David Cayón - El oficialismo tiene todo listo para avanzar la semana que viene con el dictamen de los proyectos de ley que buscan reducir la edad de imputabilidad.El Gobierno no termina de aplacar el caso $Libra y otros dos ministros serán interpelados la semana de las elecciones en CABAEl Régimen Penal Juvenil actual establece el piso en 16 años y la Casa Rosada, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, envió un proyecto para bajarla a 13 años.Luego de varias reuniones suspendidas, una por los feriados de Pascuas, otra por el fallecimiento del Papa Francisco y una tercera por temor a no tener quórum por el feriado del 1 de mayo, el próximo martes se reunirá el plenario de comisiones que integrarán Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia. Y todo hace suponer que el oficialismo, cediendo, obtendría dictamen.En acuerdo con otras fuerzas políticas, La Libertad Avanza está cerca de conseguir las firmas necesarias para avanzar con su proyecto, pero con un cambio: la edad sería de 14 años y no de 13 como proponía originalmente.Con este cambio LLA se asegura el acompañamiento del PRO y de la UCR, el MID y otros bloques menores que suelen acompañar al oficialismo en el recinto. Es importante para el oficialismo lograr el dictamen de mayoría, teniendo en cuenta que en total hay 14 proyectos de ley que van desde bajar a 12 años la edad de imputabilidad hasta mantenerla en 16 años.Además de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos incluyen disposiciones sobre las sanciones aplicables a los menores que cometan delitos. En la mayoría de los textos se contemplan medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducción o de acercamiento a determinadas personas, así como reparaciones a las víctimas. Estas propuestas buscan equilibrar la necesidad de justicia con un enfoque que priorice la reintegración social de los menores.Un punto a resolver es el de las penas. Mientras el texto original del oficialismo establecía que entre las diferencias con el régimen penal para adultos es la del límite de las penas poniendo un techo de 20 años. Los proyectos de la oposición dialoguista bajan a 15 años como máximo el tiempo de reclusión. En todos los esquemas queda “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”.Un punto que también está en el debate y que es central, aunque el foco está puesto en la edad, es el de los espacios de detención para los menores. Al bajar la edad de imputabilidad, muchos legisladores señalaron que se incrementarán la cantidad de detenidos y señalaron que hoy el sistema no cuenta con lugares adecuados. Asimismo, el proyecto de ley no establece ninguna partida presupuestaria que implique la construcción de nuevos lugares de detención para los menores de 18 años. Infobae.

La Vicaría de los Pobres, la Vicaría de los Jóvenes y la Pastoral Social de la arquidiócesis de Córdoba expresan, en un comunicado, su posición frente al proyecto para busque que se baje la edad de imputabilidad de los menores en el país."Somos testigos del sufrimiento que están padeciendo hoy muchos, muchísimos niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios, que no tienen para comer. También somos testigos de los esfuerzos que hacen las organizaciones sociales, parroquias, comunidades evangélicas, comedores populares, para ofrecerles un plato de comida, un abrazo y una sonrisa", contextualizan. Desde estas experiencias, señalan: "Nos duele que alguien piense en bajar la edad de imputabilidad de los menores en vez de cuidar la vida que crece, preciosa a los ojos de Dios, dándoles oportunidades de crecimiento responsable y abogando por sus derechos". En el texto, consideran que la realidad de los menores que delinquen debería ser abordada en toda su complejidad, poniendo el foco, principalmente, en el entramado de circunstancias socioeconómicas, psicológicas, familiares y culturales que están en su génesis. "Penalizar no es la solución", subrayan."Lo que, como sociedad y Estado, ha de preocuparnos y ocuparnos responsablemente es buscar y encontrar soluciones verdaderas a la problemática de prácticas delictivas por parte de menores", sostienen y se preguntan si esta realidad dolorosa y compleja "no es un mensaje que nos interpela a todos y nos desafía a descifrarlo". Los menores que delinquen no son "aerolitos caídos de arriba", plantean, sino que "tienen conexiones con los medios en los que crecen y viven y con los contextos socioeconómicos que los atraviesan".A su vez, consideran que "no es racionalmente serio concentrar en la persona individual del menor la responsabilidad de su comportamiento, eximiendo o dejando de lado la incidencia del contexto en el que se desplegó su biografía". Al respecto, señalan que "la mayoría de los menores que delinquen viven en condiciones de pobreza y, en muchos casos de miseria extrema, situación que solo se profundiza con la crisis económica cuyas primeras víctimas son las personas excluidas de un sistema que se beneficia del individualismo".  "Algo tiene que cambiar en nuestra sociedad y en nuestra cultura actual", acotan, e invitan a pensar "con fundamentos" si bajar la edad de penalización contribuirá a erradicar la delincuencia de los menores o si, por el contrario, sólo satisfará reclamos de venganza, aumentará los resentimientos y profundizará la herida social.

En ese sentido, plantean que sería "un camino mucho más humano, justo y constructivo, reconocer que hay una evidente ?aunque no asumida- responsabilidad social ante esta problemática" y animan a "hacernos cargo, estudiar interdisciplinarmente sus causas y elaborar estrategias eficaces de solución"."Estamos en contacto y también sufrimos con quienes son víctimas del actual escenario de inseguridad, violencia y delitos, también cuando son perpetrados por menores. Conociendo directamente el dolor de las víctimas, estamos convencidos que la solución no es bajar la edad de imputabilidad", aseguran.Por eso, indican que mejor es prevenir, "porque creemos en la dignidad infinita de todo ser humano, y confiamos en sus posibilidades de superación".Al respecto, proponen no resignarse ante la penosa realidad de los menores que delinquen, y piden invertir todos los recursos que sean necesarios para "fortalecer a las familias, asegurándoles el derecho a la tierra, el techo y el trabajo (las 3 T); hacer llegar a todos la necesaria seguridad alimentaria y las condiciones de salud integral; alentar, sostener económicamente, ofrecer capacitación a todos los niveles de educación pública; promover espacios de socialización integradora mediante el deporte, las artes, el trabajo comunitario, la recreación, las diversas manifestaciones culturales, mediante la asignación de los presupuestos necesarios".(AICA) 

Argentina es el país de la región en el que se le otorga un celular a un nene con mayor anticipación, siendo los 9 años la edad promedio. Así lo indican estudios realizados por Google y Unicef en el que los padres argumentaron como principal motivo el entretenimiento (26%), seguido por logística y seguridad (23%).

De acuerdo con lo que indicó Guadalupe Rivero en ámbito.com, Google relevó el testimonio de 600 adultos, entre papás, mamás y docentes, mientras que UNICEF entrevistó a 560 niños y niñas de entre 13 y 19 años distribuidos en todo el territorio nacional.

El 50% de los menores reconoció haber presenciado o haber sido víctima de alguna experiencia negativa en Internet, en especial vinculada a contenido inapropiado relacionado con pornografía o incitación a la violencia, por ejemplo.

Respecto a las preocupaciones en materia de seguridad, el 54% de los adolescentes se pronunció respecto a la preservación de la privacidad y seguridad de su información, mientras que a los padres les inquietan cuestiones como el contenido inapropiado (40%) y el ciberacoso (31%). Por su parte, a los docentes se ven más alarmados por el acoso cibernético.

Mientras tanto, el 64% de los chicos opina que sus docentes no hacen lo suficiente para mantenerlos seguros en la web, contra el 70% de docentes, que afirma que sí lo está haciendo.

Por otro lado, el 94% de los jóvenes sostiene que la ciudadanía digital debe enseñarse a todos los chicos de Argentina, en lo cual coincidió el 86% de los maestros.

Otro dato interesante es que el 62% de los padres en el país son los que menos se capacitan de la región, mientras que más del 60% de los docentes dice haber asistido a una capacitación, seminario o taller para aprender sobre seguridad en línea y ciudadanía digital. El 69% de los chicos, en tanto, plantean que quieren recibir este tipo de instrucción tanto en el colegio como en su casa. (Minuto Uno)