición de acciones antes de la nacionalización de la empresa, lo que, a su criterio, invalida la sentencia adversa dictada. Infobae.

Al final hubo fumata blanca en el conflicto en Tierra del Fuego, luego de que las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegaron a un acuerdo en el que los trabajadores se comprometen a regresar al trabajo y las compañías no despedirán gente al menos hasta hasta el 31 de diciembre de 2025.El acuerdo llegó luego de una intensa negociación entre las partes en el marco del conflicto que se generó a partir de la decisión del Gobierno Nacional de reducir los aranceles externos a la importación de productos electrónicos que provocó preocupación en el sector y motivó un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores.A partir de este acuerdo, las empresas se comprometen a no generar despidos hasta el 31 de diciembre y los trabajadores a retomar la actividad con normalidad.Durante ese período, funcionará una mesa de trabajo entre las partes involucradas, empresarios y trabajadores; y se invitará a participar al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial. El objetivo de la mesa de trabajo es encontrar herramientas que mejoren la competitividad del sector de cara a la baja a 0% del arancel para celulares importados a partir de enero de 2026.“Asumimos este compromiso para no realizar despidos y, al mismo tiempo, redoblamos los esfuerzos para encontrar caminos que nos permitan encontrar medidas paliativas que permitan mantener la sustentabilidad de la industria y ganar competitividad en conjunto con todos los actores involucrados”, sostuvo la directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman.  La industria electrónica de Tierra del Fuego representa entre 30 % y 35 % del PBI provincial, aporta la mayor parte de la recaudación fiscal y sostiene más de 18.000 empleos directos e indirectos. Es la principal empleadora privada de la provincia y el mayor aportante al fisco provincial.Por otro lado, ocho de cada diez componentes electrónicos de la industria automotriz nacional provienen de Tierra del Fuego, 7 de las 11 terminales automotrices trabajan con componentes fueguinos y la mayoría de los autos que se exportan tienen insumos industriales que fueron fabricados en las plantas del sur.“El consumidor merece precios más bajos pero hay muchos caminos para hacerlo sin destruir la industria nacional”, señaló Vainman. AFARTE propuso “seguir trabajando en la reducción del costo argentino, que es el que causa que hoy paguemos más caros todos los productos que consumimos -y no solo los celulares- en comparación con otros países”. “Las empresas que integran AFARTE están comprometidas con la inversión en investigación y desarrollo y la reconversión productiva de la isla de Tierra del Fuego”, sostuvo la ejecutiva. NA.

El reporte reveló que el año pasado “las empresas ganaderas casi duplicaron el nivel de endeudamiento, al pasar de un saldo de US$457 millones a fines de diciembre de 2023 a US$852 millones a fines de 2024”.Sin embargo, detalló que “medido en dólares, el monto total adeudado a fines de 2024 se encuentra ligeramente por debajo del promedio de la serie (2007-2024)”, indicando que “el año que mayor endeudamiento registró el sector fue 2017, con US$1.406 millones mientras que, dentro del período analizado, el año 2007 fue el que registró el menor nivel de endeudamiento, con un saldo final de US$378 millones”.Al presentar los motivos que generaron la suba del endeudamiento, el estudio expuso que “parte de esta expansión de los pasivos ganaderos puede estar orientada a financiar la retención de hacienda o, incluso, a nuevas explotaciones”, sobre lo que señaló que “será este un punto a responder en los próximos meses, a la luz de los indicadores que termine reflejando la actividad”.En cuanto al total adeudado a fines de 2024, detalló que “el 22% corresponde a saldos de préstamos tomados en moneda extranjera, unos US$184 millones, mientras que los saldos restantes provienen de préstamos tomados en pesos que, convertidos al tipo de cambio de referencia, equivalen a unos US$668 millones”.Al respecto, desde la BCR afirmaron que “en este último año, se observa una fuerte recuperación del crédito concertado en moneda extranjera, luego de tres a cuatro años de muy baja participación”, recordando que “durante los años 2018 y 2019, el sector llegó a registrar un mayor nivel de endeudamiento en moneda extranjera que en moneda local alcanzando el 54% del total adeudado”.Al analizar este panorama, revelaron que “en el caso particular de la ganadería, estas estadísticas reflejan una gran parte de la financiación total que ingresa al sector, puesto que, a diferencia de la agricultura, es muy baja la financiación comercial que recibe por fuera del sector, en relación al capital invertido”. En este sentido, aseguraron que “la mayor inversión requerida para iniciar un planteo productivo, más o menos intensivo, consiste en la compra de la hacienda, algo que, en la mayoría de los casos termina siendo financiada por otro productor, a través de los plazos comerciales que se otorgan al momento de la venta”. Sobre dicha realidad, aportaron que “si bien la actividad ganadera ha logrado trabajar apalancando gran parte de la compra de hacienda a través de esta autofinanciación que logra encadenar entre los distintos eslabones de producción desde la cría a la faena, lo cierto es que, muchas veces cuando lo que se intenta es retener vientres o extender los ciclos de invernada o engorde, ni los plazos comerciales, ni los costos de esa financiación resultan adecuados para esos fines”. En definitiva, indicaron que “esta escasez de instrumentos financieros con los que, en general, ha tenido que trabajar el sector a lo largo de los años termina reflejándose en el estancamiento en el que ha ingresado la actividad, tanto en términos de cantidad de cabezas en stock como de kilos de carne producidos”. NA. 

La 6ta edición de la feria, una de las más grandes de Latinoamérica para el sector de alimentos y bebidas, tendrá lugar del 8 al 10 de abril inclusive en San Pablo, Brasil. En esta ocasión, participarán empresas entrerrianas de los sectores arrocero, de snacks, farináceos y productos a base de lino.Participar en este evento es una puerta de entrada al mercado brasilero y una oportunidad para ampliar la oferta de productos provinciales a dicho país.

Brasil ocupó el primer lugar como destino de las exportaciones provinciales durante el 2024, motivando la inclusión de diferentes ferias y misiones al Plan de Promoción Comercial al Exterior 2025.Asimismo, este año Entre Ríos también estará presente en el mercado brasilero realizando una Misión Comercial Multisectorial entre los meses de junio y julio; y participando de ProWine San Pablo en octubre.De esta manera, el gobierno ratifica el compromiso con las pymes para que a partir de la participación en estas actividades de promoción comercial internacional, se pueda potenciar y visibilizar las capacidades del entramado productivo entrerriano, procurando la promoción de las exportaciones como motor del desarrollo provincial. 

El Gobierno prorrogó por 60 días el plazo para que las empresas estatales se conviertan en sociedades anónimas, un paso previo a la privatización. La normativa se da en el marco del DNU 70, a través el cual se declaró emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.En un principio se había establecido un plazo de 6 meses y luego se volvió a prorrogar por 6 meses más en julio. Ahora el Ejecutivo decidió volver a extenderlo a través del decreto 1120/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.En los considerandos de la norma se afirma: “La persistencia de las circunstancias de hecho y de derecho consideradas al momento del dictado de los referidos decretos torna insuficiente dicho plazo para dar un adecuado cumplimiento a lo previsto en el artículo 48 del Decreto N° 70/23?.“Que la gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias”, agrega.Con el mismo objetivo último de privatizar las empresas públicas para achicar el gasto, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de regular el mercado financiero local, dio a conocer en octubre la aprobación de un régimen informativo especial para hacer más fácil el proceso de privatización de las empresas públicas a través de la venta de las acciones que tiene el Estado en la Bolsa.La Resolución General 1024/2024 de la CNV fijó un régimen de información contable especial, de carácter transitorio, que busca flexibilizar y simplificar los requisitos para las empresas que quieran cotizar en bolsa, es decir, el régimen de oferta pública de acciones. La alternativa de que las empresas que se vayan a privatizar hagan una oferta pública de acciones es “una de las alternativas más idóneas para llevar a cabo este proceso”.De momento, a comienzos de noviembre la Inspección General de Justicia había informado que inscribió la primera transformación de una Sociedad del Estado en Sociedad Anónima. Se trató de una empresa porteña. En ese sentido, se comunicó que “la sociedad Corporación Buenos Aires Sur S.E quedó convertida en Corporación Buenos Aires Sur Sociedad Anónima Unipersonal, una sociedad perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fue creada en el año 2000 como Sociedad del Estado para promover el desarrollo integral de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires”. La prórroga viene dada porque todavía hay empresas inscriptas como sociedad del estado, por ejemplo Trenes Argentinos.El Gobierno de Javier Milei intentó dejar sujetas a privatización a más de una veintena de empresas públicas mediante la Ley Bases pero la mayoría de ellas fueron excluidas finalmente en las negociaciones con la oposición. Fueron seis las compañías estatales que el Congreso admitió. Otras dos quedaron abiertas al ingreso de capitales privados para compartir la participación.Son Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).“El estado no tiene que seguir siendo empresario. Vamos a tratar de hacer todo rápido. La idea es vender todo”, había asegurado a este medio un alto funcionario que monitorea el proceso, a cargo, en el trazo grueso, de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. El funcionario supervisa la situación de las 59 compañías -en total son unas 40 más 19 subsidiarias- estatales o con participación mixta sobre las que Milei ordenó desprenderse. Infobae.

El Gobierno Nacional ya podrá avanzar en los procesos de licitación de privatización total o parcial de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, tras haber dictado un decreto donde se establece el mecanismo para la venta de esas firmas públicas.   El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales solo se autoriza el ingreso de aportes privados mediante el sistema de PPP.  

El Gobierno quería privatizar unas cuarenta empresas públicas, pero debió eliminar las ventas del Banco Nacional, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, debido a la resistencia de los bloques dialoguistas a acompañar esas propuestas.   A través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ya fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas públicas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoria General Nacional y la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que aún no conformó el Congreso.  En la reglamentación de la Ley Bases sobre la venta de empresas, se estableció que “el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización”. Este documento deberá incluir “el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización”.   También “la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa”.  Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.   En cuanto a la empresa Nucleoeléctrica Argentina se fija que solo se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social. En tanto, se fijó que se requiere del voto afirmativo del Estado nacional para la toma de decisiones que signifiquen la ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva y la salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica, así como la incorporación de accionistas.   En el caso del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) también se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin.