La postura del bloque “Más Para Entre Ríos” se basa en la situación planteada a partir de la decisión del gobierno provincial de contratar un servicio de provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas en comedores escolares de la provincia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, y que tal servicio fue adjudicado a la firma Teknofood S.A., con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La bancada justicialista señaló que en esa modificación del sistema de funcionamiento de los comedores escolares donde se observan cuestiones que podrían afectar la alimentación cotidiana de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de Entre Ríos. El bloque advirtió que la calidad nutricional de los alimentos no aportaría a los alumnos los nutrientes necesarios y además podría afectar su salud.

Igualmente recordó que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de tutela prioritaria tanto a nivel constitucional como en las convenciones internacionales, por lo que su alimentación requiere atención urgente. Del mismo modo, remarcaron que ese bloque presentó el 28 de julio un Pedido de Informes referido a la contratación de Teknofood, que consta de 34 puntos, y que no fue respondido por el Poder Ejecutivo Provincial.

Ante el planteo realizado por padres de alumnos, gremios y distintas organizaciones de la sociedad ante el Poder Judicial, que generó una medida cautelar que dispuso que el gobierno se abstenga de brindar en las escuelas los productos de Teknofood que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias según la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, los legisladores y legisladoras sostienen que la Cámara “no puede hacer caso omiso a esta situación”y reclaman  interpelar a los funcionarios responsables: la ministra de Desarrollo Humano y el director de Comedores de la Provincia.

El gobierno de Entre Ríos dio un nuevo paso en su proceso de modernización administrativa al enviar a la Legislatura un proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital, una iniciativa que pretende consolidar en una única norma todas las herramientas vinculadas a la digitalización del Estado provincial.La propuesta busca establecer un marco legal para la utilización de expedientes electrónicos, firma digital, identidad digital, interoperabilidad entre organismos públicos, gestión de datos y nuevas modalidades de contratación de servicios tecnológicos.De aprobarse, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá a su cargo la implementación progresiva del nuevo esquema en toda la administración pública provincial.

Un proceso que comenzó hace varios añosLa digitalización del Estado entrerriano no es un proceso nuevo. Durante distintas administraciones provinciales se incorporaron herramientas como la firma digital, los sistemas de gestión documental electrónica, los portales de trámites en línea y diversos mecanismos de interacción digital con los ciudadanos.En los últimos años también se avanzó en la digitalización de expedientes administrativos, en la utilización de plataformas para compras públicas, turnos online, sistemas tributarios electrónicos y servicios digitales de organismos como ATER, el Registro Civil y distintas reparticiones provinciales.El proyecto actualmente en análisis busca integrar esas experiencias dentro de una legislación única y establecer reglas comunes para todo el Estado.

Trámites digitales e identidad electrónicaUno de los ejes de la iniciativa es la creación de un sistema de Ciudadanía Digital, mediante el cual las personas podrán identificarse electrónicamente para realizar trámites ante organismos provinciales.El texto también prevé la utilización obligatoria de un domicilio electrónico, que funcionará como vía oficial para recibir notificaciones administrativas.Asimismo, impulsa un modelo de gobernanza de datos que facilite el intercambio de información entre distintas áreas del Estado con el objetivo de evitar que los ciudadanos deban presentar reiteradamente la misma documentación.

Nuevas reglas para contratar tecnologíaOtro de los aspectos incorporados por la iniciativa es la actualización del régimen de contrataciones para servicios informáticos.El proyecto contempla la posibilidad de contratar software, licencias y plataformas digitales bajo modalidades utilizadas actualmente por gran parte del mercado tecnológico, especialmente los servicios en la nube o Software como Servicio (SaaS).La propuesta también habilita mecanismos de pago anticipado cuando esa modalidad sea una condición habitual exigida por los proveedores tecnológicos.

Debate legislativoLa iniciativa comenzó a ser analizada en comisiones de la Cámara de Diputados y deberá atravesar el tratamiento legislativo antes de su eventual aprobación.El objetivo oficial es dotar a la provincia de un marco normativo actualizado que permita acelerar la transformación digital del Estado, simplificar trámites, mejorar la interacción con los ciudadanos y adaptar la administración pública a los nuevos desarrollos tecnológicos, en un proceso que continúa la evolución iniciada en años anteriores con la incorporación gradual de herramientas digitales en distintos organismos provinciales.

 Esta determinación ratifica la postura institucional y el mandato expreso de las autoridades partidarias, legisladores y la Liga de Intendentes. Se basa en una certeza técnica, política y social ineludible: se sabe con absoluta precisión cómo esta reforma perjudicial impactará sobre los jubilados actuales y sobre los trabajadores estatales; y como contrapartida, el Ejecutivo no ha podido demostrar cuál es el beneficio concreto para la Provincia ni en cuánto se reducirá el déficit previsional con estas medidas de ajuste.

Durante el tratamiento legislativo en las comisiones Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Social, asistimos a un debate formalmente abierto pero sustancialmente estéril, ya que la bancada oficialista no acepto modificar en nada el texto tal como vino de la Cámara de Senadores para aprobar -tras un tratamiento express en comisión- una ley que carga nuevamente el peso del ajuste sobre jubilados y trabajadores.

Durante el debate parlamentario la diputada Silvina Deccó profundizó las diferentes vulneraciones a la normativa vigente en las que incurre el proyecto del Poder Ejecutivo, un aspecto al que también se refirió la diputada Mariel Ávila haciendo hincapié en los alcances de la declaración de la emergencia previsional.A su turno la diputada Andrea Zoff cuestionó el avasallamiento de la las comunas y municipios que los obligará a dejar de prestar servicios y de realizar obras por efecto de la merma de los fondos coparticipables. En ese sentido explicó además que se contradicen artículos de la Constitución Provincial y que se rompe el esquema de la movilidad actual en perjuicio de actuales y futuros jubilados. En tanto la diputada Silvia Moreno, remarcó que las medidas del oficialismo solo tuvieron el apoyo de dirigentes del oficialismo o  de sectores empresarios, lo expone con claridad que el sustento del proyecto es político e ideológico. Igualmente remarcó la afectación que sufrirán los municipios por efecto de esta ley.

En el mismo sentido la diputada Lorena Arrozogaray cuestionó la urgencia del tratamiento y la forma de la discusión en comisión, que consideró impropia de un proyecto de tal magnitud. Igualmente replicó la afirmación del oficialismo acerca de la falta de propuestas: “Si hubo, pero no se las atendió”, dijo y posteriormente calificó al proceso de discusión como una puesta en escena para indicar que si bien había otros caminos, no fueron considerados.

El diputado Enrique Cresto lamentó la decisión del gobierno de Refrigerio, al que caracterizó como “totalmente aggiornado” a un gobierno de entrega como es el de Javier Mili. En ese sentido aseguró que la ley de reforma previsional va a correr la misma surte que las leyes 8706 y 9235 y todas las leyes que vulneraron derechos y garantías constitucionales, advirtiendo que todas terminaron teniendo un costo enorme para los entrerrianos.  Igualmente manifestó su oposición y pidió disculpas “a todos los que lucharon y a quienes presentaron proyectos alternativos” porque no se los tuvo en cuenta. “Que se queden tranquilos los trabajadores y los jubilados, que siempre que hubo gobiernos de ajuste no duraron mucho tiempo y después volvieron las reivindicaciones”, afirmó.

El diputado Yari Seyler criticó la forma en que se trató el proyecto en la Cámara baja y pidió que el gobierno explique la distancia que existe entre lo que el gobierno dijo y lo que escribió en el texto. “En febrero, en la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio dijo ‘salvamos la caja de la provincia’. Y el diputado Sarubi, respecto a este tema, dijo que el Gobierno redujo el déficit del 64 al 42 %. Pero el gobernador dijo ‘cuando asumimos tenía un déficit del 42%’. No  estoy entendiendo. Y hoy el déficit es cerca de la mitad. La mitad de 42 estamos es 21. Si la caja estaba salvada, como dijo el gobernador, ¿por qué necesita hoy que declaremos su emergencia? Y si esta caja de jubilaciones de nuestra provincia está en emergencia, ¿qué fue exactamente lo que salvaron?”, señaló entre muchas otras contradicciones del oficialismo. También remarcó la falsedad de la afirmación del oficialismo respecto de que la reforma mantiene el 82% móvil del haber jubilatorio. El legislador remarcó que es responsabilidad política del gobernador Frigerio la decisión de sobre quiénes recae el ajuste que se lleva adelante.

Sobre el fin del debate, el diputado Juan José Bahillo reiteró cuestionamientos al proyecto del oficialismo y criticó algunos planteos que se intentaron instalar para favorecer la postura del gobierno. En ese sentido destacó que “no existe una confrontación entre el sector público y privado como pretendió instalar el gobierno, ya que no hay ningún impuesto en la matriz impositiva de la provincia que financie la Caja de Jubilaciones”.  También criticó  la afirmación de la existencia de “privilegios” para los trabajadores estatales, poniendo como ejemplo la situación de los docentes de la provincia.

Respecto de la cerrada postura del gobierno de no aceptar ninguna sugerencia respecto de la redacción aprobada en el Senado o de los parámetros establecidos por el Poder Ejecutivo, Bahillo se pronunció en contra de esa intransigencia. “No convalido la lógica de ‘nosotros o el caos’ para aplicar al ordenamiento de la Caja. Esa es una actitud que raya la soberbia, y la soberbia no es buena en política”, añadió.

El cierre del debate

La presidenta de la bancada opositora, Laura Stratta, aseguró que el proyecto del oficialismo no es el único camino posible como se pretende imponer y se refirió al déficit previsional señalando que lo que existe es “un problema que atender, pero no una catástrofe como se intenta presentar que habilite a legislar con apuro, reducir salarios y modificar derechos previsionales permanentes. No compartimos la lógica del ajuste y de la vulneración de derechos. Sí la lógica de pensar en cómo logramos la sostenibilidad del sistema”.

La legisladora justicialista indicó que “salvo los representantes del gobierno, todos los sectores que dieron su mirada señalaron diferentes críticas al texto que llegó con media sanción. Y eso marca no sólo que es una ley que llega cuestionada y con observaciones importantes de diversos sectores, sino que no tiene la fortaleza de haber recogido esas críticas para construir un mejor texto. El debate enriquece pero también nos permite merituar otras opciones posibles. Se jactan de una apertura y una escucha que no se ve plasmada en el texto que hoy estamos debatiendo”, indicó en referencia a la postura del oficialismo. También Stratta señaló la existencia de datos medulares: “Los números oficiales no describen un sistema previsional fuera de control. En 2016 el déficit previsional fue del 5,87 % de los recursos corrientes; en 2019 ascendió al 8,43 %; y en 2023 llegó al equivalente al 9,62 %. Esa evolución demuestra que el peso relativo del déficit debe analizarse sobre los recursos provinciales y no mediante cifras nominales deformadas por la inflación. En 2024 (producto de incrementar los aportes y contribuciones por decreto) el déficit descendió al 6,11 % de los recursos corrientes. El porcentaje fue 3,51 puntos inferior al de 2023 y se ubicó muy cerca del 5,87 % registrado en 2016. Por eso resulta particularmente grave que, en la reunión de comisiones, el presidente de la Caja haya hablado de un déficit del 14 % al 18 % sin precisar sobre qué base se calculaban esos porcentajes. Pero lo que es más grave aún: no pudo contestar cuánto disminuirá concretamente el déficit como consecuencia de esta reforma, ni el año próximo, ni dentro de cinco años, ni dentro de diez años”, remarcó.

En otro párrafo la legisladora señaló la existencia de “innumerables observaciones respecto a la constitucionalidad y a la utilización de la emergencia o la urgencia para hacer cambios estructurales y de fondo. ¿Es de verdad necesario declarar cuatro años de emergencia o es un cheque en blanco para hacer lo que quieran y cuando quieran?”

En ese mismo sentido, precisó que en la ley del Poder Ejecutivo  “hay una delegación de facultades de parte de esta Legislatura al Poder Ejecutivo que no sólo es un cheque en blanco sino que es un retroceso en la calidad institucional. La división de poderes es el pilar fundamental de la calidad institucional que separa las funciones del Estado. Su propósito central es  evitar el abuso de autoridad y garantizar los derechos de los ciudadanos a través de controles recíprocos. ¿De verdad pretenden que sigamos delegando facultades y haciendo lo que durante años criticaron?”, preguntó.Finalmente indicó que defender a las trabajadoras y trabajadores públicos “no es defender corporativismos ni privilegios: es defender la salud, la educación, la seguridad y la justicia de todos los entrerrianos”. Por eso sostuvo que defender hoy a los trabajadores públicos “es defender las escuelas abiertas, los hospitales funcionando y la seguridad en nuestras calles. Es defender, ni más ni menos, que al Estado provincial al servicio de su gente”.“No se puede construir el futuro de Entre Ríos sobre la incertidumbre de quienes lo sostienen. Sin certezas, sin números claros, atropellando facultades de esta Legislatura y a costa del esfuerzo de jubilados y trabajadores, no hay sostenibilidad posible. Hay ajuste. Y este bloque no va a acompañar un retroceso de esta magnitud”, concluyó.