El trabajo de quien dedica tiempo a un comedor, una organización comunitaria o una entidad de asistencia suele quedar fuera de su currículum formal. Un proyecto ingresado este lunes a la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone reconocer esa experiencia mediante certificados oficiales y darle valor al momento de postularse a un empleo público o a una beca provincial.

La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Maier con el acompañamiento de integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos. Su objetivo es promover el voluntariado en entidades sin fines de lucro y establecer una forma de acreditar las tareas realizadas.

Para ello, plantea crear un Registro Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil con Voluntariado Social. Allí se inscribirán las entidades, se registraron las altas y bajas de sus voluntarios y se validaron los certificados. El Ministerio de Desarrollo Humano sería el organismo encargado de administrar el sistema.

El punto central del proyecto establece que el voluntariado debidamente acreditado deberá ser valorado como antecedente en los concursos para cubrir cargos del Estado provincial, según las reglas de selección de cada puesto. Quedarían exceptuadas las designaciones del Consejo de la Magistratura. La experiencia también sería considerada en programas provinciales de becas y formación, y se invitaría a los municipios a aplicar un criterio similar en sus búsquedas de personal.

La propuesta encuentra un antecedente concreto en Estados Unidos, donde las actividades fuera del aula forman parte de numerosas postulaciones universitarias. La Common App, plataforma utilizada para solicitar ingreso a distintas instituciones, permite informar experiencias de participación comunitaria. La Universidad de California incluye específicamente “voluntariado y servicio comunitario” entre las categorías de actividades que pueden declarar sus aspirantes. En ambos casos, esa experiencia permite mostrar qué hizo el postulante fuera de sus estudios; no existe un puntaje universal ni garantiza el ingreso. 

Los autores del proyecto sostienen que la tarea voluntaria también desarrolla capacidades como la cooperación, la comunicación y la resolución de problemas. Aclaran que su reconocimiento no reemplazaría los requisitos de idoneidad para acceder a un cargo público: agregaría un antecedente verificable a la evaluación.

La iniciativa deberá ser debatida en la Legislatura. Hasta que eso ocurra, la certificación y la valoración obligatoria del voluntariado continúan siendo una propuesta, sin vigencia en los concursos provinciales.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso volvió a colocar la reducción de la estructura estatal entre las prioridades del Gobierno. Desde finales de 2023, la cantidad de trabajadores comprendidos en el ámbito nacional pasó de 343.357 a 270.835.La diferencia representa 72.522 puestos menos y equivale a una disminución del 21,1% en casi tres años. La cifra incluye bajas producidas tanto en la Administración Pública Nacional como en empresas y sociedades controladas por el Estado.Del total, 49.578 puestos correspondieron a la administración nacional y otros 22.944 a compañías estatales.La Administración Pública Nacional cuenta actualmente con 183.520 trabajadores, frente a los 233.098 registrados en noviembre de 2023. La reducción fue del 21,3%.Dentro de esa estructura, los organismos descentralizados pasaron a tener 111.117 empleados después de perder 25.646 puestos, lo que representa una disminución del 18,8%.El recorte proporcional más importante se produjo en la administración centralizada. Su planta bajó de 55.858 a 37.657 trabajadores: 18.201 puestos menos, equivalentes al 32,6%.La reducción también alcanzó a diferentes ministerios. Economía registra alrededor de 1.004 trabajadores menos, mientras que Salud disminuyó su dotación en algo más de 1.200 puestos. Estas cifras incluyen modificaciones organizativas y redistribuciones internas producidas durante el período.

Las empresas públicas también redujeron personal

Las compañías estatales pasaron de concentrar 110.259 trabajadores en 2023 a contar actualmente con 87.315. La diferencia alcanza los 22.944 puestos, una reducción del 20,8%.Correo Argentino encabezó las bajas en términos absolutos: su planta descendió de 16.897 a 11.279 empleados, con una diferencia de 5.618 puestos.Operadora Ferroviaria redujo su dotación en 4.305 trabajadores; el Banco Nación, en 2.381; y Aerolíneas Argentinas, en 1.923. También se registraron disminuciones en AySA, Belgrano Cargas y Radio y Televisión Argentina.En la categoría denominada “otros entes”, la cantidad de empleados cayó de 15.545 a 13.615. El PAMI concentra 13.025 trabajadores, 1.300 menos que al comienzo de la actual administración.Ferrocarriles Argentinos constituye una excepción estadística: pasó de 73 a 501 empleados debido a absorciones y movimientos internos, por lo que el aumento no supone necesariamente la creación de nuevas vacantes.Para 2027, el Ejecutivo plantea continuar con la modernización del Estado y fortalecer los mecanismos de transparencia y profesionalización. Según sostiene el proyecto, el objetivo será consolidar una administración más austera, eficiente y concentrada en funciones consideradas estratégicas.La nueva etapa, de acuerdo con los lineamientos presupuestarios, combinará reorganización de estructuras, revisión de funciones y continuidad de la política de reducción del empleo público.

Con la publicación del decreto reglamentario en el Boletín Oficial N° 28.355, comenzó a regir formalmente el nuevo Régimen General de Concursos para la Administración Pública de Entre Ríos. La medida establece reglas obligatorias para el ingreso a la planta permanente, las promociones internas y la cobertura de cargos jerárquicos en el ámbito estatal.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la reglamentación viene a cubrir una asignatura pendiente desde la reforma constitucional de 2008, que consagró el concurso público como mecanismo para garantizar igualdad de oportunidades e idoneidad en el acceso a la función pública, aunque hasta ahora carecía de una aplicación integral.

Uno de los aspectos centrales de la normativa es que deja expresamente establecido que ningún ingreso a planta permanente podrá realizarse sin concurso previo. Las designaciones efectuadas por fuera de ese mecanismo serán consideradas nulas, reforzando así el objetivo de transparentar los procesos de selección y evitar incorporaciones discrecionales.

El nuevo esquema alcanzará tanto a la Administración Central como a organismos descentralizados y autárquicos. Los postulantes deberán atravesar tres instancias de evaluación: un examen de oposición, que tendrá el mayor peso en la calificación; una valoración de antecedentes académicos y laborales; y una entrevista personal destinada a analizar competencias y aptitudes para el cargo.

La reglamentación también contempla un reconocimiento para trabajadores contratados o transitorios que ya se desempeñan en el Estado, otorgándoles puntaje adicional por antigüedad y experiencia acumulada.

Otro de los cambios relevantes apunta a los cargos de conducción. Las jefaturas obtenidas por concurso estarán sujetas a evaluaciones periódicas. Cada tres años deberá realizarse una revisión de desempeño para determinar si el funcionario mantiene las condiciones de idoneidad necesarias para continuar en el puesto.

La medida generó opiniones contrapuestas entre los gremios estatales. Desde UPCN valoraron la incorporación de varios criterios trabajados en conjunto con el Ejecutivo, aunque señalaron que aún quedan aspectos por perfeccionar. En cambio, desde ATE cuestionaron la iniciativa y consideraron que no representa una solución de fondo para los trabajadores.

Con este nuevo régimen, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema basado en concursos públicos y evaluaciones objetivas, con la intención de fortalecer la transparencia y profesionalización de la administración provincial.

Cedro señaló que la medida genera un fuerte impacto social, al dejar a numerosas familias sin ingresos, y advirtió sobre la falta de explicaciones claras respecto de los criterios utilizados para definir las bajas. En ese marco, sostuvo que la administración pública debe actuar con mayor sensibilidad social y transparencia, especialmente cuando se trata de trabajadores que venían cumpliendo funciones en distintas áreas municipales.El edil también cuestionó que no se haya comunicado si existieron evaluaciones de desempeño previas ni fundamentos técnicos que respalden las decisiones adoptadas. A su entender, la gestión municipal debería evitar que los ajustes recaigan exclusivamente sobre los trabajadores, en particular en áreas operativas y de servicios.Desde una mirada política más amplia, Cedro consideró que este escenario expone debilidades en la gestión actual y planteó la necesidad de construir, hacia adelante, una alternativa que convoque a distintos sectores sociales y políticos de Concordia, con el objetivo de ofrecer un rumbo diferente para la ciudad.

El marco legal y la responsabilidad del EstadoDesde el punto de vista periodístico, cabe señalar que los empleados cuyos contratos no fueron renovados cumplieron el plazo que establecían sus vínculos contractuales, por lo que la finalización se encuadra formalmente dentro de la normativa vigente. Sin embargo, el aspecto más cuestionable de la situación radica en que muchos de esos trabajadores continuaron desempeñándose durante períodos prolongados, superando los tiempos previstos por la ley para las contrataciones temporarias.La Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos establece que los contratos deben ser excepcionales, transitorios y limitados en el tiempo, destinados a tareas específicas. Cuando esas funciones se vuelven permanentes y se sostienen mediante renovaciones sucesivas, el propio espíritu de la norma indica que corresponde avanzar en la regularización del trabajador, a fin de evitar la precariedad laboral dentro del Estado.Al no haberse producido ese pase a planta en su debido momento, el Estado municipal mantuvo durante años una situación de inestabilidad que hoy deriva en un conflicto social evitable.

Contratos, rotación y falta de empleoOtro elemento que surge del análisis es que, en una ciudad con poca oferta laboral, los contratos temporarios también cumplen históricamente un rol de rotación, permitiendo que distintas personas accedan, aunque sea de manera transitoria, a un ingreso. Para muchos vecinos, estos contratos representan lo que popularmente se conoce como “unas changas”, que, además de generar un sustento, aportan a la comunidad y al funcionamiento del municipio.La ausencia de una política clara de empleo público, con reglas previsibles y respeto por los plazos legales, termina afectando tanto a quienes pierden su contrato como a quienes desde hace años esperan una oportunidad laboral.Finalmente, Cedro expresó su acompañamiento a los trabajadores afectados y manifestó su disposición a colaborar junto a los sindicatos y organizaciones gremiales. Mientras tanto, el debate vuelve a poner en agenda una discusión de fondo: la necesidad de ordenar el empleo municipal, terminar con la precarización y garantizar decisiones que contemplen no solo la legalidad, sino también el impacto social.

En el transcurso de dos años, la dotación de empleados permanentes y transitorios del Estado se redujo en 59.688 cargos, lo que representa una caída del 17,5% del total y un promedio de 82 bajas por día. Según el Gobierno, este ajuste generó un ahorro anual estimado en $3,4 billones.De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, a noviembre del año pasado el Estado nacional contaba con 281.785 empleados, cifra que refleja con claridad el impacto de la política de recorte impulsada por la actual administración. El análisis surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Dónde se concentraron los recortesEn términos porcentuales, la mayor reducción se dio en la administración centralizada, que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público. En ese ámbito, la dotación cayó 28,8%, lo que equivale a 15.780 agentes menos en dos años.Sin embargo, si se observa el ajuste en valores absolutos, el mayor impacto se produjo en las empresas y sociedades del Estado, que perdieron 20.602 puestos, una contracción del 18,7% desde fines de 2023.Dentro de ese universo, el Correo Argentino fue la empresa con más bajas, con 5.191 empleados menos, lo que implica una reducción del 30,8% de su plantel. Le siguieron la Operadora Ferroviaria, con 3.504 cargos menos; el Banco Nación, con una disminución de 2.010 agentes; y Aerolíneas Argentinas, que redujo su personal en 1.913 puestos.También se registraron recortes significativos en organismos descentralizados. Entre los más afectados figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 3.152 bajas; el Conicet, que perdió 2.074 cargos; y la Anses, con 1.573 empleados menos.

Organismos disueltos y estructuras en retiradaEl ajuste incluyó además la eliminación directa de organismos públicos. Uno de los casos más relevantes fue el del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), disuelto en 2024. Sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía y su planta, que contaba con 354 empleados, quedó reducida a cero.Una situación similar atravesó el Inadi, cuyas funciones pasaron al Ministerio de Justicia tras su disolución formal. Otros organismos, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam), el INCAA y la Casa de la Moneda, también sufrieron recortes profundos, con reducciones que oscilaron entre el 35% y casi el 80% de sus planteles.

Menos empleados y salarios rezagadosLa política de achicamiento del Estado fue acompañada por un ajuste en los salarios del sector público, ya que los aumentos acordados en paritarias se ubicaron sistemáticamente por debajo de la inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el gasto salarial real cayó 10,4% en el Poder Ejecutivo, 5,2% en el Judicial y 12,1% en el Legislativo.

Continúa la restricción a nuevas contratacionesEl Gobierno anticipó que la política de ajuste continuará durante este año. A través del decreto 934/2025, se prorrogó la suspensión de nuevas contrataciones en el Sector Público Nacional. La norma prohíbe designaciones bajo cualquier modalidad, aunque contempla excepciones para áreas específicas como universidades nacionales, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.Incluso en esos casos, el decreto establece una condición: por cada nuevo ingreso deberán registrarse al menos dos bajas previas, una leve flexibilización respecto del esquema anterior, que exigía tres salidas por cada incorporación.Desde el Ejecutivo sostienen que la reducción de casi 60 mil agentes en dos años se logró sin afectar los servicios esenciales, y la presentan como uno de los pilares del proceso de desregulación y reestructuración del Estado. (Con datos de La Nación)

El Gobierno recortó 52.309 empleos públicos en los 19 meses que lleva de gestión, en el marco del ajuste permanente que se busca en el Estado. Las principales reducciones de personal se hicieron en la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades en manos estatales.En diciembre de 2023, previo a la llegada del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas estatales con 91.166. Esas cifras se redujeron a 175.146 y 74.933, respectivamente. El personal militar y de seguridad disminuyó en 5.672 puestos.Entre las carteras que más personal perdieron figuran el Ministerio de Economía, que pasó de tener 69.297 empleados en diciembre de 2023 a 58.100 en junio de 2025, y la Jefatura de Gabinete, que redujo su planta de 34.971 a 29.771 personas en ese mismo período. El Ministerio de Capital Humano registró una baja de más de 6.300 trabajadores.En el universo de las empresas y sociedades del Estado, varias compañías emblemáticas redujeron su plantilla de forma significativa. Aerolíneas Argentinas recortó 1.734 puestos (de 11.617 a 9.883), mientras que Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye Canal 7 y Radio Nacional, perdió 229 empleos. También se destacó la caída en la Agencia de Publicidad del Estado, que pasó de 790 a 166 trabajadores.La empresa AYSA, que ahora se busca privatizar, redujo su personal de 7.680 a 6.187 empleados, y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) pasó de 23.875 a 21.522. En el caso de Casa de la Moneda, el recorte fue del 40%: bajó de 1.390 a 821 trabajadores.El ajuste impactó con mayor fuerza en el personal contratado. Según el informe, mientras la planta permanente y transitoria cayó un 9,1%, los contratos regulares bajaron un 21,5% y los contratos especiales sin relación de dependencia (LOYS) se redujeron un 52,7%: de 6.810 en diciembre de 2023 a 3.221 en junio de 2025.El Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, disminuyó de 610 a 410 contratos LOYS en ese lapso. En el Ministerio de Economía, ese tipo de contratación pasó de 2.958 a 1.329 casos.En paralelo, se contabilizan 1.081 trabajadores en situación de disponibilidad, un mecanismo que permite mantener la relación laboral en suspenso y reubicar al personal en otras áreas del Estado. La mayoría de estos casos se concentraron en el Ministerio de Capital Humano (798 personas), seguido por el Ministerio de Economía (207) y el de Desregulación y Transformación del Estado (52).Mientras tanto, continúa el conflicto salarial entre aquellos que siguen formando parte de la planta estatal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó este miércoles que rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en el marco de las negociaciones paritarias para los empleados del sector público. “La propuesta ni siquiera contempla la compensación del poder adquisitivo perdido en el periodo anterior”, sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.Mediante un comunicado, el sindicato señaló que la oferta fue desestimada por considerar insuficiente el incremento propuesto del 7,5%, distribuido en seis tramos. La postura de ATE difirió de la adoptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que aceptó el ofrecimiento del Ejecutivo.Según detalló ATE, el esquema contemplaba subas acumulativas del 1,3% en junio, 1,3% en julio, 1,3% en agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre. A eso se sumaba una suma fija por única vez de $25.000 correspondiente a junio, julio y agosto, y otra de $20.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Infobae.

 Luego de la firma del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, precisó que �Sel trabajo que concluimos hoy con ATE y UPCN, es un perfeccionamiento de los instructivos anteriores para poder iniciar proceso de recategorizaciones⬝, y subrayó que el objetivo es �Sjerarquizar la carrera de la administración pública⬝.

El funcionario provincial detalló que en este instructivo plantea que �Sel tener una capacitación, y por otro lado, una trayectoria sin mácula, le permitirá al empleado público contar con una mejor categoría dentro de la administración pública⬝, y adelantó que �Sbeneficiará a miles de trabajadores y trabajadoras de la administración provincial, y mejorará sus ingresos⬝.

�SLo que busca el gobernador es contar con un Estado eficiente, moderno y transparente, que sus empleados y empleadas puedan formarse, crecer y tener remuneraciones adecuadas. Por eso estamos muy conformes con el trabajo que desarrollamos este año en el que llegamos a acuerdos paritarios por encima de la inflación y a acuerdos como este que sientan las bases para un mejor desarrollo de la carrera de la administración pública⬝, concluyó Labriola.

Beneficio para miles de trabajadores

Al respecto, Secretario de Organización de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Víctor Hugo Sartori, señaló que los sindicatos suscribieron un instructivo con la representación del gobierno provincial, como parte de los acuerdos paritarios, donde �Smiles de trabajadores se van a beneficiar con una recategorización a nivel general que va a abarcar al conjunto⬝.

En ese sentido, precisó que �Shay una serie de pautas objetivas, que se basan en antigüedad, capacitaciones y responsabilidades funcionales. Se ha avanzado sobre el instructivo de 2018, producto de la negociación, y estamos satisfechos, si bien quedará otra etapa de regularización⬝.

Por su parte, la Secretaria Adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, señaló que �Sindependientemente del tiempo que lleve el proceso, el instructivo se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2023, lo cual significa una garantía de que todos los trabajadores a esa fecha van a tener reconocida la categoría que le corresponde⬝.

Luego consideró que �Sla discusión de las recategorizaciones nos pone en camino a discutir más que un proceso estanco, sino que hablamos de políticas de Estado porque ya llevamos varios procesos de recategorización; y los trabajadores que a veces iniciaban y se jubilaban con la misma categoría hoy no dependen de la voluntad o subjetividad de ningún funcionario para poder llevar adelante este proceso⬝.

Por otro lado, detalló que �Sse han contemplado varios escalafones, no solo el general, sino también Salud Mental y agentes sanitarios, comprendiendo al conjunto de los trabajadores⬝.

Como uno de los puntos incorporados, mencionó una cláusula que indica �Sque si el trabajador no fue recategorizado en 2018 y tampoco lo es en el 2022 porque no entra dentro de los parámetros, igualmente va a recibir una categoría. También se hace hincapié en la parte superior del escalafón y que pueda llegar con menos cantidad de años a la categoría indicada; con esto no solo beneficiamos a los trabajadores más antiguos, sino también al que está más cerca de jubilarse⬝.

�SEstamos conformes con el avance de la paritaria, rescatamos el ámbito paritario como una instancia fundamental para debatir las condiciones laborales de los trabajadores y los salarios. Porque las recategorizaciones son salarios. De manera que creemos que al finalizar el año, en un 2022 muy difícil, terminar con recategorizaciones implica un esfuerzo de las dos partes, tanto de los sindicatos como del gobierno, en beneficio de los trabajadores⬝, concluyó Domínguez.