Ucrania impuso el estado de emergencia en su sector energético debido al impacto de los ataques rusos contra las instalaciones de energía, informó este viernes el ministro de Energía y primer viceprimer ministro, Denys Shmyhal.“Nuestra tarea es trabajar de forma coordinada y eficaz para estabilizar la situación del sistema energético lo antes posible, en particular en la ciudad de Kiev”, escribió Shmyhal en la red social Telegram.A partir de esta medida, los residentes podrán acceder, durante la noche, a los refugios de calefacción de emergencia, pese al toque de queda, explicó Shmyhal.El gobierno ucraniano dio instrucciones a las agencias pertinentes para que agilicen los procedimientos de conexión de los equipos de energía de reserva a la red eléctrica y redistribuyan dichos equipos entre las regiones en función de las necesidades críticas.Asimismo, se ordenó a las empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles Ucranianos y el operador de gas Naftogaz, que aumenten las importaciones de electricidad hasta al menos el 50 % de su consumo total.Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó esta semana que la situación energética es más difícil en Kiev, Odesa y la región central de Dnipropetrovsk.

 Por Tomás Martino - El Juzgado Federal de Campana habilitó la feria judicial de verano para avanzar en el cumplimiento de la sentencia que ordenó la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad, pese a que el Gobierno nacional apeló el fallo y busca revertirlo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.La habilitación fue adoptada este viernes por el juez federal Adrián González Charvay, designado como autoridad durante el primer tramo del receso judicial. El magistrado consideró que la demora podría frustrar derechos o producir un “daño irreparable” sobre las personas alcanzadas por el amparo colectivo contra el Estado nacional.En una resolución dictada en el expediente “J, O.G. (en representación de sus hijos) y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud de la Nación (...)”, el juez entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para permitir la actividad judicial durante enero y dispuso que la medida quedara circunscripta al cumplimiento de la sentencia definitiva ya dictada en la causa.El magistrado ponderó que el transcurso del tiempo podría afectar derechos fundamentales del colectivo integrado por personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios en todo el país.El fallo, en rigor, se produce en el marco de un litigio de alto impacto social vinculado con la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad y estableció medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario para sostener el sistema de prestaciones. La norma fue sancionada por el Congreso en julio de este año, pero posteriormente resultó vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei por razones de sostenibilidad fiscal.Frente a ese veto, ambas cámaras del Congreso insistieron con la sanción original. La Cámara de Diputados lo hizo el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, en ambos casos con el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, esa insistencia obligaba al Poder Ejecutivo a promulgar y aplicar la ley sin condiciones.Tras ese trámite parlamentario, el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, firmado por Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Iván Lugones. El artículo 1 del decreto promulgó la ley en cuestión, mientras que el artículo 2 dispuso comunicarla al Congreso “con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución” de la norma.En los considerandos de ese texto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley no había previsto fuentes específicas de financiamiento y que, en virtud del artículo 5 de la Ley 24.629 y del régimen de administración financiera, su ejecución debía quedar supeditada a la incorporación de partidas presupuestarias específicas en el presupuesto nacional.Esa medida fue cuestionada judicialmente. A mediados de diciembre, el titular del Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva y declaró inválido el artículo 2 del decreto, al analizar que el Gobierno nacional había utilizado esa cláusula para suspender en los hechos la ejecución de una ley sancionada por insistencia parlamentaria.En su pronunciamiento, el juez indicó que la conducta del Ejecutivo violó el artículo 83 de la Constitución Nacional y el principio de supremacía constitucional, al subordinar una ley formal del Congreso a normas de jerarquía inferior. También señaló que la propia Ley 27.793 facultó al Jefe de Gabinete a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para asegurar su financiamiento.Semanas después, antes de que la Cámara de Diputados rechazara el capítulo del proyecto de Presupuesto 2026 que preveía la derogación de la emergencia en discapacidad, el Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla apeló la sentencia de González Charvay. La apelación fue concedida con “efecto devolutivo”, por lo que el fallo quedó en condiciones de ser cumplido mientras no sea revocado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Para defender su postura ante el reclamo judicial, el Gobierno explicó que la aplicación de la ley implicaba un impacto fiscal que no era compatible con el equilibrio de las cuentas públicas y que el artículo 2 del decreto no suspendió la norma, sino que la eventual imposibilidad de ejecución deriva de la legislación presupuestaria vigente.Esos argumentos fueron rechazados por el juez de primera instancia tras subrayar en la sentencia que el Congreso, en efecto, había habilitado al jefe de Gabinete a reasignar partidas y que el Ejecutivo había realizado múltiples modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023.Según los datos recabados durante la tramitación de ese expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles aumentaron solo un 42,6%, lo que generó una pérdida real superior al 50%, con cierres de instituciones, interrupción de tratamientos y dificultades para sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.Así las cosas, con el fallo vigente y la apelación en trámite, el juez resolvió habilitar la feria judicial para darle continuidad a la fase de ejecución.

La oposición avanzó con la firma del dictamen que activa “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”. Ocurrió en un plenario de las comisiones de Salud; de Población; y de Presupuesto del Senado, y el tema quedó listo para ir al recinto en los próximos días.Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones. (Infobae)

La norma tiene como propósito resguardar estos idiomas y preservar el vasto universo cultural que representan. Con este paso, el Estado provincial se compromete a impulsar políticas públicas concretas y sostenidas en el tiempo para evitar la desaparición de este patrimonio inmaterial, cuya pérdida representaría un daño irreparable a la diversidad cultural y a la herencia histórica de la región.El proyecto, impulsado por la diputada Gabriela Lena y acompañado por otros 15 legisladores de distintos bloques, se funda en el artículo 33° de la Constitución Provincial, el cual reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y garantiza el respeto a sus identidades, saberes, creencias y formas de vida. La sanción de la ley se da en un contexto de alerta internacional: según la UNESCO, cada 14 días desaparece una lengua en el mundo y se estima que, de seguir esta tendencia, la mitad de las más de 7.000 lenguas actuales se extinguirán antes de finalizar el siglo. La pérdida de una lengua implica la pérdida de conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, la salud, el universo, la historia oral, la cosmovisión y la identidad de un pueblo.Entre los puntos destacados de la norma se encuentra la designación de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto al Consejo General de Educación, como autoridades responsables de ejecutar planes administrativos y operativos para la protección de estos idiomas. Estas instituciones deberán diseñar estrategias para documentar, digitalizar, enseñar y difundir las lenguas chaná y charrúa. Asimismo, se faculta a estos organismos a celebrar convenios con universidades, el CONICET, organizaciones internacionales e instituciones especializadas para conformar una comisión ad honorem. Esta comisión estará integrada por antropólogos, lingüistas, sociólogos, etnógrafos, docentes e historiadores, con el objetivo de realizar investigaciones rigurosas que contribuyan al rescate y sistematización de estas lenguas en peligro.El Estado provincial también buscará fortalecer la visibilidad de estas lenguas a través de los medios públicos. La ley establece que radios, canales de televisión y medios digitales estatales deberán incluir en su programación micros o contenidos específicos sobre las lenguas originarias, en horarios centrales, de modo que lleguen a la mayor cantidad de público posible. En paralelo, la Editorial de la Provincia y la Imprenta Oficial tendrán la responsabilidad de publicar al menos 2.000 ejemplares de libros dedicados a la lengua y cultura chaná y charrúa. Este material será distribuido en instituciones educativas, priorizando su llegada a las escuelas públicas y privadas de todos los niveles.Una de las herramientas clave para asegurar la transmisión de estos conocimientos será la capacitación docente. El Consejo General de Educación deberá otorgar puntaje especial a aquellos educadores que se perfeccionen en estas lenguas y que luego incorporen dichos saberes en las aulas mediante clases, talleres o actividades extracurriculares. Esta disposición busca garantizar la supervivencia y reproducción intergeneracional de las lenguas.Finalmente, la ley instruye al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la efectiva implementación de los programas contemplados. Este aspecto resulta fundamental para evitar que el espíritu de la ley quede en letra muerta y pueda traducirse en acciones concretas de preservación lingüística.

Peronistas y radicales emitieron un dictamen en favor del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, con el fin de actualizar las prestaciones y las pensiones, lo que implica un nuevo traspié para el oficialismo que rechaza esta iniciativa.La iniciativa fue debatida en la comisión de Población y Desarrollo Humano, que preside la legisladora k Stefanía Cora, y logró el respaldo de 8 firmas de Unión por la Patria y 3 de la UCR con disidencias parciales.De todos modos, el proyecto debe ser tratado en la comisión de Presupuesto, que preside el libertario Ezequiel Atauche, que se resiste a convocar a ese organismo como pidieron en una nota los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y  la legisladoras de Provincias Unidas, Alejandro Vigo, del PRO Guadalupe Tagliaferri.Si el oficialismo no abre la comisión de Presupuesto, la oposición pedirá una sesión especial para tratarla sobre tablas junto con el aumento de las jubilaciones la próxima semana.La iniciativa fue aprobada en diputados por 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones.El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

En una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el director general de la OIEA, Rafael Grossi, declaró que ya son visibles cráteres en el emplazamiento de Fordow, lo que indica el uso de municiones de penetración del terreno.La constatación de la OIEA coincide con las declaraciones de Estados Unidos. “En este momento, nadie, incluida la OIEA, está en condiciones de haber evaluado completamente los daños subterráneos en Fordow”, agregó Grossi.En el emplazamiento nuclear de Isfahán, otros edificios fueron alcanzados por los misiles de crucero estadounidenses, expresó Grossi. Entre los edificios afectados figuran algunos relacionados con el procesamiento del uranio, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.También en este emplazamiento, las entradas a los túneles utilizados para el almacenamiento de material enriquecido parecen haber sido alcanzadas.En el centro de enriquecimiento de Natanz, la planta de enriquecimiento de combustible fue alcanzada por la munición estadounidense, según Grossi.“Irán ha informado a la OIEA de que no se ha producido ningún aumento de los niveles de radiación fuera de las instalaciones en los tres emplazamientos”, confirmó Grossi.El bombardeo estadounidense de instalaciones nucleares iraníes marca un giro peligroso en una región que ya se encuentra en crisis, declaró Guterres en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.“Desde el inicio de la crisis (entre Israel e Irán), condenó repetidamente cualquier escalada militar en Oriente Medio. La población de la región no puede soportar otro ciclo de destrucción. Y, sin embargo, ahora corremos el riesgo de caer en un ciclo de represalias”, afirmó.Para evitar una mayor escalada, debe prevalecer la diplomacia, los civiles deben ser protegidos y la navegación marítima debe ser garantizada, señaló Guterres.“Debemos actuar, de forma inmediata y decisiva, para detener los combates y retomar negociaciones serias y sostenidas sobre el programa nuclear iraní”, instó.Guterres llamó a una solución creíble, integral y verificable para restablecer la confianza, incluyendo inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, oficina conectada a la ONU para el control nuclear.Enfatizó que el Tratado de No Proliferación es una piedra angular de la paz y la seguridad internacionales, y añadió que Irán debe respetarlo plenamente. Todos los Estados miembros, manifestó, deben actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas de derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.“Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar cualquier esfuerzo encaminado a una solución pacífica. Pero la paz no se puede imponer, hay que elegirla”, sostuvo Guterres.En palabras del secretario general: “Nos enfrentamos a una decisión difícil. Un camino conduce a una guerra más extensa, a un mayor sufrimiento humano ya graves daños al orden internacional. El otro conduce a la desescalada, la diplomacia y el diálogo. Sabemos cuál es el camino correcto”.También invitó al Consejo de Seguridad y a todos los Estados miembros de la ONU a actuar con sensatez, moderación y urgencia en favor de la paz.El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que tras los ataques estadounidenses del sábado contra instalaciones nucleares de Irán el régimen internacional de no proliferación nuclear podría desmoronarse a menos que se reanude la diplomacia.“El régimen de no proliferación nuclear que ha sustentado la seguridad internacional durante más de medio siglo está en peligro. Los dramáticos acontecimientos en Irán se han agravado aún más con los bombardeos de anoche y la posible ampliación del conflicto”, declaró Grossi en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.Señaló que existe “una ventana de oportunidad para retomar el diálogo y la diplomacia. Si esa ventana se cierra, la violencia y la destrucción podrían alcanzar niveles impensables, y el régimen global de no proliferación tal como lo conocemos podría desmoronarse”.Irán, Israel y Medio Oriente necesitan la paz y existe un camino para la diplomacia, afirmó, mientras que enfatizó en la necesidad de volver a la mesa de negociaciones.Sobre la destrucción causada por los ataques estadounidenses, Grossi sostuvo que hubo daños estructurales, pero no se registraron emisiones radiactivas.Según Grossi, son visibles cráteres en la planta de Fordow, principal centro de enriquecimiento de uranio al 60% en Irán, lo que indica el uso de municiones geotérmicas por parte de Estados Unidos.En este momento, agregó, nadie, ni siquiera la OIEA, está en condiciones de evaluar los daños subterráneos en la misma planta.Además, en la central nuclear de Isfahan unos edificios fueron alcanzados y Estados Unidos confirmó el uso de misiles de crucero. Entre los edificios afectados se incluyen algunos relacionados con el proceso de conversión de uranio.También en esta planta, las entradas a los túneles utilizados para el almacenamiento de material enriquecido parecen haber sido alcanzadas, manifestó Grossi.En la central de enriquecimiento de Natanz, la planta de enriquecimiento de combustible fue alcanzada nuevamente, y Estados Unidos confirmó el uso de municiones geotérmicas, ahondó.Indicó que su organismo subrayó constantemente que los ataques armados contra instalaciones nucleares nunca deben producirse y que podrían provocar emisiones radiactivas con graves consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado atacado.Reiteró su llamamiento a la máxima moderación y señaló que la escalada militar amenaza vidas y retrasa una solución diplomática para garantizar a largo plazo que Irán no adquiera un arma nuclear. También amenaza el régimen global de no proliferación, subrayó.“No permitamos que se cierre la puerta a la diplomacia. No permitamos que fracase el régimen de no proliferación.  Independientemente de las posiciones y opiniones individuales, una cosa es segura, y es la simple verdad: no estaremos más seguros si hay más armas nucleares en más Estados del mundo”, declaró el argentino Grossi. NA.

La Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que el terremoto de Myanmar era una emergencia de máximo nivel y que buscaba urgentemente 8 millones de dólares para salvar vidas y prevenir brotes de enfermedades en los próximos 30 días.La OMS dijo que el alto número de víctimas y lesiones traumáticas implicaban un alto riesgo de infección debido a la limitada capacidad quirúrgica del país, mientras que las condiciones subyacentes en Myanmar significaban que el terremoto probablemente intensificaría el riesgo de enfermedad.“La OMS ha clasificado esta crisis como una emergencia de grado 3, el nivel más alto de activación bajo su Marco de Respuesta a Emergencias”, dijo la agencia de salud de las Naciones Unidas en su llamamiento urgente de fondos.El sismo inicial de magnitud 7,7 se produjo cerca de la ciudad de Mandalay, en el centro de Myanmar, el viernes, seguido minutos después por una réplica de magnitud 6,7. El terremoto ha causado la muerte de más de 1.700 personas en Myanmar y al menos 18 en la vecina Tailandia.En Myanmar, las evaluaciones preliminares indican un elevado número de víctimas y lesiones traumáticas, con necesidades urgentes de atención de emergencia. El suministro de electricidad y agua sigue interrumpido, lo que dificulta el acceso a los servicios de salud y aumenta el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, según la OMS.Las lesiones relacionadas con traumatismos, incluidas fracturas, heridas abiertas y síndrome de aplastamiento, presentan un alto riesgo de infección y complicaciones debido a la capacidad quirúrgica limitada y a la prevención y el control inadecuados de las infecciones.La OMS dijo que necesitaba 8 millones de dólares para responder a las necesidades sanitarias inmediatas durante los próximos 30 días, “para salvar vidas, prevenir enfermedades y estabilizar y restablecer los servicios de salud esenciales”.Los residentes recorrieron el domingo los edificios derrumbados en busca de sobrevivientes mientras las réplicas sacudían la devastada ciudad de Mandalay.Un pequeño sismo se produjo por la mañana, obligando a la gente a salir corriendo de un hotel en busca de seguridad, tras un temblor similar que se sintió tarde el sábado por la noche.Y alrededor de las 14.00 horas (07.30 GMT), otro sismo, de magnitud 5,1 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, volvió a hacer salir a la gente a las calles en señal de alarma, deteniendo temporalmente las labores de rescate.Pero como las comunicaciones no funcionan en muchas zonas, la verdadera magnitud del desastre sigue siendo incierta en el aislado estado gobernado por los militares, y se espera que el número de víctimas aumente significativamente.En una sala de exámenes budistas destruida en Mandalay, Myanmar , los socorristas chinos trabajaron el domingo para encontrar víctimas enterradas.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, emitió el viernes un llamamiento excepcionalmente raro a la ayuda internacional, indicando la gravedad de la calamidad.Los gobiernos militares anteriores han rechazado la ayuda extranjera, incluso después de grandes desastres naturales. (Con información de AFP)

Fue a fin de evaluar los alcances del granizo que afectó a las explotaciones agropecuarias de Entre Ríos y la sequía que perjudicó al sector agrícola-ganadero y apícola en La Pampa. Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participó de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; y el director de Crisis y Asistencia Agropecuaria, Mariano Quesada.

Tras lo manifestado por los representantes provinciales –por Entre Ríos participaron el ingeniero Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico; el ingeniero Raúl Boc-Ho, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el ingeniero José Carlos Basaldua, coordinador de Políticas agropecuarias-, la Comisión propuso para Entre Ríos “declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1º de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025, para las explotaciones citrícolas afectadas por granizo en el distrito Mandisoví del Departamento de Federación”.

En el mismo sentido dispuso “declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1º de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025, para las explotaciones de trigo y hortícolas afectadas por granizo en el distrito Estacas del Departamento de la Paz”.

Acta

Según consta en el acta de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Cneyda) del 17 de diciembre de 2024, Mariano Quesada, director de Crisis y Asistencia Agropecuaria, cedió la palabra Bernaudo, quien a su vez se la cedió a Basaldua, quien presentó para su tratamiento el Decreto Provincial N° 3.344 del 12 noviembre de 2024, que declaró en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2025, a las explotaciones de citrus que se encuentran ubicadas en el distrito Mandisoví, departamento Federación de la Provincia de Entre Ríos, debido a los efectos generados por el evento climático de granizo ocurrido en fecha 24 de septiembre de 2024.

El funcionario entrerriano también precisó que el Decreto 3.344 “declara en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el día 31 de marzo de 2025, a las explotaciones de trigo y hortícolas que se encuentran ubicadas en el distrito Estacas del departamento La Paz de la Provincia de Entre Ríos, debido a los efectos generados por el evento climático de granizo ocurrido en fecha 24 de septiembre de 2024”.

Luego de la exposición provincial, la Comisión recomendó que “se declare la emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2025, a las explotaciones citrícolas afectadas por granizo, en el distrito Mandisoví del Departamento Federación de la Provincia de Entre Ríos; y desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2025, a las explotaciones de trigo y hortícolas afectadas por granizo en el distrito Estacas del Departamento La Paz de la Provincia de Entre Ríos”.

Después de deliberar con relación a la presentación y lo expuesto, la CNEyDA propone por unanimidad, recomendar al Ministro de Economía declarar lo siguiente: Decreto Provincial N° 3.344 de fecha 12 de noviembre de 2024: Artículo 1º.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, dase por declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2025, a las explotaciones citrícolas afectadas por granizo, en el distrito Mandisoví del Departamento Federación de la Provincia de Entre Ríos.

Artículo 2º.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, dase por declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2025, a las explotaciones de trigo y hortícolas afectadas por granizo en el distrito Estacas del Departamento La Paz de la Provincia de Entre Ríos.

Artículo 3º.- Determinar que el 30 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2025 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º y 2°, respectivamente, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.

Estuvieron presentes en la reunión (de manera remota o presencial), representantes de entidades agropecuarias y de organismos nacionales, tales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); el Banco Central de la República Argentina (BCRA); el Banco de la Nación Argentina (BNA); las carteras del Interior, Economía y Trabajo; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otros. 

A principios de junio de este año, el gobierno provincial inició el pago de los ANR correspondientes a la Emergencia Agropecuaria 2023, constatándose un total de 707 productores de Agricultura Familiar que declararon pérdidas y que estuvieron en condiciones de acceder al subsidio. De estos, la mayor proporción procede de los departamentos del norte, la zona más castigada por la sequía: 350 de La Paz y 184 de Feliciano. Luego, 49 productores son del centro de la provincia, en concreto, de Federal, Nogoyá, Tala, San Salvador y Villaguay.Por la costa del Paraná, se cuentan 86 titulares de aportes, que habitan en Paraná, Victoria, y Diamante. Y finalmente, 38 corresponden a la costa del Uruguay, departamentos Federación, Colón, Concordia, Uruguay, y Gualeguaychú. Las principales actividades productivas contempladas son ganadería, tanto bovina como ovina y caprina, horticultura y apicultura.Con el fin de asesorarlos en el procedimiento de rendición de los fondos, canalizar consultas sobre el llenado de formularios, el destino de los fondos, plazos y vías de presentación de la documentación requerida en las respectivas ventanillas, representantes del gobierno provincial realizaron a mediados de agosto, distintas instancias de acompañamiento en diversos departamentos de la provincia. De esta manera, se asistió a productores de Yeso Oeste, departamento La Paz; Guardamonte, departamento Tala, y Crucesitas Tercera y Don Cristóbal Primero, departamento Nogoyá.Este asesoramiento fue posterior a diversas reuniones de trabajo concretadas con autoridades locales y productores que tramitaron la Emergencia Agropecuaria 2023 de Agricultura Familiar.Los encuentros fueron encabezados por la coordinadora de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Valeria Mosetich, junto a su equipo técnico, quien trabajó siempre en articulación con los referentes de los municipios, comunas y juntas visitados. Este año, el trabajo de acompañamiento en la instancia de rendición se apoya en la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales, así como con legisladores departamentales y distintos referentes territoriales.En las siguientes semanas, se seguirán haciendo visitas a los distintos territorios a los que pertenecen las y los productores alcanzados por los aportes, con el objetivo de asistirlos en esta etapa y de conocer las adquisiciones realizadas.Las próximas localidades a visitar son la Colonia Oficial Nº 3 y 14, y Tacuaras-Yacaré, ambas en La Paz, y Victoria.Se contó con la colaboración de las distintas autoridades locales: el presidente comunal de Yeso Oeste, Javier Vera;  el presidente de la junta de gobierno de Tacuaras-Yacaré, Alejandro Martínez; el presidente comunal de Guardamonte, Eligio Briozzo; y el secretario de producción y ambiente del municipio de Maciá, Javier Crettaz. Además se contó con la colaboración la secretaria de la junta de gobierno de Crucecitas Tercera, Evelyn Cavagna y del presidente de la junta de gobierno Don Cristóbal Primero, Carlos Ostorero.Los canales de comunicación para consultas sobre la Emergencia Agropecuaria 2023 para Agricultura Familiar son el teléfono (0343) 4840710 y el correo electrónico emergenciaagricfamier@gmail.com. 

Ante la afirmación de los funcionarios de que no hay reservas para dar mayores aumentos en los aranceles de las prestaciones para las personas con discapacidad y la dificultad económica que enfrentan los servicios, desde ciertos sectores se dice que determinada prestación debe ser apoyada con más recursos. Pedir más recursos es lógico, lo grave es que para mostrar su prioridad se cuestiona negativamente a las restantes servicios que prestan servicios a personas con discapacidad.

La sociedad, como cuerpo, cuenta con diversos órganos que realizan distintas funciones para su bien integral. Es cierto que hay funciones más esenciales que otras, sin las que no se podría vivir, pero sería imprudente que cada miembro se vuelva sobre los demás afirmándose como esencial y destruyendo al resto.

Si en la sociedad se aceptara esta lógica, ¿quién quedaría? ¿qué servicio? ¿qué función se sostendría como esencial?. Algunos dirían los hospitales, otros la escuela, otros la seguridad, otros la justicia, otros la religión, otros las empresas privadas, etc.

Y, si esta mentalidad se aplicara sobre las personas, algunos dirán que en los momentos difíciles hay que cuidar a los fuertes e inteligentes porque pueden sacar adelante a la comunidad. Entonces se discutiría sobre quiénes son los más fuertes y los más inteligentes. Otros volverían la mirada hacia los más débiles y entonces la disputa sería acerca de quién es el más débil, el más indefenso, el más dependiente con tal de salvarse.

En este momento crítico del país tenemos que evitar que se imponga la mentalidad de unos sobre otros porque eso conduce a la exclusión y a la destrucción. Si ella vence entonces se construirá un país sin lugar para todos y, entonces, no lograremos ni un país ni sociedad inclusiva. 

Defender que un servicio, una función, es más importante que las demás, cuando estas responden a verdaderas necesidades fundamentales de las personas, es ser funcional a esa mentalidad. Es desandar el camino recorrido y desconocer al otro como sujeto de derecho.

Discutir sobre quién es el más importante es competir entre todos y esto lleva a que quede uno sólo. Nuestro diálogo, preocupación y trabajo no puede ser sobre quién queda fuera, sino cómo logramos que todos, como miembros de un mismo cuerpo, de una sociedad, seamos tenidos en cuenta y aportemos para el bien de cada uno y de todos.

Consideramos que todos los miembros son importantes y deben ser apoyados en su necesidad. La lógica de la exclusión va a llevarnos a autodestruirnos entre todos, porque cada uno buscará la manera de mostrar que tiene más derecho a subsistir que los demás.

Seamos inteligentes y busquemos que todos sigan adelante porque las necesidades de las personas son diversas. La inclusión nos lleva a reconocer que los requerimientos de unos son tan importantes como los de los otros. Unos necesitan un lugar donde vivir, otros requieren estimulación para desarrollarse, educación, capacitación y/o traslados para recibir lo que requiere según su realidad vital.

Estemos atentos, no dejemos que el canto de las sirenas nos convenza que no hay bienes para todos. Cuando en realidad, lo que a veces no hay es el querer pensar en todos y cómo se puede distribuir para todos. Un buen plan económico debe llevar a que los bienes alcancen para todos y no sólo para algunos.

La decisión se tomó por el alto consumo que se viene produciendo a causa de las temperaturas extremas que afectan a la ciudad lo que no permite que la Planta Potabilizadora como las distintas perforaciones que abastecen de agua potable a la comunidad, tengan la capacidad de respuesta que la ciudad necesita.

Es por ello que se solicita a la comunidad en general a que haga un uso racional y medido del recurso, utilizando agua solamente para consumo humano y elaboración de alimentos y evitar el lavado de veredas, vehículos, frentes de viviendas como así también llenado o desagote de piletas y/o piletines.

Mientras dure la emergencia hídrica, distintas áreas de la Municipalidad llevarán a cabo una serie de trabajos que permitan ir mejorando la situación.

Además se está trabajando conjuntamente con el Concejo Deliberante en la creación de una Ordenanza que vaya en ese sentido al fin de contar con las herramientas necesarias para la instrumentación de medidas.

El de este martes ser el primer encuentro institucional que el Presidente celebrar con los mandatarios provinciales exactamente nueve das después del inicio de su mandato.

El presidente Javier Milei convocó para este martes a los gobernadores a una reunión en la Casa Rosada, en la cual los mandatarios provinciales pondrán sobre la mesa de diálogo el impacto económico y financiero generado en sus distritos por la eliminación del Impuesto a las Ganancias y solicitarán una compensación o sustitución de ese tributo, más allá de exponer sobre sus necesidades sectoriales.

Varios de los gobernadores, según anticiparon personalmente o a través de voceros, se mostraron proclives a mantener la exención de Ganancias para la cuarta categoría, tal como lo dispuso el Gobierno anterior, pero reclamarán una contrapartida a través de los otros tributos en vigencia.

El encuentro, que está previsto para el mediodía, será la primera reunión oficial que mantendrá el Jefe de Estado a nueve días de su asunción con los gobernadores, invitación que transmitió el ministro de Interior, Guillermo Francos, el viernes pasado, en un contacto virtual con la mayoría de los mandatarios.

Francos ya había recibido al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el viernes dialogó presencialmente con cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio en la sede de su cartera: Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En tanto que por videoconferencia lo hicieron los siguientes mandatarios y funcionarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También fueron de la partida Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Menna (vicegobernador de Chubut), Eber Solís (vicegobernador de Formosa) y José Vanini (secretario general de Gobierno de La Pampa).

“Las provincias tienen el derecho

a actuar como mejor les parezca”

En su habitual conferencia de prensa diaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, apeló este lunes a la “responsabilidad fiscal” de los gobernadores, luego de que circularan versiones de posibles emisiones de cuasimonedas provinciales, y les pidió que adopten la postura del Gobierno nacional de “no gastar más de lo que se tiene”.

Reconoció que “las provincias tienen el derecho a actuar como mejor les parezca”, y tras indicar que “tenemos que entender de una buena vez que los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa, el déficit cero es uno de nuestros grandes nortes, tenemos que finalmente poner la caja en orden”, enfatizó que “financiar déficits significa generar inflación o endeudarnos hasta colapsar”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Unión por la Patria), afirmó este martes en declaraciones radiales que los mandatarios provinciales no pidieron reinstalar el Impuesto a las Ganancias sino “sustituir o compensar” el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos.

Dijo que la devaluación “implica una transferencia de recursos. Varían los patrimonios y recursos. Unos ganan y otros pierden. Todo el esquema es sacudido. En este nuevo escenario es lógico hablar. La ecuación cambió y, en base a eso, tenemos que hablar de una compensación”.

Fuentes de la gobernación bonaerense ratificaron luego que Kicillof le pedirá a Milei “los fondos para continuar con las obras públicas en marcha en territorio bonaerense, que mantenga los giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos y ayuda para los municipios afectados por el temporal”.

Mientras, el correntino Valdés (UCR) señaló que “vamos a ir a escuchar, es una reunión convocada por el presidente”, y su par cordobés, el “schiarettista” Martín Llaryora, planteará entre otros temas, la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones de la provincia; pedido de fondos para obras públicas comprometidos por convenios anteriores y la aplicación de las retenciones a las economías regionales.

El mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego (JxC), calificó al encuentro como “muy importante” y comentó que “en San Juan somos Nación-dependientes, siempre se habla de que dependemos en un 80%, pero yo diría que es más, porque si se suman los programas internacionales, la cifra llega al 86%. Los sanjuaninos solo recaudamos el 14% de lo que utilizamos”.

Su colega de Río Negro, el peronista Alberto Weretilneck, afirmó que no está de acuerdo con la restitución de Impuesto a las Ganancias para reforzar las fondos de las provincias y propuso en cambio que la compensación se haga vía del impuesto al cheque o el impuesto PAIS.

“Nuestra posición es muy clara: se tardó 100 años en derogar ese impuesto (Ganancias) y nosotros no estamos de acuerdo en que se vuelva a imponer”, advirtió.

Mientras, el santafesino Pullaro (UCR) pedirá precisiones sobre los alcances de los recortes anunciados por al Gobierno central, y se inclinará por una compensación frente a la derogación del Impuesto a las Ganancias, al tiempo que pedirá que Nación continúe financiando el déficit de la Caja de Jubilaciones local, según indicaron fuentes provinciales.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres (PRO), dijo a Télam que “pediremos la coparticipación del 50% del impuesto a los créditos y débitos bancarios que conocemos como impuesto al cheque, de manera que compense la pérdida que tuvimos por la eliminación del impuesto a las ganancias”.

Además, “que se contemple la situación de algunas actividades de la economía local para que no queden atrapadas en las retenciones, como la ganadería ovina”, así como “sostener obras estratégicas para la Nación, como por ejemplo las rutas que atraviesan nuestra provincia y que están en muy malas condiciones, que son nacionales”, y “que se atienda la diferencia del valor de la exportación del petróleo con el precio interno” conocido como el “barril criollo”.

En tanto, el mendocino Cornejo pedirá, como varios de sus colegas, que se redistribuya el impuesto al cheque, anticiparon fuente cercana al mandatario cuyano.

TELAM

El encuentro permitió coordinar y ultimar detalles con respecto al acompañamiento que brindarán en el operativo de salud de dicho evento. Al respecto, el secretario municipal de Salud, Mauro García, comentó que �Ses importante la visita en el terreno de todas las áreas correspondientes al operativo, más allá de que para el espectáculo se cuenta con 10 ambulancias, cuatro de las cuales aportará el municipio, y aproximadamente 60 operarios de salud. Vamos a estar interviniendo en la ciudad, ya que no solo se trata del servicio de emergencia durante el show sino también en los días previos y posteriores⬝, detalló.

�SComo venimos hablando con el intendente Enrique Cresto, es un gran desafío la realización de este evento, ya que se estima que más de 30 mil personas participarán del recital y tenemos que estar preparados. Es por eso que nos reunimos para coordinar el trabajo y prever las diferentes circunstancias que puedan presentarse⬝, expresó.

Cabe recordar también que el operativo cuenta con una coordinación permanente con las guardias de los hospitales Heras y Masvernat, el servicio del 107 y el Sanatorio Concordia, que reforzarán el servicio de emergencia desde el viernes 19 hasta el lunes 22 de mayo.

A través de su canal de YouTube, el periodista Maximiliano Montenegro de la #ComunidadAhora, analiza como impactaron en el inicio de semana las medidas anunciadas por el gobierno nacional y el ministro Sergio Massa para enfrentar la crisis que se agudiza día a día.

"En términos muy simples el paquete de medidas tiene una única medida relevante que es la suba de la tasa de interés de referencia de las Leliqs que impacta directamente en la suba de la tasa de interés de plazo fijo y es la única medida relevante, no para frenar la inflación", afirmá Montenegro.

"Atención que con esta tasa de interés cada vez que la subís se arma una bola adicional de intereses de Leliqs que significan más emisión a futuro. Para adelante va a haber más pesos dando vuelta, menos dólares en el Banco Central con lo cual más presiones hacia adelante, ya sea sobre la inflación o sobre el dólar. Pero es una medida que busca -corriendo desde atrás creo yo desesperadamente- controlar los dólares libres al menos en las próximas tres semanas".

Mirá el análisis completo en el canal de YouTube del periodista.

�SA los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, dase por declarado, en la Provincia de Entre Ríos, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de diciembre de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023, a las explotaciones agrícolas de soja de primera y segunda, de sorgo, de maíz, citrícolas, hortícolas y apícolas, en todo el territorio provincial⬝, indica la normativa.

Asimismo, incluye al arroz irrigado por represas, en los Departamentos La Paz, Feliciano, Federal y Federación de la citada Provincia, afectados por sequía agravado por altas temperaturas⬝.

Por el mismo motivo, pero hasta el 30 de noviembre próximo, se mantiene la misma medida para las explotaciones ganaderas bovinas, caprinas, ovinas, equinas y tamberas, para la totalidad de los departamentos entrerrianos.

Para recibir los beneficios, los productores afectados deben presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.

Los gobiernos provinciales remitirán a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos. La asistencia para las zonas en emergencia contempla, por un lado, la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas hasta el ejercicio siguiente a su finalización de la emergencia.

Asimismo, comprende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados; y en caso de que ya estuviera iniciado, deberá paralizarse hasta que expire la emergencia.

Además, se prevé la deducción en el balance impositivo del impuesto a las Ganancias del 100% de los beneficios derivados de las ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

 En la audiencia convocada por el ministro, �Sde la que según fuimos informados participarán otros organismos y funcionarios nacionales, desde la Ceea plantearemos técnicamente el mapa de situación actual del sector y exigiremos medidas urgentes y puntos concretos a resolver con la celeridad que el caso amerita, así como la prontitud para su ejecución, por haber concluido en la necesidad de peticionar herramientas que colaboren para mitigar los efectos adversos y eviten la desaparición de productores rurales evitando la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, tales como agilizar las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario locales, provinciales y nacionales⬝.

 De forma tal que se puedan implementar en forma �Surgente⬝ las medidas que la Ley prevé, expresaron y especificaron la necesidad de suspender de anticipos de impuestos a las ganancias, prorrogar o eximir según el caso, impuestos provinciales, así como también la venta forzosa de vientres: para el cálculo del impuesto a las ganancias. Asimismo, �Spedimos al Banco Central derogar la resolución que incrementa el costo financiero a los productores de soja, modificar o prever que los productores en emergencia y/o desastre, no modifiquen su condición para el acceso al crédito, por esta situación, eliminar la circular Comunicación A-7600 para productores con acopio del cinco por ciento de stock de soja y trigo del Bcra⬝.

A los bancos, �Sles pedimos prorrogar créditos a los productores en emergencia y/o desastre, y que los mismos no vean afectada su calificación en las entidades crediticias por esta razón.

 Planteamos promover créditos a tasas accesibles/subsidiadas para afrontar los compromisos comerciales y financieros de los productores afectados, y generar líneas de capital de trabajo y/o siembra para la próxima campaña en las mismas condiciones.

 También solicitamos prorrogar los vencimientos de las tarjetas rurales (como Agronación en Banco de la Nación) con las facilidades antes mencionadas⬝.

En tanto, a Afip, �Spedimos suspender retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos y hacienda de la campaña 2022/23, suspender IVA a los Insumos (Fertilizantes, Agroquímicos, y Semillas) para la campaña 2023/24⬝.

Por último, la Ceea participará de la convocatoria por tratarse ésta de una reunión técnica de trabajo junto a otros organismos �Spara intercambiar y hacer propuestas en el marco de una jornada que estuvimos esperando por más de un mes, y dejando de manifiesto no prestarse a acompañar anuncios de ningún tipo ni actividades de índole política, toda vez que nuestra única vocación es representar a nuestras bases y defender los intereses genuinos del productor⬝, concluyó el comunicado.

El 28 de diciembre, el gobierno de Entre Ríos declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 para las explotaciones agrícolas de maíz, citrícolas, hortícolas y apícolas.

Según confirmó el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, la instancia para acceder a diferimientos o exenciones impositivas está lista para operar. �SA partir de este jueves está disponible en la página web del Ministerio de Producción (https://www.entrerios.gov.ar/minpro/) el enlace al cual los productores podrán ingresar y comenzar a completar sus declaraciones juradas para gestionar el certificado de emergencia agropecuaria⬝, expresó.

El funcionario informó que allí se encontrarán con los correspondientes instructivos, según se trate de productores de agricultura extensiva, de ganadería, tamberos y apícolas o de la agricultura familiar. �SSe realiza ciento por ciento de manera digital, adjuntando los comprobantes y enviando la declaración jurada, que será analizada por cada una de las áreas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Luego, se le otorgará el certificado de emergencia y/o desastre que el productor necesita para estar incorporado dentro de los diferimientos o exenciones impositivas (para el inmobiliario rural) y de alivios fiscales que pueda contemplar la Nación una vez que, la semana que viene, sea homologada la emergencia de Entre Ríos a nivel nacional⬝, describió.

En cuanto al plazo para completar el formulario, se estableció en 45 días corridos, por lo cual la fecha límite para su presentación es el 18 de febrero.

Al detallar los ítems que incluye la declaración jurada, Amavet expresó: �SEl productor debe hacer una geo-referenciación del lote a declarar, con la partida del impuesto inmobiliario rural correspondiente (se trate de un campo propio o arrendado). Debe completar los datos personales y los correspondientes al Registro Nacional de Productores para poder encuadrarse en las categorías de Agricultura o Ganadería⬝. Además, �Ssegún la actividad que realiza, declarar el porcentaje de daño que le generó la sequía y la inclemencia climática.

�SUna vez que el productor completa la declaración jurada, debe tener el aval de un profesional y una entidad agropecuaria, cooperativa u organismo oficial nacional (como el INTA o la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación)⬝, continuó.

En la siguiente instancia, el gobierno de la provincia, a través de sus áreas de competencia, comparará estas declaraciones con los informes de la situación climática y de afectación en cada uno de los cultivos en cada departamento. Se reserva, además, la posibilidad de inspeccionar los campos y verificar el daño declarado, según lo expresado en la normativa.

Según se expresa, para que se declare la emergencia agropecuaria, de acuerdo a lo que dispone la ley nacional a la cual adhiere Entre Ríos, debe tener un daño superior al 50 por ciento de la actividad declarada. �SEntre el 50 y 80 por ciento de pérdida se categoriza como emergencia agropecuaria; y entre el 80 por ciento y el 100 por ciento como desastre agropecuario⬝, puntualizó el funcionario de Producción.

Más acciones

Por otra parte, Amavet adelantó que se aguardan novedades acerca de las gestiones que se realizan en el nivel nacional. �SEn los próximos días, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, va a hacer anuncios específicamente para el sector tambero que irían a complementarse con lo que estamos pensando. Estas medidas abarcarían al resto de los productores⬝, informó. De este modo, agregó, �Sentre la Nación y la provincia estaríamos haciendo un abordaje total de los tamberos de Entre Ríos, que representan aproximadamente un 60 por ciento de la actividad en la provincia (533 tambos, sobre un total de 840)⬝, indicó. Por último, el secretario de Agricultura y Ganadería, adelantó que hay conversaciones �Spara que la semana que viene se concreten una serie de anuncios que tienen que ver con líneas de financiamiento a tasas subsidiadas, que estamos trabajando tanto con el Banco Entre Ríos como el Banco Nación, a través de la línea de emergencia que lance también la Secretaría que conduce Juan José Bahillo⬝.

La medida se tomó teniendo en cuenta el evento climático de sequías agravado por las altas temperaturas y extiende el plazo para el caso de las �Sexplotaciones ganaderas bovinas, caprinas, ovinas, equinas y tamberas⬝ hasta el 30 de noviembre de 2023, alcanzando a todos los departamentos.

Desde este jueves y hasta el 17 de febrero, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia recepcionará aquellas declaraciones juradas digitales enviadas por los productores afectados. Las mismas deben ser completadas de modo online en el siguiente link, siguiendo los pasos que allí se solicitan: https://www.entrerios.gov.ar/emergencia_agropecuaria/

Se aclaró que las declaraciones juradas deberán estar conformadas por un profesional de las Ciencias Agropecuarias y certificada por una entidad público/privada representativa y/o vinculada al sector afectado, quedando sujeta la misma a la verificación individual previa o posterior por parte de las dependencias específicas de la Secretaría.

Según establece el artículo 4º del decreto, para el caso de los productores de la agricultura familiar, el formulario podrá presentarse indistintamente en forma digital o en soporte papel, con certificación de una entidad público/privada representativa y/o vinculada al sector afectado⬝. Quienes deseen acceder al instructivo de carga de los formularios como así también al decreto propiamente dicho, pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Producción y hacer click en la pestaña Emergencia Agropecuaria 2023 https://www.entrerios.gov.ar/minpro/

Beneficios

La norma instruye �Sel diferimiento de los vencimientos del anticipo 4° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022, los anticipos 1° y 2° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2023, y las obligaciones derivadas del Plan Especial de Facilidades de Pago dispuesto por artículo 10° del Decreto N° 46/2022 MP, al 15 de enero de 2024⬝, para los productores declarados en estado de emergencia. En ese sentido, se establece �Sun Plan Especial Opcional de Facilidades de Pago⬝ para la cancelación de los anticipos impositivos de los productores comprendidos en la emergencia. El mismo contempla tres cuotas mensuales, consecutivas y sin interés de financiación, cuyo primer vencimiento será el 15 marzo del 2024.

En tanto, para el caso de los contribuyentes que se encuentren en situación de Desastre Agropecuario, el decreto en su artículo 10, establece la eximición del pago del anticipo 4° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022 y de los anticipos 1° y 2° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2023. �SEl porcentaje de la exención aquí dispuesta será equivalente al porcentaje de pérdida declarado en el certificado de emergencia que en cada caso se otorgue a los productores afectados⬝, se consigna.

El Poder Ejecutivo estableció el estado de emergencia o desastre agropecuario desde el 1 de diciembre, �Sdebido al evento climático de sequías agravadas por las altas temperaturas, que se encuentran ubicadas en los departamentos de la provincia⬝. Al respecto, el dirigente de SRA indicó que el Decreto �Ses el resultado de la interacción de estas dos semanas de la Mesa de Enlace con el gobierno provincial, encabezado por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay⬝, dijo Etchevehere.

En ese sentido, adelantó que el gobierno también �Sasumió el compromiso de seguir avanzando con otras medidas como el alivio fiscal, refinanciación de pasivos y obtención de líneas de crédito blandas⬝. Al respecto, el productor recordó que la sequía, por tercer año consecutivo, �Sno da tregua en la provincia y las pérdidas son graves e irreversibles⬝, por lo que las medidas de asistencia financiera y alivio fiscal es lo que se precisa.

�SEsperemos poder llevarle a los productores herramientas y paliativos para sopesar esta difícil situación que vivimos en la provincia⬝, apuntó el director del Distrito. En ese marco, agregó que �Shoy más que nunca los productores necesitamos que las autoridades nacionales avancen en la unificación del tipo de cambio, la quita de retenciones y la eliminación de trabas al comercio de nuestra producción⬝.

 �SSe trata de una medida que otorga alivio y previsibilidad al sector productivo ante las inclemencias de la sequía extendida y las altas temperaturas que afectan a la región y complican severamente el desarrollo de los cultivos y las distintas actividades⬝, continuó Bordet. El mandatario también destacó las instancias de diálogos con los productores y especialistas para acordar la norma. La mesa encabezada por el ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay, permitió hacer un análisis del estado de situación en la provincia, relevar las necesidades de los sectores productivos y delinear la declaración de emergencia. �SSin el diálogo permanente que siempre propiciamos, y sin el ordenamiento de las cuentas públicas que alcanzamos con la gestión, sería mucho más difícil afrontar este respaldo a las y los productores de la provincia en una situación tan compleja. Confiamos en que este es el camino para que la provincia pueda superar cualquier obstáculo⬝, concluyó el mandatario.

El decreto declara el �Sestado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, a las explotaciones agrícolas de maíz, citrícolas, hortícolas, y apícolas⬝.

En el caso de �Slas explotaciones ganaderas bovinas, caprinas, ovinas, equinas y tamberas⬝, el periodo se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2023. Alcanza a todos los departamentos de la provincia.

Emergencia

Asimismo, la norma instruye �Sel diferimiento de los vencimientos del anticipo 4° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022, los anticipos 1° y 2° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2023, y las obligaciones derivadas del Plan Especial de Facilidades de Pago dispuesto por artículo 10° del Decreto N° 46/2022 MP, al 15 de Enero de 2024⬝, para los productores y productoras declarados en estado de emergencia. En ese sentido, se establece �Sun Plan Especial Opcional de Facilidades de Pago⬝ para la cancelación de los anticipos impositivos de los productores comprendidos en la emergencia. El mismo contempla 3 cuotas mensuales, consecutivas y sin interés de financiación, cuyo primer vencimiento será el 15 marzo del 2024.

Desastre

Por otra parte, en su artículo 10, establece la eximición del pago del anticipo 4° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022 y de los anticipos 1° y 2° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2023 a aquellos contribuyentes que se encuentren en situación de Desastre Agropecuario⬝.

Además, el decreto señala que �Sel porcentaje de la exención aquí dispuesta será equivalente al porcentaje de pérdida declarado en el certificado de emergencia que en cada caso se otorgue a los productores afectados⬝.

Declaración Jurada y certificados

�SLos productores agropecuarios afectados deberán presentar una Declaración Jurada digital conforme los formularios que establezca el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conformada por un profesional de las Ciencias Agropecuarias y certificada por una entidad público/privada representativa y/o vinculada al sector afectado, quedando sujeta, dicha Declaración Jurada, a la verificación individual previa o posterior por parte de las dependencias específicas de la Secretaría.

En el caso de los Productores de la Agricultura Familiar, el formulario podrá presentarse indistintamente en forma digital o en soporte papel, con certificación de una entidad público/privada representativa y/o vinculada al sector afectado⬝, consta en el artículo 4° del decreto.

En el artículo 5°, se establece que �Sla Secretaría de Agricultura y Ganadería recepcionará por un plazo de 45 días corridos a partir de la fecha de aprobación de los formularios referidos en el artículo precedente, las Declaraciones Juradas presentadas por los productores afectados⬝.

Mientras que en el artículo 6° se establece que �Sel ministro de Producción y/o quien este designe, otorgara los certificados a los productores afectados por la emergencia y/ o desastre declarada en el presente Decreto, a fin de ser presentados por los mismos en la gestión de beneficios en los que se encuentren incluidos⬝.

No obstante, la norma también estipula, en el artículo 7°, que �Sel Ministerio de Producción gestionará ante el Poder Ejecutivo Nacional los instrumentos necesarios para la declaración de emergencia y/o desastre⬝, de acuerdo a los alcances del Sistema de Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios⬝ Ley N°26 509.

El pronóstico para el campo entrerriano no es muy alentador. Es que la falta de precipitaciones y las reiteradas olas de calor que se extienden durante varios días tuvo repercusiones en la lechería y en los cultivos -sobre todo el de maíz- según los estudios realizados por el INTA y la Bolsa de Cereales.

Ante esta situación, ya se reunieron el Ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay, y representantes de la Mesa de Enlace, quienes coincidentes en el diagnóstico se comprometieron a trabajar en la aplicación de medidas efectivas para paliar las consecuencias.

El presidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, indicó que por estas horas están ultimando los detalles junto con el Gobierno entrerriano, para finalmente declarar la emergencia agropecuaria.

�SEstamos intercambiando propuestas con el Gobierno provincial con el propósito de lograr medidas efectivas para el sector⬝, dijo y agregó: �SEsperamos que la emergencia salga lo antes posible. Estimamos que será entre hoy lunes o martes a más tardar⬝.

Vale mencionar que las inclemencias climáticas que no solo afectaron a los cultivos de maíz y soja, sino también al sector tambero, agrícola, ganadero y citrícola, por lo que los productores piden que se alivie su situación a través de mecanismos más ágiles y operativos, y así recuperar el capital de trabajo.