La Asociación de Pastores Unidos de Concordia (APUC) presentó una nota formal dirigida al intendente Francisco Azcué y al Honorable Concejo Deliberante en la que expresó su preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica en la ciudad y solicitó la adopción de medidas inmediatas.En el documento, fechado el 4 de mayo, la entidad advirtió que la crisis actual se refleja en problemáticas como el desempleo, la informalidad laboral, la pobreza estructural, el deterioro vial y el incremento de situaciones vinculadas a la salud mental, como adicciones y suicidios. Sin embargo, remarcaron que la principal inquietud está centrada en la cuestión alimentaria.En ese marco, APUC pidió la declaración e implementación urgente de la Emergencia Alimentaria, en línea con la legislación provincial vigente, y la realización de un relevamiento nutricional que permita dimensionar el impacto de la malnutrición en los sectores más vulnerables.Además, solicitaron la puesta en marcha de políticas orientadas a la generación de empleo genuino y el cumplimiento de acuerdos institucionales previamente firmados, como el Pacto de San Antonio de Padua y el Pacto de Julio.Otro de los puntos planteados fue la necesidad de declarar la emergencia en salud mental, con acciones concretas de prevención y abordaje de problemáticas asociadas como el consumo problemático y el suicidio.La entidad también alertó sobre el crecimiento de situaciones de extrema vulnerabilidad, señalando la presencia de familias que recurren a residuos para alimentarse, y advirtió sobre el riesgo de que la situación se profundice si no se adoptan medidas urgentes.En la nota, los pastores sostienen que el contexto actual no es reciente, pero que su agravamiento exige respuestas rápidas. En ese sentido, remarcaron que la asistencia social debe ser entendida como una inversión necesaria para preservar la dignidad de las personas.Finalmente, APUC expresó su disposición a acompañar a los sectores más afectados y quedó a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades municipales.

Por esa razón, presentaron este viernes un proyecto de declaración de la Emergencia Alimentaria en la provincia, para establecer políticas y estrategias que permitan garantizar el derecho a la alimentación, y la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad.

Es público el planteo de diversas instituciones y organizaciones sociales, que en defensa del derecho humano a la alimentación, reclaman la declaración de la Emergencia Alimentaria en la Provincia y también la provisión de mayores recursos del Estado para hacer frente a la demanda de alimentos de vastos sectores empobrecidos. Las y los legisladores justicialistas impulsan el inmediato tratamiento de la iniciativa, que no se cuenta dentro de otras declaraciones de emergencia que impulsa el Poder Ejecutivo.

El proyecto busca la sanción de una ley integral, y en este sentido contempla además la creación de un Registro Provincial de Proveedores y la conformación de la Mesa de Diálogo Social -con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia alimentaria- para garantizar la efectividad de las acciones desarrolladas en el marco de la emergencia.

Las organizaciones nucleadas en la Mesa Contra el Hambre participaron de la elaboración de la iniciativa presentada en la Cámara baja.

“Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es una política de Estado prioritaria; alimentarse bien es un derecho y no un privilegio; el derecho a la alimentación y a la nutrición, es un puente para al acceso a los derechos a la vida, a la salud, a la educación y al pleno desarrollo integral”, consideran los integrantes del bloque opositor.

“Las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional no son gastos, son inversiones éticas, estratégicas e inteligentes del Estado Nacional y Provincial. Por esto resulta también necesario promover programas de producción, comercialización y acceso a precios justos a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, y de fortalecimiento de las asociaciones de consumidores de alimentos saludables, entre otras acciones”, destacaron.

El marco jurídico internacional, nacional y la Constitución Provincial dan el encuadre al proyecto de Ley que pretende declarar la emergencia alimentaria por un año, prorrogable por un año más por la Legislatura. De esta forma el Poder Ejecutivo dispondrá de diversas medidas y herramientas para lograr por todos los medios apropiados la efectividad del derecho a la alimentación, sin perjuicio de los otros programas ya existentes en materia de política alimentaria.

También nos indicaron que a nivel local no tienen respuestas rápidas frente a la falta de alimentos para afrontar esta dura situación.

En esta ocasión, nos entregaron un proyecto solicitando la declaración de Emergencia Alimentaria. El mismo que fue ingresado, días atrás, por presidencia del Honorable Concejo Deliberante.

Desde el Bloque queremos poner sobre la mesa esta situación, para no demorar la asistencia a quienes hoy están atravesando una situación muy difícil y no pueden esperar un día más. 

En este sentido solicitamos al ejecutivo celeridad en la gestión en lo que respecta asistir a los y las concordienses que no pueden satisfacer las necesidades básicas de alimento diario, y además cuanto antes aprobar la Emergencia Alimentaria en el Concejo para poder paliar esta triste situación que vivimos.

En la explanada de la Catedral de Paraná, la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos -que nuclea a diferentes organizaciones sociales, civiles y gremiales- demandó a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales que declaren la emergencia alimentaria. “Todos coincidimos en la necesidad de una agenda que ponga los números sobre la mesa, la cantidad de asistencia que se está brindando hoy y que se tenga en cuenta que nosotros volvimos a trabajar la cuestión de la asistencia cuando pasó la pandemia, es decir, estamos cubriendo un espacio porque el Estado no llega a resolver esta problemática”, explicó a esta Agencia Arturo Sedano, integrante la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quien subrayó: “Si hay pobres, no es culpa de las organizaciones; y si hay hambre, tampoco lo es. Digo esto por el discurso hegemónico nacional”. En ese sentido, señaló “se vive una situación crítica en Argentina, que viene de fines del año pasado y continúa con las medidas tomadas este año”, y precisó que eso lo reflejó hoy la Universidad Católica Argentina (UCA) “que dio a conocer un informe que expone que hay 27 millones de pobres y nueve por ciento de indigentes”. En ese marco, advirtió que “hay una caída de la inversión en alimentos de un 22 por ciento, es decir, son 1.400 millones de dólares y es imposible de resolver eso en este momento, que se dio en un marco de congelamiento de salarios, pérdida de empleo y una inflación galopante (entre diciembre, enero y lo que va de febrero), por lo que hay montón de personas que no tienen directamente cómo acceder a un plato de comida”.

Kloster: “El hambre no puede ser una variable de ajuste”

La vocera del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) Entre Ríos, Evelina Kloster, subrayó a esta Agencia que “el hambre no puede ser una variable de ajuste; la comida no puede faltar en la mesa de los argentinos”. En ese marco, la referente social adelantó que este jueves habrá una jornada de ollas populares en toda la provincia y el viernes se pedirá a la Legislatura entrerriana, ya que con el gobierno entrerriano hay diálogo, “pero no está dando respuestas que sean para resolver la problemática, es decir, hay que actuar de manera urgente y entender que la situación no se puede dilatar más porque la gente está atravesando momentos muy difíciles y es preciso resolver la emergencia alimentaria inmediatamente”.

En términos locales, Kloster comentó que se pedirá a los Concejos Deliberantes de diferentes ciudades que declaren la emergencia y adelantó que en Paraná se reunirán con la intendenta Rosario Romero el miércoles por la tarde.