La actividad se enmarca en el Mes de la Sensibilización sobre la Discapacidad.El encuentro tiene como finalidad generar un espacio de formación, sensibilización e intercambios, promoviendo la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad, desde un abordaje interdisciplinario y comunitario.Será un espacio de capacitación interdisciplinaria a cargo de profesionales de la abogacía, psicopedagogía, neurología, obstetricia, medicina general, equinoterapia, kinesiología, terapia ocupacional y ortesis, junto con una exposición sobre la Lengua de Señas Argentina. Su eje distintivo es la mesa de experiencias de vida, en la que personas con discapacidad comparten en primera persona las barreras que enfrentan para acceder a la sociedad.Durante las jornadas se desarrollarán exposiciones, talleres y espacios de intercambio vinculados, entre otras temáticas, con: Discapacidad, inclusión y accesibilidad; Derechos y marco jurídico de las personas con discapacidad; Psicología y aspectos emocionales y vinculares; Psicopedagogía y abordaje de niños con TEA; Neurología y trastornos del desarrollo; Sexualidad y discapacidad; Kinesiología, postura y cuidados diarios; Terapia ocupacional y autonomía; Ortesis y dispositivos de asistencia; Lengua de Señas Argentina (LSA) y comunicación accesible; Equinoterapia y deportes adaptados; Gerontología y discapacidad; Experiencias de vida en primera persona.

La jornada está dirigida a agentes municipales, profesionales, instituciones, estudiantes, personas con discapacidad, familias y público en general. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa y cupo limitado. Además, se otorgará certificado de asistencia.Para mayor información, dirigirse a la Coordinación Municipal de la Administración Pública, 2.º piso del Centro Cívico, en calle Mitre y Pellegrini o vía WhatsApp al 345 414 6172.

Nos atrevemos a hacerle algunas consideraciones porque una de esas causas a las que Ud. se refiere son las personas con discapacidad.

En primer lugar, esta temática no ha sido una prioridad para el socialismo. En nuestro país, como en tantos otros, han sido las familias de las personas con discapacidad quienes impulsaron principalmente la promoción de sus derechos, ante la ausencia de movimientos que asumieran esta causa. Ha costado mucho lograr que la discapacidad se incorporara a las propuestas de los distintos partidos políticos. Por lo tanto, desconocemos en qué datos de la realidad se basa para sostener esta afirmación.

Segundo, diputados socialistas, al igual que muchos de otros partidos, defienden que no disminuya la inversión destinada a este sector de la sociedad, porque son muchas las personas con discapacidad que no reciben los apoyos necesarios para desarrollarse integralmente, tal como lo establecen las leyes de nuestro país. No se trata de nuevos derechos, sino de acciones y medidas que generen las oportunidades que estas personas necesitan y que quienes no tienen una deficiencia no requieren.

No se está exigiendo crear ninguna estructura burocrática gigantesca, porque ya existe en el Estado nacional el organismo que administra las pensiones no contributivas y el Programa Federal de Salud destinado a estas personas. Esta «caja», como se dice, la maneja el propio Estado, en este caso, el Ministerio de Salud de la Nación.Si asumimos su pensamiento, usted estaría dando a entender que este organismo carece de controles y transparencia. Sin embargo, no es así: algunos funcionarios actuales realizaron auditorías y denunciaron que en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había gastos millonarios sin justificar y compras de elementos con sobreprecios significativos. Estamos esperando conocer cómo avanza esta denuncia.Si aplicamos sus dichos en esta área, es su gobierno el que tiene que mostrar los números, rendir cuentas, explicar qué ha pasado. Esperamos que muestren qué ha pasado con la plata y quiénes son los responsables.

Las medidas tomadas por ustedes no han buscado ayudar a quienes más lo necesitan. Su único fin fue destinar menos recursos a estas personas y abandonarlas.El supuesto negocio que usted afirma que se lleva el dinero de los que pagan impuestos lo maneja usted, porque la entrega de pensiones para estas personas, la autorización y el pago de las prestaciones y la medicación están a cargo del Ministerio de Salud. Por su parte, la atención de las otras personas está a cargo del PAMI, de las obras sociales nacionales y de las prepagas, que tienen recaudación propia y sus propias estructuras administrativas.Señor presidente, si usted entiende lo que hemos escrito, va a tener que desdecirse de su afirmación de que el socialismo tiene las cajas y el manejo de la atención de las personas con discapacidad. Esto está en manos de los gobiernos de turno y nunca estuvo en manos de gobiernos socialistas. Hoy es su administración la que maneja los impuestos que paga la gente y son sus funcionarios los que deben garantizar transparencia y controles.Usted tiene que abrir las cuentas. Usted tiene que mostrar los contratos. Usted tiene que rendir cuentas del último peso, porque, como usted dice, los argentinos merecemos saber en qué se gasta el dinero de los impuestos. Es usted el que tiene una gran deuda porque no ha destinado los recursos que la Ley de Emergencia en Discapacidad le obliga a ejecutar y que la Justicia, en dos fallos, le ha ordenado ejecutar.

Y, para finalizar, si fuera cierto que solo los socialistas defienden los derechos de las personas con discapacidad, nos sumaríamos a esa defensa, porque las causas nobles, como usted dice, son “nobles” más allá de quiénes las defiendan.

Foro Permanente de Discapacidad

La Cámara de Diputados volverá a concentrar este miércoles la discusión por la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Desde las 12, las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda buscarán emitir dictamen sobre los proyectos presentados para atender la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.La principal propuesta de la oposición plantea extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia establecida por la Ley 27.793. El tratamiento fue incorporado a la agenda luego del emplazamiento aprobado por la Cámara baja durante la sesión del 9 de septiembre.La reunión anticipa una nueva disputa entre los bloques opositores y La Libertad Avanza. Mientras un sector de Diputados intentará reunir las firmas necesarias para garantizar la prórroga, el oficialismo trabaja con sus aliados en la elaboración de un dictamen alternativo.

El Gobierno busca evitar otra derrotaLa estrategia de La Libertad Avanza apunta a presentar un régimen diferente que atienda algunos de los reclamos del sector sin extender formalmente la emergencia.Las negociaciones alcanzan al PRO, la UCR y los bloques provinciales. El acompañamiento de esos espacios será decisivo para establecer cuál de las propuestas llegará al recinto con mayor respaldo.Entre los puntos en discusión aparecen la continuidad del nomenclador único de prestaciones, el sistema mediante el cual deben actualizarse sus valores, las condiciones de acceso a las pensiones y el cronograma para cancelar las sumas adeudadas a los prestadores.El oficialismo dispone de pocas horas para acercar posiciones y evitar que la iniciativa opositora se imponga en el plenario de comisiones.

El Presupuesto 2027 aumentó la tensiónLa presentación del Presupuesto 2027 profundizó las diferencias. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contiene cambios en el régimen de discapacidad que provocaron cuestionamientos de la oposición y también despertaron reparos entre sectores que habitualmente acompañan al Gobierno.La discusión presupuestaria quedó así vinculada directamente con el debate por la emergencia. Las disposiciones relacionadas con las prestaciones, las pensiones y sus mecanismos de actualización serán analizadas junto con la situación económica que denuncian instituciones, profesionales y familias.El Presupuesto proyecta una inflación anual del 18% y un crecimiento económico del 4%, pero varios de sus recortes sociales recibieron críticas incluso de aliados parlamentarios del oficialismo.

Una renuncia en plena discusiónA la tensión parlamentaria se sumó la renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad. El funcionario argumentó motivos personales para dejar el cargo en una semana particularmente sensible para el área.Vilches había ingresado en agosto de 2025 como interventor de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad y posteriormente quedó al frente de la Secretaría creada tras la reorganización del organismo.A comienzos de septiembre había asistido a una reunión informativa en Diputados, donde respondió preguntas sobre las políticas oficiales y la situación de las prestaciones. Su alejamiento deja al área en proceso de recambio cuando el Congreso debe resolver medidas centrales para su funcionamiento.

Dos propuestas y una definición pendienteEl resultado de la reunión permitirá saber si la oposición consigue sostener la prórroga hasta finales de 2027 o si el Gobierno logra ordenar a sus aliados detrás de una alternativa propia.La discusión excede la disputa entre bloques. De la decisión dependerán el financiamiento de tratamientos, la actualización de los aranceles, la continuidad de numerosos prestadores y las condiciones de acceso a las pensiones.Con el Presupuesto 2027 atravesando todas las negociaciones y la conducción del área nacional en transición, Diputados tendrá este miércoles una definición de fuerte impacto para miles de personas con discapacidad y sus familias.

La movilización, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se desarrollará entre las 11 y las 13, en el marco de la sesión especial prevista en la Cámara de Diputados.

El principal reclamo apunta a que el Congreso trate el proyecto de prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, iniciativa que fue presentada bajo el Expediente 4018-D-2026 y que cuenta con el acompañamiento de diputados y diputadas de distintos bloques.

Desde el Foro señalaron que resulta fundamental que el Poder Legislativo dé una respuesta ante una situación que, según plantean, continúa afectando de manera concreta a las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones prestadoras y los trabajadores del sector.

En ese sentido, remarcaron que la emergencia todavía persiste y reclamaron que el Congreso avance con el tratamiento de la iniciativa.

La convocatoria también busca visibilizar las dificultades que atraviesa el sistema de atención y prestaciones para personas con discapacidad y poner en agenda la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios y derechos vinculados al sector.

La propuesta brinda herramientas para acompañar a quienes tienen alguna discapacidad desde un enfoque integral y de derechos. La capacitación aprobada mediante resolución Nº 1.043 apunta a brindar conocimientos y herramientas para acompañar a personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, autodeterminación, vida independiente e inclusión social. Se desarrolla de manera presencial e híbrida, con encuentros los lunes de 15 a 19 y se extenderá hasta el 11 de diciembre. Además, contempla una instancia de práctica profesional supervisada obligatoria.La propuesta fue presentada por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y constituye una herramienta estratégica para la generación de empleo calificado. El perfil de formación prepara para el acompañamiento y apoyo personalizado de personas que tienen alguna discapacidad en domicilios y espacios comunitarios, educativos, laborales o recreativos. Entre las funciones principales se incluyen facilitar la participación comunitaria, colaborar en actividades de la vida diaria, promover entornos accesibles y brindar apoyos vinculados con la movilidad, la comunicación básica, la organización personal y el ejercicio de la autonomía.Cabe destacar que la certificación corresponde exclusivamente al campo de los apoyos personales para el ejercicio de la vida independiente y no habilita el ejercicio de incumbencias propias de profesiones reguladas, ni genera matrícula profesional o habilitación para facturar prestaciones ante obras sociales, empresas de medicina prepaga o el sistema de seguridad social.De este modo, la formación se constituye en una herramienta de política pública orientada a promover el empleo con enfoque de derechos, fortalecer la inclusión comunitaria y profesionalizar el rol de quienes brindan apoyos a personas con discapacidad.La primera clase contó con la participación del director de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger; el coordinador departamental Martín Álvarez; la secretaria de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, Ayelen Acosta; y el director general de Iprodi, Diego Vélez; junto a quienes capacitaban, el psicólogo Matias Zarate y la abogada Betaña Bolza. 

Velazque Pens explicó que el fallo fue dictado por el Juzgado Federal de Concordia y destacó que, por primera vez, el organismo nacional competente emitió un acto administrativo positivo reconociendo el beneficio solicitado. “Logramos un primer fallo a favor que salió publicado en el Boletín Oficial el 22 de abril y recién hace tres días nos fue comunicado por el juzgado”, señaló.

El letrado indicó que el caso corresponde a una persona que esperaba el reconocimiento de una pensión no contributiva por invalidez. 

Según explicó, tras la resolución favorable, el organismo nacional prometió comenzar a abonar el beneficio a partir del mes siguiente. Sin embargo, aclaró que todavía la orden de pago no había sido remitida a la Anses, entidad encargada de efectuar los depósitos.

“El reconocimiento ya está otorgado, y eso es lo importante. Antes, en casos similares, la Agencia Nacional de Discapacidad cumplía formalmente con el trámite, pero rechazando las solicitudes”, sostuvo el abogado.

En ese sentido, explicó que los argumentos utilizados por el organismo eran la falta de “entrecruzamiento de datos” para verificar si los solicitantes poseían bienes registrables, vehículos o inmuebles.

Velazque Pens consideró que muchas veces esos requisitos terminan perjudicando a personas que atraviesan situaciones críticas. 

“La ley es injusta. Estamos hablando de gente hipervulnerable, personas que sobreviven gracias a la ayuda de familiares, que les prestan un lugar para vivir o les acercan un plato de comida”, expresó.

Asimismo, señaló que varios de los beneficiarios realizan changas informales para subsistir, como cortar pasto o hacer mandados, ya que no pueden acceder a un trabajo formal. “Esto no es hacer trampa, es supervivencia pura”, afirmó.En relación al monto de las pensiones, el abogado remarcó que actualmente rondan los 350 mil pesos y sostuvo que resultan insuficientes frente al costo de vida actual. “Ni siquiera alcanza para cubrir lo básico. Está muy por debajo de cualquier canasta básica o incluso de lo que hoy representa una cuota alimentaria”, comparó.

El profesional también advirtió sobre las dificultades burocráticas que enfrentan quienes tramitan el Certificado Médico Oficial (CMO), documento indispensable para acceder a las pensiones. Según indicó, actualmente no se estaría realizando ese trámite en Concordia, obligando a muchas personas con discapacidad a viajar hasta Chajarí para completar la evaluación médica correspondiente.

“Considero sumamente injusto que una persona con discapacidad tenga que trasladarse a otra ciudad para realizar un trámite de este tipo”, cuestionó.

Velazque Pens sostuvo además que este fallo podría sentar jurisprudencia en Concordia, ya que anteriormente el mismo juzgado había validado respuestas negativas del organismo nacional. “Ahora, por primera vez, el acto administrativo se cumple en forma positiva a favor del beneficiario”, destacó.

El abogado aclaró que el amparo por mora no obliga directamente al Estado a pagar la pensión, sino a resolver administrativamente el expediente. Sin embargo, explicó que una vez obtenido ese reconocimiento, puede avanzarse con otros reclamos judiciales más profundos en caso de incumplimiento.

Finalmente, el letrado remarcó que junto a su estudio jurídico representan gratuitamente a las personas afectadas. “No cobramos honorarios a los clientes. Solo les pedimos que puedan reunir el dinero para enviar la carta documento. Entendemos la situación de vulnerabilidad que atraviesan”, afirmó.

Además, alentó a quienes atraviesen situaciones similares a buscar asesoramiento legal. “Hay mucha gente esperanzada. Ojalá este fallo sirva para que más personas puedan reclamar lo que les corresponde”, concluyó.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en los valores del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, estableciendo una suba del 2,6% correspondiente al mes de mayo.La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 517/2026 y forma parte del esquema de ajustes periódicos definidos en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).Desde el sistema de prestaciones básicas señalaron que el objetivo de estas actualizaciones es sostener el funcionamiento de servicios, instituciones y profesionales vinculados a la atención de personas con discapacidad, en un contexto de inflación y aumento de costos operativos.Con este nuevo incremento, el acumulado de aumentos durante 2026 alcanza el 15,48%, luego de las subas aplicadas en febrero, marzo y abril.Además, continuará vigente el adicional del 20% para zonas desfavorables de la región patagónica, contemplando las mayores dificultades y costos de prestación en esas provincias.El esquema de ajustes mensuales busca dar previsibilidad al sector y mantener actualizados los valores de honorarios, tratamientos y servicios contemplados dentro del sistema nacional de discapacidad.La decisión llega en medio de reclamos y cuestionamientos de distintos sectores vinculados a discapacidad, que vienen advirtiendo sobre el impacto del ajuste económico y el atraso en los valores de prestaciones frente al incremento general de costos.Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo esquema apunta a compatibilizar la actualización de aranceles con una administración “eficiente y sostenible” de los recursos públicos.

La actividad, destinada a agentes de la administración pública provincial, tuvo como objetivo fortalecer herramientas y criterios para incorporar la perspectiva de discapacidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. La apertura de la jornada estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; y el director del Iprodi, Diego Vélez. La instancia formativa estuvo a cargo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y fue desarrollada por los capacitadores Eduardo Santiago Quiroga y María Celeste Fernández, quienes abordaron la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, accesibilidad e igualdad de oportunidades.En ese marco, Berisso destacó la importancia de transformar la normativa en acciones concretas que garanticen derechos. "Las leyes, por sí solas, no tienen vida. Necesitamos conocerlas y convertirlas en herramientas para llevar adelante políticas públicas que tengan sentido y que permitan que en cada área del Estado se realicen acciones concretas en favor de las personas con discapacidad. Como nos marca siempre el gobernador Rogelio Frigerio", expresó.La ministra también valoró la amplia participación en la convocatoria y remarcó el compromiso de quienes formaron parte de la capacitación."Este encuentro superó nuestras expectativas y eso nos llena de satisfacción. Habla del compromiso que existe para seguir construyendo un Estado cercano, que se vincule con cada entrerriano y garantice una respuesta más inclusiva", sostuvo.La capacitación se fundamentó en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina posee jerarquía constitucional a partir de la Ley Nacional Nº 27.044, y en las normativas provinciales vinculadas a la protección integral de las personas con discapacidad. En este sentido, la Ley Provincial Nº 11.026 establece la obligatoriedad de la formación en discapacidad para quienes integran la función pública provincial, promoviendo una gestión estatal basada en el respeto por los derechos humanos, la accesibilidad y la inclusión.Por su parte, Diego Vélez remarcó que "estas instancias de formación son fundamentales para construir un Estado más inclusivo, donde la discapacidad sea abordada de manera transversal en cada una de las políticas públicas que se desarrollan en la provincia".La propuesta puso especial énfasis en la transversalidad de la discapacidad dentro de la gestión pública, brindando herramientas técnicas para consolidar políticas públicas más inclusivas e igualitarias en todo el territorio entrerriano. 

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores ratificaron que no están recibiendo los fondos que les corresponden. Por ejemplo, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que las demoras le generaron $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, brindó explicaciones ante la Justicia y alegó un “reordenamiento estructural”.La versión del Ejecutivo indicó que las demoras en los pagos responden a los tiempos naturales del proceso que lleva corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”.Por otro lado, está la transferencia administrativa: el traspaso del programa Incluir Salud de la ANDIS al Ministerio de Salud obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión”, lo que demoró la tramitación de los pagos.Por último, sostuvieron que las demoras no implicarían reducción de cobertura ni desatención, sino que estarían en “pleno proceso de regularización”. A esto se suma el argumento central que usó el Poder Ejecutivo Nacional desde el inicio del conflicto, y que la cautelar reseña en sus antecedentes. Tanto el Decreto 534/25 como el Decreto 681/2025 fundaron la observación primero y la suspensión después en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, condicionando la ejecución de la ley a que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento.Entre sus fundamentos para dictar la cautelar, el juez Vaca Narvaja contrastó los argumentos oficiales con una serie de hechos fácticos como facturas impagas, intereses millonarios pagados al fisco por los prestadores, tratamientos suspendidos y medicamentos sin entregar durante tres meses.Las explicaciones técnicas sobre reordenamientos y transferencias no resultaron válidas para el criterio del magistrado.La resolución judicial destacó que los atrasos en los pagos podrían generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, lo que pondría en riesgo la salud de las personas involucradas. El peligro en la demora se fundamentó en la naturaleza de los derechos en juego, ya que la interrupción de los tratamientos puede provocar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

El amparo presentado solicitaba la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 2 del Decreto 681/2025, que suspendía la ejecución de la Ley.Los jueces de la Cámara Federal de San Martín –Sala II– consideraron que esta cuestión ha devenido abstracta, en tanto el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la norma mediante el Decreto N.º 84/2026.Desde el Foro consideramos, en primer lugar, que los jueces de la Cámara Federal de San Martín no debieron limitarse a declarar la cuestión abstracta, sino que también debieron advertir al Poder Ejecutivo Nacional que no puede suspender, mediante un decreto, una ley sancionada por el Congreso.En segundo lugar, aclaramos a la población que la emergencia en discapacidad no es una cuestión abstracta ni una situación ya resuelta a partir de la sanción de una ley, su reglamentación y las resoluciones dictadas en consecuencia. Por el contrario, la situación continúa siendo sumamente grave y se agrava día a día.Actualmente, el Gobierno Nacional adeuda pagos correspondientes al período comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026 a prestadores que han cumplido con la atención de las personas derivadas. Esta situación impide a las instituciones afrontar sus gastos ordinarios y afecta directamente a los trabajadores, quienes no perciben de manera adecuada los salarios que les corresponden, comprometiendo así sus condiciones de vida.Desde el Ministerio de Salud de la Nación se señala que el Ministerio de Economía no deriva los recursos necesarios. Sin embargo, esta no constituye una justificación válida: el incumplimiento es del Gobierno Nacional, que tiene la responsabilidad de disponer las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por ley.En tercer lugar, los aranceles de las prestaciones presentan un atraso cercano al 40%, por lo que los valores actuales no alcanzan a cubrir los costos mensuales.Este reclamo fue planteado a las autoridades en el mes de febrero, sin haber sido debidamente considerado. En este sentido, se exigió el cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.793, en particular la realización del estudio de costos que debe llevarse a cabo anualmente y que no fue efectuado durante 2025.Esperábamos que el Gobierno Nacional cumpliera con sus obligaciones y con el compromiso asumido ante representantes de la Iglesia Católica de saldar las deudas durante el mes de abril, iniciando los pagos el lunes 13. Sin embargo, al momento, dicho compromiso no fue cumplido.Una vez más, el incumplimiento del Estado, materializado en la falta de respuesta de los funcionarios responsables, ha generado graves consecuencias: prestadores que han debido cerrar, trabajadores afectados y, fundamentalmente, personas con discapacidad que ven comprometida la atención que necesitan.Finalmente, reiteramos un reclamo que este Foro ha expresado en múltiples oportunidades y que también ha sido planteado por la Iglesia Católica al ministro Lugones: la falta de entrega regular de los medicamentos que muchas personas con discapacidad necesitan.Esta situación ya se registraba durante la gestión del presidente Alberto Fernández, pero se ha agravado a partir de las denuncias de irregularidades en la compra de medicamentos por parte de Incluir Salud durante la actual gestión del presidente Milei. Si bien se informó que esta problemática sería resuelta, hasta el momento no se han registrado avances concretos.Es fundamental que el Estado Nacional, y en particular los funcionarios responsables —ministros y secretarios—, reconozcan que las personas con discapacidad tienen pleno derecho al acceso a la educación y a la salud. Asimismo, son ellos quienes deben garantizar, ante la sociedad, el cumplimiento de la ley en el ejercicio de sus funciones.Esperamos que estos principios se traduzcan en acciones concretas y en el efectivo cumplimiento de sus obligaciones.

En respuesta a la preocupación expresada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ante la delicada situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad, el Ministerio de Salud de la Nación convocó a un espacio de diálogo que se concretó este lunes en su sede.

El encuentro reunió a funcionarios de distintas áreas del ministerio con representantes del Episcopado y de organizaciones vinculadas al servicio social y pastoral.

Por parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lic. Roberto Luis Olivieri; el secretario de Gestión Administrativa, Ing. Guido Giana; el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches; y el responsable de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Roberto Moro.

En representación de la CEA asistieron el secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara; el padre Aníbal Quevedo, coordinador de Hogares y Cottolengos; y el vocero del organismo, presbítero Máximo Jurcinovic.

Retrasos en los pagos y deudas con prestadores

Durante la reunión se abordaron las dificultades económicas que afectan a las instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad, muchas de las cuales enfrentan retrasos en los pagos y crecientes costos operativos que comprometen su sostenibilidad.

En este contexto, las autoridades sanitarias asumieron el compromiso de regularizar, a lo largo de abril, las deudas pendientes con los prestadores. Este punto fue considerado clave por los representantes eclesiales, quienes habían advertido sobre el riesgo de interrupción en la atención si no se adoptaban medidas urgentes.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de establecer un canal de diálogo permanente que permita dar seguimiento a la situación y avanzar en la actualización y fortalecimiento de los convenios vigentes. El objetivo común es garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones, así como brindar previsibilidad a las instituciones que trabajan en este ámbito. (AICA)

Ante la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional, convocamos a un cese de actividades los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo, El cese de actividades implica que prestadores del sector —escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas— no brindarán servicios durante esas jornadas, en reclamo por el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por parte de PAMI, Incluir Salud y Pensiones No Contributivas.En ese marco, este miércoles se realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires, donde representantes de instituciones, activistas y familiares expusieron el impacto de la situación.Adriana Salomone, de la Asociación de Padres DINAD —institución que brinda servicios escolares, centro de día y hogar permanente para personas con discapacidad— describió con crudeza el escenario actual:“La situación es como un tren: la locomotora son el Estado y las obras sociales, que tienen que poner en marcha el motor con los recursos para sostener la asistencia. En el medio están las personas con discapacidad y atrás todos los trabajadores: enfermeras, profesionales, docentes, terapeutas. Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza. Es como ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano: nos matamos todos”.Salomone explicó que muchas instituciones dependen casi exclusivamente de estos pagos para sostener su funcionamiento:“En nuestro caso, el 50% de la facturación corresponde a PAMI y un 30% a Incluir Salud. Ninguno de los dos pagó diciembre. Mientras tanto, los trabajadores ya deberían haber cobrado sus salarios y la institución tuvo que afrontar sueldos y aguinaldos. Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”.También advirtió sobre el impacto directo en las personas con discapacidad, especialmente en quienes viven en hogares permanentes:“Las escuelas o centros de día, en el peor de los casos, pueden cerrar y las personas vuelven a su casa. Pero ¿qué pasa con los hogares? Muchas de las personas que viven allí están judicializadas y no tienen familia. Si no llegan los fondos, la situación es insostenible”.Por su parte, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, señaló que muchas instituciones no cobran desde octubre o noviembre de 2025, lo que genera una crisis profunda en el sector.“Sin ingresos las instituciones no pueden hacer frente a salarios, insumos, alimentación o servicios básicos. Frente a esto hay un gran silencio de parte de Incluir Salud, PAMI y las pensiones no contributivas”, afirmó.El activista Jony De La Silla remarcó que sin prestaciones las personas con discapacidad no pueden sostener su vida cotidiana, mientras que la actriz Valentina Bassi, mamá de un joven con autismo, advirtió que el sistema “está asfixiado” y cuestionó la falta de respuestas estructurales frente a la crisis.Desde el Foro Permanente y las organizaciones que lo integran exigimos al Gobierno Nacional y a las obras sociales el pago urgente de las prestaciones, ya que la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.

La actividad fue impulsada por la Junta de Evaluadores de Servicios del Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi), en coordinación con el área de Gobiernos Locales y las áreas de habilitación comercial de los municipios de Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná y Urdinarrain.Durante el encuentro se trabajó en la unificación de criterios entre los procedimientos que se realizan en el ámbito municipal y provincial, con el fin de simplificar y agilizar el recorrido administrativo que deben realizar las instituciones prestadoras, desde la habilitación local hasta la categorización provincial.

Al respecto, el director del Iprodi, Diego Vélez, destacó: “Este es un paso muy importante porque, por primera vez, estamos sentados en una misma mesa la provincia y los municipios para ordenar y simplificar los trámites que deben realizar las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La coordinación entre los distintos niveles del Estado es clave para garantizar derechos y acompañar a quienes brindan estos servicios fundamentales”.

Desde el gobierno provincial se remarcó que este tipo de instancias de trabajo conjunto fortalecen la gestión pública, promueven la simplificación administrativa y consolidan políticas inclusivas que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad en toda la provincia.

Velázquez explicó que la propuesta viene gestándose desde hace varias semanas con un objetivo central: visibilizar la realidad de las personas con discapacidad, en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instaurado por la ONU en 1992.“Desde aquel entonces se viene reconociendo los derechos de las personas con discapacidad para cambiar su situación frente a la sociedad. Hoy queremos dar una vuelta más en función de esos objetivos: que la sociedad los conozca, los reconozca y entienda que son personas potencialmente productivas, cada uno de acuerdo a sus posibilidades”, señaló. “Queremos que sepan quiénes somos y qué hacemos”El profesor destacó que la actividad busca mostrar el trabajo que se realiza en Concordia: “Queremos que la comunidad conozca qué hace Olimpíada Especial, qué logros hemos tenido y qué necesitamos para seguir creciendo. La sociedad siempre responde, y si nos ven y conocen a los chicos, tienen más ganas de sumarse”.

AIADRES: deporte, talleres y acompañamiento integralConsultado sobre las actividades que desarrolla AIADRES, Velázquez recordó que se trata de una asociación civil fundada en la década de 1990. La institución trabaja con personas con discapacidad intelectual en ámbitos deportivos, recreativos, sociales y de la vida diaria, en articulación con Olimpíada Especial. En su sede de calle Lamadrid 2012, en la entrada del polideportivo, asisten diariamente jóvenes y adultos que participan de múltiples propuestas:

Deportes competitivos y recreativos.  Huerta y jardinería.Carpintería y mantenimiento. Pintura y actividades artísticas.  Panadería. Talleres de integración y socialización“La realidad es que estas personas suelen tener muchas horas de ocio. Nosotros buscamos que estén ocupados, que se sientan útiles y capaces. Además, trabajamos en acciones solidarias junto a diversas instituciones”, expresó.Trabajo en red y compromiso comunitario. Velázquez señaló que, además de esta jornada junto al Club de Leones, continúan proyectando acciones conjuntas en beneficio tanto de las personas con discapacidad como de la comunidad en general. “Nuestros chicos siempre se suman a cualquier tarea solidaria que se necesite”, remarcó. La actividad se desarrolla durante toda la mañana, incluyendo la entrega de folletos informativos sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. “Somos Luis Velázquez, AIADRES y Olimpíadas Especiales, y nuestra tarea es trabajar por la inclusión”, concluyó.

Según la organización, el desfasaje arancelario actual alcanza el 70%, una brecha que no se corrige con el aumento anunciado, cuya aplicación total recién se hará efectiva entre marzo y abril de 2026. “Si bien el Gobierno ha dado un paso, la medida resulta insuficiente y no resuelve la crisis. Es imprescindible que se cumpla la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad”, señalaron desde el Foro.La entidad celebró que el reclamo impulsado desde el Hospital Garrahan —y al que se sumaron múltiples sectores— haya logrado que el Gobierno revise su postura, aunque advirtió que el incremento otorgado “representa la mitad, o incluso menos, del atraso acumulado”. Además, remarcaron que no existe compensación por la pérdida correspondiente al período que va de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, equivalente a cerca de tres meses de facturación para las instituciones.En este contexto, el Foro aseguró que los prestadores continúan trabajando con aranceles desactualizados frente al aumento de los costos operativos: combustible, aguinaldos, vacaciones, incrementos salariales y el sostenido encarecimiento del costo de vida. La situación ya derivó en el cierre de un número significativo de instituciones en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan cerca de 700 prestadores, de acuerdo con cifras oficiales.Otro de los aspectos críticos señalados por la organización es la falta de actualización de la asistencia económica destinada a los casi 7.000 trabajadores con discapacidad que se desempeñan en los Talleres Protegidos de Producción. Estas personas perciben un ingreso mensual de $28.000, congelado desde febrero de 2023.El Foro también cuestionó la política de recorte de pensiones impulsada por el Gobierno. Recordó que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 plantea como meta la eliminación de 197.000 pensiones por discapacidad, una medida que calificó como “inaceptable” en un país con altos índices de pobreza y falta de oportunidades laborales. “La única medida posible debe ser apoyar a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, garantizando los recursos económicos necesarios para su vida cotidiana y el acceso a las prestaciones que requieren”, subrayaron.Finalmente, la entidad convocó a todos los sectores a seguir trabajando por la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la defensa de los derechos de los jubilados. “Debemos continuar señalando las campañas de desinformación que buscan generar confusión y malestar. Es fundamental que la voz de las personas con discapacidad siga presente y se conozca la grave situación que atraviesa el sector”, concluyó el Foro. 

El juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente. La medida en cuestión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Defensor del Pueblo catamarqueño, con la adhesión de asociaciones de personas con discapacidad, y extiende a todo el territorio nacional los efectos de la cautelar dictada en septiembre, que en ese momento solo regía para la provincia.El nuevo fallo se inscribe en una serie de decisiones judiciales dictadas en distintas jurisdicciones del país. En Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro, jueces federales ya habían ordenado la restitución integral de las prestaciones suspendidas, el reintegro de los haberes no abonados y la aplicación de multas diarias por cada día de demora. También se registraron resoluciones de alcance individual en Mendoza, Córdoba, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, todas con resultado favorable a los beneficiarios y en rechazo de las suspensiones dispuestas por la ANDIS.En este caso, el juez Díaz Martínez sostuvo que las suspensiones aplicadas por la Agencia en base al Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo Nacional vulneraron derechos de incidencia colectiva y debían ser dejadas sin efecto. En sus términos, el magistrado dijo: “corresponde ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro (24 hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.El fallo recordó que el reclamo colectivo se originó en la “suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral de cada uno de los beneficiarios afectados y de todo el colectivo”, derivada de la aplicación del decreto del Ejecutivo. En su análisis técnico, citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN Ley 25.837 y decreto 1564/04 s/ amparo”, en el que la Corte Suprema de Justicia estableció los criterios de legitimación en procesos colectivos y definió los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.Según el titular del juzgado catamarqueño, la causa se encuadra en esa categoría, ya que existe “un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea”. Esa homogeneidad -indicó- “lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.El magistrado también designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul como representantes del colectivo, al concluir que de acuerdo a “sus estatutos, fines de su conformación y trayectoria en la materia”, ambas reúnen las condiciones de idoneidad requeridas para ejercer una representación adecuada. “Por cierto que, ello no implica desconocer los atributos de otras personas también presentadas, sino tan solo un ejercicio de la potestad que me asiste a la hora de procurar un desenvolvimiento ordenado y no traumático del proceso”, añadió.La medida responde al mismo contexto que motivó el amparo anterior, presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo provincial, quienes reclamaron la nulidad de las suspensiones de pensiones y la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos de acceso a los beneficios. La norma, dictada en septiembre del año pasado, elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad.Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la Agencia en agosto de 2024 se llevó a cabo sin un marco normativo claro, sin criterios de evaluación públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas para las personas con discapacidad. Señalaron además que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían defectos formales que impidieron a los beneficiarios ejercer su derecho de defensa.Organizaciones de personas con discapacidad impulsaron el amparo colectivo que derivó en el fallo, en rechazo de las suspensiones dispuestas bajo el Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo (Fotografía: Maximiliano Luna)Según datos oficiales citados en las distintas presentaciones judiciales, la Jefatura de Gabinete informó que de las 997.654 cartas documento enviadas por la ANDIS, 504.802 -más de la mitad- no pudieron ser entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%.Antes de las primeras resoluciones en contra del decreto, la Agencia había suspendido el pago a 111.463 personas. En todos los casos en los que la Justicia ordenó la restitución, la ANDIS acató las decisiones y volvió a pagar los haberes.Con la decisión adoptada ahora por el Juzgado Federal de Catamarca N°2, la cautelar adquirió alcance nacional. El juez dispuso que la Agencia cumpla con la restitución total y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”. Infobae.

El poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el texto original. La norma, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026, quedó publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025. Sin embargo, su entrada en vigencia fue suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Desde Neurocea “sabíamos que esto podía llegar a pasar, es algo que están estirando desde un principio. El Estado le está debiendo a las familias y personas con discapacidad porque el nomenclador no se actualiza desde diciembre del 2024, solamente ha tenido un 0,5 por ciento de aumento”, señaló Méndez a esta Agencia.

“Es muy triste que esté sucediendo esto aunque era predecible, ya que dicen que esto impacta en la economía del país, que ellos no tienen el dinero. Esto ahora vuelve a presupuesto para que los legisladores les digan de dónde van a sacar esos fondos para pagar”, dijo.

Agregó la Presidenta de Neurosea: “Que saquen del impuesto que se les cobra a los combustibles, eso va para las rutas y están en malísimo estado. Ponerle un número a las personas con discapacidad es muy triste, sabemos que este camino va a ser muy largo. ‘‘Esperemos que la Justicia tome medidas para que esta ley se reglamente de una vez por todas, porque hay muchas familias que están atravesando una situación muy complicada”.

“No creemos que esto tenga que estar en el presupuesto 2026, porque ya es un año prácticamente perdido, donde todos los apoyos se han visto en muchos casos imposibilitados. Esperemos ver qué es lo que sucede, aunque todas las posibilidades son muy negativas”, concluyó. 

Efectuaron la presentación, ante el fiscal federal en turno, Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, dependiente del Ministerio Público de la Defensa; Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, representante ante el Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, profesionales de la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, integrante del equipo técnico del Órgano de Revisión, y Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).Como es de conocimiento público, la Andis dispuso auditar las pensiones no contributivas de las que son beneficiarias personas con discapacidad, para lo cual realizó citaciones a evaluaciones presenciales. Una de ellas tuvo lugar entre el 1 y el 8 de agosto en oficinas que se montaron en un hotel céntrico de la capital provincial, para lo cual la Agencia citó a una gran cantidad de residentes en el departamento Paraná.

La asistencia a esta convocatoria es condición para continuar percibiendo la pensión y para la inclusión en el programa Incluir Salud.En aquella ocasión, representantes de los organismos denunciantes observaron que las personas con discapacidad eran atendidas por jóvenes que manifestaban pertenecer a una consultora contratada por Andis, que no eran profesionales de la Medicina y que se limitaban a registrar los datos filiatorios y los diagnósticos de los beneficiarios.

Asimismo, emitían una constancia de asistencia en la que figuraba una firma escaneada y un sello que decía “Leandro Peñaloza, cardiólogo”, con un número de matrícula ilegible. Otras constancias tenían la firma escaneada y el sello de “Dr. Lapentina Claudio, médico”, también con número de matrícula ilegible.

El cardiólogo Peñaloza, según información periodística, es oriundo de la ciudad de Pergamino, denunció la falsificación de su sello en auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones y ha manifestado que no posee ningún vínculo con Andis. Por lo tanto, se presume que el mismo delito podría haberse cometido en Paraná.

En consecuencia, los organismos denunciantes solicitaron a la Justicia federal que realice las medidas que se consideren pertinentes para investigar el hecho denunciado, al tiempo que se pusieron a disposición para efectuar las ampliaciones que se consideren necesarias. 

El presidente Javier Milei descartó la vía judicial para impedir el aumento en las prestaciones por discapacidad y evalúa avanzar con un nuevo decreto que limite su aplicación.La definición se da en paralelo a la inminente presentación del Presupuesto 2026, que deberá ser debatido en el Congreso. En ese marco, la estrategia oficial apunta a que sean los particulares quienes presenten demandas, mientras el Ejecutivo se respalda en argumentos legales.

Equipo técnico en acciónLa secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y un grupo de abogados administrativos, elaboran la fundamentación jurídica para sostener la postura presidencial.El eje del planteo es el impacto fiscal que tendría la medida, considerado incompatible con la meta de sostener el superávit. Para justificar la decisión, el Gobierno invoca el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda ley que genere gastos no previstos en el presupuesto debe especificar claramente las fuentes de financiamiento.

El trasfondoEn la Casa Rosada sostienen que aplicar el aumento sin respaldo presupuestario pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. La discusión anticipa un nuevo foco de tensión con sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Acompañado de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, el presidente Javier Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas, pero advirtió: “No me importa todo el daño que puedan hacerse de acá a las elecciones”.En modo campaña, Milei defendió su gestión, hizo referencia al riesgo preelectoral y cuestionó a los legisladores. “Apuestan por romper el país, promoviendo leyes que buscan romper el equilibrio fiscal y aprobando barbaridades sin tener financiamiento”, acusó.En ese sentido, destacó la labor de Guillermo Francos: “Es el mejor jefe de Gabinete de la historia. Es al que le toca lidiar con los orcos del Congreso, esos destituyentes que buscan romper con el programa económico”. Además, reconoció que fue él quien lo incentivó a meterse en política: “Vio algo y no se equivocó porque terminé siendo el presidente”.“Dicen que nosotros llegamos de manera improvisada, pero el programa económico estaba hecho 10 años atrás. Lo triste y lamentable es que lo que habíamos propuesto 10 años antes eran las mismas soluciones que 10 años después. Es decir, que Argentina vivía repitiéndose en los mismos errores. Vaya que el programa sí es exitoso”, resaltó.En otro pasaje, volvió a polarizar con el kirchnerismo y, sin mencionar directamente las denuncias del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, aseguró: “Lo que estamos lidiando en un año electoral era absolutamente previsible porque esto es como el ajedrez: las negras también juegan. A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo, que es algo distinto”.“No les importan los argentinos de bien porque ellos son los argentinos del mal, que son los vividores y los que han destrozado este país”, enfatizó.Luego, el Presidente insistió con las críticas a los legisladores y remarcó: “Si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir. No me molesta, vamos a re-insistir después”.“No me importa el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses? Ja, ja, ja”, cerró con risas irónicas.