El amparo presentado solicitaba la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 2 del Decreto 681/2025, que suspendía la ejecución de la Ley.Los jueces de la Cámara Federal de San Martín –Sala II– consideraron que esta cuestión ha devenido abstracta, en tanto el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la norma mediante el Decreto N.º 84/2026.Desde el Foro consideramos, en primer lugar, que los jueces de la Cámara Federal de San Martín no debieron limitarse a declarar la cuestión abstracta, sino que también debieron advertir al Poder Ejecutivo Nacional que no puede suspender, mediante un decreto, una ley sancionada por el Congreso.En segundo lugar, aclaramos a la población que la emergencia en discapacidad no es una cuestión abstracta ni una situación ya resuelta a partir de la sanción de una ley, su reglamentación y las resoluciones dictadas en consecuencia. Por el contrario, la situación continúa siendo sumamente grave y se agrava día a día.Actualmente, el Gobierno Nacional adeuda pagos correspondientes al período comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026 a prestadores que han cumplido con la atención de las personas derivadas. Esta situación impide a las instituciones afrontar sus gastos ordinarios y afecta directamente a los trabajadores, quienes no perciben de manera adecuada los salarios que les corresponden, comprometiendo así sus condiciones de vida.Desde el Ministerio de Salud de la Nación se señala que el Ministerio de Economía no deriva los recursos necesarios. Sin embargo, esta no constituye una justificación válida: el incumplimiento es del Gobierno Nacional, que tiene la responsabilidad de disponer las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por ley.En tercer lugar, los aranceles de las prestaciones presentan un atraso cercano al 40%, por lo que los valores actuales no alcanzan a cubrir los costos mensuales.Este reclamo fue planteado a las autoridades en el mes de febrero, sin haber sido debidamente considerado. En este sentido, se exigió el cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.793, en particular la realización del estudio de costos que debe llevarse a cabo anualmente y que no fue efectuado durante 2025.Esperábamos que el Gobierno Nacional cumpliera con sus obligaciones y con el compromiso asumido ante representantes de la Iglesia Católica de saldar las deudas durante el mes de abril, iniciando los pagos el lunes 13. Sin embargo, al momento, dicho compromiso no fue cumplido.Una vez más, el incumplimiento del Estado, materializado en la falta de respuesta de los funcionarios responsables, ha generado graves consecuencias: prestadores que han debido cerrar, trabajadores afectados y, fundamentalmente, personas con discapacidad que ven comprometida la atención que necesitan.Finalmente, reiteramos un reclamo que este Foro ha expresado en múltiples oportunidades y que también ha sido planteado por la Iglesia Católica al ministro Lugones: la falta de entrega regular de los medicamentos que muchas personas con discapacidad necesitan.Esta situación ya se registraba durante la gestión del presidente Alberto Fernández, pero se ha agravado a partir de las denuncias de irregularidades en la compra de medicamentos por parte de Incluir Salud durante la actual gestión del presidente Milei. Si bien se informó que esta problemática sería resuelta, hasta el momento no se han registrado avances concretos.Es fundamental que el Estado Nacional, y en particular los funcionarios responsables —ministros y secretarios—, reconozcan que las personas con discapacidad tienen pleno derecho al acceso a la educación y a la salud. Asimismo, son ellos quienes deben garantizar, ante la sociedad, el cumplimiento de la ley en el ejercicio de sus funciones.Esperamos que estos principios se traduzcan en acciones concretas y en el efectivo cumplimiento de sus obligaciones.

En respuesta a la preocupación expresada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ante la delicada situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad, el Ministerio de Salud de la Nación convocó a un espacio de diálogo que se concretó este lunes en su sede.

El encuentro reunió a funcionarios de distintas áreas del ministerio con representantes del Episcopado y de organizaciones vinculadas al servicio social y pastoral.

Por parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lic. Roberto Luis Olivieri; el secretario de Gestión Administrativa, Ing. Guido Giana; el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches; y el responsable de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Roberto Moro.

En representación de la CEA asistieron el secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara; el padre Aníbal Quevedo, coordinador de Hogares y Cottolengos; y el vocero del organismo, presbítero Máximo Jurcinovic.

Retrasos en los pagos y deudas con prestadores

Durante la reunión se abordaron las dificultades económicas que afectan a las instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad, muchas de las cuales enfrentan retrasos en los pagos y crecientes costos operativos que comprometen su sostenibilidad.

En este contexto, las autoridades sanitarias asumieron el compromiso de regularizar, a lo largo de abril, las deudas pendientes con los prestadores. Este punto fue considerado clave por los representantes eclesiales, quienes habían advertido sobre el riesgo de interrupción en la atención si no se adoptaban medidas urgentes.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de establecer un canal de diálogo permanente que permita dar seguimiento a la situación y avanzar en la actualización y fortalecimiento de los convenios vigentes. El objetivo común es garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones, así como brindar previsibilidad a las instituciones que trabajan en este ámbito. (AICA)

Ante la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional, convocamos a un cese de actividades los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo, El cese de actividades implica que prestadores del sector —escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas— no brindarán servicios durante esas jornadas, en reclamo por el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por parte de PAMI, Incluir Salud y Pensiones No Contributivas.En ese marco, este miércoles se realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires, donde representantes de instituciones, activistas y familiares expusieron el impacto de la situación.Adriana Salomone, de la Asociación de Padres DINAD —institución que brinda servicios escolares, centro de día y hogar permanente para personas con discapacidad— describió con crudeza el escenario actual:“La situación es como un tren: la locomotora son el Estado y las obras sociales, que tienen que poner en marcha el motor con los recursos para sostener la asistencia. En el medio están las personas con discapacidad y atrás todos los trabajadores: enfermeras, profesionales, docentes, terapeutas. Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza. Es como ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano: nos matamos todos”.Salomone explicó que muchas instituciones dependen casi exclusivamente de estos pagos para sostener su funcionamiento:“En nuestro caso, el 50% de la facturación corresponde a PAMI y un 30% a Incluir Salud. Ninguno de los dos pagó diciembre. Mientras tanto, los trabajadores ya deberían haber cobrado sus salarios y la institución tuvo que afrontar sueldos y aguinaldos. Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”.También advirtió sobre el impacto directo en las personas con discapacidad, especialmente en quienes viven en hogares permanentes:“Las escuelas o centros de día, en el peor de los casos, pueden cerrar y las personas vuelven a su casa. Pero ¿qué pasa con los hogares? Muchas de las personas que viven allí están judicializadas y no tienen familia. Si no llegan los fondos, la situación es insostenible”.Por su parte, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, señaló que muchas instituciones no cobran desde octubre o noviembre de 2025, lo que genera una crisis profunda en el sector.“Sin ingresos las instituciones no pueden hacer frente a salarios, insumos, alimentación o servicios básicos. Frente a esto hay un gran silencio de parte de Incluir Salud, PAMI y las pensiones no contributivas”, afirmó.El activista Jony De La Silla remarcó que sin prestaciones las personas con discapacidad no pueden sostener su vida cotidiana, mientras que la actriz Valentina Bassi, mamá de un joven con autismo, advirtió que el sistema “está asfixiado” y cuestionó la falta de respuestas estructurales frente a la crisis.Desde el Foro Permanente y las organizaciones que lo integran exigimos al Gobierno Nacional y a las obras sociales el pago urgente de las prestaciones, ya que la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.

La actividad fue impulsada por la Junta de Evaluadores de Servicios del Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi), en coordinación con el área de Gobiernos Locales y las áreas de habilitación comercial de los municipios de Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná y Urdinarrain.Durante el encuentro se trabajó en la unificación de criterios entre los procedimientos que se realizan en el ámbito municipal y provincial, con el fin de simplificar y agilizar el recorrido administrativo que deben realizar las instituciones prestadoras, desde la habilitación local hasta la categorización provincial.

Al respecto, el director del Iprodi, Diego Vélez, destacó: “Este es un paso muy importante porque, por primera vez, estamos sentados en una misma mesa la provincia y los municipios para ordenar y simplificar los trámites que deben realizar las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La coordinación entre los distintos niveles del Estado es clave para garantizar derechos y acompañar a quienes brindan estos servicios fundamentales”.

Desde el gobierno provincial se remarcó que este tipo de instancias de trabajo conjunto fortalecen la gestión pública, promueven la simplificación administrativa y consolidan políticas inclusivas que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad en toda la provincia.

Velázquez explicó que la propuesta viene gestándose desde hace varias semanas con un objetivo central: visibilizar la realidad de las personas con discapacidad, en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instaurado por la ONU en 1992.“Desde aquel entonces se viene reconociendo los derechos de las personas con discapacidad para cambiar su situación frente a la sociedad. Hoy queremos dar una vuelta más en función de esos objetivos: que la sociedad los conozca, los reconozca y entienda que son personas potencialmente productivas, cada uno de acuerdo a sus posibilidades”, señaló. “Queremos que sepan quiénes somos y qué hacemos”El profesor destacó que la actividad busca mostrar el trabajo que se realiza en Concordia: “Queremos que la comunidad conozca qué hace Olimpíada Especial, qué logros hemos tenido y qué necesitamos para seguir creciendo. La sociedad siempre responde, y si nos ven y conocen a los chicos, tienen más ganas de sumarse”.

AIADRES: deporte, talleres y acompañamiento integralConsultado sobre las actividades que desarrolla AIADRES, Velázquez recordó que se trata de una asociación civil fundada en la década de 1990. La institución trabaja con personas con discapacidad intelectual en ámbitos deportivos, recreativos, sociales y de la vida diaria, en articulación con Olimpíada Especial. En su sede de calle Lamadrid 2012, en la entrada del polideportivo, asisten diariamente jóvenes y adultos que participan de múltiples propuestas:

Deportes competitivos y recreativos.  Huerta y jardinería.Carpintería y mantenimiento. Pintura y actividades artísticas.  Panadería. Talleres de integración y socialización“La realidad es que estas personas suelen tener muchas horas de ocio. Nosotros buscamos que estén ocupados, que se sientan útiles y capaces. Además, trabajamos en acciones solidarias junto a diversas instituciones”, expresó.Trabajo en red y compromiso comunitario. Velázquez señaló que, además de esta jornada junto al Club de Leones, continúan proyectando acciones conjuntas en beneficio tanto de las personas con discapacidad como de la comunidad en general. “Nuestros chicos siempre se suman a cualquier tarea solidaria que se necesite”, remarcó. La actividad se desarrolla durante toda la mañana, incluyendo la entrega de folletos informativos sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. “Somos Luis Velázquez, AIADRES y Olimpíadas Especiales, y nuestra tarea es trabajar por la inclusión”, concluyó.

Según la organización, el desfasaje arancelario actual alcanza el 70%, una brecha que no se corrige con el aumento anunciado, cuya aplicación total recién se hará efectiva entre marzo y abril de 2026. “Si bien el Gobierno ha dado un paso, la medida resulta insuficiente y no resuelve la crisis. Es imprescindible que se cumpla la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad”, señalaron desde el Foro.La entidad celebró que el reclamo impulsado desde el Hospital Garrahan —y al que se sumaron múltiples sectores— haya logrado que el Gobierno revise su postura, aunque advirtió que el incremento otorgado “representa la mitad, o incluso menos, del atraso acumulado”. Además, remarcaron que no existe compensación por la pérdida correspondiente al período que va de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, equivalente a cerca de tres meses de facturación para las instituciones.En este contexto, el Foro aseguró que los prestadores continúan trabajando con aranceles desactualizados frente al aumento de los costos operativos: combustible, aguinaldos, vacaciones, incrementos salariales y el sostenido encarecimiento del costo de vida. La situación ya derivó en el cierre de un número significativo de instituciones en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan cerca de 700 prestadores, de acuerdo con cifras oficiales.Otro de los aspectos críticos señalados por la organización es la falta de actualización de la asistencia económica destinada a los casi 7.000 trabajadores con discapacidad que se desempeñan en los Talleres Protegidos de Producción. Estas personas perciben un ingreso mensual de $28.000, congelado desde febrero de 2023.El Foro también cuestionó la política de recorte de pensiones impulsada por el Gobierno. Recordó que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 plantea como meta la eliminación de 197.000 pensiones por discapacidad, una medida que calificó como “inaceptable” en un país con altos índices de pobreza y falta de oportunidades laborales. “La única medida posible debe ser apoyar a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, garantizando los recursos económicos necesarios para su vida cotidiana y el acceso a las prestaciones que requieren”, subrayaron.Finalmente, la entidad convocó a todos los sectores a seguir trabajando por la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la defensa de los derechos de los jubilados. “Debemos continuar señalando las campañas de desinformación que buscan generar confusión y malestar. Es fundamental que la voz de las personas con discapacidad siga presente y se conozca la grave situación que atraviesa el sector”, concluyó el Foro. 

El juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente. La medida en cuestión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Defensor del Pueblo catamarqueño, con la adhesión de asociaciones de personas con discapacidad, y extiende a todo el territorio nacional los efectos de la cautelar dictada en septiembre, que en ese momento solo regía para la provincia.El nuevo fallo se inscribe en una serie de decisiones judiciales dictadas en distintas jurisdicciones del país. En Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro, jueces federales ya habían ordenado la restitución integral de las prestaciones suspendidas, el reintegro de los haberes no abonados y la aplicación de multas diarias por cada día de demora. También se registraron resoluciones de alcance individual en Mendoza, Córdoba, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, todas con resultado favorable a los beneficiarios y en rechazo de las suspensiones dispuestas por la ANDIS.En este caso, el juez Díaz Martínez sostuvo que las suspensiones aplicadas por la Agencia en base al Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo Nacional vulneraron derechos de incidencia colectiva y debían ser dejadas sin efecto. En sus términos, el magistrado dijo: “corresponde ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro (24 hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.El fallo recordó que el reclamo colectivo se originó en la “suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral de cada uno de los beneficiarios afectados y de todo el colectivo”, derivada de la aplicación del decreto del Ejecutivo. En su análisis técnico, citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN Ley 25.837 y decreto 1564/04 s/ amparo”, en el que la Corte Suprema de Justicia estableció los criterios de legitimación en procesos colectivos y definió los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.Según el titular del juzgado catamarqueño, la causa se encuadra en esa categoría, ya que existe “un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea”. Esa homogeneidad -indicó- “lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.El magistrado también designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul como representantes del colectivo, al concluir que de acuerdo a “sus estatutos, fines de su conformación y trayectoria en la materia”, ambas reúnen las condiciones de idoneidad requeridas para ejercer una representación adecuada. “Por cierto que, ello no implica desconocer los atributos de otras personas también presentadas, sino tan solo un ejercicio de la potestad que me asiste a la hora de procurar un desenvolvimiento ordenado y no traumático del proceso”, añadió.La medida responde al mismo contexto que motivó el amparo anterior, presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo provincial, quienes reclamaron la nulidad de las suspensiones de pensiones y la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos de acceso a los beneficios. La norma, dictada en septiembre del año pasado, elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad.Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la Agencia en agosto de 2024 se llevó a cabo sin un marco normativo claro, sin criterios de evaluación públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas para las personas con discapacidad. Señalaron además que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían defectos formales que impidieron a los beneficiarios ejercer su derecho de defensa.Organizaciones de personas con discapacidad impulsaron el amparo colectivo que derivó en el fallo, en rechazo de las suspensiones dispuestas bajo el Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo (Fotografía: Maximiliano Luna)Según datos oficiales citados en las distintas presentaciones judiciales, la Jefatura de Gabinete informó que de las 997.654 cartas documento enviadas por la ANDIS, 504.802 -más de la mitad- no pudieron ser entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%.Antes de las primeras resoluciones en contra del decreto, la Agencia había suspendido el pago a 111.463 personas. En todos los casos en los que la Justicia ordenó la restitución, la ANDIS acató las decisiones y volvió a pagar los haberes.Con la decisión adoptada ahora por el Juzgado Federal de Catamarca N°2, la cautelar adquirió alcance nacional. El juez dispuso que la Agencia cumpla con la restitución total y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”. Infobae.

El poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el texto original. La norma, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026, quedó publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025. Sin embargo, su entrada en vigencia fue suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Desde Neurocea “sabíamos que esto podía llegar a pasar, es algo que están estirando desde un principio. El Estado le está debiendo a las familias y personas con discapacidad porque el nomenclador no se actualiza desde diciembre del 2024, solamente ha tenido un 0,5 por ciento de aumento”, señaló Méndez a esta Agencia.

“Es muy triste que esté sucediendo esto aunque era predecible, ya que dicen que esto impacta en la economía del país, que ellos no tienen el dinero. Esto ahora vuelve a presupuesto para que los legisladores les digan de dónde van a sacar esos fondos para pagar”, dijo.

Agregó la Presidenta de Neurosea: “Que saquen del impuesto que se les cobra a los combustibles, eso va para las rutas y están en malísimo estado. Ponerle un número a las personas con discapacidad es muy triste, sabemos que este camino va a ser muy largo. ‘‘Esperemos que la Justicia tome medidas para que esta ley se reglamente de una vez por todas, porque hay muchas familias que están atravesando una situación muy complicada”.

“No creemos que esto tenga que estar en el presupuesto 2026, porque ya es un año prácticamente perdido, donde todos los apoyos se han visto en muchos casos imposibilitados. Esperemos ver qué es lo que sucede, aunque todas las posibilidades son muy negativas”, concluyó. 

Efectuaron la presentación, ante el fiscal federal en turno, Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, dependiente del Ministerio Público de la Defensa; Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, representante ante el Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, profesionales de la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, integrante del equipo técnico del Órgano de Revisión, y Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).Como es de conocimiento público, la Andis dispuso auditar las pensiones no contributivas de las que son beneficiarias personas con discapacidad, para lo cual realizó citaciones a evaluaciones presenciales. Una de ellas tuvo lugar entre el 1 y el 8 de agosto en oficinas que se montaron en un hotel céntrico de la capital provincial, para lo cual la Agencia citó a una gran cantidad de residentes en el departamento Paraná.

La asistencia a esta convocatoria es condición para continuar percibiendo la pensión y para la inclusión en el programa Incluir Salud.En aquella ocasión, representantes de los organismos denunciantes observaron que las personas con discapacidad eran atendidas por jóvenes que manifestaban pertenecer a una consultora contratada por Andis, que no eran profesionales de la Medicina y que se limitaban a registrar los datos filiatorios y los diagnósticos de los beneficiarios.

Asimismo, emitían una constancia de asistencia en la que figuraba una firma escaneada y un sello que decía “Leandro Peñaloza, cardiólogo”, con un número de matrícula ilegible. Otras constancias tenían la firma escaneada y el sello de “Dr. Lapentina Claudio, médico”, también con número de matrícula ilegible.

El cardiólogo Peñaloza, según información periodística, es oriundo de la ciudad de Pergamino, denunció la falsificación de su sello en auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones y ha manifestado que no posee ningún vínculo con Andis. Por lo tanto, se presume que el mismo delito podría haberse cometido en Paraná.

En consecuencia, los organismos denunciantes solicitaron a la Justicia federal que realice las medidas que se consideren pertinentes para investigar el hecho denunciado, al tiempo que se pusieron a disposición para efectuar las ampliaciones que se consideren necesarias. 

El presidente Javier Milei descartó la vía judicial para impedir el aumento en las prestaciones por discapacidad y evalúa avanzar con un nuevo decreto que limite su aplicación.La definición se da en paralelo a la inminente presentación del Presupuesto 2026, que deberá ser debatido en el Congreso. En ese marco, la estrategia oficial apunta a que sean los particulares quienes presenten demandas, mientras el Ejecutivo se respalda en argumentos legales.

Equipo técnico en acciónLa secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y un grupo de abogados administrativos, elaboran la fundamentación jurídica para sostener la postura presidencial.El eje del planteo es el impacto fiscal que tendría la medida, considerado incompatible con la meta de sostener el superávit. Para justificar la decisión, el Gobierno invoca el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda ley que genere gastos no previstos en el presupuesto debe especificar claramente las fuentes de financiamiento.

El trasfondoEn la Casa Rosada sostienen que aplicar el aumento sin respaldo presupuestario pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. La discusión anticipa un nuevo foco de tensión con sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Acompañado de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, el presidente Javier Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas, pero advirtió: “No me importa todo el daño que puedan hacerse de acá a las elecciones”.En modo campaña, Milei defendió su gestión, hizo referencia al riesgo preelectoral y cuestionó a los legisladores. “Apuestan por romper el país, promoviendo leyes que buscan romper el equilibrio fiscal y aprobando barbaridades sin tener financiamiento”, acusó.En ese sentido, destacó la labor de Guillermo Francos: “Es el mejor jefe de Gabinete de la historia. Es al que le toca lidiar con los orcos del Congreso, esos destituyentes que buscan romper con el programa económico”. Además, reconoció que fue él quien lo incentivó a meterse en política: “Vio algo y no se equivocó porque terminé siendo el presidente”.“Dicen que nosotros llegamos de manera improvisada, pero el programa económico estaba hecho 10 años atrás. Lo triste y lamentable es que lo que habíamos propuesto 10 años antes eran las mismas soluciones que 10 años después. Es decir, que Argentina vivía repitiéndose en los mismos errores. Vaya que el programa sí es exitoso”, resaltó.En otro pasaje, volvió a polarizar con el kirchnerismo y, sin mencionar directamente las denuncias del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, aseguró: “Lo que estamos lidiando en un año electoral era absolutamente previsible porque esto es como el ajedrez: las negras también juegan. A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo, que es algo distinto”.“No les importan los argentinos de bien porque ellos son los argentinos del mal, que son los vividores y los que han destrozado este país”, enfatizó.Luego, el Presidente insistió con las críticas a los legisladores y remarcó: “Si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir. No me molesta, vamos a re-insistir después”.“No me importa el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses? Ja, ja, ja”, cerró con risas irónicas. 

El juez federal Sebastián Casanello dictó este viernes la prohibición de la salida del país para Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos.El magistrado tomó esta resolución tras encontrar a Spagnuolo en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, dinero (en un monto que no sería de consideración) y una máquina de contar billetes.La prohibición de salida del país es una de las primeras medidas cautelares que suelen adoptarse en investigaciones de corrupción complejas, ya que permite a la Justicia garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones y evita que se diluya el rastro de pruebas cruciales.Además de Spagnuolo, la medida de Casanello alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, incluyendo a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina, quienes también tienen vedado salir del país mientras se avance en la investigación.Fuentes judiciales señalaron que la decisión responde a la necesidad de preservar la prueba y evitar cualquier riesgo de fuga, especialmente en un caso que involucra transferencias de dinero y documentación sensible vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.La Justicia continúa analizando los audios y documentos secuestrados, que según la denuncia inicial incluyen indicios de porcentajes de coimas y distribución de pagos entre los implicados.Por el momento, no se registraron detenciones, y los involucrados permanecen en libertad, aunque bajo un control judicial estricto. La causa sigue bajo secreto de sumario, por lo que los detalles sobre los hallazgos y la posible implicancia de cada uno de los investigados se mantienen reservados.En las próximas horas, se espera que el juez Casanello ordene nuevas medidas, incluyendo la revisión de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y esclarecer el rol de cada actor en la presunta estructura de recaudación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. (TN)

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la designación del médico sanitarista Alejandro Alberto Vilches como su nuevo interventor. En el mensaje subrayó que su primera tarea será una auditoría exhaustiva del área, con el objetivo de depurar el sistema y asegurar que los beneficios lleguen a quienes corresponden.El nuevo interventor, actual secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, se hará cargo del organismo de discapacidad luego de que el gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo, después de la filtración de audios en los que presuntamente exponía maniobras irregulares vinculadas a la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”, expresó Adorni al anunciar el nombramiento de Vilches como interventor.La decisión de intervenir la ANDIS se produce en un contexto de reformas en la gestión de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. El organismo, dependiente del Ministerio de Salud, tiene a su cargo la elaboración y ejecución de planes nacionales de inclusión, la administración de pensiones por invalidez y la coordinación de acciones intersectoriales para promover la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.Vilches posee una trayectoria amplia en la gestión sanitaria y en la supervisión de procesos dentro del sector público y el sistema solidario de seguridad social. Es médico egresado de la Universidad del Salvador y con estudios de especialización en la gestión de sistemas de salud pública y privada.Recientemente, le tocó elevar su perfil público al adoptar un papel central en la supervisión del examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Tras denunciar irregularidades en las calificaciones —con un aumento estadísticamente anómalo de puntajes altos—, el Ministerio de Salud decidió convocar a un nuevo examen para más de 200 aspirantes que habían obtenido 86 o más respuestas correctas. Vilches lideró la organización de esta instancia extraordinaria, que se realizó bajo medidas de control mejoradas respecto del examen inicial, con auditorías reforzadas y la presencia de veedores y personal de seguridad.En ese momento, Vilches se encargó de explicar que el examen se diseñó para ser anónimo y uniforme para todos los postulantes, y defendió la validez del proceso. Además, había anticipado que el Ministerio analizaría cambios en el modelo de evaluación para que cada provincia pueda definir el perfil profesional requerido.Se desempeña actualmente como Secretario de Gestión Sanitaria y su experiencia abarca cargos como asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente de administración de prestadores en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y jefe de áreas en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina.Además, ha sido director general de evaluación de calidad de los servicios de salud en la Ciudad de Buenos Aires y asesor en comisiones de salud tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados de la Nación.En el ámbito del sistema solidario, ha ocupado posiciones de dirección médica en diversas obras sociales, entre ellas la de Ceramistas, la del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana, la de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la del Personal de la Industria del Cuero. También ha sido asesor médico a cargo de la gerencia de prestaciones médicas en la intervención federal a la obra social del personal de las comunicaciones.En el plano académico, Vilches ha desarrollado una actividad docente en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde dictó cursos superiores de auditoría médica y fue profesor en la maestría de gestión de salud y docente regular de la carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma casa de estudios.“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, sostuvo Adorni a través de la red social X, al anunciar la intervención del organismo.La llegada a Vilches a la ANDIS coincide con las protestas de las familias con hijos discapacitados en reclamo del ajuste presupuestario y los recortes que afectan al sector de discapacidad. Exigen principalmente la declaración de emergencia nacional en discapacidad, la actualización de las asignaciones y montos de prestaciones, y denuncian retrasos en pagos, falta de autorizaciones para tratamientos y ausencia de incrementos en los aranceles de servicios desde diciembre de 2024, lo que ha dejado a trabajadores y familias en una dificil situación.Se realizaron vigilias frente al Congreso para pedir que se rechace el veto presidencial de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad en una sesión especial. Este rechazo implica que la ley, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027 para atender la crítica situación del sector y pasó al Senado para su definición. (Infobae)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno dio de baja más de 100.000 Pensiones No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan. Son 20 mil más que las reveladas por Infobae el mes pasado. La novedad se conoce tras el rechazo en Diputados del veto de Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el funcionario sostuvo: “En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión“.

El cálculo del Ejecutivo del “ahorro” para las arcas del Estado que representan estas bajas en Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral representa unos 35 mil millones de pesos mensuales.

Entre las pensiones suspendidas, se encontraron casos resonantes como gente que presentó la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión. “En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”, justificó el funcionario desde la Casa Rosada.

“Este mecanismo no es novedoso, como ya mencioné en otra conferencia, en el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”, afirmó el funcionario.La ANDIS, a cargo del abogado Diego Spagnuolo ya había descubierto “una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año”, tal como anticipó este medio.

Para más datos, y a modo ilustrativo, Adorni recordó que: “Entre 2003 y 2015 (los tres gobiernos kirchneristas) la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a 1.045.000”.

Esta cifra bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019 -durante el gobierno de Mauricio Macri- “para volver a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después de los cuatro años de gestión del profesor Alberto Fernández”.El portavoz oficial también expresó que: “Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales”.

Para más datos, en su denuncia, Adorni aclaró: “Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina la recibe el 4,6%. Israel es un país que sufrió decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales. Sólo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas”.

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso.

En diálogo con Infobae, las autoridades de la ANDIS explicaron que las auditorías que llevó a estas bajas “es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”, y esperan que “este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.

La investigación interna alcanza a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. Según se recordó a este medio, la medida “no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024”.

Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.El vocero presidencial también se refirió a la posición que la mayoría de los diputados nacionales mantuvieron en el recinto sobre el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad: “El Congreso, esta semana, defendió este sistema corrupto. Un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política”.

Y remató: “No es casualidad: gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema corrupto”.

El gobierno de La Libertad Avanza criticó fuertemente la decisión parlamentaria. De hecho se afirmó: “La creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social aumentará el gasto en aproximadamente $2.166.985.900.000 para el ejercicio de 2025, lo que equivale a un 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI); y un gasto adicional de más de cuatro billones y medio de pesos para 2026, lo que representa un 0,47 % del Producto Bruto Interno”.

Dicho impacto, según se publicó en el Boletín Oficial, “no tiene en cuenta el efecto del aumento de beneficiarios en el ‘Programa Incluir Salud’ que otorga cobertura de atención médica a los titulares de pensiones no contributivas”.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del veto total a los tres proyectos que establecían un aumento a las jubilaciones, reinstauraban la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad, la oposición rechazó la decisión y cuestionó el accionar del presidente Javier Milei. A través de sus redes sociales, distintos actores del arco opositor hicieron públicas sus críticas. Uno de los primeros en expresarse fue el diputado de Unión por la Patria Martín Soria, quien anticipó que el peronismo votará en contra de la determinación del Poder Ejecutivo.“Milei vetó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad con la excusa del superávit. Lo dije desde el día uno: el ajuste de la “motosierra” es para pagar la timba de Caputo y Sturzenegger y seguir endeudándonos. El peronismo votará para rechazar este atropello”, sostuvo el exministro de Justicia.

El veto hizo ruido incluso en los propios. La legisladora de La Libertad Avanza Rocio Bonacci admitió en las últimas horas que le genera “incomodidad” tener que respaldar la decisión, con especial énfasis en la declaración contra la emergencia en discapacidad, tras argumentar que en su pasado como estudiante de kinesiología le gustaba “trabajar en el sector”. Sin embargo, reafirmó su “lealtad” y anticipó que acompañará la decisión del Gobierno Nacional. “Sé lo que pasa, sé cómo se vive, sé lo bueno del gobierno anterior y sé lo malo. Es lo que más me toca pero las tres cosas es difícil, pero lo vamos a acompañar”, sostuvo en declaraciones radiales. Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó las recetas del programa económico y definió el modelo como “ajuste, entrega y represión”. “Milei, te lo explicamos una vez más: la crueldad no tiene lugar en esta Patria”, tituló la exministra.“Otra vez el presidente ataca a los que más están sufriendo su modelo de ajuste, entrega y represión. El veto al aumento a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad es una muestra más de su maldad (y van...)”, afirmó, y completó: “El Congreso Nacional puede y debe poner un freno a la crueldad. Es mentira que no hay plata”. En la misma línea, completó: “El presidente Javier Milei y su Ministro Luis Caputo hace 18 meses que aplican un plan económico en donde unos pocos pero poderosos especuladores se llevan con el Carry Trade el esfuerzo del pueblo argentino”. La senadora del mismo bloque, Anabel Fernández Sagasti, llamó a la ciudadanía a “frenar” al mandatario “en las urnas”, en referencia a la elecciones legislativas del 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, y las nacionales del 26 de octubre. “Para los ricos todo, para los que menos tienen nada. Milei acaba de negarle el aumento a los jubilados y anuló la emergencia en discapacidad”, sostuvo, y amplió: “Cínicamente, lo hace el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para mantener un modelo que se cae a pedazos. Timba, fuga y ajuste. En octubre, hay que frenarlo en las urnas”.Por su parte, la intendenta de Quilmes y candidata a legisladora por la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires, Mayra Medonza, cargó con dureza contra el libertario y acusó al Ejecutivo de espiar a los dirigentes opositores. “Hoy finalmente conocimos que Javier Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad que firmó haciéndose el gracioso en vivo durante un streaming, cachivache. Nada sorprendente en un gobierno cruel e insensible como el que nos toca vivir”, sintetizó.Asimismo, agregó: “Además, lo que le faltaba a este gobierno es usar los fondos de la SIDE (que deberían dárselo a los jubilados) para espiar a quienes nos oponemos a este gobierno de deuda y hambre. Sabíamos que nos espiaban, ahora tenemos la certeza, según lo escribe el periodista Hugo Alconada Mon en una nota titulada ‘La SIDE redacta informes sobre las actividades políticas de la oposición, sindicatos y grupos de jubilados’”. “La canaleta de la ‘inteligencia’ tiene asignado 80 mil millones, mientras nuestros jubilados y millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes. Lo único que propone el gobierno de Milei es ajuste y endeudamiento, y a futuro reformas que ya se implementaron (todo viejo): reforma laboral, impositiva y previsional, relaciones intravenosas con EEUU, proscripción a la principal líder opositora, espionaje a opositores y represión”, añadió.Además, remarcó: “Es importante convocar inmediatamente a la Comisión Bicameral de Inteligencia para esclarecer esta situación. Y me imagino también que ya estarán Fiscales Federales iniciando una investigación penal. Si queremos seguir viviendo en una democracia republicana, no debemos tolerar ni naturalizar los arrebatos autoritarios de este gobierno”.El diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca también se expresó contra la decisión al sostener que la administración libertaria “gobierna para los ricos”. “Después de ir a la Sociedad Rural y anunciar una baja de impuestos de 1300 millones de dólares a los empresarios agrarios, Milei vetó el aumento a las jubilaciones y contra la emergencia en discapacidad diciendo que ‘no hay plata’. La casta festeja, el FMI también, el pueblo trabajador paga los platos rotos”, planteó.Lo propio hizo el legislador del Partido Socialista Esteban Paulón: “MÁS CRUEL NO SE CONSIGUE”, subrayó.“Es oficial el veto de Javier Milei al incremento a las jubilaciones y mejoras para la atención a las personas con discapacidad. El gobierno nacional sigue recortando a quienes menos tienen. En Diputados tenemos que frenarlo!”, aseveró. (Noticias Argentinas)

Trabajadores de la salud de Concordia realizarán una caminata hasta Casa Rosada, partiendo el 16 de julio, para entregar un petitorio que visibilice la crítica situación que atraviesan prestadores, profesionales y familias de personas con discapacidad. La medida surge tras la aprobación en el Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que podría ser vetada por el presidente Javier Milei.

Denuncian demoras de hasta 90 días en los pagos, centros al borde del cierre y falta de cobertura adecuada para los chicos. La movilización, que incluirá kinesiólogos y ambulancia de apoyo, busca generar reflexión y exigir respuestas concretas del Estado.

El programa también cuenta con presencia internacional en España, Brasil y Uruguay, y el acuerdo prevé la asignación de 25 vacantes para jóvenes con discapacidad y egresados del nivel secundario de Entre Ríos.

Estas vacantes ya fueron otorgadas y se enmarcan en las líneas formativas Generación T Inclusivo -una capacitación en desarrollo web y aplicaciones móviles para personas con discapacidad- y Generación T Formador de Formadores, destinada a fortalecer las capacidades pedagógicas y técnicas en instituciones educativas.

Desde el Iprodi se acompañará el proceso mediante asesoramiento técnico, el impulso de adecuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad y la protección de la confidencialidad de los datos personales de las y los participantes.

El convenio está vigente y la primera capacitación virtual se realizará el miércoles 16 de julio, marcando el inicio de una nueva etapa de formación inclusiva, con alcance federal y enfoque en la empleabilidad digital.

Peronistas y radicales emitieron un dictamen en favor del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, con el fin de actualizar las prestaciones y las pensiones, lo que implica un nuevo traspié para el oficialismo que rechaza esta iniciativa.La iniciativa fue debatida en la comisión de Población y Desarrollo Humano, que preside la legisladora k Stefanía Cora, y logró el respaldo de 8 firmas de Unión por la Patria y 3 de la UCR con disidencias parciales.De todos modos, el proyecto debe ser tratado en la comisión de Presupuesto, que preside el libertario Ezequiel Atauche, que se resiste a convocar a ese organismo como pidieron en una nota los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y  la legisladoras de Provincias Unidas, Alejandro Vigo, del PRO Guadalupe Tagliaferri.Si el oficialismo no abre la comisión de Presupuesto, la oposición pedirá una sesión especial para tratarla sobre tablas junto con el aumento de las jubilaciones la próxima semana.La iniciativa fue aprobada en diputados por 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones.El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

Concordia fue una de las ciudades entrerrianas que alzó la voz en una jornada nacional de lucha por los derechos de las personas con discapacidad y los trabajadores que las asisten. Bajo el lema “Discapacidad en Emergencia”, la movilización del jueves 29 de mayo reunió a familias, profesionales y prestadores que se concentraron en la Plaza Urquiza y marcharon por calle Urquiza hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se leyó un documento y se pronunciaron discursos.

“Uno quiere llegar a casa, tomar un mate calentito, y hoy están acá acompañándonos porque esto nos atraviesa a todos. Nadie está exento de necesitar una prestación algún día”, expresó Evangelina Moix, maestra integradora, en uno de los discursos más emotivos de la jornada. Frente a los presentes, en una tarde fría pero cargada de calor colectivo, la consigna fue clara: visibilizar la emergencia del sistema de atención a la discapacidad, marcada por atrasos en los pagos, aranceles por debajo de lo ético, y un nomenclador que no se actualiza desde diciembre de 2024.

La protesta no fue aislada. Se replicó en varias localidades de Entre Ríos como Paraná, Gualeguaychú, Colón, Concordia y Victoria, y también en grandes centros urbanos del país, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, en un marco de paro nacional de prestaciones, impulsado por consultorios, profesionales independientes y asociaciones del sector.

La situación denunciada es crítica: los trabajadores aseguran que están siendo obligados a sostener sus servicios con ingresos que no cubren los costos básicos de funcionamiento. “Con lo que cobramos tenemos que pagar el monotributo, alquileres, materiales, caja de previsión, transporte y comida. No llegamos. Algunos centros ya tuvieron que cerrar”, advirtieron.

Participaron transportistas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, maestras integradoras, cuidadores domiciliarios y familias, quienes exigieron no solo mejoras salariales, sino también la actualización inmediata del nomenclador, el pago en tiempo y forma de las prestaciones, y una ley de emergencia en discapacidad.

“No podemos vivir de la vocación. Exigimos condiciones dignas de trabajo. Están en juego los derechos de las personas con discapacidad”, afirmaron en el documento leído durante la concentración.

También expresaron su solidaridad con los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes atraviesan una situación similar, producto del ajuste presupuestario nacional en áreas sensibles como la salud.

Un reclamo que trasciende lo salarial

Los manifestantes advirtieron que la falta de actualización de aranceles y los constantes atrasos no solo afectan a los trabajadores, sino que vulneran directamente el derecho de las personas con discapacidad a recibir prestaciones esenciales. “Hay obras sociales que no autorizan tratamientos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo se sostiene una atención digna?”, cuestionaron.

La carta leída en la Plaza 25 de Mayo concluyó con un pedido urgente: “Necesitamos una reforma integral del sistema. El derecho a la salud no puede ser un privilegio.”

Bajo el lema “Discapacidad en emergencia: no espera más”, profesionales independientes, familias y organizaciones convocan a la comunidad a participar llevando antorchas, linternas o velas, como símbolo de la urgencia de esta lucha.

El paro fue convocado por prestadores de servicios a personas con discapacidad —psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes, entre otros— que advierten sobre el deterioro sostenido de las condiciones laborales y la falta de financiamiento adecuado del sistema.

Entre los principales reclamos se destacan:

Atrasos en los pagos, incluso con prestaciones realizadas desde principios de 2024 aún sin cobrar.

Honorarios por debajo del mínimo ético profesional, que no permiten cubrir los costos de trabajo (alquileres, materiales, seguros, cargas sociales).

El último ajuste del nomenclador (tabla de aranceles) fue en diciembre de 2023, y los incrementos anunciados para este año son insuficientes: 1% en octubre, 0.8% en noviembre y apenas 0.5% en diciembre, según la Resolución 09/2024.

Vulneración directa de los derechos de las personas con discapacidad, ya que sin prestadores no hay prestaciones posibles.

"Sin condiciones dignas, no hay salud posible", afirman los convocantes, quienes sostienen que la precarización no solo afecta a quienes trabajan en el sistema, sino que pone en riesgo el acceso a tratamientos fundamentales para miles de personas con discapacidad en todo el país.

La marcha en Concordia forma parte de una serie de acciones federales para exigir respuestas urgentes al Estado. Las familias también están convocadas a visibilizar el reclamo: "Necesitamos el apoyo de toda la comunidad. Visibilizá. Compartí. Exigí respuestas", cierra el llamado.