"El presidente Alberto Fernández aceptó hoy la renuncia presentada por Elizabeth Gómez Alcorta al cargo que ejercía como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad", se informó oficialmente en un comunicado y completó: "El Presidente agradece a Elizabeth Gómez Alcorta por la labor desempeñada".

En su carta de renuncia, la funcionaria cuestionó el operativo de desalojo realizado el martes pasado en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, junto a la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, expusieron sobre la iniciativa ante las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud del Senado de la Nación y respondieron preguntas de los legisladores y las legisladoras.

Al inicio de la exposición, los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron que los abortos clandestinos constituyen un problema de salud pública y de justicia social.

En ese marco, recordaron que el proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue enviado junto con el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que son dos iniciativas que dialogan entre sí entendiendo que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan.

Vilma Ibarra recordó que �Sel proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue una promesa que se realizó en la campaña electoral. Tanto quienes acompañaron al Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta de la Nación en su boleta conocían y sabían que esta era una propuesta que se planteaba.

Y también los electores y electoras quienes han votado al Frente de Todos sabían que esto era un proyecto que se iba a presentar⬝.

Luego aseguró que los abortos clandestinos constituyen un gravísimo problema de salud pública del cual el Estado y la sociedad deben hacerse cargo.

�SEste proyecto quiere evitar muertes evitables, quiere abordar un tema de salud pública pero que necesita también para ser efectivo, para disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, para disminuir la cantidad de abortos, un reforzamiento muy amplio en todo el territorio nacional de la educación sexual integral y de prevención de violencias y prevención de abusos sobre todo en niñas y en adolescentes, que tiene que ser una política de Estado que ya está tomando con mucho ímpetu el Ministerio de las Mujeres pero que es absolutamente necesario para reforzar estas políticas y también políticas de acceso con mucha facilidad a métodos anticonceptivos⬝, señaló.

Ginés González García afirmó que �Sel aborto tal como está causa muertes.

La penalización solo estigmatiza a las mujeres más vulnerables porque hace que lleguen más tarde a los servicios de salud. Entonces este es un problema de salud pública, equidad y justicia social⬝, señaló.

�SDesde el punto de vista de prevención, el proyecto busca reducir la mortalidad materna, la morbilidad materna y los ingresos y egresos hospitalarios como consecuencia de este tipo de abortos inseguros.

Ademas en la prevención, con la ley 25673 de salud sexual y procreación responsable, la Nación Argentina ha intentado que haya acceso efectivo, global y equitativo a todos los métodos anticonceptivos y sobre todo tenemos una distribución con equidad⬝, sostuvo el ministro.

Luego, Gómez Alcorta, expuso los detalles técnicos referidos a los aspectos de despenalización en el proyecto de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto y señaló: �SEstamos convencidas y convencidos que este proyecto junto al de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia vienen a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos hacer es seguir mirando a otro lado⬝.

Y continuó: �STenemos sobradas evidencias al día de hoy que con la legalización se disminuye la mortalidad materna, se eliminan los riesgos en la salud de las mujeres y disminuyen los abortos.

Las prácticas de legalización en distintos países del mundo demuestran que existe un círculo virtuoso una vez que los abortos están legalizados, en términos de mayor acceso a la información, a la anticoncepción post aborto y el acompañamiento de consejerías.

Y tenemos experiencias que muestran que también disminuyen los abortos.

Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que es nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino⬝.

El debate en comisiones continuará con la exposición de especialistas propuestos por los legisladores y legisladoras y se espera que esta semana las y los legisladores emitan dictamen para pasar al debate en el recinto antes de fin de año.

�SEste acuerdo tiene una importancia clave porque fortalece las políticas de género que venimos desarrollando en la provincia⬝, manifestó el gobernador, quien estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.

En la misma línea, el mandatario agregó: �SEsto es sustancial porque no sólo reafirma valores y pensamientos sino que también significa transferencia de recursos para poder desarrollar políticas públicas, que sean efectivas y eficaces, destinadas a aquellas personas que padecen violencia de género; y en esto es fundamental poder trabajar articuladamente entre Nación, provincia y municipios, que son la célula más cercana con la sociedad y donde impactan los casos que puedan producirse⬝.

En ese marco, Gómez Alcorta especificó: �SDesde el comienzo de la gestión venimos trabajando muy cercanamente con el gobierno de Entre Ríos, porque sabemos que no hay posibilidad de llevar adelante políticas públicas que piensen efectivamente en transformar la vida de las mujeres sino lo hacemos de manera federal. Por eso creamos el Consejo Federal, que cuenta con representación de cada una de las provincias, con la máxima responsabilidad en materia de género y donde articulamos y trabajamos los proyectos que llevamos adelante desde Nación, pero también los que se plantean en cada provincia⬝.

Por su parte, la titular de Desarrollo Social de la provincia mencionó: �SPara nosotros, como planteaba el Gobernador, este convenio es fundamental para articular y fortalecer el trabajo que venimos llevando a cabo en la provincia con los municipios, las juntas de gobierno y las comunas en materia de género. Entendemos que Acompañar va a posibilitar estar junto a mujeres en situación de violencia de género que hoy están siendo atendidas en las áreas provinciales y municipales.

�SLa implicancia del programa que tiene no sólo el apoyo económico necesario para salir de una situación de violencia de género sino que también brinda acompañamiento integral, va a ser una política que nos va a permitir consolidar el trabajo en red en materia de género en la provincia, de manera conjunta con Nación⬝, remarcó Paira.

De la reunión, también participaron la titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras, Lara González Carvajal; y la secretaría de Políticas contra las Violencias por razones de Género, Josefina Kelly Neila.

Detalles

En la oportunidad, el gobierno de Entre Ríos rubricó con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el convenio marco de cooperación para la implementación en territorio del programa Acompañar. En el mismo documento se estableció la firma del acta complementaria, que se celebró conjuntamente, por la cual quedó designado el Ministerio de Desarrollo Social para articular el programa en la provincia.

Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y se basa en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Tiene como fin promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo en contextos de violencias por motivos de género a través de un apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses consecutivos, a la vez que brinda acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial.

En esta entrega del ciclo, titulada �STiempos privados, problemas públicos⬝, se abordaron las desigualdades y violencias que afrontan las mujeres y LGBTI+ a causa del confinamiento en sus hogares, así como las propuestas para la salida de la pandemia.

En sus exposiciones, las funcionarias compartieron las medidas de cada gobierno para abordar las desigualdades de género en el contexto de la emergencia sanitaria.

Entre las políticas en común que nombraron, estuvieron el apoyo económico a las familias y hogares en situación de vulnerabilidad, la declaración como esenciales a los servicios públicos de atención a personas en situación de violencia por motivos de género y la ampliación de los dispositivos existentes.

Luego compartieron un diagnóstico de la situación en cada país. Las principales problemáticas que identificaron fueron las violencias machistas en los hogares y la desigual distribución de las tareas de cuidados. Además, señalaron el vínculo entre ambas.

�SDe acuerdo con un estudio de Promundo, durante el confinamiento por COVID-19 las mujeres se quejan por falta de dormir y descansar, mientras que los hombres se quejan de falta de tiempo con la pareja⬝, ilustró Gasman Zylbermann. A su vez, Montero Gil agregó: �SMuchas veces, las mujeres en situaciones vulnerables ni siquiera acceden a derechos y servicios que se ofrecen en sus pueblos, porque no tienen tiempo de acudir a las instituciones⬝.

Por su parte, Gómez Alcorta citó cifras de la Organización Internacional del Trabajo, según las cuales las mujeres mundialmente realizan 4,4 horas de trabajo de cuidado no remunerado, mientras los varones solo 1,4. �SEsas horas de tiempo privado abocado a cuidados, se traduce en dificultades en un mundo que no valora esa tarea. Las mujeres más pobres siempre están cuidando, a sus familias y a las familias de otros y de otras. Las desigualdades son políticas⬝, explicó. Y propuso: �SUn proyecto de desarrollo tiene que ponerlas como protagonistas⬝.

La ministra argentina destacó que la delegación de los cuidados en el núcleo familiar es un hecho reciente en la historia, y que el cuidado comunitario persiste en algunos sectores.

�SEn la ruralidad, en las comunidades indígenas u originarias, también en algunos de los barrios o asentamientos populares en el medio de las grandes ciudades, los cuidados son comunitarios⬝, explicó.

Por último hizo mención a que �Sesos vínculos de sostenibilidad de la vida nos muestran lo interdependientes que somos, en oposición a un modelo neoliberal donde se piensa en términos individuales⬝.

�STiempos privados, problemas públicos⬝ es la sexta y última entrega del ciclo �SNueva Normalidad más justa, feminista, local, igualitaria⬝ que llevó adelante INMUJERES desde sus redes sociales.

Durante el ciclo se abordaron temáticas de género y diversidad en relación al impacto de la pandemia por COVID-19.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que la Resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que establece la paridad de género a la hora de constituir asociaciones civiles, Sociedades Anónimas y Sociedades del Estado, entre otro tipo de entidades que deben inscribirse en este órgano, es un paso fundamental en materia de participación para las mujeres porque implica garantizar su presencia en los espacios de toma de decisiones en el mundo empresarial. Y aseguró: �SEsta Resolución implica un gran avance para reducir las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo y de las empresas⬝.

A través de la Resolución 34/2020, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, la Inspección General de Justicia estableció que las asociaciones civiles en proceso de constitución, las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario, las Sociedades Anónimas comprendidas en el artículo 299, de la Ley N° 19.550 -excepto las abarcadas por los inciso 1°, 2° y 7°-, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración y en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, y se deberán integrar por la misma cantidad de mujeres que de varones. Cuando la cantidad de cargos a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de mujeres.

Por otra parte, la disposición también incorpora la perspectiva de diversidad al establecer que los instrumentos públicos o privados que se deban registrar ante la IGJ podrán utilizar a los efectos de identificar a la persona un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y el nombre de pila elegido en función de la identidad de género autopercibida de la persona interesada.

Desde el MMGyD, también se destacó la decisión de establecer que las memorias de las sociedades deberá contener una descripción de la política de género aplicada en la relación al órgano de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado, en particular, los procedimientos para procurar en el órgano de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

�SA través de esta Resolución se va a garantizar que los espacios de toma de decisión de las asociaciones y sociedades mencionadas sean compartidos por las mujeres y los varones. Creemos que tal como lo fue la ley de paridad en cargos políticos y la ley de cupo sindical, este tipo de normativas colaboran con la consolidación de una sociedad más justa y más igualitaria⬝, aseguró Gómez Alcorta.

Entre otras disposiciones, también se establece que en caso de incumplimiento o reticencia en la implementación de medidas tendientes a alcanzar, respetar y mantener la paridad de género, la IGJ pondrá los casos en conocimiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del INADI para que puedan intervenir en dichas situaciones.