La Cámara de Diputados de Entre Ríos tiene previsto tratar en la sesión del próximo miércoles la derogación definitiva de la Ley N.º 4.506, que desde hace más de seis décadas concede una pensión vitalicia a quienes hayan ejercido la Gobernación y la Vicegobernación provincial.

La norma fue sancionada por la Legislatura entrerriana en 1964, durante el gobierno radical de Carlos Raúl Contín, acompañado por el vicegobernador Teodoro Marcó. Su publicación en el Boletín Oficial se produjo el 11 de enero de 1965, motivo por el cual habitualmente se la identifica como una ley de ese año.

El régimen estableció que quienes ocuparan constitucionalmente los dos principales cargos del Poder Ejecutivo provincial tendrían derecho a percibir, después de finalizar sus funciones, una pensión vitalicia móvil equivalente al 75 % de la remuneración correspondiente al cargo en actividad.

La Cámara de Diputados aprobó inicialmente la propuesta en abril de 2024. Sin embargo, su recorrido por el Senado extendió el trámite debido al debate generado en torno a los beneficios ya concedidos a exgobernadores y exvicegobernadores.Uno de los puntos más discutidos fue la posibilidad de establecer causales para quitar pensiones otorgadas con anterioridad. Finalmente, el Senado eliminó el artículo referido a la caducidad de esos beneficios, por lo que la derogación tendrá efectos hacia el futuro y no afectará los derechos previamente reconocidos.

Como la Cámara alta introdujo modificaciones, el proyecto regresó a Diputados, que ahora deberá pronunciarse sobre el texto aprobado por los senadores.La medida también se inscribe en el proceso de reordenamiento previsional encarado por el Gobierno provincial tras la reciente promulgación de la Ley de Emergencia del Sistema Previsional.

Si Diputados acepta las modificaciones realizadas por el Senado, Entre Ríos pondrá fin a un beneficio especial establecido durante el gobierno radical de Carlos Contín  (Presidencia Arturo Illia) y vigente durante más de 60 años. Desde entonces, quienes ocupen la Gobernación y la Vicegobernación dejarán de tener garantizada automáticamente una pensión vitalicia equivalente al 75 % del sueldo del cargo.

La iniciativa, denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” y que modifica la Ley Nº 8.732 de jubilaciones y pensiones, obtuvo dictamen de mayoría el jueves pasado en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Previsión y Seguridad Social, tras dos jornadas de exposiciones que incluyeron a funcionarios, gremios y representantes del Poder Judicial. Con esa firma, el expediente quedó habilitado para su debate en el recinto.

El esquema oficial contempla que la aprobación definitiva se resuelva entre el miércoles y el jueves, de manera que la norma pueda entrar en vigencia desde agosto. El diputado oficialista Bruno Sarubi, presidente de la comisión de Presupuesto, defendió la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de dar el debate y remarcó que la gestión buscó “consensuar una ley y presentarla en la Legislatura”.

Del otro lado, la titular del interbloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, había anticipado su rechazo al proyecto tal como llegó del Senado y afirmó que “el bloque de Más para Entre Ríos estaría votando en contra de la iniciativa del Ejecutivo”. La legisladora también cuestionó que el oficialismo descartara caminos alternativos, como el dictamen de minoría en el Senado y la propuesta de la Multisectorial.

La sesión del miércoles coincidirá además con una jornada de fuerte protesta gremial. La Multisectorial confirmó un paro con movilización hacia la Casa de Gobierno para esa fecha, en rechazo a lo que consideró un retroceso para los trabajadores activos y jubilados.De aprobarse en los términos previstos por el oficialismo, la reforma quedará sancionada esta semana, en momentos en que el conflicto salarial entre las organizaciones de empleados estatales y la administración de Frigerio permanece abierto.(I:AIM)

La Legislatura de Entre Ríos comenzó a analizar un proyecto de ley que propone declarar Ciudadanos Ilustres de la provincia a los futbolistas Marcos Senesi, nacido en Concordia, y Lisandro Martínez, oriundo de Gualeguay, en reconocimiento a sus destacadas carreras deportivas y a su permanente representación de la Argentina en el máximo nivel del fútbol mundial.Para Concordia, la iniciativa tiene un significado especial. Senesi se convirtió en uno de los futbolistas entrerrianos con mayor proyección internacional, construyendo una sólida carrera que lo llevó desde el fútbol argentino hasta las principales ligas de Europa y, posteriormente, a vestir la camiseta de la Selección Argentina, un logro reservado para muy pocos jugadores.

El proyecto, presentado por la diputada provincial Carolina Streitenberger junto a legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos, destaca que el defensor concordiense representa valores como el esfuerzo, la perseverancia, el profesionalismo y la superación personal, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones.

La iniciativa también alcanza a Lisandro Martínez, otro referente entrerriano que consolidó una destacada carrera internacional y es una de las figuras habituales del seleccionado nacional.En los fundamentos, la autora sostiene que ambos futbolistas llevaron el nombre de Entre Ríos a las principales competencias del mundo y constituyen verdaderos embajadores deportivos de la provincia. Asimismo, resalta que, pese a sus exitosas carreras en el exterior, mantienen un fuerte vínculo con sus ciudades de origen y representan los valores del trabajo, el compromiso y la dedicación.De aprobarse el proyecto, Marcos Senesi y Lisandro Martínez recibirán el título de Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos, una de las máximas distinciones que puede otorgar la provincia, junto con un diploma de honor que formalizará ese reconocimiento. Para Concordia, significará además el homenaje institucional a uno de los futbolistas nacidos en la ciudad que logró alcanzar la cima del fútbol internacional y representar al país con la camiseta albiceleste.

Durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo, la cámara baja aprobó por mayoría la iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio, que integra un paquete de medidas orientadas a acompañar a los pequeños comerciantes y sostener la actividad económica.El proyecto contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.

Asimismo, prevé la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para los contribuyentes de cualquier actividad que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. También incorpora la exención del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus renovaciones.Estas medidas representan un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y beneficiarán a más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado. Entrarán en vigencia una vez sancionada y reglamentada la ley, y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga durante todo 2027.

Por otra parte, las medidas de alivio energético que forman parte de este esquema de acompañamiento al sector no requieren una ley para su implementación, ya que serán instrumentadas mediante una resolución de la Secretaría de Energía.

El beneficio consiste en la bonificación del cargo fijo de la factura de energía eléctrica de Enersa y de las cooperativas eléctricas de la provincia. Está destinado a usuarios cuya CUIT de la actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) corresponda a monotributistas de las categorías A, B y C, y coincida con el titular de un suministro eléctrico identificado como Comercial General (T1G).

La bonificación se aplicará de manera automática sobre las facturas emitidas a partir del 1 de julio y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Al hacer uso de la palabra en la sesión de este miércoles, la diputada Andrea Zoff explicó que esa calificación —“irrelevante, estéril y carente de efectividad”— son las palabras textuales “que dijeron los representantes del sector comercial sobre el proyecto. Y para los que no pudieron estar en la comisión, eso está plasmado por escrito, fue adjuntado de hecho al expediente”.Zoff señaló que esos representantes del sector comercial “se sentaron con nosotros en la comisión, contaron la situación crítica que están atravesando: la disminución de las ventas, el aumento de las tarifas; es decir, lo que vemos cada uno de nosotros en nuestros lugares. Y una vez que terminaron de contar esta situación, cuando se levantaron y se fueron, el oficialismo dispuso la firma del dictamen sin cambiar una coma, sin tomar nada de lo que acababan de escuchar”.En ese sentido, la legisladora indicó que los comerciantes se quejaron diciendo: “¿Para qué nos invitaron? Es una formalidad. Nos usaron para hacer una campaña de promoción publicitaria política”, y agregó que el resultado expresado en el dictamen de comisión firmado por el oficialismo parece darles la razón.Zoff sostuvo que lo que caracteriza al proyecto del Poder Ejecutivio es la diferencia entre lo que se señala en la prensa respecto de la iniciativa y lo que realmente contempla. Luego la legisladora indicó que la exención del pago para los comerciantes monotributistas categorías A, B y C implica que dejarán de pagar entre 8.000 y 19.000 pesos mensuales. “Parece un tanto apresurado decir que esto permite sostener el empleo o que implica un gran alivio para el sector. Los invito simplemente a que vean lo que cuesta el alquiler de un local o lo que cuestan las tarifas, y lo comparen con estos montos... De todas formas, por supuesto, siempre es bienvenida cualquier medida que pueda colaborar con el sector. Eso sí, (para acceder al beneficio) deben tener sus pagos al día, lo que en un contexto de crisis también es bastante complicado”, añadió.La legisladora igualmente señaló que el segundo artículo del proyecto establece un beneficio al buen pagador, eximiendo del cumplimiento de la cuota número 12. “Eso no tiene que ver con un plan de alivio fiscal al comercio específicamente. Es un premio al buen pagador como en tantas otras oportunidades hemos visto”. Una consideración similar realizó sobre la derogación del pago del Impuesto de Sellos para la reconducción, reorganización y prórroga de sociedades. “Esto tampoco forma parte de un plan de alivio, y no son las medidas que necesitamos para este contexto”, agregó.Zoff criticó también:  “Para el resto de los comerciantes -excepto las categorías A, B y C- quien va a establecer la política tributaria de reducción impositiva, las medidas para determinados sectores, los criterios bajo los cuales se van a otorgar estos beneficios, todo eso nos piden que lo deleguemos en el Poder Ejecutivo”.La legisladora paranaense recordó que en octubre del año pasado el bloque justicialista presentó un proyecto para declarar la emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos. “Hace nueve meses presenté un proyecto que solicitaba la declaración de la emergencia de las pequeñas y medianas empresas con una serie de medidas que tenían que ver con una mirada integral”. Y añadió que si bien resulta comprensible la situación económica y financiera provincial, la intención de su iniciativa es “debatir medidas que aborden la temática de manera integral y no simplemente permitirle a la Legislatura aprobar esta medida que es ínfima y que todo el resto se delegue en el Poder Ejecutivo”. Por eso Zoff lamentó la “oportunidad perdida” de sancionar una norma que auxilie efectivamente al sector.

Contra la delegación de facultadesPor su parte, el diputado Juan José Bahillo se refirió específicamente a la delegación de facultades a la que se opone el bloque peronista. “No se trata de una cuestión subjetiva, o de determinadas facultades que no le queremos dar al gobernador Rogelio Frigerio. No, esa negativa está en el marco de la responsabilidad institucional que tenemos como diputados de la provincia respetando a la Constitución de Entre Ríos que, en su artículo 122, asigna a la Legislatura la atribución de fijar impuestos y tasas”. Y agregó luego que esa disposición está reforzada en el artículo 45, por lo que “la facultad de fijar impuestos, alícuotas, tanto en aumento como en disminución, es de la Legislatura y por eso nosotros entendemos que el artículo 13° de este proyecto violenta a la Constitución provincial, por eso nuestra negativa a votarla”.

La Cámara de Diputados dio inicio este miércoles al tratamiento de la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo, al remitir el expediente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social.

Durante la sesión especial, el bloque Más para Entre Ríos propuso incorporar también a la Comisión de Legislación General al análisis del proyecto. La iniciativa no prosperó al no reunir el respaldo de la mayoría.Desde el oficialismo señalaron que el cronograma prevé una serie de reuniones con los distintos sectores involucrados antes de emitir dictamen. La agenda contempla audiencias con representantes gremiales, organismos del Estado y otras instituciones vinculadas al sistema previsional.

En ese marco, el oficialismo considera que el tratamiento podría desarrollarse con mayor rapidez que el registrado en el Senado, al sostener que buena parte de los planteos ya fueron expuestos durante el debate realizado en la Cámara alta. También expresó confianza en reunir los votos necesarios para la aprobación del proyecto cuando llegue al recinto.La oposición, en cambio, manifestó reparos sobre los tiempos previstos para el análisis parlamentario. La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, sostuvo que una reforma de estas características requiere un debate más amplio y cuestionó la posibilidad de avanzar mediante un tratamiento acelerado.La legisladora remarcó que la Cámara de Diputados debe ejercer plenamente su función de deliberación y escuchar a todos los sectores involucrados antes de adoptar una decisión sobre una norma que tendrá impacto sobre el sistema previsional provincial.

Stratta reconoció que el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa, pero confirmó que el bloque justicialista no acompañará el proyecto en su redacción actual.

Señaló que existen propuestas alternativas orientadas a reducir el déficit del sistema sin afectar, según sostuvo, a trabajadores y jubilados, y recordó que durante el tratamiento en el Senado se presentó un dictamen de minoría con modificaciones, además de iniciativas impulsadas por distintos sectores.De esta manera, la reforma previsional inició su recorrido en la Cámara baja con un escenario ya definido: un oficialismo decidido a avanzar con el proyecto y una oposición que reclama mayor tiempo de discusión y mantiene objeciones sobre el contenido de la propuesta. 

Las actividades se desarrollarán en forma conjunta entre las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura.La primera jornada tendrá lugar este miércoles desde las 15, con una mesa de diálogo integrada por representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Federación de Jubilados y Pensionados, quienes expondrán sus posiciones respecto del proyecto.Posteriormente, a las 17:30, será el turno del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat. También participarán dirigentes de los principales gremios estatales y del sector público, entre ellos ATE, UPCN, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo (Apler) y el Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever).El cronograma continuará el jueves desde las 8:30 con la presencia del ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa.Asimismo, fueron convocados representantes del Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos, integrado por el Consejo Empresario, la Unión Industrial, las Bolsas de Cereales y de Comercio y la Federación Agraria de Entre Ríos (FAAER), quienes brindarán la visión del sector productivo sobre la iniciativa.Desde la Cámara de Diputados informaron que todas las reuniones serán públicas. Los medios de comunicación podrán realizar registros al inicio de cada bloque de exposiciones y el desarrollo del debate podrá seguirse desde el Salón de Usos Múltiples del recinto, además de transmitirse en vivo a través de las plataformas oficiales del cuerpo legislativo.