En términos salariales, Entre Ríos se ubica en una franja media: paga más que varias provincias del norte, pero lejos de los niveles patagónicos. Aun así, el empleo público local supera en promedio entre 30% y 38% al sector privado formal, consolidándose como principal sostén de ingresos.

Fuertes desigualdades internasLas diferencias dentro del propio Estado son notorias. En la administración general, los sueldos van desde unos $980.000 en la base hasta $4,5 millones en categorías superiores. En el sector docente —que representa el 41% del total— se da una paradoja: aunque el salario básico es el más alto de la Región Centro, el ingreso total queda por debajo de Córdoba y Santa Fe. Un maestro sin antigüedad ronda los $883.000, mientras en Córdoba supera el millón.Además, el poder adquisitivo docente es uno de los más bajos del país, con una pérdida sostenida en la última década.

Salud y seguridad: contrastes marcadosEn salud, las guardias médicas muestran una brecha crítica: un profesional en Entre Ríos percibe alrededor de $900.000, mientras en Buenos Aires los valores superan el $1,2 millón. Esta diferencia impacta directamente en la cobertura del sistema.En contraste, la Policía entrerriana presenta mejores ingresos relativos: un agente cobra entre $1 millón y $1,3 millón, por encima de la Policía Federal y de varias provincias, aunque ya fue superada por Santa Fe tras su última recomposición.

El punto más alto: Justicia y políticaLas mayores diferencias se observan en la cúpula estatal. Un vocal del Superior Tribunal de Justicia ronda los $16 millones mensuales, mientras que un empleado judicial inicial no supera los $557.000, muy por debajo del nivel federal.En el Poder Legislativo, los ingresos también se ubican entre los más altos del país: diputados con $8 millones y senadores con $9 millones, cifras que posicionan a Entre Ríos en el podio nacional.

Jubilaciones: otro sistema desigualEl sistema previsional provincial refleja la misma lógica: un haber mínimo cercano al $1 millón, más del doble que el nacional, convive con jubilaciones que alcanzan los $15 millones en el caso de exmagistrados. La brecha es extrema: hasta 33 veces entre el piso nacional y el techo provincial.

Un modelo bajo tensiónEl cuadro general revela una provincia con más empleados que el promedio, salarios medios en retroceso real y fuertes diferencias entre sectores. Mientras algunos escalafones muestran niveles competitivos, otros —como salud o educación— quedan rezagados frente a otras jurisdicciones.El desafío de fondo no es solo el tamaño del Estado, sino cómo se distribuyen sus recursos y qué prioridades refleja ese esquema en la vida cotidiana de los entrerrianos. (I: Con datos de Rosario Net) 

La Dirección General de Recursos Humanos de Entre Ríos dispuso que, a partir del 1° de mayo de 2025, será obligatorio para los trabajadores de la administración pública provincial utilizar la aplicación “Mi Trabajo” para registrar su asistencia diaria, siempre que desempeñen funciones en organismos que no cuenten con reloj biométrico vinculado al Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (SIGAP).Esta medida fue establecida mediante la Resolución Nº 1/2025 DGRH, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.079. La normativa se enmarca en las disposiciones del Decreto Nº 1923/24 MGT, el cual aprobó la implementación del SIGAP como sistema unificado de legajo único en todo el sector público provincial.Según lo detallado en los considerandos, la aplicación “Mi Trabajo”, que ya está disponible para teléfonos móviles a través de la Play Store, permitirá al personal no solo registrar su asistencia, sino también gestionar licencias, consultar datos personales y laborales, acceder a recibos de haberes y realizar otras gestiones que se incorporarán en el futuro. “Resulta necesario establecer la obligatoriedad del uso de la APP Mi Trabajo para el fichaje de la asistencia diaria de los trabajadores que prestan servicio en dependencias que no cuentan con reloj biométrico”, se argumentó en la resolución firmada por la directora general de Recursos Humanos, Luciana M. Kapp.Se indicó que la herramienta busca garantizar la autenticidad del registro de asistencia, en particular para quienes prestan funciones en zonas o dependencias sin acceso a los dispositivos biométricos oficiales.Además, se explicó que los trabajadores podrán descargar la app directamente desde sus teléfonos o escanear el código QR disponible en el sistema para acceder a ella.La implementación del SIGAP y la aplicación “Mi Trabajo” forma parte de una estrategia de modernización administrativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de digitalizar procesos y mejorar la gestión de recursos humanos en la administración pública. 

"Estamos iniciando el proceso de modernización más importante de la historia de Entre Ríos", destacó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.Una gran cantidad de trabajadores entrerrianos ya se sumó al ciclo de capacitaciones en Gestión Documental Electrónica (GDE), la plataforma digital que está implementando el gobierno provincial para crear, almacenar y compartir documentos oficiales de manera electrónica. Las capacitaciones comenzaron este martes y la concurrencia de los trabajadores colmó todas las expectativas: el salón del CGE estuvo repleto en ambos turnos, el de las 8 y el de las 10.Las capacitaciones virtuales también fueron un éxito: las inscripciones se abrieron el jueves y los cupos se agotaron en 48 horas, por lo que desde la Secretaría de Modernización se está trabajando para generar nuevas instancias de formación.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, resaltó "el gran interés que han demostrado los trabajadores en las capacitaciones sobre el nuevo sistema de expediente electrónico" y sostuvo que "este es el camino que hay que fortalecer para cumplir con la ambiciosa meta que nos trazamos cuando asumimos: que en dos años el cien por ciento de los expedientes administrativos de la provincia sean digitales"."Estamos iniciando el proceso de modernización más importante de la historia de Entre Ríos y cada día damos un paso más en la senda de la transformación digital que nos propuso el gobernador Rogelio Frigerio", destacó.Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, coincidió en que "la respuesta de los trabajadores ha sido ejemplar" y mostró su satisfacción por la alta demanda que vienen teniendo las capacitaciones en Gestión Documental Electrónica. "Quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la provincia por ser protagonistas de este proceso que no sólo moderniza al Estado y lo hace más eficiente, sino que también mejora la vida de cada ciudadano". 

La normativa prohíbe expresamente el ingreso a cargos públicos por vínculo familiar, afinidad política o influencia y establece que todos los procesos de selección deben ser abiertos y accesibles al público en general.Además, se disponen comités de evaluación independientes y sanciones a quienes incumplan estas medidas, según informó el Poder Ejecutivo.Con esta medida, el Gobierno promete asegurar que el acceso a empleos estatales esté basado exclusivamente en el mérito y la competencia, eliminando las prácticas de nepotismo en las designaciones.

Detalle del Decreto 959/2024Restricción de Prácticas Hereditarias: El decreto prohíbe explícitamente los privilegios de acceso a cargos públicos basados en parentesco, relación política o afinidad con personas en puestos de influencia. Se implementarán auditorías internas para asegurar que los procesos de selección se rijan exclusivamente por mérito y competencia.Concursos Abiertos y Públicos: Todos los concursos para ingresar a la administración pública deberán ser abiertos y accesibles al público en general. Se exigirán procesos de selección competitivos, con requisitos previamente especificados, para evitar favoritismos.Comités de Evaluación Independientes: La normativa ordena la formación de comités de evaluación compuestos por miembros independientes, quienes supervisarán que las selecciones sean imparciales. Estos comités deberán elaborar informes públicos sobre cada concurso, garantizando así la transparencia.Sanciones a Irregularidades: Se establece un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplan con las nuevas normativas o favorezcan prácticas de nepotismo. Las sanciones van desde la suspensión hasta la destitución y se aplicarán según la gravedad de la infracción. Supervisión y Auditoría: El decreto habilita auditorías periódicas a cargo de la Oficina Anticorrupción para verificar que los procesos de selección sean transparentes y que no exista interferencia indebida en la selección de personal. 

Hoy jueves 1 de febrero comenzará el pago de los haberes de enero del personal activo y pasivo del Estado provincial. En esta oportunidad se incluye el incremento del 18 por ciento, calculado en base a los salarios de diciembre, más la suma fija de 25.000 pesos acordados con los gremios de los trabajadores públicos.

Cronograma:

Jueves 1:

Haberes desde 1 pesos hasta 270.000 pesos.

Viernes 2:

Haberes desde 270.001 pesos hasta 370.000 pesos.

Sábado 3:

Haberes desde 370.001 pesos hasta 450.000 pesos.

Martes 6:

Haberes desde 450.001 pesos hasta 580.000 pesos.

Miércoles 7:

Haberes desde 580.001 pesos hasta 720.000 pesos.

Jueves 8:

Haberes superiores a 720.000 pesos.

La medida forma parte del plan de reducción de gastos en toda la administración pública que anunció el Presidente Javier Milei cuando asumió. En una auditoría sobre los salarios de los empleados estatales, el Gobierno detectó casos de trabajadores con más de la mitad de su salario compuesto por horas extras y adicionales. Ese relevamiento había sido ordenado por el Decreto 84/2023, una norma que también obligó a que se dieran de baja todos los contratos de personal temporario que vencían a fines del año pasado. Con esta última decisión, el Gobierno de Milei buscará bajar en 7.000 contratos la plantilla del personal del Estado nacional informó Clarín.

Auditoría sobre los empleados estatales

La auditoría que se hizo en las últimas semanas del año permitió encontrar casos de agentes de "categorías bajas" que cobran buena parte de sus ingresos con adicionales y horas extras asignados a la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Economía. Se trata, en muchos casos, de choferes, mozos, personal de seguridad y también administrativos de baja calificación.

En este sentido, en el Gobierno citan como ejemplo el caso de un empleado que gana $473 mil de bolsillo, con un sueldo básico de $178.225 y una "compensación" de $162 mil, entre otros suplementos que hacen al conformado salarial. Todos esos trabajadores están regidos por contratos que fueron revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Ese equipo lo coordinan Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci. Este miércoles, Guibert les envió una nota a los ministros instándolos a poner en marcha el plan de recorte de horas extras y adicionales salariales. "Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por instrucción del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, con relación a la asignación de servicios extraordinarios (horas extras) en todas aquellas jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público Nacional. Al respecto, se informa que en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado (...) y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente", escribió el funcionario en la carta titulada "Lineamientos horas extras".

La nota de Guibert provocará un impacto muy visible en los salarios de los estatales, ya que desde ahora, las horas extras deberán ser solicitadas a los empleados por las máximas autoridades de cada organismo y no sucederá más, como ocurre ahora, que los empleados ya tienen asignados montos de horas extras casi de manera invariable, lo cual les permite engorsar sus ingresos.

"Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas. En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios", postula la carta enviada a todo el Gabinete. (Clarín).