En distintas etapas, ambos fueron socios de Kueider en la empresa Betail SA. Esta firma figura como dueña de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en Paraná. Según consta en el expediente judicial, la empresa no tuvo nunca giro comercial, por lo tanto, no podía generar recursos. Además, ninguno de los socios tenía ingresos para justificar la integración del capital.La presunción de la Justicia es que Betail, una empresa que se fundó para actividades agropecuarias, fue una fachada que le permitió a Kueider comprar inmuebles que no podía justificar. Asimismo, habría servido para ingresar en el circuito legal dinero que en el expediente judicial se considera ilegal.“Su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”, puntualizó la investigación. La causa tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y con Fernando Domínguez como fiscal.Ambos socios de Kueider fueron detenidos en el Penal de Ezeiza por orden de Arroyo Salgado en marzo del año pasado. Unos meses después lograron el arresto domiciliario. Y a mitad del 2025 fueron excarcelados por la Cámara Federal de San Martín.González fue el primer socio de Kueider en la firma que el ex senador compró en diciembre de 2019, a pocos días de asumir. Figuró como presidente de la sociedad durante unos meses.

Pasado este tiempo, hubo un traspaso de acciones de “Gonzalito” a Rubel. El nuevo presidente había sido albañil. Viajó a Europa a buscar suerte y no la encontró. Por eso su primo lo tentó con contratos en el Estado y con la empresa.Sin embargo, a finales de 2022 saltó un escándalo que complicó la operación. M.E.L., por entonces pareja de Rubel, lo denunció por el abuso de sus dos hijas menores, frutos de una relación anterior. El caso avanzó con firmeza. Por lo tanto, en mayo de 2024 se revirtió el traspaso de acciones. En los papeles, “Pajarito” recompró el 50% de Betail. La causa por abuso fue elevada a juicio. Rubel será juzgado por un jurado popular.Por otro lado, González figura como dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer negra en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay con USD 200 mil sin declarar. Su pareja es la abogada Adriana Crucitta, ex asesora de Kueider e involucrada en la causa como parte de la banda.La letrada también recibió la excarcelación de la Cámara Federal de San Martín. Ella y González eran socios en Peninsular Americana SAS. En el expediente consta que esta firma fondeaba una cuenta de Iara Guinsel, pareja de Kueider. Ese dinero se utilizaba para cubrir gastos de los departamentos.

¿De qué se los acusa?Tanto González como Rubel están imputados en el Juzgado Federal de San Isidro por varios delitos. Uno de ellos es el de lavado de activos, doblemente agravado.La primera razón es que se cometió con habitualidad. La segunda, es que fueron miembros de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y con las intervenciones de funcionarios públicos. Estos habrían cometido el ilícito en ejercicio u ocasión de sus funciones.A estas acusaciones se les sumó, en concurso real y con el carácter de partícipes necesarios, el ilícito de uso de instrumento privado falso. A Rubel, además, se le imputó haber falsificado un balance.(I:Análisis)

La resolución alcanzó también a Iara Guinsel, y fue firmada por los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera. Los dos concordienses serán juzgados  por  intentar ingresar dólares  sin declarar en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, hecho por el que permanecen bajo detención domiciliaria.

La defensa había solicitado el sobreseimiento y la nulidad de la acusación fiscal, además de excluir como prueba el video del operativo en el que se incautó el dinero. Esos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores y la Corte advirtió que insistir con ellos implicaba un uso abusivo de recursos, contrario a la economía procesal.

En paralelo, el máximo tribunal paraguayo aún debe resolver un reclamo vinculado al pedido de extradición a la Argentina, formulado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien quiere investigar a Kueider en causas derivadas del expediente “Securitas” y recordemos que la justicia de nuestra ciudad, también inició investigaciones en su contra. 

Según datos propios, "el Turco" como lo nombramos en nuestra ciudad, asegura que la causa que lleva adelante la jueza de San Isidro y que pretendía extraditarlo es pura y exclusivamente la intención de utilizarlo como "un chivo expiatorio", en una causa donde no tiene ninguna participación y que podrá demostrarlo. 

El pedido de los hijos y el aval del fiscalEl reclamo para levantar las restricciones fue presentado por Facundo Darío Kueider, quien sostuvo que ni él ni sus hermanos habían sido formalmente imputados y que mantener las medidas equivalía a vulnerar garantías básicas del Estado de Derecho.

El fiscal federal R. Fernando Domínguez coincidió en que ya no había elementos para sostener tales limitaciones. Afirmó que, con el avance de las pericias, “no se han verificado elementos que permitan sostener una vinculación material o funcional” de los hijos de Kueider con las maniobras investigadas. Inicialmente habían quedado dentro del perímetro patrimonial por vínculos laborales y societarios cruzados, pero los informes de la IGJ y del organismo fiscal ARCA (ex AFIP) descartaron participación accionaria, roles administrativos o movimientos financieros coincidentes con las empresas bajo análisis, incluida Betail S.A.

Los fundamentos de Arroyo SalgadoLa magistrada recordó en su resolución que las medidas cautelares —por su carácter restrictivo— solo pueden subsistir mientras persistan los motivos que las originaron. Persistir con ellas sin fundamentos actualizados implicaría una afectación desproporcionada de derechos constitucionales, especialmente en personas no imputadas.Ante el pronunciamiento del fiscal y la ausencia de nuevos elementos que justifiquen las restricciones, dispuso levantar la totalidad de las medidas.

Las decisiones que quedaron sin efectoLa resolución incluye:El levantamiento de la prohibición de innovar sobre bienes registrables, cuentas bancarias y cuentas fintech pertenecientes a Emilce, Haidar Iván, Facundo Darío y Máximo Kueider.El fin de la prohibición de salida del país que pesaba sobre los cuatro.Además, la jueza ordenó comunicar de manera inmediata la medida al Banco Central, Migraciones, SIFCOP, registros de la propiedad, organismos de control y todas las entidades financieras alcanzadas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cerolini mencionó que “hay un requerimiento de extradición de Paraguay, donde fue aceptada la extradición y está en procesos de apelaciones sobre la viabilidad o no de ese instituto en Paraguay. Con respecto a la situación de Kueider y de Guinsel Costa estamos a la espera y expectativa de la resolución de esa causa en Paraguay para ver si son extraditados o no, y en qué momento”.

Respecto de los mensajes de los hermanos Tórtul que se conocieron recientemente, señaló que en los chats que el fiscal toma como prueba para incriminar a Kueider “se excluye absolutamente todo lo que tiene que ver con el hilo de la conversación; surgiendo de este chat entre los hermanos Tórtul se excluye también la posibilidad de que Kueider pueda pedir entrecruzamiento de llamadas para ver si la llamada que mencionan en los mensajes realmente existió.

“Tengo la plena certeza, no solamente porque me lo dijo el exsenador, sino porque lo estoy viendo en la causa, que esas llamadas no existieron, no hubo contacto con Kueider de ninguna manera y las referencias que se hagan a que ‘tenemos que hablar’ no dejan de ser referencias que pueden llegar o no a materializarse. Con certeza digo que acá no hay nada de eso, no existió absolutamente ningún tipo de conversación, este extracto que se hizo en forma palmariamente direccionada y alevosa es solamente con la intención de tener al ex senador Kueider atrapado en la causa que lleva adelante la doctora (Sandra) Arroyo Salgado”, apuntó. 

En cuanto a los motivos de esto, consideró que “la doctora Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez necesitan de algo para mantener a Kueider bajo la órbita de la jurisdicción federal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Necesitan agarrarse de algo y extrajeron con mucha malicia ese chat, que tiene 28.000 páginas y solamente hay una referencia al ex senador, y mal escrito el apellido”. “Si tenían tanta relación y se conocían tanto, ¿no iban a saber cómo se escribe? ¿No saben poner bien el nombre? Más allá de que en el desarrollo de los chats haya horrores de ortografía, no nos gusta que nos tomen a la ligera”, planteó.

Consultado por la posibilidad de que aparezcan más funcionarios en esos chats, como sucedió con el ex gobernador Gustavo Bordet, el abogado afirmó: “No me corresponde a mí hacer conclusiones sobre quiénes están o no involucrados, pero tenga la plena certeza de que esto con la causa Cuadernos no le va en sala a esto, en nombres y en sorpresas. Tienen que investigar un poco, tienen que empezar a convocar a todas las personas que están mencionadas. No es mi función, no soy fiscal, soy defensor”.

En relación con la imputación por enriquecimiento ilícito, que también investiga la justicia de Entre Ríos, sostuvo que “está muy relacionado con la causa Securitas porque dicen que Kueider se enriqueció siendo apoderado en Enersa, y toma como antecedente los supuestos actos y hechos de corrupción que se podrían haber cometido para tenerlo como delito precedente en un lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nada de eso está comprobado y no hay posibilidad de que se compruebe porque no existió, porque Kueider no tenía poder de decisión para decidir sobre contrataciones o para girar hacia un lado o hacia otro la balanza en favor personal o de terceros en esta situación. Forma parte de todo lo que es la causa Securitas que tiene al ex senador Kueider atrapado solamente por una cuestión casi personal con respecto al desarrollo direccional de Arroyo Salgado y del fiscal Domínguez”.

En este marco, aseguró que Kueider “puede justificar absolutamente todo su patrimonio. En el momento en que sea citado a prestar declaración sobre esa acusación, absolutamente lo puede justificar. No hay ninguna duda”.

En cuanto al rol que tenía Kueider en Enersa, Cerolini apuntó que “no solamente presentamos nosotros toda la documentación, sino que directamente desde Enersa manifestaron que Edgardo Kueider no tenía ningún tipo de jerarquía, poder de decisión o sindicatura, solo estaba autorizado para participar de alguna asamblea, pero eso no le da poder de decisión en absolutamente nada. Los medios capitalinos compran versiones que les sirven y si lo dijo la jueza en algún medio, se equivoca Arroyo Salgado”.

“Con relación a la existencia de estos chats y las relaciones que puedan surgir a través de ellos, hemos pedido una serie de medidas de prueba para saber si efectivamente cualquiera de los dos hermanos Tórtul tuvo alguna relación o llamada telefónica, o mail, o intercambio de alguna forma, y nos ha sido vedada la posibilidad de pedir que se efectivice esa prueba. Nos han dicho que no era conducente, que en este momento la causa no pertenecía a la causa donde se investiga directamente al ex senador, sino que pertenecía a la causa Securitas. El exsenador Kueider se presentó bajo mi defensa en esta causa Securitas hace más de un mes y todavía no me han tenido como abogado defensor. Es sistemática la falta de decisión por parte de la magistrada y el señor fiscal de concedernos acceso a esa causa, ya sea como defensores o presentándonos con medidas de prueba en la causa que lo tiene imputado directamente a Kueider. Por eso se nos hace muy complejo y difícil y hemos recusado a la jueza e hicimos millones de actos tendientes a asegurar el derecho de defensa a Kueider, a Guinsel Costa y a todos los imputados”, refirió.

Sobre en qué instancia está la causa, puntualizó que “se está tratando de determinar quién es competente para seguir la investigación. La justicia de Entre Ríos dice que es competente, la justicia federal en cabeza de Arroyo Salgado se arroga la competencia a su favor, y como hay choque de intereses resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahí estaría yendo este incidente de competencia para su resolución definitiva. Hay dos magistrados que están investigando cuestiones iguales y la doble persecución está vedada por la Constitución Nacional”.

Explicó en este sentido que “Arroyo Salgado pide que el fiscal Arias deje de investigar unos periodos, a lo cual él se opone, y eso traba la contienda sobre todos los periodos investigados”.

Consultado por su opinión personal, indicó: “Yo quiero que investigue el que tenga que investigar. No quiero que lo persigan dos veces por un mismo delito y que se produzcan dos resoluciones diferentes. A nadie le gusta tener dos espadas de Damocles sobre su cabeza, y si lo tienen que investigar, que lo haga uno. ‘‘Esto no es algo que planteamos nosotros, sino que surge de una disputa entre dos magistrados, para nosotros que investigue cualquiera, si las explicaciones son las mismas, no hay interés por uno o por otro; esto puede resolverse en cualquier ámbito y en cualquier jurisdicción y con resultado positivo, pero no planteamos nosotros la incompetencia”.

Sobre la situación del pedido de extradición, señaló que “la justicia de Paraguay hizo lugar a la extradición y los abogados que están interviniendo en el vecino país interpusieron algunos recursos y todavía no hay resolución definitiva sobre esa situación”.

Finalmente, dijo que “no hay ninguna garantía” de que Kueider no vaya a la cárcel en caso de ser extraditado. “Yo planteé una eximición de prisión porque Kueider no es que está prófugo, o está rebelde, o no se quiere presentar, o se escapó o entorpeció el accionar judicial. Todo lo contrario, el ex senador Kueider está detenido en Paraguay con prisión domiciliaria y por eso no puede presentarse físicamente ante el requerimiento de la justicia de San Isidro, se ha presentado a través de mi defensa, y no es que no quiera, sino que no puede. Se rechazó ese pedido de eximición de prisión y en eso estamos”, concluyó.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Kueider evaluó que “la gente le dio una cuota más, una oportunidad más al gobierno y hay que analizarlo ampliamente; hay gente que votó para darle una cuota más al gobierno y hay gente que votó para no volver atrás. Hay que evaluarlo por ahí. El peronismo aún se debe realmente un fino trabajo interno de autocrítica que nunca se lo dio, a nivel nacional y lo provincial que viene alineado con lo nacional, porque se alineó con el kirchnerismo y está errando por ese lado”.“Mi voto a la Ley Bases que se cansan de decir que recibí coimas y una cantidad de calumnias infernales, tiene mucho que ver con esto, con que el kirchnerismo estaba empecinado en hacer caer al gobierno y yo me cansé de decirle a todos que ese no era el camino, que el peronismo no podía estar de nuevo para que le pongan la vincha de que, si no gobierna, impide que otros gobiernen, y no fui escuchado. Acá es más fácil que si no cumplís con los deseos de un dirigente, sos un extraterrestre, un traidor, la peor persona. Yo quería plantear que el camino era otro, que había que discutir las cosas, había que plantarse de diferente manera, pensar en positivo y proponerle a la gente otra salida, no siempre bastardear y tratar de voltear al que está gobernando, siempre tirando para abajo, o para atrás. No me escucharon, de ahí a esta parte pasaron 200 cosas y todas parecen indicar que el kirchnerismo sigue abocado a la tarea de desgastar a los gobiernos. Hay que cambiar la actitud, tiene que haber una renovación muy fuerte, pero si no hay un sincero debate, eso no va a pasar. Acá cuando pierden las elecciones todos hablan de autocrítica, pero no llega, y en cambio en los congresos del Partido Justicialista de Entre Ríos era buscar culpables. Acá cuando se pierde se busca a quién echarle la culpa, nadie se hace cargo de absolutamente nada, siempre hay un chivo expiatorio para echarle la culpa de los males. Así que creo que hay que trabajar mucho por ahí”, cuestionó.

Respecto del resultado electoral, reiteró que “está claro que el mensaje es ese, la gente dijo que no quiere ir para atrás, aun cuando mucha gente la está pasando mal, porque al gobierno y a la economía les falta despegar. Pero mucha gente que la está pasando mal siguió apostando al gobierno, un poco por miedo a volver para atrás y otro poco porque espera una segunda etapa donde se empiecen a ver resultados después de tanto esfuerzo que se está haciendo”.

En ese marco, insistió: “Seguimos sin leer porqué Milei fue Presidente. Yo vengo diciendo desde el primer momento, cuando fue la Ley Bases les dije un montón de veces que había que entender por qué ganó Milei y perdió el peronismo y otros partidos que quedaron en minoría. Lo que hizo Milei, venía prometiendo que lo iba a hacer: la motosierra, destruir el Estado y demás”.

Respecto de los cambios en el Gabinete nacional y la incorporación de quienes fueron candidatos a legislador, refirió que “estas son cuestiones a modificar porque se encarga a la gente, si te eligen para una cosa, tenés que hacerte cargo de eso. Obviamente que, si a un legislador electo o en funciones lo llaman para ocupar un cargo de responsabilidad institucional a los niveles que estamos hablando, no lo veo mal porque hay mucha capacidad en mucha gente que ocupa cargos legislativos. Y siempre un cargo ejecutivo es más valorado por quien tiene vocación de servicio porque desde ahí se puede llevar adelante modificaciones a cosas que cree que puede cambiar o hacer cambios más valiosos; el cargo ejecutivo tiene otra adrenalina y un impacto directo en la sociedad”.

Situación procesal y judicialA poco de cumplir un año de detención en diciembre, Kueider sostuvo que “a partir de la Ley Bases en Entre Ríos hubo una publicación de un medio periodístico que nunca había hecho ninguna investigación y nunca se había ocupado de otros funcionarios o personas denunciadas y de pronto aparece una publicación mía con claras intenciones de vincularme a un hecho que tiene que ver con la causa Securitas. Me acusan de tener unos departamentos y en esa nota periodística tratan de vincularlo al cobro de coimas con la causa Securitas. A raíz de ello, se inician paralelamente dos denuncias, una que creo que formaba parte de esa operación político judicial –porque siempre en operaciones de este tipo interviene la pata periodística- y un periodista en San Isidro donde está asentada la causa, donde está Arroyo Salgado como jueza y hay un fiscal que a la luz de los elementos que hoy tengo me permito ratificar que esto es una causa armada política, es una clara vendetta del kirchnerismo que no me perdona que haya roto el bloque en su momento cuando no quisieron aprobar las leyes para Entre Ríos, para reducir la tarifa eléctrica y bajar los impuestos a la electricidad que Alberto Fernández se había comprometido y después me terminó dando la espalda. Tampoco recibí mucho apoyo de la dirigencia del peronismo en ese momento porque siempre actúan corporativamente o alineadamente con el poder en vez de defender los intereses de los entrerrianos, y ahí rompí el bloque y no me lo perdonan porque con eso se terminó la mayoría automática del kirchnerismo en el Senado, eso provocó que Cristina Kirchner no pudiera sacar un montón de pliegos de jueces que pretendía sacar, se cayó lo de la jueza Figueroa, y después vino lo de la boleta única donde me pasaron otra factura porque no querían que salga la boleta única e hicieron de todo para que no la saque. Y después todo reventó con la Ley Bases”.

Agregó que “casualmente, en ese contexto se da este tipo de denuncias. Y después en Concordia, paralelamente, ya no como parte de la operación, un puntero que tiene encono y resentimiento conmigo porque uno llega y otros no pueden llegar, presentó una nota de un párrafo en el Ministerio Público Fiscal y el fiscal Arias hace una causa donde se pone investigar desde el año 99, casi desde que nací. Y ambas causas siguen paralelamente su curso, por el mismo hecho, la misma denuncia, la misma persona, que es una doble persecución. Hicimos un planteo de nulidad que ya cumplió un año y ayer me notifican que a instancias de uno de los abogados de la defensa que presentó un pronto despacho, porque Arroyo Salgado tenía dormido en un cajón el tema de la competencia, y mandan a la Corte la definición de la competencia sobre la causa”.Sobre la causa Securitas, indicó que “recién ahora nosotros pedimos algunos informes para consolidar pruebas que la propia investigación ha recabado, que directamente demuestran que no tengo nada que ver con los ocho o nueve delitos que me imputaron en esa causa. Entre ellos el lavado de activos y entre ellos es lo que motiva el pedido de extradición acá a Paraguay, esa megacausa que armaron, que aprovecharon a darle mucho impulso, cuando sucedió en diciembre lo de Paraguay, donde hicieron un boom, una explosión mediática y judicial, y me adjudicaron empresas que me enteraba por la prensa que existían. A medida que se vayan desarrollando los hechos y vayan apareciendo las pruebas, en los tiempos de la justicia que se vaya expidiendo, se va a ir ratificando siempre lo que vengo diciendo en cada uno de los casos desde el primer día, que es ni más ni menos la verdad”.

Consultado por la situación judicial en Paraguay por el paso ilegal de dinero, explicitó: “Acá actualmente lo que más me retiene es el pedido de extradición, porque el pedido de extradición requiere hasta que se resuelva que esté detenido, porque si fuera por la causa de contravención aduanera, porque no es contrabando. Ya hay elementos de prueba que fueron apareciendo solos –e incluso mediáticamente- y queda claro que no había dinero proveniente de Argentina, que era dinero proveniente de acá, de inversiones de acá, tal como lo vengo diciendo, y que no me pertenecían y que no eran operaciones mías. Eso va a quedar todo aclarado”. Al respecto, dijo que “hay mucha gente que viene a invertir acá a Paraguay, donde hay oportunidades de intermediación interesantes”. “Yo ya expliqué lo que pasó allá, por supuesto no te cree nadie; pero, así como no me cree nadie, de a poquito van apareciendo muchas pruebas que ya están. A la luz de los hechos hoy son las pruebas que demuestran tu inocencia, pero las pierden de vista porque ya hay un prejuzgamiento y ajustan la vista para la acusación. Incluso hay mucho periodismo de investigación que en realidad no hace investigación, sino que se basan en lo que los fiscales le aportan y el fiscal no siempre actúa de buena fe sino que muestra siempre lo que les sirve a ellos para acusar, e instalar eso en la prensa también les sirve porque eso potencia su trabajo y los deja para arriba con los jueces, es como que muestran que están haciendo bien las cosas y también condiciona el accionar judicial, porque la presión mediática es muy importante a la hora de la valoración de muchos jueces. A este tipo de operaciones las motorizan muchas veces los fiscales y el periodismo las reproduce porque hay información que les sirve, pero no van a ver el expediente”, cuestionó.

Acotó que “en Paraná, tanto el periodismo como dirigentes políticos, en el fondo saben que no tengo nada que ver con la causa Securitas. A mí me meten en la causa Securitas y hacen un escándalo que es lo que me expulsó del Senado, no la causa de Paraguay, donde estaba acordado que me iban a dar la suspensión hasta marzo para que yo pueda tener la oportunidad de ir a defenderme. Cuando Arroyo Salgado en medio de la sesión manda un pedido de detención internacional con Interpol y hace un circo espectacular basado en la causa Securitas, solamente para que vaya a declarar en indagatoria. El motivo principal es que encontraron un chat, porque todo lo demás se fue cayendo; dijeron que yo era director de ENERSA y el fiscal y la jueza en estos momentos todavía siguen insistiendo que tengo vinculación con ENERSA, y eso se va cayendo solo.

“Se van cayendo solas las cosas que son agarradas de los pelos, que el denunciante usó y el fiscal le dio crédito y trató de consolidar; también los videos de Casa de Gobierno también se van cayendo recontra solos porque salieron a declarar todos e incluso hay una instrucción en Entre Ríos y todo el mundo sabe que eso eran gastos reservados. A esos videos los pasó a la prensa el propio fiscal y eso es ilegal, no podía haberlo hecho. De hecho, a la denuncia la dejaron sin efecto porque estaban manipulados los pendrive, se habían borrado imágenes que yo mismo las había borrado porque eran imágenes que no conducían al hecho y no quería que queden en un expediente que lo podía agarrar después cualquiera. Si es una prueba que está manipulada, que encima fue denunciada y que fue un hackeo ilegal, la prueba ya de por sí es endeble y deberían verificar al menos si es un hecho ilícito, y los gastos reservados no son hechos ilícitos”, planteó.

Criticó también que “hubo 100 días de secreto de sumario” y apuntó que “el hecho puntual y más importante que aducen, que me vincula, es que yo tenía contacto con los Tórtul, porque aparece un chat –que yo lo llamo del famoso turco Cuaider- y yo la verdad es que no sabía por dónde venía eso porque yo nunca tuve contacto con los señores Tórtul, no los conozco. Si los hubiera conocido, lo diría porque tampoco hice nada ilícito, pero la verdad es que nunca hablé con ellos, no tengo ni teléfono, no sé quiénes son”.

“Primero pensé que lo dibujó el fiscal y me metió por la ventana, pero después me di cuenta que debe ser otro turco que había sido funcionario de ENERSA y que era de Concordia, y que venía por ahí la confusión. Yo pensaba que era eso, confiando en la buena fe de la instrucción y sobre todo confiando en la buena fe de la jueza, pero la sorpresa que me llevo es enorme cuando el abogado pide esos chats para ver de dónde sale esa conversación que yo nunca tuve y la sorpresa es enorme porque me encuentro que está maliciosamente descontextualizado el chat. Eso es lo que hace es darme la derecha con pruebas de que esta causa fue armada desde el primer momento”, sentenció.

Respecto del pedido de extradición, Kueider señaló: “Yo soy inocente de la causa de fondo. De los nueve delitos que me mete Arroyo Salgado, ninguno es real. Es una causa armada. Ahora tengo las pruebas de que es una causa armada, porque el fiscal lo que hace es tomar una conversación que arranca en una página de un chat de ocho años; 25.557 páginas tiene ese chat y en base a esa prueba el fiscal me acusa a mí, y en ocho años de conversaciones aparece toda la operatoria de Enersa con Securitas. O sea, si la jueza quiere resolver el caso Securita, yo le hago un extracto y lo resuelve en 24 horas, tiene toda la hoja de ruta. Y de 25.557 páginas, este turco Cuaider aparece en la página 1.300 y pico, pero viene de una conversación que el fiscal recortó. Una conversación entre un ex funcionario de la provincia de Entre Ríos y uno de los Tórtul, y ahí arranca la conversación”.

En este marco, dijo que no le interesa la extradición: “No me interesa el tema de la extradición porque la pide Arroyo Salgado y si la causa de Arroyo Salgado se cae, se cae la extradición. Yo voy por la causa de Arroyo Salgado; el único tema de la extradición es que Arroyo Salgado por deporte mete preso a la gente. Por esta causa trucha, falsa, maliciosamente armada y políticamente armada estuvo preso mucha gente; estuvieron en el penal de Ezeiza en condiciones de presos comunes, con presos comunes, con delitos graves, gente que no había cometido ningún delito, una causa trucha y armada y a mí me quiere mandar allá. Lo que quiere es la foto y el circo. Pero si se cae la causa armada, trucha, de San Isidro, la extradición se cae naturalmente”.

“La extradición no sería necesaria si yo puedo volver a la Argentina en condiciones normales como una persona que no ha cometido un delito, y en el peor de los casos uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, por lo menos, eso dice el sistema constitucional y penal argentino, que obviamente no se está respetando en San Isidro”, aseveró.

Sobre el armado de la causa, aclaró que “no es Arroyo Salgado, es el fiscal. Yo la respeto mucho a la jueza Arroyo Salgado; de hecho, mi abogado en Concordia me decía que iba a plantear que vaya a San Isidro, porque allá la jueza Arroyo Salgado es más seria y acá en Entre Ríos, la fama que tiene Arias es de antiperonista, persiguen los peronistas y demás. Y yo le dije que a mí no me interesa quien me persiga porque yo soy inocente, así que no me interesa que me investiguen, pero reconozco que Salgado me representa mayor seriedad. Yo no la acuso a ella de que haya participado de una persecución política, creo que a ella le gusta más protagonizar las cuestiones más mediáticas y capaz eso es lo que a ella le impulsa. Pero yo lo que sí le reprocho a ella, es que no ha verificado nunca nada de la instrucción, es como que ha convalidado toda la actuación del fiscal sin miramientos”.

Como ejemplo, mencionó que “lo de los gastos reservados, nunca verificó cuál era la condición de los videos, ya los dio por un hecho ilícito; lo de ENERSA lo dio por cierto y a la luz de los hechos hoy, se corrobora que yo nunca fui funcionario de ENERSA. Para esto avanzan meses, en base a eso te acusan y esos delitos que te imputan falsamente dan lugar al ilícito precedente para justificar la acusación de lavado que es muy grave. Y eso, a su vez justifica las prisiones preventivas. Es toda una cosa que es muy extraña, y yo a la cuestión política se la adjudico claramente al fiscal Fernando Domínguez”.

Consultado por su situación económica para vivir en Paraguay, reveló: “No es muy grande mi presupuesto acá; primero vamos a ver la cuenta de los abogados que cuando termine esto y cómo hacemos, pero lo que tiene que ver con alquileres se hace cargo el estudio de mis abogados, hasta el momento, que tampoco es muy alto. El costo de vida en Paraguay no es muy alto, yo tengo un presupuesto, que en dólares no llega a 900 u 800 dólares mensuales. Al principio el estudio incluso te abastecía de las cuestiones de los comestibles y todo lo demás, luego fui tratando de hacerme cargo, que no es mucho porque con 700 u 800 dólares mensuales y con eso alcanza muy bien para vivir el mes digamos”.

“Sí me quedé con muchísimas cuentas en Argentina. Independientemente de las medidas cautelares que tomó la justicia de San Isidro, que me bloquearon todas las cuentas bancarias, obviamente no pagué más las tarjetas de crédito. No puedo retirar un peso del banco, no puedo hacer un montón de cosas y hay cuentas que obviamente dejé de pagar; si uno verifica en este momento mi estado de cuenta en Argentina ya debo estar en el Veraz en situación 4 o 5. No sé quién se va a hacer cargo cuando todo esto termine, y cuando salga a la luz la verdad”, advirtió.

Respecto de quién le provee los dólares para vivir, reflexionó: “Cuando sucedió todo esto, uno que venía de un proceso de muchos amigos, empiezan a quedar menos amigos. Algunos hasta públicamente salieron a decir que nunca fueron amigos míos, después que fuimos amigos muchos años. Pero siempre algunos amigos quedan, tampoco es mucho dinero y siempre algunos vienen, algunos amigos me han traído carne en conservadora. Mis hijos la han pasado muy mal y la siguen pasando mal; a mi hija la jueza Salgado le bloqueó el pago de su sueldo por nueve meses, no cobró el sueldo por nueve meses; con el sueldo las personas viven. Tuvo que pagar abogados, que para presentarte una nota en Buenos Aires te cobran 300 o 400.000 pesos, que primero le rechazaron y luego le liberaron parcialmente las medidas cautelares y pudo cobrar recién hace un mes y pico. A mis otros hijos los persiguieron desde el ARCA, con una persecución direccionada. Uno trabaja en cuestiones de marketing y el otro es abogado, y les salieron a reclamar porque tenían transferencias de Mercado Pago. Incluso mi hijo tenía las transferencias de Mercado Pago a su propia esposa y el ARCA le pidió factura y como no tenía lo terminaron cambiando de categoría del monotributo, lo pasaron a responsable inscripto con retroactividad y le cobran 15 millones de pesos de multa. Una locura que creo que a nadie le llegó alguna notificación del ARCA preguntándole si las transferencias que hacían a Mercado Pago tenían factura”.

“Es una clara persecución y por supuesto le ha afectado en su vida cotidiana toda esta cuestión A mi hijo más chico, menor de edad, de 15 años, le clausuraron la cuenta de Mercado Pago que tenía autorizada por mí. Le clausuraron una cuenta que había abierto en Banco Nación que te abren una cajita de ahorro, que creo que tenía 50.000 pesos. Como que se enriqueció ilícitamente, pobre. Hay muchas cosas terribles que han sucedido con esto, no sé quién se va a hacer cargo del daño que han causado. Hay gente que no puede salir a la calle, que le da vergüenza, hay gente que perdieron las empresas, que le clausuraron todas las cuentas de las empresas y las han escrachado tanto, que nos pueden operar hoy en día. A mi propia empresa Edekom le clausuraron todas las cuentas y no pueden laburar. Han causado un daño enorme; hubo gente que estuvo presa cuatro meses en un penal, que le arruinaron la vida por una causa armada, trucha, según están las evidencias en el expediente. Es horrible, porque acá sos culpable hasta que demuestras lo contrario”, concluyó. 

El fallo fue dictado por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal, que ratificó la acusación por intento de contrabando luego del hallazgo de más de 200 mil dólares sin declarar al momento de cruzar la frontera hacia Paraguay, en diciembre de 2024.El tribunal desestimó los argumentos de la defensa, que señalaba supuestos errores procesales en la actuación del fiscal de la causa. La resolución, adoptada por mayoría, permite que el expediente avance hacia la etapa de juicio oral.Kueider y Guinsel permanecen bajo proceso judicial en Asunción y podrán regresar a la Argentina solo cuando la Justicia paraguaya cierre definitivamente el caso. Una vez de regreso, el concordiense deberá responder también a investigaciones abiertas en el país por presuntas irregularidades patrimoniales. 

Kueider se mostró “orgulloso” de haber sido uno de los legisladores que alentó, a su criterio, desde la Cámara alta, la implementación de la BUP: “Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas, hoy se expresan en causa judiciales inventadas”.

“Orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito. Un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia. ‘‘Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas, hoy se expresan en causa judiciales inventadas”, expresó.

Dejó entrever que su detención, llevada a cabo en diciembre del año pasado, fue producto de “un costo político” por parte de los sectores “que no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad” como es de la la BUP. “El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”, agregó.

El 4 de diciembre de 2024, Kueider fue detenido en la localidad paraguaya de Ciudad del Este por haber cruzado la frontera con 200.000 dólares en efectivo sin declarar.

El exsenador concordiense Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron detenidos en la mañana de este martes en Paraguay, donde cumplían arresto domiciliario, para dar inicio al proceso de extradición a la Argentina. La medida responde a un pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien los investiga por presunto lavado de dinero y contrabando de divisas.El operativo fue realizado por efectivos de Interpol Paraguay, en cumplimiento de la orden emitida por el juez Rolando Duarte. La decisión se tomó tras una audiencia preliminar celebrada en Asunción, en el marco de la causa que involucra a ambos detenidos. Ahora deberán atravesar una audiencia identificatoria, en la que se definirá si aceptan un proceso de extradición simplificado, lo que agilizaría su entrega a la Justicia argentina.Kueider y Guinsel habían sido detenidos inicialmente en diciembre de 2024, cuando intentaban cruzar el Puente de la Amistad desde Paraguay hacia Brasil con 200 mil dólares en efectivo sin declarar. Ese episodio motivó su expulsión del Senado argentino y derivó en la causa que hoy los tiene bajo arresto.En declaraciones recientes, el exsenador calificó de “injusto” un eventual traslado al penal de Ezeiza y cuestionó a la jueza Arroyo Salgado por reactivar otra causa en su contra. “Yo me podía haber vuelto a la Argentina esa misma noche. Nunca estuve detenido, fui voluntariamente a declarar”, aseguró.Con esta detención, se abre formalmente el camino para que en las próximas semanas ambos regresen a la Argentina bajo custodia, donde enfrentarán las acusaciones que pesan en su contra.

Desde su prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, el exsenador nacional Edgardo Kueider habló por primera vez con profundidad sobre su situación judicial, su vida tras la caída, y su visión sobre las causas que lo involucran. En diálogo con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), Kueider apuntó con dureza contra el Juzgado Federal de San Isidro, negó tener relación con la empresa Securitas y se mostró arrepentido por el episodio que derivó en su arresto.

“Sé que la condena social ya está y no me la saca nadie”, reconoció Kueider, consciente del impacto público del caso y de que cada declaración será analizada minuciosamente. La entrevista, a cargo de Daniel Enz, cobra especial relevancia por tratarse de uno de los periodistas que, con su tarea de investigación, ha sido pieza clave en el inicio de causas que terminaron con condenas judiciales en la provincia.

Kueider se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace cinco meses, y explicó que su rutina se limita a ver televisión y repasar documentación de las causas en su contra. Aseguró que el dinero con el que fue detenido no le pertenecía, y que su permanencia en Paraguay se debe a una cuestión de arraigo procesal. “Quiero volver a la Argentina para estar con mis hijos”, afirmó, aunque reconoció: “Sé que si vuelvo, me espera Ezeiza”.Sobre el caso Securitas —señalado como el delito precedente en la causa de lavado de activos que tramita en San Isidro—, fue tajante: “No tengo absolutamente nada que ver. Es un invento. Una asociación ilícita armada de los pelos”, dijo. Además, negó haber conocido o tratado con los hermanos Tórtul, supuestos intermediarios en la operatoria.Respecto a la compra de departamentos en Paraná, indicó que fue una operación legal realizada con fondos de la empresa Betail, creada junto a un primo. Negó rotundamente que su asistente Yara Guinsel sea testaferro o haya recibido acciones. “Es una falsa denuncia, tengo toda la documentación para demostrarlo”, sostuvo.

En cuanto a su vínculo con ENERSA, explicó que nunca fue funcionario ni tuvo injerencia en la empresa. Solo firmó actas anuales como parte de su rol en la Gobernación. Reiteró que jamás fue advertido sobre posibles hechos de corrupción ni contratos irregulares con Securitas.Consultado sobre los videos en los que se lo ve contando dinero en su despacho en la Gobernación, explicó que él mismo instaló las cámaras por seguridad, que el dinero correspondía a gastos reservados y que denunció el hackeo. “Yo mismo guardé las copias originales para protegerme. Si hubiera querido ocultarlo, no habría puesto cámaras”, sostuvo.También se refirió al impacto personal y político del caso: “Mientras dure esta investigación, no voy a ser candidato a nada. No soy tan caradura”, dijo, aunque dejó la puerta abierta a un posible regreso: “Cuando esto se aclare, veré si tengo ganas y fuerzas para volver”.Finalmente, calificó de “abuso total de autoridad” la forma en que se han armado las causas en su contra. Siente que fue convertido en “chivo expiatorio” y advierte que el volumen de la investigación es desproporcionado. “Todo esto está montado sobre falsedades. Espero que la Justicia, en última instancia, revele la verdad”, cerró. 

Negó las acusaciones y apuntó contra sectores del oficialismo anterior, a quienes responsabilizó de intentar desestabilizar al gobierno actual.

El exsenador nacional Edgardo Kueider explicó públicamente los motivos por los cuales respaldó la Ley Bases en el Congreso y sostuvo que, tras su decisión, sectores vinculados al kirchnerismo buscaron debilitar al Gobierno de Javier Milei. Según afirmó, el objetivo era generar un fuerte desgaste institucional que pudiera derivar en la caída del actual Presidente.

Si bien evitó referirse en detalle a la causa por la cual permanece con prisión domiciliaria en Paraguay —siguiendo el consejo de sus abogados—, Kueider se mostró dispuesto a hablar sobre los procesos judiciales que enfrenta en la provincia de Entre Ríos.

“Quiero dejar en claro que esto no tiene relación con dinero en negro ni fondos ilegales, y tampoco involucra plata de origen argentino”, aseguró el exsenador. “Lo que puedo decir es que estas causas se activaron casualmente después de mi voto afirmativo a la Ley Bases”, agregó.

Según su versión, las denuncias judiciales surgieron sin sustento real y responden a motivaciones políticas. “Lo he venido demostrando, pero la justicia está actuando de forma extraña. Confío en que el proceso judicial avanzará y que la verdad, más temprano que tarde, saldrá a la luz”, concluyó.

Aseguró que no existe evidencia de un ilícito ni de dinero proveniente de actividades delictivas. Además, expresó su descontento con el tratamiento mediático del caso, argumentando que la difusión del video asociado a su situación ya lo había condenado públicamente, independientemente de la veracidad de las acusaciones. “La condena mediática ya la tengo”, afirmó, señalando que, incluso si presenta pruebas en su defensa, todo será puesto en duda.“Nunca me tomaron declaración”, aseguró y luego afirmó: “No hay ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”. Además, criticó a los medios de comunicación que cubrieron el caso e indicó: “La imagen del video ya de por sí te condena, que es lo que terminó pasando, independientemente si he cometido o no un ilícito”.“La condena mediática ya la tengo. Todo lo que diga y muestre, aún con pruebas, va a ser puesto en duda. Tengo para exhibir material para dar crédito a mi posición y a mi verdad”, declaró.Dijo que los dólares que le encontraron cuando intentaba ingresar a Paraguay “no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”. También se refirió a las causas judiciales que lo tienen en la mira, sus terminales políticas, el manejo de los gastos reservados y más.“Desde que en el Senado se produjo el tratamiento de mi expulsión, recibí amenazas. Esto tiene un interés de alto voltaje político. El kirchnerismo se encargó de instalar que esto responde a una cuestión vinculada a la ley bases, para bajarla”, expresó.Asimismo, se defendió: “Si tenemos una ley de blanqueo, que yo mismo voté, para qué vas a llevar la plata a otro lado. Es irrisorio ese tipo de planteo”.Respecto a los viajes en plan de inversión en Paraguay que trascendieron, comentó que “No son operaciones mías por lo tanto no puedo hablar de eso. No hay ninguna investigación ni ilícito al respecto”. “Varios de estos viajes tuvieron que ver con que Iara (Guinsel Costa) ha tramitado la ciudadanía paraguaya y están acreditados. Ella también tenía sus actividades acá”, completó. 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ramírez sostuvo que “la última información que tenemos sobre el caso es que la jueza argentina se ratificó en su pedido de extradición, y el juez Rolando Duarte corrió vista al representante del Ministerio Público y todavía está en fecha para presentar su dictamen donde se va a aconsejar si se hace lugar a ese pedido de extradición o no”.

Explicó que “el cuestionamiento que se hace (desde la Justicia paraguaya) es que no hay todavía una imputación propiamente dicha, sino que es una investigación. Por otra parte, dentro del pedido hecho por la jueza argentina hay algunos puntos que no son parte de una extradición formal. Lo que se hace en un pedido de extradición es solicitar que envíen a la persona y tiene que haber doble incriminación, es decir que haya delito tanto en Paraguay como en Argentina, y que no estén prescriptos esos hechos punibles. En este pedido que hace la jueza argentina se pide incautación de celulares, allanamiento del departamento donde actualmente está residiendo y también una declaración de él, y todos esos puntos no son propios de un pedido de extradición, sino que deberían haber sido solicitados por un pedido de ayuda internacional”.En tanto, dijo que “en Paraguay todavía no se concretó una causa por lavado de activos, está siendo investigado, no hay imputación según el exhorto”.Aclaró que “lo que está abierto ante la Justicia es la imputación por tentativa de contrabando, y además hay ante el Ministerio Público una investigación penal por lavado de activos, pero todavía no hay una imputación propiamente dicha, no hay una causa jurisdiccional abierta ante el juez. Sólo es una investigación del Ministerio Público, que puede durar dos o tres años sin imputación, y si no hay una imputación no se abre una causa”.  Agregó que esa investigación “es con respecto a las inversiones y compras que hizo antes Guinsel Costa”.Puntualizó asimismo que en Paraguay “el delito de lavado de activos tiene una pena de cinco años, pero si viene del narcotráfico la pena se agrava”.Por otra parte, sobre la prisión preventiva domiciliaria de Kueider, Ramírez comentó que “en Paraguay la ley dice que cada tres meses se debe hacer de oficio una revisión de medidas cautelares, y hace poco se hizo un cambio de domicilio porque habían pedido la casa donde estaba. Sin embargo, la semana próxima podría darse el requerimiento conclusivo de la Fiscalía y puede pedir acusar y pedir juicio oral o pedir una salida alternativa, puede ser una suspensión condicional del procedimiento o cumplir con unas condiciones y después quedar ya sobreseído. O un procedimiento abreviado donde piden una pena, pero normalmente es con un acuerdo con la otra parte, pueden ser dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena, es decir que no iría preso, pero tendría algunas condiciones”.Por otra parte, mencionó que “la expectativa de pena por contrabando no es tan alta, son hasta tres años”.Consultado por otras situaciones ocurridas en relación a Kueider, sostuvo que “las investigaciones se manejan bastante cerradas, no se da a conocer mucho y recién con la imputación hay más conocimiento, las investigaciones son secretas prácticamente. Lo último que se supo es que se abrió esa investigación y está en pleno desarrollo, y que se piden informes a las entidades bancarias, a los lugares donde compró y demás”.Por último, comentó que “ahora estamos a la expectativa para ver qué es lo que pide el fiscal del caso” y sostuvo que en la prisión domiciliaria “se cumple en un barrio de Asunción, donde hay casas y no hay tantos edificios de departamentos”.(I:Análisis) 

Se trata de una grabación de 2018, producto de una operación de inteligencia de alto nivel encargada por Sergio Urribarri, entonces presidente de la Cámara de Diputados, en un contexto donde Gustavo Bordet buscaba desplazarlo.Con los votos en contra ya confirmados, Urribarri recurrió a operadores porteños para intervenir el sistema de cámaras de la Gobernación, según fuentes de distintos sectores que confirmaron la versión a Página Política. Una vez obtenido el material, se lo envió al entonces secretario de la Gobernación, lo que frenó la maniobra de Bordet para removerlo de la presidencia de la Cámara.Ante la situación, Bordet y Kueider decidieron judicializar el caso y explicar que el dinero en cuestión correspondía a los gastos reservados, que efectivamente se distribuyen sin control. Fue el propio Kueider quien se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y entregó el video. La causa, finalmente, fue archivada.

Sin embargo, el video adquirió una nueva propietaria, además de Urribarri, Bordet, Kueider y la Procuración: la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien lo obtuvo en el marco de allanamientos en Concordia.Las imágenes pudieron filtrarse desde cualquiera de estos actores. La pregunta clave para comprender la trama es: ¿a quién beneficia y a quién perjudica?

Consecuencias políticasLa permanencia del caso Kueider en la escena mediática tiene múltiples efectos, algunos aún imprevisibles a nivel nacional. En Entre Ríos, en cambio, el peronismo es el principal damnificado. La situación recuerda a la UCR tras el gobierno de Sergio Montiel, cuando los dirigentes parecían más interesados en debilitar a sus propios correligionarios que en enfrentar a sus adversarios externos.Urribarri, por ejemplo, desde que recuperó la libertad, además de retomar el cuidado de su plantación de tomates, se ha dedicado a atacar al peronismo entrerriano. Un hecho curioso si se considera que la provincia está en manos del PRO y el país gobernado por un personaje errático, sobre los cuales el exgobernador no ha hecho mayores comentarios. Su postura es comprensible si se repasa su historia: pasó de ser precandidato a presidente de la Nación a recibir una condena con penas propias de un homicida.En un contexto electoral sin PASO, Bordet carga con las consecuencias de todo lo que se sepa sobre Kueider, su hombre de confianza durante su primera gestión. Si alguien debe asumir la responsabilidad política por la detención del exsenador en Paraguay, ese es el exgobernador y actual diputado nacional.Aunque el video de Kueider no debería tener incidencia en la causa que enfrenta Bordet en Concordia –ya que fue el propio procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, quien lo descartó como prueba–, su viralización, sumada a otros hechos recientes, podría generar un clima favorable para que el jefe de los fiscales reafirme su histórica lealtad al oficialismo e impute al exgobernador. En la justicia, las decisiones no siempre se explican ni se justifican: simplemente se ejecutan.Rogelio Frigerio podría ser el gran beneficiado de esta situación en pleno año electoral, tal como Bordet lo fue cuando Urribarri era blanco de la Procuración General, a la que él mismo había fortalecido con recursos y estructura.

El carrusel del poderEl “carrusel” de García –donde perdona en la ida y ajusticia en la vuelta– es un fenómeno que debería estudiar el actual gobernador, quien recientemente ha recibido presiones por la lista de fiscales auxiliares revelada por este medio y que disgusta al procurador.Quizás convendría que dialogue con Pedro Báez, quien se sintió traicionado por compañeros de ruta a los que consideraba hermanos. Porque, al final, la calesita gira siempre al ritmo de la música oficialista, lo que tranquiliza a quien está en el poder. Luego, solo quedan los lamentos. (I: Federico Malvasio, Página Política)

El exsenador Edgardo Kueider sumó una nueva causa penal en Paraguay. Es por el intento de comprar seis departamentos mucho antes del episodio en la frontera con Brasil. La denuncia es por el delito de lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales de ese país a Infobae. Si avanza, ese expediente podría complicar la extradición a la Argentina, que fue pedida por la jueza Sandra Arroyo Salgado a fines del año pasado, publicó Infobae.La maniobra figura en reportes de operación sospechosa (ROS) que llegaron a la UIF de Paraguay. Según esos documentos, publicados por la Revista Análisis, la secretaria y pareja de Kueider, Iara Guinsel Costa, hizo un primer desembolso de USD 120 mil en abril de 2024. Un segundo pago, de USD 250 mil, se efectivizó en junio. A partir de ese momento, hizo varios pagos parciales, siempre en dólares, para comprarles seis departamentos a las firmas Innova Asunción SA, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales Benega y Fernando Cousirat.Esas dos personas son los supuestos dueños de Golsur, la empresa que utilizaron Kueider y Guinsel Costa para justificar el dinero que llevaban en la camioneta.Infobae había revelado que la compra de esa firma se concretó el 30 de julio del año pasado, en la misma fecha que se intentaba cerrar la compra de seis departamentos. Los nuevos dueños (Torales Benega y Courisat) pagaron 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones. Apenas dos meses después, a mediados de octubre, le firmaron un poder amplio a Guinsel Consta.La operación de los seis departamentos nunca se concretó. En septiembre, se terminó firmando una rescisión del contrato que habían suscripto en junio.“Del análisis realizado respecto a las documentaciones proveídas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores paraguayos.Los detalles de esa maniobra fueron enviados por la UIF de Paraguay al organismo antilavado local y se terminaron filtrando. Eso motivó un reclamo del Grupo Egmont, la entidad internacional de cooperación que ambos países integran, y hasta se abrió un sumario interno en la UIF local.

Un video en el que se observa al exsenador nacional y exsecretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Edgardo Kueider, contando fajos de dinero en su oficina en Casa de Gobierno, fue incorporado como prueba en la causa que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.La grabación habría sido hallada durante un allanamiento en un domicilio de Kueider en Buenos Aires. Según trascendió, las imágenes mostrarían al exfuncionario acompañado por una empleada de su dependencia, manipulando una importante suma de efectivo. El video fue difundido en las últimas horas por el canal de noticias C5N.

El origen del material se remonta a 2019, cuando el propio Kueider denunció haber recibido un correo anónimo con la grabación, supuestamente obtenida tras un hackeo a las cámaras de seguridad instaladas en su despacho. En ese momento, presentó una denuncia ante Fiscalía, aunque el caso no avanzó.

Los fondos que se ven en el video serían parte de los denominados “gastos reservados”, autorizados por la ley 10.533 —ya derogada— y utilizados en la Secretaría General sin necesidad de rendición ante organismos de control.Según consta en la investigación, ese dinero se almacenaba en una caja fuerte dentro de la oficina de Kueider.El hallazgo del video refuerza las sospechas en el expediente federal que lo investiga por enriquecimiento ilícito y posible malversación de fondos públicos. 

El escrito, está fechado el 5 de febrero y fue recepcionado este miércoles en las oficinas de la entidad, en calle Urquiza en Paraná. Lleva la firma del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Fernando Domínguez.

“Solicito que en el término de 48 horas tengan a bien emitir una comunicación circular a los notarios matriculados en su jurisdicción con el objeto de establecer qué notarios han realizado operaciones con Edgardo Darío Kueider”, especifica el escrito.

La solicitud abarca también a los escribanos que hayan intervenido en operaciones vinculadas a Carla Capelli Florines (primera esposa de Kueider, madre de sus tres hijos mayores), Liliana Rosa Di Lello (segunda esposa del exsenador y madre de sus dos hijos más chicos) y a los cincos hijos: Emilce, Haidar Iván, Facundo Darío, Máximo y Augusto.El pedido incluye, además, a los escribanos que hayan intervenido en relación a Iara Guinsel Costa, pareja de Kueider con quien cumple arresto domiciliario en Paraguay.

Y también se pide la misma información respecto de las empresas Betail SA y Edekom SA; y a los socios y presuntos testaferros del exsenador: Rodolfo Daniel González, Ernesto Javier Rubel y José Carlos Nogueras.“A tales fines, deberá requerirse que las respuestas brindadas por los notarios sean recibidas por el Colegio de Escribanos para su posterior remisión junto con la documental de respaldo”, concluye el pedido del fiscal federal.

Cabe recordar que a mediados de diciembre personal de Gendarmería allanó en Concordia la escribanía de la notaria Natalia Goñe, ubicada en calle San Luis 673, que había pertenecido al escribano Ismael Amado Kueider, tío del exsenador.

Kueider se encuentra detenido en Asunción del Paraguay desde el 4 de diciembre, cuando fue sorprendido en la frontera junto a Iara Guinsel llevando US$ 211.102 que no pudieron justificar.

La investigación que conduce Arroyo Salgado se inició antes de este episodio, en relación a la posible vinculación de Kueider -que fue por años funcionario, armador político y jefe de campaña del exgobernador peronista Gustavo Bordet- con el escándalo por presuntos sobornos que involucra a la empresa de seguridad Securitas y a la firma estatal entrerriana Enersa. (I:Análisis) 

La operación finalmente no se concretó y el dinero le fue reintegrado. No obstante, el registro de los movimientos consta en reportes de operaciones sospechosas (ROS) tanto bancarias como inmobiliarias detectadas por las autoridades del vecino país y complica la situación judicial del exlegislador entrerriano.

Al primer desembolso de 120 mil dólares Guinsel lo hizo en abril, ocho meses antes de la detención de la pareja en la frontera, ocurrida en diciembre. Un segundo pago, de 250 mil dólares, se efectivizó en junio, pocos días después de la aprobación de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei, para la cual el voto de Kueider fue concluyente.

Los informes derivados de reportes de operación sospechosa (ROS) permiten elaborar una cronología.En abril de 2024, las firmas Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py Eas, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova.Llamó la atención de los investigadores que Cousirat y Torales son los mismos integrantes de Golsur SA, donde Guinsel luego comenzó a figurar como apoderada.También en abril, Guinsel Costa le pagó en efectivo a Innova una seña de 122 mil dólares por la venta de los departamentos.

Dos meses más tarde, en junio, Guinsel e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sus respectivas cocheras por un valor total de 460.379 dólares que fueron pagados de la siguiente forma, según informó la empresa a solicitud de las autoridades paraguayas:-El 19 de junio, Guinsel entregó 5 mil dólares y se le extendió el recibo n° 1.946.-Al día siguiente, 20 de junio, abonó 250 mil dólares en efectivo (recibo n° 1.947)-El 2 de julio pagó 40 mil dólares también en efectivo (recibo n° 1.977).-Dos días más tarde, el 4 de julio, abonó otros 60 mil dólares (recibo n° 1.992).-El 9 de julio pagó 30 mil dólares en efectivo (recibo n° 2.019)-El 16 de julio abonó 55.380 dólares (recibo n° 2.038)-Al día siguiente, 17 de julio, Guinsel completó el saldo con la entrega de 20 mil pesos en efectivo (recibo n° 2.044)“Del análisis realizado respecto a las documentaciones proveídas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores, según consta en los informes oficiales.Ante la falta de entrega de documentación solicitada para completar la operación, a menos de dos meses del último pago, el 3 de septiembre, Guinsel e Innova SA firmaron una rescisión del contrato que habían suscripto en junio, que fue dejado sin efecto.“Además, el vendedor entregó en el acto al comprador todo lo aportado a la fecha”, se precisa en los documentos que reflejan informes aportados por Innova.No obstante, se advierten algunas inconsistencias que serán motivo de investigación hacia adelante, especialmente respecto a la devolución del dinero y a la anulación de la operación.Por un lado, no se registra entrada al país de Iara Guinsel en el período referido, dado que había salido, según Migraciones, el 21 de junio, y vuelto a entrar recién el 13 de octubre. Es decir que al momento en que supuestamente se le devolvió el dinero, no estaba en Paraguay.Además, se indicó que para el 16 de septiembre de 2024, según correos electrónicos analizados, desde Innova se le seguía reclamando a la mujer la documentación solicitada, pese a que el contrato se había anulado 13 días antes.Cabe recordar que el 30 de julio del año pasado, la empresa Golsur pasó a manos de los socios paraguayos a cambio del pago de 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones de esa firma. Apenas dos meses después, a mediados de octubre, esas mismas personas le firmaron un poder amplio Guinsel.Los investigadores intentan determinar si se trató de una estrategia para esconder al verdadero dueño, que sería el exsenador Kueider. Los datos que constan en el expediente permiten sospechar que el dirigente entrerriano y su novia buscaban en esos meses una sociedad para concretar sus operaciones inmobiliarias.Incluso, el empresario paraguayo Carlos Guasti aseguró a distintos medios que le hicieron un ofrecimiento para comprar al menos cinco departamentos en junio y que la operación se cayó porque no consiguieron una sociedad anónima que operara como broker.La última noticia que se conoció sobre Kueider y Guinsel fue que debieron dejar el edificio en el que cumplían prisión preventiva domiciliaria por un reclamo del consorcio debido a molestias que generaban la presencia de la custodia asignada.La pareja se mudó a una casa ubicada en otro barrio de Asunción para seguir cumpliendo el arresto domiciliario mientras son investigados por tentativa de contrabando, tras ser interceptados a principios de diciembre cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, provenientes de Brasil, en una camioneta de alta gama, con 211.000 dólares sin declarar.(I:Análisis)

El juez de garantías de Paraguay, Rolando Duarte, solicitó a la Justicia argentina, a través de la Dirección de Cooperación Judicial Internacional, que amplíe y corrija el pedido de extradición del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa. La solicitud, presentada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, presenta errores de forma y fondo, según dictaminó la fiscal Matilde Moreno, quien destacó que no se detallan con precisión los delitos imputados ni las bases jurídicas necesarias para la extradición.Kueider y Guinsel Costa, acusados en Paraguay de tentativa de contrabando, cumplen prisión domiciliaria en Asunción mientras se investiga su caso. Además, Arroyo Salgado los vincula en Argentina a causas por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y coimas relacionadas con la empresa ENERSA. Paraguay recomendó que Argentina aclare los delitos y ajuste el exhorto para garantizar un proceso adecuado.La corrección del pedido retrasará cualquier decisión sobre la extradición, mientras los fiscales paraguayos tienen hasta abril para cerrar su investigación. 

El diario Infobae publicó documentos clave sobre el caso que involucra al exsenador Edgardo Kueider y la empresa Golsur. Según la investigación, el 30 de julio de 2024, la empresa pasó a manos de dos nuevos propietarios, el abogado Amado Andrés Torales Benega y el comerciante José Fernando Courisat, ambos de Paraguay, quienes pagaron 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) por el 50% de las acciones cada uno. Sin embargo, apenas dos meses después, los mismos dueños otorgaron un amplio poder a Iara Guinsel Consta, secretaria de Kueider, lo que ha generado sospechas de que podrían ser prestanombres.

Detalles de la operación

Los contratos de cesión de acciones revelan que el traspaso fue formalizado el 20 de agosto y comunicado al Ministerio de Economía de Paraguay, aunque no fue registrado oficialmente. Según Infobae, Torales Benega y Courisat declararon datos de contacto que resultaron inactivos, aumentando las dudas sobre la legitimidad de su rol en la empresa. Además, el poder otorgado a Guinsel Costa le daba facultades amplias para manejar todos los negocios y bienes de Golsur.

Conexión con Kueidery las actividades de GolsurLos documentos judiciales indican que Kueider y su secretaria estaban buscando una sociedad para realizar operaciones inmobiliarias en Paraguay desde meses antes de la compra de Golsur. Chats filtrados confirman que planearon adquirir propiedades, pero la operación no prosperó hasta que obtuvieron el control de la empresa. Desde octubre de 2024, Golsur fue habilitada para actividades inmobiliarias, construcción e industria publicitaria, aunque mantiene como domicilio la misma dirección de una firma dedicada a la venta de sociedades anónimas.

Prisión domiciliaria y extradición

Kueider y Guinsel Costa permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción, mientras la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición. Sin embargo, la Justicia paraguaya ha señalado que el proceso tiene defectos de forma y fondo, por lo que se tomará tiempo para resolverlo. Las investigaciones se centran ahora en informes bancarios y movimientos financieros que podrían esclarecer la trama detrás de Golsur y su relación con Kueider.

La causa sigue avanzando, y las pruebas reveladas han puesto en entredicho la defensa del exsenador y su secretaria. La clave parece estar en el rastro del dinero y el rol de los nuevos propietarios de Golsur. 

La solicitud de extradición del exsenador Edgardo Kueider ha sido rechazada por la justicia paraguaya debido a errores formales en su presentación, lo que retrasa su regreso a la Argentina. Según el fiscal paraguayo, el pedido, enviado por la jueza Sandra Arroyo Salgado y la Cancillería argentina, carece de los detalles necesarios, como una descripción precisa de los hechos imputados y las pruebas correspondientes.

Un proceso defectuosoEl pedido de extradición se centró en delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero no incluyó un relato claro de los hechos que se atribuyen a Kueider. Además, los fiscales paraguayos cuestionaron que se solicitara su extradición únicamente para tomarle declaración indagatoria, algo que, argumentan, podría realizarse en Paraguay con asistencia judicial local.

Otro punto controversial es que Kueider no es considerado un prófugo, ya que su paradero es conocido. Estas fallas en el procedimiento benefician al exsenador, quien permanece en Paraguay bajo prisión domiciliaria junto a su pareja, Iara Guinsel Costa.

Sospechas y falta de pruebasEl caso tiene múltiples elementos sospechosos, entre ellos los 211.000 dólares en efectivo que Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay sin declarar.

Según las declaraciones de Guinsel, el dinero provendría de una empresa llamada Golsur, la cual, a su vez, está vinculada a una compleja red de sociedades pantalla. Sin embargo, la justicia paraguaya no ha avanzado en la incautación de celulares, una medida clave para rastrear el origen del dinero.

Estrategias legales fallidasKueider también intentó recuperar su banca en el Senado argentino argumentando irregularidades en la sesión que decidió su expulsión. Sin embargo, la justicia desestimó sus argumentos, dejando en firme su desafuero. Sin los fueros parlamentarios, Kueider enfrenta las órdenes de detención emitidas por la jueza Arroyo Salgado, relacionadas con denuncias de coimas y propiedades no declaradas en Paraná.Silencio políticoA pesar de las implicancias del caso, tanto el oficialismo como la oposición han mantenido un bajo perfil sobre el tema, alimentando sospechas de que existe un interés en que Kueider permanezca en Paraguay. Mientras tanto, las demoras en el proceso de extradición y las aparentes omisiones en la investigación judicial generan cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial argentino en casos de corrupción de alto perfil.