Por Sebastián Catalano - La Cámara de Aleaciones del Segundo Circuito, decidió la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, quien días atrás falló a favor de Burford Capital y ordenó entregarle a este bufete que compró los derechos y litigar en la causa y es el principal beneficiario de la resolución de primera instancia que fijó un resarcimiento de al menos USD 16.000 millones, el 51% de las acciones que hoy están en manos del Estado argentino.La medida administrativa y preventiva de hoy da más tiempo a las partes para entregar sus argumentos sobre la cuestión. Burford lo hará pasado mañana, el jueves 17; y la Argentina, el martes 22 de julio. Ambas partes habían solicitado esta prórroga que hoy fue concedida.“Los apelados han indicado su oposición a la solicitud de suspensión en espera de la apelación, pero no se oponen a la entrada de una suspensión administrativa temporal para permitir la presentación ordenada de la información y la consideración de la solicitud de suspensión”, dijo sobre la postura de Burford el escrito firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, Clerk of Court, o secretaria del tribunal de apelaciones.Luego, la Cámara decidirá si afectivamente Argentina debe entregar las acciones, como decidió Preska, o no. Eso podría ser la semana próxima o la siguiente, en principio.Desde el Gobierno celebraron la decisión y hablaron de “buenas noticias”, luego de dos semanas de medidas adversas en este caso que ya lleva 10 años y cuya cuestión de fondo, el pago de los USD 16.000 millones, cursa en una apelación paralela de la que no hay mayores novedades y que podría resolverse recién el año próximo.Fuentes oficiales destacaron que la medida es, en principio, por tiempo indeterminado. “Para aclarar, ya no corren las 72 horas y no hay más riesgo de desacato”, dijeron. Y agregaron, quizás con exagerado entusiasmo: “Gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina”.Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, segundo de Carlos Zannini y encargado de llevar esta causa por cuatro años, detalló en X como seguirá la causa:“El 17 de julio, Burford presentará un escrito oponiéndose al pedido argentino de que la suspensión preventiva se prolongue hasta que la Cámara resuelva la apelación contra la sentencia de fondo”.“El 22 de julio Argentina responderá argumentando en detalle en favor de que la suspensión se prolongue”.Sin plazo, pero muy pronto, se dará la elección de los tres jueces de Cámara que integrarán la sala que resolverá esta cuestión. “Una vez completado el cruce de escritos y definidos los jueces, la Cámara puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tiene plazo para hacerlo”.“Si la Cámara accede al pedido de la defensa argentina, la orden de Preska de entregar las acciones de YPF quedará suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación de Argentina contra su sentencia de fondo (que ordenó pagar USD 16.100 millones)”.“Dado que la Cámara todavía no ha fijado la fecha de la audiencia, es improbable que decida esa apelación de fondo antes de 2026?.“Si la Cámara rechaza el pedido de la Argentina, la orden de Preska volvería a estar vigente”.Esta mañana hubo actividad en el juzgado de Preska, quien convocó a las partes por temas de “discovery”. Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, ese encuentro se realizó para poner foco sobre otro pedido de Burford: el alter ego, o demostrar que el Estado local y la petrolera “son lo mismo”. Es otra de las medidas post-fallo de fondo que presentó Burford para presionar y lograr algún tipo de negociación. Si eso se demostrara, Burford podría pedir también los activos de la empresa, quien quedó fuera de la demanda en 2023.Preska y los demandantes creen que Argentina está dilatando adrede la entrega de información para esta parte de la causa. En las últimas horas, la jueza señaló en sus escritos al país por intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias. Dijo también que el Gobierno “aprovechó al máximo el tiempo extra”, pero “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”. Infobae.

Luego de anunciar que desistía de competir por su reelección, Biden dijo que su preferencia estaba con Harris.“Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año”, fue el mensaje de Biden.Teniendo en cuenta que el presidente norteamericano tiene el control de casi la mayoría de los delegados de la Convención del Partido Demócrata, la postulación de Harris podría tener el camino allanado para la competencia.El mes próximo se realizará el encuentro de los demócratas, a quienes este domingo Biden exhortó a trabajar unidos para vencer a Trump.Harris, de 59 años, es la primera mujer en la historia de los Estados Unidos que llegó al cargo de vicepresidenta.Además, fue la primera mujer negra y sudasiática que fue seleccionada para ocupar un cargo nacional en el partido.Antes de ser compañera de fórmula de Biden en 2020 fue senadora por California, su lugar de nacimiento.Estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Howard, y también Derecho en Hastings.Sus padres eran inmigrantes jamaicanos e indios, por lo que creció asistiendo a una iglesia bautista negra y a un templo hindú. Fue fiscal general de California, senadora y aspirante presidencial por un breve lapso de tiempo, hasta que el 11 de agosto de 2020 Biden lo nombró como su compañera de fórmula.El 7 de noviembre de 2020 Harris fue elegida vicepresidenta, cargo que ocupa hasta la actulidad. 

Recordemos que algo similar ocurrió en el año 2.000 cuando pasó algo similar con el Washington Post a la cabeza declarando ganador a Al Gore y otros hechos similares. Lo concreto es que aún resta mucho camino por recorrer antes de que el �Sprimer lunes después del segundo miércoles de diciembre�"�" (como dice textualmente la Carta Magna norteamericana y que este año es del 14 de diciembre) se reúnan en los capitolios de cada estado los electores de cada partido y luego de emitir sus votos eleven las respectivas actas al parlamento nacional, quien reunido en asamblea deberá consagrar a la fórmula ganadora la primera semana de enero.

Recordemos incluso que la elección presidencial siete electores del partido demócrata en esa circunstancia se negaron a votar por la fórmula encabezada por Hillary Clinton, lo cual motivó a que interviniera la Suprema Corte de ese país para ratificar que cada estado tiene la más amplia autonomía para reglamentar el funcionamiento de lo que nosotros llamaríamos �Scolegio electoral�"�", así como la remoción de los electores por parte de los partidos.

 Aquí conviene apuntar que la ley estadounidense no habla de un �Scolegio electoral�"�", y que tampoco establece requisitos para ser elector, sino que solo establece algunas prohibiciones, tales como ser funcionario del gobierno federal, ocupar otro cargo por elección popular, etc., por lo cual esos cargos por lo general recaen en personas de reconocida trayectoria y fidelidad partidaria a quienes por su prestigio se los elige como electores.

   Lo que ya podemos ver es que el sistema de elección indirecto, que muchos condenan por no respetar quien obtiene la mayor cantidad de votos a nivel país, nos ha mostrado una profunda división entre el votante republicano de los sectores rurales y productores primarios del país y el votante de las grandes ciudades, especialmente en los estados costeros; en donde entre California y Nueva York suman ellos dos solos 90 electores. Si bien cada estado posee la misma cantidad de electores que diputados y senadores (más otros 3 electores por del Distrito de Columbia que no tienen representantes en el congreso); este sistema tampoco es estrictamente proporcional, pero impide que los grandes centros urbanos determinen quien presidirá el país, tal como en Argentina ocurre si consideramos que el Gran Buenos Aires lo hace, en desmedro de la voluntad de las demás provincias.

No debemos olvidar que el sistema fue diseñado por los Padres Fundadores en 1.787, aun antes de la Revolución Francesa y en donde el concepto de democracia no era el que occidente tiene hoy en día; y que uno de sus principales temores de entonces era el de no instituir una �Stiranía de la mayoría⬝; lo cual hoy representa una de las deformaciones que más observamos en nuestras democracias.

Si bien el sistema favorece el bipartidismo, este es aceptado pacíficamente pues ha funcionado bien hasta el momento, y porque además para modificarlo se requiere modificar la Constitución Nacional que requiere no solo una mayoría de dos tercios del parlamento, sino luego la confirmación de las 50 legislaturas estaduales.

La batalla legal iniciada por Trump aún antes de las mismas elecciones (como fue en el estado de Pensilvania) aún tiene un final abierto.

Recordemos que después del conocido caso que la Suprema Corte resolviera a favor de George W. Bush en el año 2.000, han existido otros precedentes en donde el Máximo Tribunal ha aplicado de manera contradictoria en distintos casos ese precedente, tanto para descalificar grandes cantidades de boletas como para asegurar que las boletas no sean rechazadas arbitrariamente.

Por ejemplo, justo después de las elecciones de 2018, la campaña de reelección del senador demócrata de Florida Bill Nelson y un comité del Partido Demócrata del estado presentaron una demanda federal en la que cuestionaban la forma en que los funcionarios electorales de Florida verificaban las firmas en las boletas de votación por correo y en las boletas provisionales.

 Cuando un estado permite a los residentes votar por correo, según argumentó el equipo jurídico de la campaña en una demanda basada en el caso Bush vs. Gore, la Cláusula de Protección Igualitaria prohíbe al estado inducir �Sa sus votantes a una trampa de votación por correo arbitraria desde el punto de vista procesal, que los priva del derecho al voto⬝; y esto es precisamente una de las cosas que han ocurrido en estados como Nevada o Pensilvania (en este último incluso se desobedeció una orden judicial de no mezclar los votos por correo que iban llegando al centro de conteo con los votos emitidos presencialmente y en otros estados se ha llegado a llamar telefónicamente a votantes cuyas boletas emitidas por vía postal estaban incompletas).

El sistema norteamericano hace que el precedente Bush-Gore sea obligatorio para los tribunales inferiores, y este fallo sostuvo que los procedimientos de recuento (en Florida en aquel momento) infringían la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución de los EEUU, que requiere que el estado no �Svalore el voto de una persona por encima del voto de otra⬝.

Y para ponerle un poco más de emoción a todo esto, ahora tenemos que quien fue el jefe de abogados de Bush en aquel entonces es hoy uno de los seis miembros de filiación republicana en la Suprema Corte (además de Barrett y Brett Kavanaugh designados por el propio Trump y que también fueron miembros del equipo legal de aquel entonces).

Aquella recordada decisión se ha seguido invocando en su contexto original, guiando la supervisión judicial de los recuentos de votos.

Eso la convierte en una herramienta atractiva para un presidente que se ha expresado públicamente en repetidas ocasiones sobre la suspensión de las tabulaciones de votos después del día de las elecciones. Pero el caso también podría ayudar a acelerar un recuento, como el presidente pudo observar de primera mano en noviembre de 2016, cuando la candidata presidencial del Partido Verde (Green Party) Jill Stein, solicitó un recuento de los votos emitidos en Michigan, un estado que en aquel entonces Trump parecía haber ganado por unos pocos miles de votos.

 El recuento de Stein no cambió el resultado, pero los jueces federales se basaron en parte en el caso de Bush vs. Gore para asegurarse de que se hiciera a tiempo, fallando a favor de la petición de Stein de renunciar al período de espera por boletas estipulado por la ley estatal antes de comenzar el recuento.

El retraso, argumentaron, podría impedir que el estado completara el recuento antes de la fecha límite federal clave. Una vez que un estado concede el derecho a un recuento, �Sel Estado no puede aplicar reglas de procedimiento arbitrarias o irrazonables para convertir ese derecho en una nulidad⬝, concluyó un juez federal de apelaciones.

Lo cierto es que más allá de este proceso y pese a las cruentas batallas electorales, la democracia estadounidense cuenta con instituciones republicanas sólidas y principios fundamentales que no solo aseguran un adecuado equilibrio de los diferentes poderes y su control, sino que lo convierte en un verdadero �Sestado derecho �S, es decir en donde gobierna la ley �y en especial la Constitución Nacional� y no la arbitrariedad o la caprichosa voluntad de los gobernantes; lo cual garantiza a los habitantes de ese país poder gozar sin temor a ver avasalladas sus garantías constitucionales, y muy especialmente su libertad o su propiedad privada.

Tuve el privilegio de ser invitado en una oportunidad para observar el proceso de transición gubernamental; lo cual resulta una práctica que deberíamos imitar no solo en nuestro país, sino en casi toda Sudamérica (digo �Scasi⬝, pues Chile tiene ahora una ley que lo reglamenta).

Este proceso del traspaso del poder entre el presidente saliente y el entrante no comienza el día después de las elecciones o del triunfo de este último; sino que la preparación del cambio de mando se inicia mucho antes mediante un proceso informal que suele abrirse durante la primavera del año electoral (este año se inició en mayo); generando con ello un tiempo suficiente para que la nueva administración esté preparada para el día de la inauguración (así se denomina al acto final de la toma de posesión del nuevo mandatario y que la Constitución fija para el 20 de enero al mediodía indefectiblemente).

Este año �al igual que anteriores años electorales� este proceso comenzó con el envío por parte de la administración Trump de un informe a dos comités del congreso en donde informaba sobre las actividades encaminadas al traspaso y sobre la creación de un Consejo de transición, que �al igual que en las tres elecciones anteriores� este año está encabezado por Mary Gilbert, una veterana administrativa de carrera a cargo de los servicios generales de la administración; pues el traspaso pacífico y sin sobresaltos del poder es �Suna de las señas de identidad de nuestra democracia�"�", como dijera George W. Bush frente al triunfo de Obama en 2008.

Este año, la reacción final de Trump y el resultado de las batallas judiciales son aún una incógnita; pero es seguro que en todo este tiempo y hasta el 20 de enero de 2.021 el equipo de transición deberá tener seleccionadas a las personas adecuadas para algunos de los cargos más importantes de la administración; y a partir de ahora y aunque el nuevo presidente no asuma el cargo hasta enero, Biden tiene el derecho de ser informado por los servicios de inteligencia sobre operaciones secretas o temas clasificados sobre actividades y gobernantes extranjeros.

Eso sí, el presidente saliente tiene derecho de usar el Air Force One hasta el mismo 20 de enero inclusive. La casa Blanca también se entrega de forma oficial el mismo 20 de enero, aunque el presidente saliente no tiene obligación de pernoctar en el 1.600 de Pensilvania Ave. hasta ese día.

* Abogado - Participó de la transición de la gestión Obama - Trump del 2017.

Los laboratorios Gilead Sciences recibieron este jueves la aprobación completa del antivirual remdesivir como tratamiento contra el COVID-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Se trata del primer y único fármaco totalmente aprobado por la FDA para tratar a pacientes con coronavirus.

�SDesde el comienzo de la pandemia de COVID-19, Gilead ha trabajado sin descanso para ayudar a encontrar soluciones a esta crisis de salud global⬝, expresó el director ejecutivo de Gilead, Daniel O�"Day, en un comunicado.

La acción de Gilead subió 4% en la bolsa de Nueva York después del anuncio.

En el mes de mayo, la FDA había emitido una autorización de uso de emergencia de la droga, después de que se descubriera que el tratamiento acortaba el tiempo de recuperación de algunos pacientes hospitalizados.

Ahora, la aprobación total probablemente ampliará su uso.

El presidente Donald Trump fue tratado con remdesivir cuando fue hospitalizado al contreaer COVID-19 a principios de este mes.

También recibió un cóctel de anticuerpos monoclonales experimentales y el esteroide dexametasona.

Un informe publicado el 8 de octubre en la revista New England Journal of Medicine confirmó los beneficios del remdesivir para tratar a las personas hospitalizadas por COVID-19.

El remdesivir actúa bloqueando la capacidad del virus para hacer más copias de sí mismo, y en los ensayos ha demostrado ayudar tanto a pacientes con COVID-19 en etapa temprana como a aquellos con síntomas más avanzados.

En el último informe, los investigadores dirigidos por un equipo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) proporcionan los datos finales de un estudio que publicaron por primera vez en mayo.

La investigación, que incluyó a 1.062 personas que fueron asignadas al azar para recibir remdesivir intravenoso o un placebo durante un máximo de 10 días mientras estaban en el hospital, le ofreció a los investigadores datos más detallados sobre cómo el fármaco afectó las métricas, incluido el tiempo que las personas debían recibir oxígeno suplementario o utilizar respiradores.

Todos los participantes mostraron evidencia de infección respiratoria, principalmente neumonía, y se consideró que el 85% tenía una enfermedad grave, lo que significaba que tenían al menos uno de tres síntomas: sus niveles de oxígeno en sangre estaban por debajo del 94%; requerían oxígeno suplementario; o necesitaban un ventilador para respirar.

Entre todos los participantes, tanto con COVID-19 grave como con síntomas más leves, los que recibieron remdesivir pudieron ser dados de alta del hospital en promedio cinco días antes que los que recibieron placebo.

�SEstos datos refuerzan el valor del remdesivir en pacientes hospitalizados⬝, dijo el médico John Beigel, director asociado de investigación clínica en la división de microbiología y enfermedades infecciosas del NIAID, citado por el Times.