La iniciativa del Gobierno para facilitar el acceso a la ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones relevantes se inscribe en una estrategia más amplia orientada a captar capitales externos. En ese esquema, convive con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), vigente desde el año pasado, con el que se busca fortalecer el flujo de fondos hacia sectores productivos clave.El marco operativo fue establecido mediante el Decreto 524/2025, que reglamenta el programa y habilita a ciudadanos extranjeros a solicitar la ciudadanía argentina siempre que acrediten una inversión considerada significativa, de acuerdo con los parámetros que fije el Ministerio de Economía.La tramitación quedará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado creado dentro de la órbita económica nacional. Su función será recibir las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos financieros y articular los controles con los distintos organismos del Estado.En el proceso intervendrán áreas sensibles como Migraciones, Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los fondos y la idoneidad de los solicitantes.El esquema no es novedoso a nivel internacional. Modelos similares funcionan, con distintas modalidades, en más de 80 países, donde la ciudadanía o la residencia permanente se vinculan a inversiones estratégicas. En ese contexto, un grupo de empresas especializadas evaluó el potencial del programa local y estimó que podría canalizar más de 2.500 millones de dólares en inversiones directas durante sus primeras etapas.

Desde el sector privado destacan que este tipo de mecanismos ya fue utilizado con resultados concretos en países como Estados Unidos, Canadá, Portugal y varias economías del Caribe, donde los gobiernos ajustaron los requisitos según sus necesidades de desarrollo y los sectores a potenciar.Un consorcio integrado por firmas con trayectoria internacional en programas de ciudadanía por inversión anunció su intención de participar en la licitación oficial para la implementación del plan. Según sus proyecciones, la iniciativa podría atraer a unas 5.000 familias inversoras y direccionar fondos hacia áreas como infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y proyectos de desarrollo regional.Además del volumen de capital, los impulsores del programa subrayan la importancia del perfil de los inversores, al considerar que el impacto positivo depende no solo del monto invertido, sino también del compromiso de largo plazo con la economía local.Los antecedentes internacionales muestran que, bajo esquemas de control estrictos y reglas claras, estos programas pueden generar un efecto multiplicador en empleo, inversión y crecimiento. El desafío para la Argentina, coinciden los especialistas, será diseñar un sistema transparente, confiable y alineado con los objetivos de desarrollo del país.

El objetivo es adaptar la Caja Mixta a la nueva realidad financiera, modernizando su actividad, relanzando la tarjeta de crédito, fortaleciendo el trabajo conjunto con distintos comercios de la ciudad y desarrollando acciones de mayor control y ordenamiento que lleva adelante la gestión en las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia.La optimización del gasto es otra de las acciones en las que se trabajará. Un ejemplo de ellos es que los concejales Eliana Lagraña y Felipe Sastre fueron designados como vocales del Directorio, función que cumplirán ad honorem. Sus cargos serán enviados al Concejo Deliberante para ser ratificados.La Caja Mixta tiene en la composición de su capital accionario la participación de la Municipalidad de Concordia en un 50%, mientras que el otro 50% pertenece a capitales de particulares que operan con la entidad, como el caso de la Uoemc, Sindicato de Luz y Fuerza, entre otros.

La reforma presentada por el Intendente Francisco Azcué en la reunión de gabinete realizada este miércoles 16 de septiembre, se basa en un plan de acción con tres partes interconectadas: Una Funcional: para hacer foco en los objetivos considerados prioritarios: la obra pública y servicios esenciales. Orgánica: se reestructuran las áreas para alinear las responsabilidades, optimizar procesos y agilizar la toma de decisiones evitando duplicidad de tareas. Y por último la Presupuestaria: de manera de asignar los recursos de forma inteligente para lograr los objetivos.

Estas modificaciones apuntan a continuar con el fortalecimiento institucional que se viene implementando, asegurando que la inversión que se haga desde el Municipio, se traduzca en un beneficio directo para los vecinos.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA MUNICIPALEntre los cambios más significativos previstos en la nueva ordenanza estará la separación de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Obras Públicas y Servicios Públicos: Con el fin de lograr una mayor eficiencia, se conformarán dos independientes.

La Secretaría de Obras Públicas, que estará a cargo del Arq. Fernando Esquibel, se enfocará en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura urbana y rural, urbanización y vivienda. El nuevo funcionario se formó como Arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba y como maestro mayor de obras egresado de la ENET Nº 1 de Concordia. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el diseño, desarrollo y dirección de proyectos de envergadura en el sector público y privado. Fue socio fundador de estudios de arquitectura y representante técnico de empresas constructoras, liderando obras civiles, habitacionales, comerciales e industriales en la región.Con amplia experiencia en planificación urbana, manejo de contratistas y ejecución de licitaciones públicas, suma además antecedentes en docencia y participación en proyectos comunitarios, lo que respalda su designación al frente de la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Esta nueva secretaría tendrá dos ejes bien marcados: la obra pública y el mantenimiento de obras viales.En tanto, la Secretaría de Servicios Públicos, que estará a cargo del Arq. Alejandro López, actual Secretario de Desarrollo Urbano, se concentrará en los servicios esenciales como recolección de residuos, limpieza, alumbrado y gestión de cementerios y la agenda ambiental del municipio.Otro de los cambios previstos es que las áreas de Innovación y Economía del Conocimiento se trasladarán a la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda, promoviendo un enfoque transversal para el desarrollo tecnológico de Concordia.

El área de Descentralización pasará a la Secretaría de Desarrollo Humano, con el propósito de fortalecer las áreas operativas en los barrios para acercar más el municipio a cada vecino y brindar mayor rapidez y calidad de los servicios públicos esenciales.

Asimismo, las áreas de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, Infraestructura de Datos Espaciales y Dirección de Financiamiento y Planificación Estratégica se trasladan a la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda con el propósito de integrar todas las áreas vinculadas con la modernización de la administración del estado municipal en el marco de un cambio de paradigma de gestión pública basado en datos y evidencias para mejorar la toma de decisiones de gobierno, las prestaciones de servicios  y la gestión de reclamos de los ciudadanos.

NUEVAS DESIGNACIONES Y CAMBIOS EN ALGUNAS ÁREASOtro punto central dentro de la reestructuración que se está llevando a cabo es la elaboración de un proyecto de ordenanza de reforma del InVytam. La propuesta es darle una nueva figura al Instituto que pasaría a denominarse “Instituto de Hábitat de la Ciudad de Concordia”. De esta manera, se busca afianzar y potenciar la dinámica al trabajo que esta gestión viene desarrollando sobre las cuatro principales líneas de gestión del Instituto: mejoramiento barrial, relocalización, desarrollo urbano y regularización dominial.Además, las modificaciones contemplan una articulación más estrecha con la nueva Secretaría de Obras Públicas, potenciando la dinámica de gestión ya en marcha.También, durante la reunión de gabinete se informó que Guliano Rossi presentará su renuncia al frente del InVyTAM por cuestiones de índole personal, quien continuará colaborando con la gestión asesorando en proyectos estratégicos. Rossi, será reemplazado por el Dr. Matías Dupleich abogado egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, con posgrado en Magistratura en la Universidad Nacional de Rosario y amplia formación en derecho civil, laboral y ambiental. Se desempeña en la actividad privada y ha ocupado cargos de representación en el Colegio de la Abogacía de Concordia.

También, se proponen cambios en la subsecretaría de Ambiente donde el Ing. Joaquín Gobetto asumirá como responsable aportando su experiencia técnica y de gestión para fortalecer las políticas ambientales del municipio en reemplazo de Constanza Montoreano, quien continuará como responsable de los programas de educación ambiental. Gobetto, quien venía desempeñándose en el EDOS, cuenta con amplia trayectoria en gestión pública y privada en temas de sostenibilidad y desarrollo territorial y ha trabajado en proyectos vinculados a la planificación ambiental, energías renovables y uso eficiente de los recursos. 

�SEl 17/12/2019 presenté un proyecto de ley para derogar la facultad del Poder Ejecutivo para gravar y modificar derechos de exportación. Es lo que el Gobierno ha venido haciendo con la retención a las exportaciones en los últimos años⬝, señaló Lena a través de su cuenta de Twitter.

Luego, precisó: �SEs una facultad que data de 1981, sancionada durante un gobierno dictatorial y antes de la reforma Constitucional del 94 que ha provocado abusos e injusticias, en contra de los sectores productivos más dinámicos como el agropecuario⬝.

La legisladora entrerriana destacó: �SSólo el Poder Legislativo puede crear nuevos tributos y la delegación legislativa el Ejecutivo sólo puede ser temporal y en casos de emergencia pública. Por eso, nuestra pretensión es que vuelva a ser el Congreso Nacional el ámbito en el que se discuta y decida cualquier tipo de retención o gravamen⬝.

La iniciativa, que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a �Sllevar a cabo el procedimiento de disolución y liquidación de la empresa �SLíneas Aéreas Entre Ríos Sociedad del Estado⬝ (Laerse), conforme lo previsto por el artículo 22º del Estatuto Constitutivo de la misma⬝. 

A su vez, �Sfaculta al Poder Ejecutivo, en el marco de la autorización precedente, para que en un plazo de 60 días proceda a dictar los actos jurídicos que estime necesarios para facilitar la concreción efectiva de las operaciones relacionadas con las finalidades señaladas⬝.

�SLa disolución y finalmente la liquidación cuya autorización se requiere encuentra su fundamento jurídico en el artículo 22º del mencionado Estatuto, donde se dispuso que, conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Nacional N° 20.705 (Ley de Sociedades del Estado), la sociedad podrá liquidarse mediante la autorización legislativa al Poder Ejecutivo, añadiendo las modalidades admitidas en cuento a los órganos habilitados⬝, se indica en los fundamentos.

�SLa Sociedad tuvo por objeto principal realizar los servicios comerciales de transporte aéreos, regulares y no regulares, de pasajeros y de carga como así también de correspondencia, encomiendas de trabajo aéreo, entre otros, cometidos que en la actualidad ha perdido la razón de ser atendida jurídicamente al momento de otorgarle existencia, en orden a que no se encuentra desarrollando actividad alguna vinculada de manera directa con aquél⬝, se indica luego.

�SPor ende, la liquidación final solicitada, la cual comenzará con las operaciones propias de la etapa de disolución, se encuadra en la falta de actividad de la sociedad, dado la ��imposibilidad sobreviniente�" de lograr el objeto social; siendo que no cabe duda que la inactividad está tácitamente reconocida en la vía administrativa⬝, se explica en otro tramo de la iniciativa, a la que accedió esta Agencia.

�SDicho ello, teniendo en cuenta que la liquidación comienza con la disolución la misma se encuadra en las disposiciones del artículo 94, inc. 4°) LGS, es decir por imposibilidad sobreviniente de cumplir con el objeto por el cual se formó⬝, se agrega.

�SActualmente la misma se encuentra intervenida por el Poder Ejecutivo Provincial a fin analizar su rentabilidad y con el objetivo de definir su funcionamiento o su disolución y liquidación⬝, se sostiene.

�SBien sabido es que desde el año 2014 la aerolínea estatal entrerriana ha dejado de volar, por lo cual, al no tener vuelos el Ejecutivo ha sostenido, vía subsidios, el pago de salarios a personal que no tiene actividad alguna, el cual se fue relocalizado en otras áreas del

Estado de modo tal de reducir costos ociosos, y que Fiscalía de Estado tiene bajo su órbita los juicios pendientes de resolución, por lo que este Poder Ejecutivo ha decidido su liquidación toda vez que la falta de actividad de la misma sólo representa un gasto para el Estado⬝, se señala más adelante.

�SA modo de síntesis se reproducen los objetivos para el presente año que interesa el Sr. Interventor sostener, a saber: ��⬦mantener el taller de mantenimiento; trabajar con Fiscalía a fin de atender las demandas iniciadas contra L.A.E.R.S.E., confeccionar el Ejercicio Económico 2020, mantener un orden administrativo, técnico y legal frente a las inspecciones de los organismos nacionales, reparar la parte edilicia del hangar donde se brinda el servicio de hangares a terceros a cambio de un canon mensual, terminar de organizar el archivo de personal de la sociedad⬦�", entre otros⬝, se detalla.

�SClaramente puede concluirse que ninguna de las propuestas elevadas por el Sr. Interventor se relaciona �Scon la actividad principal para el cual fue constituida L.A.E.R.S.E⬝, se considera.

Asimismo, la Fiscalía de Estado por Nota N° 2369 3 indica todas las causas judiciales en que ha tomado intervención judicial y las judiciales en que ha intervenido como patrocinante legal de LAER. S.E. durante el período comprendido entre el 1° de julio de 2016 al 30 de junio de 2019, informando también si hubo o no acuerdo en las mismas⬝.

�SDicho ello, se concluye en la necesidad de facultar expresamente a este Poder Ejecutivo para el dictado de los actos necesarios que posibiliten la realización ordenada y correcta de todas las operaciones tendientes a la culminación de la actividad societaria de acuerdo a las normas administrativas, civiles y tributarias vigentes, incluyendo la cancelación del pasivo, el reembolso del capital y la distribución del eventual remanente⬝, concluye el texto enviado a Diputados.