El Tribunal Oral Federal N°5 de San Isidro llevará adelante el juicio contra el círculo cercano del ex senador entrerriano Edgardo Kueider, en una causa que investiga presuntas maniobras para justificar un crecimiento patrimonial que, según la investigación, no tendría respaldo en ingresos declarados.El proceso estará a cargo de un tribunal integrado por las juezas María Claudia Morgese Martín —quien lo presidirá—, Silvina Mayorga y el magistrado Walter Benditti. En total, serán juzgadas seis personas y cinco empresas.

Entre los imputados aparecen nombres conocidos en Concordia, como Daniel González —apodado “Gonzalito” o “Pajarito”— y su primo Javier Rubel, ambos vinculados a la firma Betail SA, señalada por la Justicia como una estructura utilizada para canalizar operaciones. También serán juzgados el contador José Carlos Noguera, su esposa Gabriela Saint Pierre, la empleada de su estudio Débora Ferreyra y Adriana Crucitta, pareja de González.

A ellos se suman las sociedades Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa, Industrial Argentina SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística, que, según la acusación, habrían formado parte del entramado utilizado para mover fondos y encubrir su origen.

La investigación fue impulsada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Federico Domínguez, quienes sostienen que estas personas habrían participado en operaciones de lavado de activos, falsificación de balances y documentación. En esta etapa del juicio, Kueider no estará entre los acusados.Qué se discute en el juicioEn términos simples, el tribunal deberá determinar si este grupo de personas y empresas fue utilizado para simular operaciones legales y justificar movimientos de dinero que, según la hipótesis judicial, tendrían un origen irregular.

Las defensas y los planteos pendientesLas defensas anticiparon que cuestionarán el avance del juicio. Por un lado, sostienen que aún no está definido qué tribunal debe investigar a Kueider, ya que existe una causa paralela en Concordia. Ese conflicto de competencia deberá resolverlo la Corte Suprema.

Además, remarcan que el principal señalado —el ex senador— no forma parte de este juicio, lo que considera una irregularidad. Sin embargo, desde la Justicia federal entienden que el proceso puede avanzar igualmente con los imputados actuales.

Otro de los planteos será la incorporación de nuevas pruebas, lo que deberá ser evaluado por el tribunal para determinar si corresponde o si se trata de una estrategia dilatoria.De este modo, el caso avanza hacia una instancia clave, con un juicio que pondrá bajo análisis un entramado de relaciones personales y empresariales que tuvo fuerte impacto en Concordia y la región.

El proceso por contrabando que involucra al ex senador nacional Edgardo Kueider y a su compañera de causa, Iara Guinsel, también oriunda de Concordia, volvió a reprogramarse y ahora tiene como nueva fecha de inicio el 1° de junio, a las 8 de la mañana, en la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Paraguay.La postergación respondió a cuestiones de agenda judicial, ya que el tribunal se encuentra abocado a otro juicio en curso por estafas, lo que obligó a reorganizar el calendario. No es la primera vez que ocurre: el debate ya había sido diferido anteriormente por situaciones similares.

Kueider y Guinsel llegarán a esta instancia bajo arresto domiciliario, condición en la que se encuentran desde diciembre de 2024, cuando fueron interceptados en territorio paraguayo con una suma de dinero sin declarar. Tras ese episodio en la frontera, Guinsel (35) declaró ante el fiscal paraguayo que el dinero le pertenecía y que lo había recibido de una firma con sede en Asunción, Golden Sur, para la cual trabajaba. Según indicó, actuaba como apoderada de la empresa y los fondos estaban destinados a la compra de productos electrónicos, perfumes y cosméticos.

Para la fecha prevista del juicio, ambos acumularán cerca de un año y medio privados de libertad, período que podría ser computado en caso de una eventual condena.La causa gira en torno a un intento de cruce fronterizo entre Brasil y Paraguay con más de 200 mil dólares, además de dinero en moneda local y pesos argentinos, sin la correspondiente documentación. La acusación sostiene que se trató de una maniobra de contrabando en grado de tentativa, delito que en la legislación paraguaya prevé penas que podrían implicar cumplimiento efectivo.

Mientras tanto, la situación judicial del exlegislador también tiene derivaciones en Argentina, donde se tramita un pedido de extradición en una causa por presuntas irregularidades patrimoniales. Sin embargo, las autoridades paraguayas establecieron que primero deberá resolverse el proceso en ese país.En paralelo, la defensa del exsenador mantiene su postura, basada en cuestionar la tipificación del hecho y el origen del dinero incautado. A pesar de las sucesivas demoras, la estrategia no presentaría cambios sustanciales de cara al inicio del juicio.

Actualmente, ambos cumplen detención domiciliaria en la ciudad de Luque, bajo control policial, a la espera de una definición que continúa postergándose en el tiempo.

Será juzgado junto a su exsecretaria, Iara Guinsel, mientras en la Argentina también enfrenta causas abiertas tanto en la Justicia Federal como en Concordia, lo que agrava su escenario judicial y político. El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales, publicó InfoBae. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El exsenador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está KueiderEl exlegislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m 2 También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800. El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la JusticiaEl ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del exlegislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

El fiscal adjunto de Paraguay, Manuel Doldán Bauer, dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a la Argentina. La opinión del Ministerio Público Fiscal del vecino país será enviada ahora al magistrado que entiende en la causa, Rolando Duarte. El titular del juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción deberá decidir si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, el exsenador y su acompañante quedarán en condiciones de ser enviados a la Argentina.La deportación fue solicitada por una de las juezas que investiga a Kueider. Se trata de Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro. La magistrada puso la lupa sobre el exsenador entrerriano luego de encontrar una referencia a él en una causa por pago de coimas y por la presentación que hizo un particular sobre la declaración jurada que Kueider realizó siendo senador, publicó el portal de Infobae.El expediente principal se inició a raíz de una denuncia que presentó la empresa Securitas. Luego de una auditoría, la multinacional de seguridad privada detectó que varios de sus gerentes pagaron coimas para quedarse con contratos de empresas públicas. Una de ellas era Enersa, la distribuidora estatal de electricidad de Entre Ríos. Kueider actuó como representante del Poder Ejecutivo en asambleas de accionistas. Y fue mencionado como “Cuaider” en un mensaje encontrado en el celular de uno los implicados en “Securitas”.El involucrado era Claudio Tortul, empresario de Paraná y vecino del exlegislador en la torre de lujo Live, ubicada en una de las zonas más caras de la capital entrerriana.El fiscal paraguayo consideró que el pedido de Arroyo Salgado era procedente. En su presentación, la jueza de San Isidro cumplimentó todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que la jueza realiza. Los tres anteriores fueron rechazados en el país vecino, destacó el portal de Infobae.Ahora, Doldán Breuer consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en el Paraguay. Se trata del lavado de activos. Es el último de una cadena de acusaciones que le hace Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación.La resolución fiscal paraguaya planteó que, en caso de que Roldán Duarte avale su criterio, antes de concretarse la extradición deberá cumplimentarse otro requisito: que Kueider y Guinsel rindan cuentas a la Justicia paraguaya por intentar ingresar con más de USD 200.000. Es que, en una causa paralela, ambos deberán ser sometidos a juicio por el hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva.Esta causa fue elevada a juicio el pasado 31 de julio por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos.En otro tramo del dictamen, el Fiscal planteó que debería advertirse a las autoridades argentinas que Kueider y Guinsel no podrán ser juzgados por delitos distintos a los que motivaron el pedido de extradición sin el previo consentimiento del Paraguay.El exsenador y su pareja cumplen arresto domiciliario desde diciembre del año pasado en el marco del delito de contrabando. Primero estuvieron en un complejo de departamentos de lujo y luego se trasladaron a un dúplex en el Barrio San Vicente de Asunción. Allí los fueron a buscar personal de Interpol Paraguay a fines de julio. Los arrestaron debido a la causa por extradición a la Argentina. Ante Duarte, se negaron al proceso simplificado que hubiera implicado su inmediato traslado a nuestro país. Por eso se abrió un juicio de extradición. El magistrado les mantuvo la prisión domiciliaria. Pero les impuso el uso de tobilleras. 

El caso y las acusacionesKueider fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la frontera con Paraguay junto a su pareja, Iara Guinsel Costa, cuando transportaban más de 200.000 dólares sin declarar. Permanece bajo arresto domiciliario en Paraguay mientras enfrenta un proceso judicial por contrabando.En paralelo, la jueza Arroyo Salgado lo investiga en Argentina por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el marco de la causa “Securitas”, que indaga un presunto pago de coimas para obtener contratos con empresas estatales como ENERSA.

Kueider se declara inocente y carga contra la juezaEn declaraciones radiales, el exsenador expresó su indignación:“Piden por mí la pena máxima por esto, que son 14 años, y a Cristina Kirchner le dieron seis años de prisión por la causa Vialidad. Esto es una falsedad total, una truchada que debería ser anulada inmediatamente”.

Kueider acusó a Arroyo Salgado de “abultar la acusación” para elevar la pena:“La mínima es de cuatro años y medio, y me piden 14. ¿Por qué? Porque se infló la acusación. ¿Con qué intención? No sé, quizá para darle mayor volumen a todo”.Vinculación con la causa Securitas

El exsenador cuestionó la competencia de la jueza:“Esto está atado a la causa Securitas, o sea, a ese delito precedente. La prueba de conexidad tendría que ser mucho más sólida. Nada de eso hay. Es una causa muy agarrada de los pelos”.Incluso deslizó sospechas sobre un interés personal detrás del caso:“No quiero pensar que esto haya servido para aspirar a algún lugar en la Corte Suprema o para usarme de chivo expiatorio en una causa de impacto mediático y lograr posicionarse”.

Su versión sobre el dinero incautadoKueider volvió a negar que el dinero fuera suyo:“No son míos, ni siquiera de mi acompañante. Pertenecen a operaciones que ella hacía en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado desde el primer día y está en el expediente”.

Rechazo a la extradición abreviadaSobre el intento de Arroyo Salgado de traerlo a declarar a la Argentina, Kueider fue tajante:“No puedo volver sin aclarar antes lo de Paraguay. Tengo que demostrar que ese dinero no era mío, que no venía de Argentina y que eran operaciones legales, financieras e inmobiliarias, fundamentalmente”.Recordó que el pedido de extradición ya había sido rechazado tres veces por errores formales y señaló que la fiscalía paraguaya avaló la posibilidad de una declaración indagatoria remota. 

El exlegislador entrerriano quedó detenido junto a una acompañante tras ser sorprendido con una millonaria suma de dinero no declarada cuando ingresaba a Paraguay desde Brasil.La Justicia de Paraguay formalizó este jueves la imputación del senador nacional argentino Edgardo Darío Kueider, por el delito de tentativa de contrabando. Junto a él también fue imputada Iara Magdalena Guinsel Costa, quien lo acompañaba al momento de ser detenido en un control fronterizo.Según confirmaron los fiscales paraguayos Édgar Benítez y Gabriel Segovia, el procedimiento tuvo lugar en la cabecera del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú (Brasil), cuando el legislador se trasladaba en una camioneta Chevrolet Trailblazer 4×4 negra. Al revisar el vehículo, agentes aduaneros encontraron una mochila que contenía 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos, todo sin declarar.Como consecuencia de este hallazgo, Kueider y Guinsel Costa quedaron detenidos en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. El expediente judicial quedó en manos del juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú, quien ordenó una audiencia telemática para evaluar la situación procesal de los imputados.El senador declaró ante los fiscales que el dinero no le pertenecía y que su presencia en Paraguay respondía a una reunión de negocios vinculada a la joven Guinsel Costa, a quien atribuyó la titularidad de los fondos. Sin embargo, las autoridades paraguayas sostienen que existen “elementos de convicción suficiente sobre la existencia de un hecho punible grave”, lo que motivó la imputación.Del total incautado, el Ministerio Público paraguayo restituyó al legislador la suma de 9.900 dólares, correspondiente al monto máximo permitido para ingresar al país sin necesidad de declaración.Investigación en ArgentinaEste episodio fronterizo no es el único que compromete al ex senador por Entre Ríos. En Argentina, Kueider ya era investigado por enriquecimiento ilícito en la Justicia de Concordia, y está involucrado en otra causa federal en San Isidro, por presuntas coimas relacionadas con contratos de una empresa de seguridad. A raíz de los nuevos hechos, la PROCELAC inició de oficio una nueva investigación patrimonial para determinar el origen de los fondos incautados.La situación judicial se agrava con su mención en una megacausa que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado, en la que se investiga a la empresa de seguridad Securitas por supuestas maniobras irregulares para mantener contratos con el Estado y otras entidades privadas.Mientras tanto, desde Paraguay aseguran que el ex legislador no goza de ningún tipo de inmunidad diplomática y deberá enfrentar el proceso judicial como un ciudadano más, conforme a las leyes locales. El procedimiento penal podría extenderse hasta cuatro meses, mientras que el proceso administrativo tributario llevaría al menos 90 días.El escándalo tiene fuertes repercusiones tanto en Paraguay como en Argentina, y deja en el centro de la escena a uno de los legisladores más cercanos al oficialismo en Entre Ríos, ahora bajo la lupa por presuntos delitos económicos y financieros.Con información de Infobae 

Larocca, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, debió resolver la apelación presentada por la defensa de Kueider. El planteo de Carlos Conti, abogado de Kueider, era que la decisión del juez de Garantías, Ives Edwin Bastián, de rechazar la inhibitoria planteada por Arroyo Salgado afectaba en un doble sentido a su defendido.En primer lugar que, al no remitirse el caso a la justicia federal se permitía la tramitación en simultáneo de dos casos idénticos, violándose la prohibición de doble juzgamiento.Por otro lado, señaló la existencia de una doble persecución penal en contra del ex senador. En ese sentido, consignó que se investiga en la justicia federal y en la justicia ordinaria provincial por la misma causa a Kueider (enriquecimiento ilícíto). Esto lleva a que dos tribunales lo persiguen por igual caso, donde se tratan los mismos delitos. Por ello, evaluó Conti, existiría identidad de la persona y del objeto.Este escenario doble generó problemas para la defensa, resaltó el letrado. Ejemplifica que en la justicia federal se han efectuado allanamientos y secuestros de elementos. Y lo mismo ha ocurrido en la justicia provincial. Por ello, mucha documentación secuestrada que sirve de prueba para una causa no puede ser obtenida para acreditar en otra y ejercer el derecho de defensa debidamente, generando ello “un grave perjuicio para el proceso”, precisó Conti.Por otro lado, marcó que la causa en trámite en el Juzgado Federal es “más antigua” que la que tramita en la Fiscalía de Concordia. Y que la causa de Buenos Aires tiene más de cincuenta cuerpos, varios imputados y hay detenidos.

RazonesLarocca rechazó todos estos argumentos. “Al menos en esta etapa no puede hablarse de causas que tengan el mismo objeto, menos que pueda considerarse parte de un concurso ideal de hechos”.El apelante “no ha demostrado el agravio que denuncia”. Esto es “no ha logrado acreditar que en la justicia Federal se esté investigando a su defendido por los mismos hechos que se investigan en la Unidad Fiscal de Concordia”.Los supuestos elementos indiciarios contra Kueider en la causa de Arroyo Salgado están relacionados con una participación que habría comenzado como representante de las acciones pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos en la empresa ENERSA. Esto está bajo la lupa de la magistrada federal en el marco de la causa Securitas.Este hecho “habría sido autorizado a finales del mes de abril de 2019”, señaló Larocca. Por el contrario, la causa de Concordia “se ciñe estrictamente a períodos anteriores, en donde Kueider era concejal de Concordia, luego funcionario de la Municipalidad de Concordia, y finalmente como Secretario de la Gobernación de la Provincia, que en su conjunto abarcarían los años 1999 a 2019”.De esta manera, no existiría coincidencia en los períodos analizados por ambos Tribunales.Por eso “aceptar la inhibición pretendida por la justicia federal en esta etapa, con la falta de claridad imputativa señalada, implicaría cerrar indebidamente las puertas a una investigación desarrollada por la UFI de Concordia”, entendió Larocca.“Pero además, al no existir la mencionada delimitación, se corre seriamente el riesgo de declarar la incompetencia por hechos que nada tendrían que ver con lo que se investiga en la justicia Federal, no surgiendo al menos en esta instancia, ninguna conexidad objetiva ni subjetiva como se pretende”, agregó.En esa línea, acotó que los “escasos”  elementos de convicción que son materia de evaluación impiden dilucidar el verdadero alcance delictivo de los hechos materia de ambos procesos”. De allí que una eventual inhibición correspondería ser estudiada en “un estadio ulterior”, precisó.

Para llegar a este punto se necesitarían “mayores precisiones e incorporación de elementos necesarios para dar precisión a los sucesos y las calificaciones que le pueden ser atribuidas al sospechado, toda vez que resulta necesaria precisiones temporales concretas de las acusaciones respectivas”, consignó el magistrado.Por todo ello, rechazó la apelación y confirmó la decisión de rechazar el pedido de Arroyo Salgado.

Mientras fue secretario general de la Gobernación en el primer mandato del gobernador Gustavo Bordet, Edgardo Kueider, recibió dinero en efectivo que sumó, a lo largo de cuatro años, el equivalente a un millón de dólares. En una primera reconstrucción realizada por Infobae, se constató que manejó entre 2018 y 2019 una cifra superior a USD 500 mil a través de una autorización legal.Ahora se pudo comprobar que durante los años 2016 y 2017 tuvo a su disposición otro monto similar. Fue luego de una transferencia de partidas realizada vía decreto por el ex gobernador Gustavo Bordet.Estos recursos llegaban a su oficina en fajos de billetes dos veces al mes, al principio y a mitad del período, durante cuatro años. El monto total presupuestado era dividido por doce meses. Y en cada quincena se le hacía llegar a sus manos un 50% de esa cuota mensual.

El procedimiento, según pudo reconstruir este medio, era el siguiente. El primer paso era una nota firmada por Kueider en la que solicitaba al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación que se le haga entrega de un determinado monto. Esto debía tomarse de la partida 3.9.2. Ese número correspondía en el nomenclador a los gastos reservados, consignó un informe publicado en el portal de Infobae.Con ese escrito se iniciaba un expediente. A la solicitud se le agrega una autorización del gasto y una orden de pago. Todo tenía la rúbrica de Kueider. Con esa documentación, se solicitaban los fondos a la Tesorería General de la Provincia. De allí salía un cheque nominado a la orden del Contable de Gobernación.

Las autoridades de esta dependencia administrativa endosaban el cheque a favor de una persona que trabajaba en el área. Lo hacían “en procuración”. Este tipo de operación permite al portador del valor conferir su representación para exigir el pago sin transmitir su propiedad y sin tener que recurrir a las formalidades del mandato.

Cámaras de seguridad en el despacho de Kueider

Una vez al mes, con una mochila que se compró al efecto, esta persona iba a la sede central del Banco de Entre Ríos y cobraba el cheque en ventanilla.Al regresar a Casa de Gobierno, los fajos de billetes eran acomodados en la caja fuerte del Tesoro Provincial. El dinero no se contaba. Los primeros días de cada mes o cuando se había cumplido la quincena, Kueider llamaba al Contable de la Gobernación a través del sistema Cronos, una red telefónica interna del Gobierno de Entre Ríos que permite intercomunicar a todas las oficinas del Estado. Estas comunicaciones no quedan registradas.

Ese llamado implicaba que había que llevarle dinero. La operación se realizaba después de las 13. A esa hora termina el turno de trabajo de la planta de personal y la Casa de Gobierno queda casi vacía. El dinero se preparaba en Tesorería dentro de bolsas de residuos y de cajas de resmas de papel para evitar que quedara a la vista. Es que la persona que debía llevarlo hasta el despacho de Kueider tenía que caminar 50 metros por las galerías de la Casa de Gobierno y atravesar una guardia policial antes de llegar a destino.

Por cada entrega de dinero que se hacía, el secretario general de la Gobernación firmaba un recibo oficial emitido por el SIAF (Sistema Integrado de Información Financiera). Kueider no debía rendir ante los órganos de control en qué utilizaba el dinero. Solo tenía que constar que había llegado a sus manos. Solía quejarse de que le entregaran billetes chicos, de cien pesos. En esos años, las denominaciones más grandes eran de $500 y $1.000.Antes de darle destino final, Kueider guardaba el efectivo en una caja fuerte. Estaba en una dependencia muy pequeña, pegada a su oficina. No estaba empotrada en la pared. Las nuevas autoridades no la encontraron.El recibo se adjuntaba a la nota, la autorización del gasto y la orden de pago y se sumaban al legajo de caja diaria de la Tesorería de la Provincia. La documentación era luego rendida al Tribunal de Cuentas.El detalle de los montos que manejó Kueider durante los cuatro años es el siguiente:* 2016 - $ 3,6 millones - Valor promedio del dólar oficial $ 14,97 - USD 240.080* 2017 - $ 5,1 millones - Valor promedio del dólar oficial $ 16,77 - USD 304.114* 2018 - $ 8,35 millones - Valor promedio del dólar oficial $ 28,61 - USD 291.913* 2019 - $ 10,062 millones - Valor promedio del dólar oficial 49,72 - USD 202.373* El total del período suma, aproximadamente, USD 1.038.480.

El marco legal

A partir de 2018, regía la ley provincial 10.533 que establecía que los gastos reservados quedaban en manos de la Secretaría General de la Gobernación. Pero durante 2016 y 2017 Kueider pudo manejar esos recursos luego de que Bordet se los otorgara por decreto.Los gastos reservados estuvieron en poder del Ministerio de Gobierno hasta 2015. Cuando asumió la gobernación, Bordet colocó en esa cartera a Mauro Urribarri, hijo de su antecesor Sergio Urribarri. La intención del nuevo mandatario era restarle poder al ex gobernador. Y por eso dictó dos decretos para quitarle el manejo de estos fondos que no requieren rendición.

El primero fue el 118 del 10 de febrero de 2016. Allí se transferían los gastos reservados del Ministerio a la Secretaría General. El mecanismo utilizado fue una modificación presupuestaria por transferencia compensatoria de crédito. Es una facultad que la Legislatura otorga al gobernador en cada ley de presupuesto.Pero esto no fue suficiente. Las áreas contables se negaron a entregar dinero de gastos reservados a Kueider porque no tenía una autorización expresa de uso. Eso se solucionó con un nuevo decreto: el 869 del 19 de abril. Allí se le otorgó al secretario general la facultad de disponer de los fondos de la partida 392, la de gastos reservados.

Estos movimientos de dinero son algunos de los registrados por las cámaras de seguridad que Kueider hizo instalar en su oficina. Según la entrevista que dio desde Paraguay el jueves, su intención era que sirvan para hacer una suerte de “Gran Hermano”. La idea era que las filmaciones se transmitieran a través de un sitio web y mostrar cómo trabajaban él y su personal.La historia fue distinta. Las cámaras utilizadas eran genéricas y tenían un bajo nivel de seguridad. Fueron hackeadas. Y usadas para captar los videos que se encontraron en un disco externo. El dispositivo había quedado en una prenda que Kueider dejó en un departamento que alquilaba en Buenos Aires. Cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, allanó el lugar, se topó con los registros, resaltó el portal de Infobae.

La magistrada, en el último resolutorio que tomó, sospecha que el dinero que se maneja en las oficinas de Kueider podría provenir de las coimas pagadas por la firma Securitas para quedarse con el contrato de seguridad privada de la empresa provincial de energía Enersa.Los videos corresponden a fines de 2018 y a principios de 2019. Kueider hizo una denuncia en la Justicia, alegando que habían querido extorsionarlo. Al respecto, dio varias versiones de cómo llegaron los videos a su conocimiento. En un primer momento, dijo que fue vía correo electrónico. En la entrevista que brindó el jueves pasado, afirmó que una persona (que no identificó, pero que no pertenecía a su círculo íntimo) le había hecho mención de la existencia de esas filmaciones.Lo que consta en la denuncia es una tercera versión.El fiscal coordinador de Paraná, Ignacio Aramberry, respondió un pedido de información pública presentado por Infobae. Indicó que Kueider expresó en su presentación que había recibido “un llamado de una persona desconocida quien le manifestó tener en su poder fotos, capturas de imágenes y videos comprometedores de funcionarios que se encontraban bajo la órbita del anoticiante”. La denuncia tiene fecha 12 de febrero de 2019.“Ante la falta de comprobación del hecho, se procedió al correspondiente archivo” de la causa, registrada con el N° 98079, el día 28 de marzo de 2023, concluyó Aramberry.(I:Infobae-Análisis) 

El planteo obligará al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia a revisar la sentencia de Bastián. El magistrado concordiense había rechazado hace unas semanas el planteo de inhibitoria que presentó Arroyo Salgado en diciembre. Además, le había sugerido a la jueza Federal de San Isidro que lleve el conflicto de competencia entre ambos juzgados ante la Corte Suprema, el único superior jerárquico común que tienen ambos Tribunales.

Sin embargo, la defensa de Kueider interpuso un recurso de apelación ante el fallo de Bastián. Y llevó su decisión a la instancia superior: el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. Este órgano judicial deberá, en los próximos días, fijar día y hora de la audiencia para tratar el planteo.

Bastián y Arroyo Salgado investigan a Kueider por el mismo delito: enriquecimiento ilícito. Pero lo hacen abarcando períodos distintos. La causa en Concordia abarca desde 1999 hasta 2023. La de San Isidro se centra en el lapso de 2019 a 2023.

Además, la jueza Federal tiene al ex senador en la lupa por lavado de dinero y una posible asociación ilícita en la que intervendrían otras personas ligadas a Kueider que fueron detenidas días atrás y trasladadas a Buenos Aires.

Según dijeron a La Nación fuentes judiciales, entre los presos está Daniel González, el socio de Kueider en su empresa Badial SA; Rita Machuca, su secretaria histórica; su primo Javier Rubel, que pasó de albañil a empresario; la abogada Adriana Cecilia Crucitta, socia de González; los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti, y Gabriela Saint Piere, esposa de Nogueras.El fiscal Fernando Domínguez imputó a los detenidos por la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local” y por haber presentado balances falsos de la empresa Betail SA, en la que Kueider figura como socio.Todos están acusados de facilitar que Kueider lavara dinero, producto de supuestos delitos de corrupción.En diciembre pasado, la Justicia allanó a estas personas y obtuvo computadoras, teléfonos celulares y documentación de sus operaciones bancarias, inmobiliarias y registros de sus empresas.Sobre la base de los chats de WhatsApp que se encontraron en los teléfonos es que se dispuso las detenciones de los acusados como facilitadores de las maniobras de lavado de dinero del exsenador. Además, en estos meses se analizó documentación de ARCA y se tomaron declaraciones a testigos sobre la maniobra investigada.Rodolfo Daniel González, además de socio de la empresa de Kueider, es el dueño de la camioneta que usaban el ex legislador y Iara Guinsel Costa, cuando fueron detenidos.González es amigo de Kueider y empleado de la Biblioteca del Congreso, asignado “en comisión” al despacho del exsenador.Los operativos de la Gendarmería se efectuaron en nuestra ciudad, donde fue preso Rubel, y se le secuestró un Volkswagen Polo. En Villa Celina se allanó una casa ligada a González y Crucitta, junto con otros domicilios en Combate de los Pozos al 100, en Balvanera.La historia de Rubel, el primo de Kueider, es particular. Es un maestro mayor de obras de Concordia que buscó fortuna hace 10 años en España con su pareja. Allí fue chofer de un camión y terminó como encargado de unas canchas de paddle.Con Kueider senador, regresó y debía hacerse cargo del 50% de Betail, que tenía su otro socio “Gonzalito”.Rubel aceptó y terminó como dueño de departamentos en una torre VIP de Paraná. Hasta mayo del año pasado, cuando las acciones volvieron a manos de “Gonzalito”El trámite se hizo ante la escribana Natalia Goñe, que tiene el Registro Notarial 20 de Concordia cuyo titular, hasta su muerte en 2023, fue Amado Ismael Kueider, tío de Edgardo y de Rubel.En 2022, Rubel fue acusado por su expareja del abuso de sus hijas y ahora espera ser juzgado por un jurado popular.La Justicia federal de San Isidro y la provincial de Entre Ríos vienen investigando a Kueider por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero desde hace un año. Pero lo que determinó el impulso de la causa fue su detención a fin de año, cuando cruzó de Brasil a Paraguay con 211.102 dólares sin declarar.Tras su detención, fue expulsado del Senado y está en arresto domiciliario en Paraguay, con un pedido de extradición pendiente para ser enviado a la Argentina.Edgardo Kueider estaba siendo investigado además por su eventual vinculación en el cobro de sobornos. En ese expediente fueron procesados los empresarios Marcelo y Claudio Tortul, constructores y gerentes de una empresa de seguridad en Entre Ríos, acusados de pagar sobornos a la empresa estatal de energía entrerriana Enersa para obtener sus contratos de seguridad privada.En esa época Kueider, fue secretario general de la Gobernación, era el responsable de la empresa estatal de energía.Según la causa que impulsó el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Kueider “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”.La denuncia señala que el senador sería propietario de la empresa BETAIL S.A. que tiene, o tenía, a su nombre al menos tres departamentos -N° 46, 57 y el semipiso N° 72- y dos cocheras -las N’12 y 14- en el edificio “Live”, ubicado en la calle Santiago del Estero 511, de Paraná, Entre Ríos, y que sería dueño del 50% de su capital accionario, según surge de la declaración jurada que presentara ante la Oficina Anticorrupción.El dueño del otro 50% del paquete accionario, según dice la denuncia, es un monotributista categoría “C”. Dice la denuncia que en las planillas de expensas, en lugar de aparecer la empresa Betail como propietaria, quien figura es Iara Guinsel Costa, secretaria de Kueider en el Senado de la Nación desde el 26 de febrero de 2024 hasta que quedó presa.Kueider era vecino en el edificio de Claudio Tortul y el grupo desarrollador del edificio Live también estaría conformado por socios de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, quienes poseen cinco unidades más en el mismo edificio.Kueider era director de Enersa en representación del Estado y en su declaración jurada no se mencionan las unidades de BETAIL S.A. que se encuentran al lado de las de Tortul.Un informe de inteligencia financiera de Paraguay aseguró que la secretaria del exsenador, Guinsel Costa, quiso comprar en efectivo seis departamentos en ese país por 460.000 dólares, aunque luego no se concretó esa compra. Los datos de esa operación quedaron asentados en reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados a la justicia argentina.El intento de compra de departamentos en Paraguay comenzó en abril de 2024, pero en junio se realizó el pago más importante de la frustrada operación, en los días posteriores a la sanción de la Ley Bases.Guinsel Costa había dejado en abril una seña en efectivo de 122.000 dólares para la compra de esos departamentos, que luego no se concretó y por el cual le devolvieron el dinero, pero registrado en el sistema de operaciones sospechosas (ROS).De acuerdo a la investigación, el segundo pago se hizo en junio, por 250.000 dólares.Según la publicación, uno de los detalles que llamó la atención fue que «la firma Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py Eas, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova».“Llamó la atención de los investigadores que Cousirat y Torales son los mismos integrantes de la firma paraguaya Golsur SA, donde Guinsel luego comenzó a figurar como apoderada”, agregó.La operación se frustró por la falta de documentación solicitada por la empresa Innova y, por ese motivo, el 3 de septiembre se firmó la rescisión del contrato que habían suscripto. (I:Análisis) 

Nexos comerciales y sospechas de corrupciónGonzález, señalado como cercano a Kueider, fue propietario de la camioneta utilizada por el exsenador para cruzar a Paraguay. Además, ambos fueron socios en Betail SA, una empresa investigada por la compra de propiedades en Paraná y su posible vinculación con fondos de origen dudoso.Por su parte, Crucitta aparece en diversas sociedades creadas en Buenos Aires y compartió negocios con González en Arrocera Los Colonos y NEOPOP SA, entre otras firmas. Su celular fue secuestrado en diciembre durante un allanamiento a su estudio jurídico, donde también se detectaron registros de empresas vinculadas a la causa.

Cruce de competencias y vínculo con otros casosLa investigación de Kueider comenzó en Entre Ríos, pero la jueza federal Sandra Arroyo Salgado busca absorber el caso y vincularlo con otra causa por presuntos sobornos de la empresa Securitas a funcionarios públicos de la provincia.El fiscal Arias sostiene que los hechos investigados en Entre Ríos no justifican la intervención del fuero federal, y la decisión final sobre la competencia podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.

Expectativas sobre la apertura de los teléfonosEl análisis del contenido de los celulares es clave para la investigación, ya que la Justicia de Paraguay nunca secuestró los dispositivos de Kueider ni de su secretaria, Iara Guinsel Costa.Si bien la defensa de González sostiene que “no hay nada relevante” en los mensajes, la fiscalía considera que la información obtenida podría ser determinante para esclarecer el origen del patrimonio del exsenador y sus vínculos financieros con terceros.(I: Infobae-El Heraldo) 

Un mes después de la expulsión de Edgardo Kueider, el Senado resolvió dar de baja a todos los empleados temporarios que trabajaban en su despacho. Esta medida afecta a 14 agentes que desempeñaban funciones en el palacio legislativo y en el edificio anexo, bajo la dirección del exsenador, quien sigue detenido en Paraguay tras ser arrestado por intentar ingresar al país con más de US$200,000 junto con su pareja y exempleada, Iara Magdalena Guinsel Costa. La decisión se formalizó a través de dos decretos presidenciales firmados por Victoria Villarruel, el 16 y 24 de enero.La rescisión de los contratos estaba decidida desde el mismo momento en que Kueider perdió su condición de senador, pero se oficializó en enero debido a las pausas propias del receso de verano y el proceso burocrático para dar de baja al personal. Esta acción no afecta a los empleados permanentes, quienes, aunque enfrentaron un proceso de reasignación, han logrado encontrar nuevos destinos dentro del Senado.El grupo de empleados permanentes también vivió una situación tensa el 13 de diciembre, cuando fueron forzados a abandonar rápidamente sus puestos para permitir el cierre de las oficinas de Kueider, como medida preventiva tras un pedido judicial. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había solicitado el allanamiento de las oficinas del exsenador, lo que ocurrió poco después de su expulsión. El 20 de diciembre, algunos de esos empleados abrieron las oficinas para permitir el acceso del personal judicial. Desde entonces, los despachos permanecen cerrados, con seguridad del Senado, sin ser asignados a otro legislador. (I:La Nación)

La jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó su pedido de arresto domiciliario una vez extraditado a la Argentina, donde enfrenta múltiples causas por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Detenido junto a su secretaria tras ser interceptado en la frontera con más de 200 mil dólares no declarados, Kueider deberá permanecer en prisión preventiva.Arroyo Salgado argumentó que liberar a los acusados podría poner en riesgo la investigación, ya que podrían alterar o destruir pruebas clave.La causa en Argentina se intensificó con allanamientos en su despacho del Congreso y oficinas de sus asesores, donde Gendarmería secuestró documentos y material tecnológico bajo la supervisión de la Fiscalía de Fernando Domínguez.

Además, intentos previos de su defensa, como apartar a la magistrada o reincorporarse al Senado, fueron rechazados por la Justicia.

Con múltiples recursos denegados, Kueider y su secretaria permanecen en el centro de una investigación que expone delitos graves y redes de corrupción en el ámbito público.

Su extradición a Argentina sigue pendiente, pero la Justicia ya definió que no gozará de beneficios como el arresto domiciliario. 

El cuestionamiento radica en que, según lo establece el protocolo constitucional, Villarruel debía estar ejerciendo la Presidencia de la Nación en ausencia del presidente Javier Milei, quien en ese momento se encontraba de viaje a Italia sin haber realizado el traspaso formal de mando. Esta situación, producto de las tensas relaciones entre Milei y su vice, podría invalidar la votación, ya que la Constitución Nacional exige que la vicepresidenta asuma las funciones presidenciales cuando el titular del Ejecutivo se ausenta del país.La defensa de Kueider ya estaría considerando apelar la decisión, argumentando que la destitución se produjo en un contexto irregular y que la sesión careció de legitimidad. Por su parte, especialistas en derecho constitucional señalan que si se confirma la incompatibilidad en la actuación de Villarruel, la votación podría ser declarada nula.El caso, que ya había generado fuertes divisiones en el ámbito político, ahora enfrenta un nuevo capítulo que podría extender la incertidumbre sobre el futuro de Kueider en el Senado. Mientras tanto, las tensiones entre el presidente y la vicepresidenta añaden un nuevo elemento de conflicto al escenario político nacional.  La reciente expulsión del senador Edgardo Kueider, aprobada en una sesión del Senado por más de dos tercios de los votos, podría quedar sin efecto debido a un posible incumplimiento reglamentario. La sesión fue presidida por Victoria Villarruel, quien además de ser titular de la Cámara Alta, ocupa el cargo de vicepresidenta de la Nación.El cuestionamiento radica en que, según lo establece el protocolo constitucional, Villarruel debía estar ejerciendo la Presidencia de la Nación en ausencia del presidente Javier Milei, quien en ese momento se encontraba de viaje en Italia sin haber realizado el traspaso formal de mando. Esta situación, producto de las tensas relaciones entre Milei y su vice, podría invalidar la votación, ya que la Constitución Nacional exige que la vicepresidenta asuma las funciones presidenciales cuando el titular del Ejecutivo se ausenta del país.Esta posibilidad está contemplada en el artículo 88 de la Constitución Nacional, que establece que cualquier salida del territorio nacional por parte del Presidente, incluso breve, se considera como una ausencia del ejercicio del Poder Ejecutivo, delegando automáticamente sus funciones en la Vicepresidenta.Sin embargo, de esta situación probablemente nadie hablará. El senador concordiense Kueider parece no contar con defensores que eleven este argumento reglamentario tan relevante. Mientras tanto, la actitud de Milei, quien actúa como si fuera un monarca al ignorar los procedimientos constitucionales básicos, complica aún más un escenario ya cargado de tensiones políticas.

El Senado decidió expulsar al concordiense Edgardo Kueider con 60 votos a favor, superando ampliamente los dos tercios necesarios. La medida, impulsada por el kirchnerismo, responde a su detención en Paraguay al intentar ingresar más de USD 200.000 sin declarar. La remoción permitirá que su banca sea ocupada por una militante de La Cámpora,  se trata de Stefanía Cora, apodada “la Pepo”, una diputada provincial feminista que milita en la agrupación de Máximo Kirchner. El proceso estuvo marcado por intensas negociaciones, acusaciones de corrupción y un pedido de desafuero emitido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito en Argentina. A pesar de algunos reclamos de mayor debate y defensa, la presión política y las declaraciones públicas, incluso del presidente Javier Milei, precipitaron su destitución.

La decisión refleja tensiones internas en el Senado y sienta un precedente en casos de inhabilidad moral de legisladores. Kueider sigue detenido en Paraguay mientras se desarrollan las investigaciones en ambos países.

Se realizó el encuentro del Consejo Provincial del Partido Justicialista Distrito Entre Ríos con el objetivo excluyente de tratar la situación partidaria del senador nacional Edgardo Kueider, hoy en Paraguay con una situación judicial en curso.

Recordaron que, “desde este Consejo advertimos en su momento que la posición del senador frente al gobierno de Milei y, particularmente, su apoyo a una ley tan nociva a los intereses de la Nación, contradecía la doctrina, los valores y las máximas del peronismo. Ante esa situación, comenzaron a ingresar pedidos de expulsión de distintos Consejos Departamentales, Unidades Básicas y afiliados particulares, que fueron considerados en el histórico Congreso partidario realizado el 7 de septiembre de este año. Dicho congreso emitió el mandato de constituir una comisión encargada de definir la integración del Tribunal de Disciplina para analizar la sanción, según los establece nuestra Carta Orgánica”, señalaron.

“Sin embargo, los hechos recientes, por todos conocidos, modificaron el escenario y, no habiéndose constituido aún el Tribunal de Disciplina, este Consejo interpretó necesario, ante una situación excepcional como la presente y el reclamo masivo de las bases y órganos partidarios departamentales y locales, asumir transitoriamente las funciones propias del Tribunal de Disciplina y avocarse a las denuncias y causas disciplinarias, dirigidas al senador nacional. De esa manera se llegó a la resolución de expulsar a Edgardo Darío Kueider del Partido Justicialista de Entre Ríos por el incumplimiento de las obligaciones partidarias, por inconductas, indisciplinas y violación de principios y resoluciones de los organismos partidarios”, plantearon.

El motivo central de la expulsión de Kueider radica en su voto a la “Ley de Bases” al igual que “el acompañamiento que le dio al trámite legislativo, sea con de quórum, el despacho de comisión y el voto que permitió el desempate de la vicepresidenta Villaruel”, expresaron. A Kueider se le imputó la violación de las obligaciones previstas para los afiliados en la Carta Orgánica, “puntualmente el no cumplimiento de mandatos partidarios que indicaron el no acompañamiento a la ‘Ley de Bases’ al igual que la falta de disciplina partidaria al incumplir esta orden, del mismo modo que contradecir en forma grosera la plataforma electoral de Unión por la Patria acompañando la sanción de la denominada ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ (Ley 27.742), dado que entendió el Consejo Provincial que la legislación impulsada por Milei expresa una contradicción absoluta con la doctrina y la ideología peronista plasmada en la plataforma electoral presentada ante la justicia electoral”, señalaron.Para finalizar, manifestaron que “se va a respetar el derecho a la defensa que indica nuestra Carta Orgánica” e informaron que, con ese objetivo, “Kueider será notificado en el plazo de diez días a partir de la fecha”. 

En medio de la polémica que se desató luego de que el senador nacional, Edgardo Kueider, votó hace unos meses a favor de la Ley Bases, seguido por el pedido de expulsión de parte de varios de sus compañeros de partido y que en el último Congreso el PJ sostuvo que el legislador deberá pasar por un Tribunal de Disciplina, esta Agencia consultó a la vicepresidenta del justicialismo entrerriano al respecto.

“Cada uno toma decisiones personales que después tendrán que ser sometidas a la opinión de quienes permitieron que estén en los lugares que hoy ocupan, en este caso, es el Congreso de la Nación”, señaló Domínguez.La justicialista también enunció que “debemos volver a respetar las consignas por las cuales las fuerzas políticas luchan en las campañas y asumen compromisos” y también llamó a fortalecer el debate y el análisis interno para construir de manera sólida.

Posible expulsión

Ante la posibilidad de expulsar a Kueider del partido, Domínguez explicó: “No es una decisión a la que podamos aspirar individualmente o manifestar, tiene que ser orgánica y debe pasar por el Tribunal de Disciplina del partido”.“El Congreso definió que se haga ese camino correspondiente, que lo indica la Carta Orgánica y dejaremos que actúe la normativa vigente”. 

Reclamó que sea a “micrófono abierto, participativo y donde se puedan escuchar todas las voces” y que se evalúe la posibilidad de expulsar al senador Edgardo Kueider del partido. Es por el voto del senador a favor de la Ley Bases de Javier Milei. La ex legisladora propuso “construir un proyecto que vuelva a enamorar a la gente”.La ex diputada justicialista Carina Ramos, con pertenencia al espacio del ex intendente de Paraná, Adán Bahl, realizó manifestaciones de cara al Congreso del Partido Justicialista (PJ) que se realizará este sábado 7 de septiembre en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, sito en Juan Garrigó 3.408, en Paraná. Las acreditaciones se fijaron para las 9, en tanto que el debate comenzará a las 10. Ramos celebró “las posibilidades de encuentro y de escucha” se mostró a favor de incorporar a las minorías al partido.En declaraciones al portal Debate Abierto, Ramos opinó sobre la situación en la que quedó el senador nacional peronista, Edgardo Kueider, que tomó un camino individual, se apartó del bloque justicialista en el Congreso y votó a favor de la cuestionada Ley Bases del presidente Javier Milei. En este sentido, sostuvo: “Creo que quienes llegan a ocupar lugares de representatividad no están ahí por nombre propio, llegan por representación de un espacio político que tiene una identidad, un esquema de valores y uno no puede correrse de ese lugar, porque además hay un mandato popular y tiene que hacerse responsable de eso”.Ramos destacó la necesidad de hacer una autocrítica, para lo que entendió que el Congreso debe ser a “micrófono abierto, participativo y donde se puedan escuchar todas las voces”. Respecto de la situación de Kueider entendió que “debería estar en el temario a tratar el sábado, mi opinión es que estos casos queden a sometimiento del tribunal de disciplina”.

MedidasAl ser consultada respecto a si pediría la expulsión del partido del senador nacional, Ramos precisó que hay mociones presentadas solicitando la medida y añadió que “el Partido tiene que empezar a tomar medidas sobre este tipo de situaciones y deben evaluarse éstas actitudes de manera disciplinaria, porque esto le hace bien al partido de puertas hacia dentro y no es lo mismo ser traidor que no serlo y es muy bueno que se pueda debatir en el Congreso”.

Volver a las basesRespecto de la actualidad del PJ, la ex legisladora aseguró: “Estamos en un proceso de reordenamiento, pero sobre todo de volver a las bases y entender cuál es la agenda de la sociedad”, indicó y al mismo tiempo añadió: “Los debates no tienen que ser ni doctrinarios, ni filosóficos, tenemos que estar en un proyecto colectivo que venga a resolver los problemas, primero urgentes y luego con una planificación a mediano y largo plazo para el país, la provincia, y las ciudades que queremos”.Finalmente, la ex legisladora expresó que “de alguna manera tenemos que encontrar puntos de consenso que nos permitan construir un proyecto que vuelva enamorar a la gente… la gente tiene que convencerse de que el peronismo es una de las fuerzas políticas que busca transformar la vida de la gente a través de la justicia social”.

La pelea por la comisión bicameral de inteligencia está al rojo vivo. El último capítulo de la disputa fue una reunión que terminó muy mal entre Santiago Caputo y representantes del radicalismo, que reclaman la presidencia.Fuentes al tanto de las negociaciones contaron que en la UCR están furiosos con el asesor presidencial porque les negó la presidencia que pretendían para Martín Lousteau o algún otro legislador radical.La reunión de este jueves terminó en malos términos porque el joven Caputo avisó que la presidencia sería para un legislador de La Libertad Avanza o para el peronista entrerriano Edgardo Kueider, un aliado clave del gobierno en el Senado.Kueider tiene buena relación con Santiago Caputo, a quien se acercó a través del consultor Adrián Kochen. El acuerdo del gobierno con el entrerriano se fortaleció durante el tratamiento de la Ley Bases, cuyo voto fue clave para aprobar.A cambio, Kueider consiguió que le dieran al delegado de la Anses en Concordia y a un director en la conducción de la represa de Salto Grande. Pero Kueider también reclama la comisión de la Bicameral de Inteligencia.El problema para Santiago Caputo es que los radicales reclaman como propio ese lugar y le dijeron que le pague a Kueider con otro lugar. Pero como contó La Politica Online en el gobierno no darle ese lugar a legisladores en los que no confían y ya bloquearon a Emilio Monzó.Santiago Caputo busca a toda costa evitar que la oposición se quede con el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia para que no investiguen los manejos de la SIDE con los fondos reservados, desde donde se financiaría la red de trolls y la relación con periodistas e influencers.El asesor tiene especial interés en el área de Inteligencia y fue el artífice de la disolución de la AFI y la creación de la nueva estructura. Su interés por alejar a la oposición del control tiene que ver también con cuidar a su protegido Sergio Neiffert, a quien ubicó al frente del organismo pese a no tener experiencia en el rubro. 

En una reciente entrevista con El Heraldo, el senador Eduardo Kueider se pronunció enérgicamente sobre su compromiso con la provincia de Entre Ríos, enfatizando la importancia del desarrollo energético como clave para el progreso regional. Kueider afirmó: “Yo fui electo por el pueblo entrerriano, y mi compromiso es defender y pelear por los intereses de mi provincia. No podemos seguir cediendo federalismo a cambio de obras con más valor electoral que real”. El senador también abordó la situación dentro de su partido, el Justicialista, y la falta de apoyo que ha recibido de sus compañeros. “Muchos de mis compañeros no entienden mi lucha, creen que es una traición al partido, pero yo no estoy aquí para defender intereses políticos, sino para mejorar la vida de los entrerrianos”, subrayó. Además, Kueider habló sobre el histórico problema energético en Entre Ríos y su lucha para conseguir tarifas más justas: “Tenemos una represa ahí a mano con cinco dólares el megavatio y la terminamos comprando a cincuenta. ¿Cómo no voy a pelear por eso para mis entrerrianos?”.            Firme en sus posturas y convencido de hacer cosas de una vez por todas, por la gente.        La historia seguramente lo juzgará ferozmente por desconocer órdenes partidarias, pero tal cual las cosas y lo ya oficializado será una cuestión de tiempo para demostrar que la rebeldía en tiempos muy confusos, un día hizo justicia y lo esperado por décadas queda firme para una provincia que necesita y mucho más de lo que ella misma produce.