El gobierno de Javier Milei prepara un proyecto para endurecer el Código Penal de la Nación, a fin de que sea “más punitivo” que el actual, y prevé iniciativas como que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin ninguna clase de reducciones o beneficios.“Se está trabajando en una reforma del Código Penal, estamos escribiendo un nuevo Código Penal, queremos elevar todas las penas porque nos parece que es muy condescendiente con los victimarios”, planteó un importante funcionario de la gestión libertaria. El Ministerio de Justicia está al frente de la redacción del proyecto.Para la gestión libertaria, las penas actuales “son irrelevantes” y remarcan que las penas “funcionan si se tiene miedo” a las mismas. “Las de hoy no inhabilitan la comisión del delito”, analizó la fuente consultada.Al respecto, dijo que buscan un Código Penal “que sea punitivo, que el que comete un delito tenga miedo de ir preso 20 años”. “Porque hoy entran y salen al día siguiente y entonces ¿cuál es el medio a cometer un delito?. Queremos castigar más al delincuente”, insistió.A su vez, dijo que para el Gobierno “un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social”.“La cadena perpetua tiene que ser efectiva, en el caso de la violación no sé si debería corresponder perpetua pero buscaremos que la pena, al menos, sea lo más larga posible”, detalló.Consultado sobre si se centrará sólo en lo punitivo y dejará de lado el costado de la reinserción social de los delincuentes, el funcionario respondió: “No es excluyente lo punitivo con la reinserción social. Pero hasta que no cambiemos el sistema penitenciario…la cárcel hoy es un posgrado en delito”.En ese sentido, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en avanzar en el proyecto de cárceles privadas.Según el actual Código Penal, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y, si se cumplen ciertas condiciones (como no volver a delinquir), la pena se extingue 10 años más tarde.En las cárceles de todo el país hay unas 56.000 personas condenadas, de las cuales cerca de 2.500 (menos del 5%) tienen pena de prisión perpetua, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.

La norma contempla la adhesión de la provincia a las leyes nacionales 27.372 y 27.375, la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas con asiento en Concordia (que se suma al de Paraná y el de Gualeguaychú) y cuestiones de procedimiento relacionadas con las competencias que tiene el juez.

El proyecto dispone que el magistrado �Sdebe autorizar las salidas transitorias de los internos, la semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, previa realización de un informe por parte del Equipo Técnico del Juzgado, el que debe resultar favorable para su concesión, caso contrario se deberá garantizar la realización de un nuevo informe en las condiciones que fije la reglamentación para la concesión del beneficio⬝, había explicado en su momento el entonces presidente de la Comisión de Legislación General de Diputados, Diego Lara.

El tema tomó trascendencia tras el feminicidio de Micaela García en manos de Sebastián Wagner, quien había sido liberado por el cuestionado juez Carlos Rossi.

La Cámara de Diputados aprobó en julio el proyecto, que finalmente fue sancionado el 22 de diciembre por el Senado en sesión de prórroga. En esa oportunidad los senadores informantes destacaron la posibilidad de �Sreordenar las competencias y darle mejor tratamiento a las causas⬝, así como también la posibilidad de �Sincluir la oralidad, tanto presencial como virtual, en el proceso de ejecución⬝ lo que permitirá �Sgarantizar la celeridad, inmediatez y transparencia⬝.

La ley Nº 10866, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.